Uno de los programas de más éxito de los últimos días en televisión fue Salvados, de La Sexta, sobre las pensiones públicas y las propuestas que recorren no sólo Europa sino el mundo, de alargamiento de la edad de jubilación. Más recientemente, y en otro sentido, en el informe de la Fundación Alternativas sobre desigualdades, y entre muchos análisis de gran interés, se señala el efecto distributivo progresivo del sistema de pensiones existente – que debía serlo de manera especialmente positiva antes de alargar la edad de jubilación y los recortes en los cómputos. Naturalmente, cualquier cambio en el sistema de pensiones con la excusa de poderlo conservar, o acudiendo al imperativo de que “vivimos más”, y por tanto no llega para todos tanto tiempo, tiene muchos puntos débiles. Pero la fragilidad de la argumentación (incluyendo la extrema volatibilidad de las pensiones privadas “confiadas” a inversores y especuladores en Bolsa que han condenado a tantos jubilados europeos a la miseria) no reciben la misma difusión que las alarmas que se disfrazan de sensatez, sentido común e inevitabilidad. Buenas coartadas para encubrir otra manera de incrementar las desigualdades sociales, en este caso poniendo el acento y cargando los costes en los últimos años de nuestra vida. Y si no, podemos intentar descubrir si es neutro el efecto de los recortes en pensiones, y si verdaderamente toda la gente vive más tiempo (o si se eso depende de cuanto dinero se tiene).
Quienes utilizan en tono grave que el alargamiento de la vida exige cambios en el sistema de pensiones parecen ignorar que las mejoras más espectulares en la esperanza de vida están estrechamente relacionadas con lo rica que sea cada persona. Como muestra, basta con consultar el estudio realizado sobre dos condados de Florida por investigadores la Universidad de Washington y que el Washington Post, ayudó a divulgar, y en en el que se vincula la desigualdad económica a las diferentes esperanzas de vida de la población. Así, en el condado de St. Johns la gente mayor está viviendo más tiempo. Se trata de una comunidad que cuenta con una cantidad abundante de campos de golf, pistas de senderismo y ciclismo, y las personas de más edd y más ricas disfrutan de la vida en la costa hasta bien entrados los años 80. Fletcher escribió: “Aquí las mujeres pueden esperar vivir hasta los casi 83 años, cuatro años más que hace tan solo dos décadas. La esperanza de vida masculina es de más de 78 años, seis años más que hace dos décadas.
Sin embargo, en el vecino condado de Putnam, la vida no es tan idílica ni el tiempo ganado es tan elevado. En Putnam, las rentas de las personas y los costes de la vivienda son la mitad de lo que son en St. Johns. Y la esperanza de vida en Putnam apenas se ha movido desde el año 1989, aumentando eb menos de un año para las mujeres hasta llegar a poco más de 78 años, mientras los hombres pueden esperar vivir hasta los 71, lo cual significa siete años menos que los hombres que viven a pocos kilómetros de distancia, en St. Johns.
La diferencia entre los dos condados adyacentes ilustra la desigualdad rampante en los Estados Unidos. Pero resultados muy parecidos, cuando no peores, podrían obtenerse en barrios colindantes de ciudades europeas. Y cualquier diferencia en disfrutar la jubilación o la sanidad pública para jubilados perjudicaría de forma desproporcionada a las personas mayores con ingresos más bajos, que mueren antes. Lo cual, significa, de hecho, y esto es lo escandaloso de las conclusiones, que si se eleva la edad de jubilación y se REcorta en la atención sanitaria pública, las personas de bajos ingresos estarán subsidiando las vidas más largas de las personas de mayores ingresos.
Porque además, para que vayamos asumiendo el peligro real para la salud y la vida de los recortes, también los estudios más serios realizados sobre las condiciones de vida de la población demuestran que el acceso a la atención de la salud es otro factor fundamental para alargar la esperanza de vida. Así, por ejemplo, volviendo a los Estados Unidos, en el condado de St. Johns, donde se vive más tiempo, se dobla sobradamente el número de médicos de atención primaria por habitante en relación al condado de Putnam.
Las conclusiones a retener para futuros análisis de las desigualdades y para valorar, aceptar o rechazar las propuestas que alteren las condiciones de jubilación, es que cualquier incremento obligatorio de la edad de jubilación tiene un claro sesgo de clase en las prestaciones que se pueden disfrutar en los últimos años de nuestra vida. O lo que es lo mismo, que el saqueo a la equidad asesta ahora un golpe definitivo sobre las personas jubiladas. Sin ambages ya lo dijo Taro Aso, ministro de finanzas del Japón y uno de los políticos más ricos de su país, en una reunión de economistas en el 2008: “Veo a gente de 67 años o 68 constantemente ir al médico. ¿Por qué tengo que pagar por las personas que sólo comen y beben y no hacen ningún esfuerzo?”. Y ahora, sin decirlo, se añade ¿y por qué tenemos que pagarles sus pensiones?. Ya lo advirtió claramente Aso en enero de este año cuando pidió a las personas mayores, pobres y enfermas, que hicieran el favor de no querer prolongar sus vidas y se dieran prisa en irse muriendo…
Y nosotros, ¿aceptaremos ser sus cómplices?







Las justas reivindicaciones en torno a la mejora de las condiciones de empleo que habitualmente plantean sindicatos, trabajadores, grupos sociales progresistas y ciudadanos críticos suelen concretarse en la necesidad de tener mejores contratos, salarios y condiciones laborales así como una mayor protección social. Muchas de las propuestas y argumentos de estos últimos meses en contra de la reforma laboral aprobada por el gobierno español son buen ejemplo del interés en estos temas. Sin embargo, existe un perjuicio para los trabajadores que es menos visible, pero igualmente crucial, producido por el empeoramiento de las condiciones de empleo ligadas a esa reforma: nuestra salud. No demasiadas personas perciben con claridad que acceder a un trabajo digno, disponer de condiciones de estabilidad y protección, o poder hacer frente a los abusos laborales, sea un determinante fundamental de su salud y de la salud pública en general. Parece lógico. La visión comúnmente difundida de la enfermedad y de la medicina se halla fuertemente condicionada por una percepción individualista de la salud asociada con “causas inmediatas” de enfermar como: tener una determinada predisposición genética, “elegir estilos de vida” nocivos como fumar o tener malos hábitos alimentarios, poseer una personalidad “sensible al estrés”, o tener acceso a buenos profesionales de salud y a servicios socio-sanitarios de calidad. Igualmente, la medicina del trabajo y la salud laboral tradicional se centran en analizar “factores de riesgo” personales (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales), obviando muy a menudo los orígenes y “causas lejanas” de esos riesgos: el grado de democracia y justicia en la forma de organizar el trabajo, la participación de las trabajadoras y los trabajadores o, en general, el tipo de relaciones de empleo. La investigación científica actual muestra sin embargo a las claras cómo factores sociales como la calidad de la vivienda, vivir en un medio ambiente saludable o, especialmente, el acceso y la calidad del empleo son factores de gran importancia para mejorar la salud colectiva.
Dado que la inmensa mayoría de personas dependen del trabajo para su supervivencia, no hace falta una especial clarividencia para comprender que cuanta más inseguridad se añada a la situación laboral, cuanto más se intensifiquen las exigencias empresariales, cuanto más se reduzca el control y participación de trabajadores y sindicatos sobre sus condiciones de trabajo, cuanto más aumente la desprotección ante la pérdida del empleo, mayor será el peaje a pagar en forma de sufrimiento, enfermedad y muerte. A nivel mundial, el aumento del desempleo, la extensión de la precariedad laboral, el trabajo infantil y la esclavitud están estrechamente asociadas a la salud de los trabajadores, sus familias y sus comunidades (puede consultarse el libro Joan Benach, Carles Muntaner y la red Emconet. “Empleo, trabajo y desigualdades en salud: una visión global”, 2010;
En España, tanto el desempleo como la precariedad laboral son elevadísimos. A decir del propio director gerente del FMI, el desempleo alcanza ya en España cifras “catastróficas” con alrededor de 4,6 millones de desempleados y 1,3 millones de hogares con todos sus miembros en paro. En estas condiciones, facilitar (aún más) el despido es tan humanamente cruel como dañino. Los estudios muestran como estar desempleado incrementa la probabilidad de padecer enfermedades crónicas, alcoholismo, tabaquismo, depresión, trastornos de ansiedad, y de morir prematuramente (3 veces más riesgo que quienes tienen empleo), y sus efectos se agravan en colectivos como las madres solteras o familias de las clases sociales empobrecidas que no perciben prestaciones de desempleo. Una persona desempleada tiene un riesgo 3 veces mayor de padecer mala salud mental en comparación con quienes trabajan. En el colectivo de personas sin prestación por desempleo (1,5 millones), el riesgo de sufrir problemas de salud mental se multiplica por 3 entre los profesionales y nada menos que por 7 entre los obreros. Un riesgo que se reduce drásticamente cuando los desempleados están protegidos.


