Informe elaborado por María Luisa Delgado para CAS Madrid. Junio 2009.
La sanidad francesa es considerada por la OMS una las primeras del mundo por la calidad de sus prestaciones. Sin embargo, las desigualdades sociales en materia de salud, la saturación de los hospitales, la fragmentación del sistema sanitario y el déficit de la Seguridad Social exigían una reforma a la que el Gobierno francés ha respondido con el Proyecto de ley «Hospital, salud, pacientes y territorios» (projet de loi «Hôpital, santé, patients et territoires»- HPST): «Ley Bachelot» (por la ministra r. Bachelot-Narquin). El Gobierno considera que los hospitales están aquejados de un “problema de organización” (y no de “falta de medios”). Pretende racionalizar la asistencia, gestionar mejor la demografía médica y hacer que evolucione la medicina privada, de la lógica individual de los médicos liberales a una organización más colectiva, siguiendo el modelo de los “centros de cuidados”, necesario en el medio rural. Pero el proyecto de ley pasa por alto algo esencial: las desigualdades en materia de salud, y se embarca en una privatización de los hospitales que desembocará en una medicina de dos velocidades, que sólo beneficiará a los pacientes con una economía desahogada.
No toma medidas para aumentar el número de profesionales de la salud ni para imponer una repartición equilibrada por todo el territorio. Para adaptar mejor las políticas sanitarias a las necesidades de cada territorio, la Sra. Bachelot propone la creación de Agencias Regionales de Salud (ARS), que deberán coordinar los hospitales, las consultas privadas y la medicina social. Refuerza el autoritarismo y el centralismo, ya que todas las decisiones serán tomadas por estas superagencias, tuteladas directamente por el Estado, desde la misión de los directores de hospital hasta el funcionamiento de los servicios, con exigencias de rentabilidad, y que permitirán la transferencia de las actividades y la financiación del hospital público hacia los sectores privado lucrativo (clínicas privadas), liberal (casas médicas) o de medicina social (geriatría, psiquiatría). En numerosos países occidentales, el poder en los hospitales está claramente en manos de gestores. En Francia, hasta ahora, había habido una especie de compromiso entre el director y los médicos, y, por otra parte, también había otra instancia de recurso: el consejo de administración, presidido generalmente por el alcalde del municipio. La nueva ley quiere dar todos los poderes al director del hospital, nombrado y revocado por el director de la Agencia Regional de Salud (una especie de prefecto sanitario), que, a su vez, es nombrado y revocado por el Consejo de Ministros. Este director podrá no tener ninguna competencia médica o sanitaria, pero será el que tome las decisiones sobre el proyecto médico del hospital y el que nombre y revoque a los médicos responsables de las estructuras asistenciales. Junto al director habría un directorio médico compuesto por entre siete y nueve médicos, que, aun siendo mayoritario, no tendría derecho de voto y cuyos miembros podrían ser destituidos de un día al otro por el presidente-director. El director del hospital no tendría otros superiores que el responsable de la Agencia Regional de Salud, por el que ha sido propuesto. Es decir, nos encontraríamos ante una cadena jerárquica vertical. La tarificación de los actos sería similar en los sectores privado y público (como si las patologías y la continuidad de los cuidados fuesen comparables).
El pensamiento mercantil de esta ley reduce lo cualitativo a lo cuantitativo, el enfermo a la tarifa de su enfermedad. La solución es simple: hay que gestionar el hospital como una empresa, introduciendo más actividad privada; mutualizar (por no decir cerrar) los servicios y acelerar la transferencia de las actividades rentables hacia el sector privado. Es decir: entregar el hospital público al sector privado. El proyecto de ley se propone también acelerar el cierre de hospitales de proximidad (son 250 los directamente amenazados) y la supresión masiva e injustificada de empleos de enfermería y de cuidadores mediante la creación de “comunidades hospitalarias de territorio”. Para los profesionales de la salud, esta mercantilización de la sanidad es inaceptable. Denuncian que la convergencia entre el sector público hospitalario y el sector privado se realizará esencialmente con criterios de rentabilidad financiera, en detrimento de los enfermos no rentables y reclaman que se retire el proyecto en su totalidad. El hospital público se suele ocupar de las urgencias y de los casos de tratamiento más difícil y, por lo tanto, más caro, y que suelen ser rechazados por los establecimientos privados. Por esa razón, los hospitales reciben por acto cerca del 30 % más de la Seguridad Social que las clínicas. La convergencia prevista por la nueva ley prevé el mismo porcentaje para ambas entidades, lo cual significaría el fin de los hospitales públicos. La Federación de Hospitales de Francia considera que, si se aplica la convergencia de lo público y lo privado, se producirá un reducción del 30 % de los presupuestos de los hospitales hasta 2012. El descontento es tal que ha puesto a todos de acuerdo, y movilizado en varias ocasiones a lo largo de estos meses, a médicos, personal sanitario, sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de consumidores, para denunciar una ley que, so pretexto de modernizar, lo que pretende es privatizar la sanidad.
El 29 de enero hubo manifestaciones masivas solicitando la retirada de la ley y la apertura de un debate para modernizar y financiar el sistema sanitario. Y también hubo una importante movilización el 28 de abril. El mensaje es claro: hay que parar esta empresa ultraliberal de desmantelamiento de la sanidad. El Nouvel Observateur publicó a finales de abril una declaración de 25 grandes catedráticos de los hospitales públicos franceses en la que denunciaban el proyecto de reforma de R. Bachelot, basado, según ellos, no en la salud, sino en la rentabilidad, y para el que la preocupación central no es el enfermo, sino la cuenta de explotación del hospital. El proyecto médico no puede basarse, a su modo de ver, en la rentabilidad, sino en las necesidades de la población, la evolución previsible de los grandes temas de sanidad pública, el avance de los conocimientos y los progresos tecnológicos. Hace falta una financiación propia del hospital que tenga en cuenta la innovación, la onerosidad de las patologías, la precariedad. Y esta ley es destructiva e injusta. En vísperas del examen de la ley por el Senado, el 11 de mayo, Nicolas Sarkozy trató de suavizar la polémica con algunas concesiones en lo relativo al gobierno de los hospitales, mediante la creación de una dirección colegial, que siguen pareciendo insuficientes a los profesionales de la medicina. Bachelot ha encontrado serias dificultades a la hora de debatir el proyecto en el Senado, cuyo examen se ha prolongado hasta el 29 de mayo. La confusión reina también en la Asamblea Nacional. Los otros aspectos del proyecto ley, relacionados con la salud de los jóvenes (alcohol, tabaco o cannabis), están siendo también objeto de crítica.
Punts de Vista 