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Yo aborté, y tu mamá también… (Y no sólo en Argentina)

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“Iglesia, basura, vos sos la dictadura” y “Ustedes se callaron cuando se los llevaron”, fueron otros estribillos que se dejaron oír a las puertas de la Catedral, en clara alusión a la complicidad de la Iglesia Católica de Argentina con la más sangrienta dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983.

Con balas de goma y una gran nube de gas lacrimógeno concluyó el pasado 11 de octubre el Encuentro Nacional de Mujeres que reunió en Mar del Plata a unas 65 mil personas que, de cara a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, se manifestaron en reclamo del aborto libre y gratuito y exigieron la separación del Estado y la Iglesia.

El antecedente de esta multitudinaria concentración había sido la manifestación que el pasado 3 de junio, bajo el lema Ni Una Menos, tuvo lugar en las principales ciudades del país, con el objetivo de denunciar la violencia ejercida contra las mujeres.

La concentración, que comenzó alrededor de las 20.00, unió las voces de más de medio centenar de mujeres que, a pecho descubierto, solicitaron a la Iglesia no entrometerse en cuestiones que hacen al derecho individual del ser humano. “Yo aborté, y tu mamá también”, fue uno de los gritos de batalla lanzados contra los fieles católicos que se posicionaron al pie de la catedral en procura de defender el hipotético avance de las activistas. Vanina Biasi, coordinadora del Boletín Oficial de Mujeres Trabajadoras, señaló que “el aborto clandestino produce muertes y mutilaciones. La decisión de los Estados asociados al credo católico ha sido la de privilegiar sus acuerdos con el Vaticano, antes que la de evitar las muertes de mujeres pobres y reconocer su derecho a decidir qué hacer con su vida en las condiciones en que le ha tocado vivir”.

La trata de mujeres, los casos de pedofilia en el seno de la iglesia, la violencia machista y la discriminación, también fueron parte del reclamo conjunto. “La Iglesia tiene como objetivo salvar a miles de abusadores a los que protege ante las avanzadas judiciales que hoy se llevan adelante gracias a la valentía de las víctimas a la hora de denunciar. El Papa Francisco emplaza a las víctimas a silenciar los abusos para preservar a la institución que está plagada de pederastas”.

“Iglesia, basura, vos sos la dictadura” y “Ustedes se callaron cuando se los llevaron”, fueron otros estribillos que se dejaron oír a las puertas de la Catedral, en clara alusión a la complicidad de la Iglesia Católica con la más sangrienta dictadura que asoló el país entre 1976 y 1983.

El cordón policial que separaba a los fieles católicos de las manifestantes no pudo evitar el intercambio de golpes, insultos y escupitajos. Rezos y acusaciones acabaron alrededor de las 22.00, cuando la policía reprimió la marcha con una ráfaga de balas de goma y gases lacrimógenos.

El próximo Encuentro Nacional de Mujeres tendrá lugar en la ciudad de Rosario. Se estima que se movilizarán más de 130 mil mujeres.

RENÉ FAVALORO SOBRE EL ABORTO

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar verguenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en los sanatorios hacen fortunas sacándoles la verguenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la verguenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Visto en Nueva Tribuna. Texto y foto de Walter C. Medina

 
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Publicat per a 19 Octubre 2015 in Gènere

 

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Carlos Jiménez Villarejo repasa y denuncia las CONTRARREFORMAS del PP

imageCarlos Jiménez Villarejo, jurista de Federalistes d´Esquerres y exfiscal Anticorrupción, leyó esta presentación ayer con el título “Las políticas del PP: ¿retroceso, contrarreforma, involución?”.  Creo que por la actualidad y profundidad de su análisis -desde la contrarreforma del aborto hasta el atentado a la justicia gratuita como elemento básico de igualdad- y lo bien fundamentado de sus denuncias, es imprescindible (y especialmente conveniente e ilustrativo) difundir el texto, con mi agradecimiento por la lucidez y el tesón de su autor.

Introducción.- Consideraciones sobre el Discurso del Ministro del Interior en el Foro Tribuna Barcelona (Círculo Ecuestre) el 18 de Junio de 2012. El objeto del discurso era “La violencia urbana: la intolerancia como expresión”. Todo el discurso giraba sobre por las siguientes premisas: “confusión entre tolerancia y permisividad”, “maximización de derechos y ocultación de responsabilidades”, situando el origen de este contexto histórico, con evidente ignorancia y error, en Mayo de 1968, de donde deducía que estaban las raíces de lo que calificaba “violencia callejera” y que definía globalmente como “incivismo”. Bajo este concepto incluía las siguientes conductas: incendios provocados, verter suciedad en las calles, fumar en espacios no permitidos, impago de peajes, romper bancos o coches, quemar símbolos políticos y “piquetes sindicales”, asociando, en este caso, el movimiento sindical a cualquier forma de violencia o perturbación de la vida ciudadana. Este panorama lo atribuye a la predominancia de “un sistema educativo alternativo y aplicado al desorden público”. Ante todo ello, “los antisistema que viven del sistema y se apoderan del espacio público” proponía “una respuesta coercitiva más eficaz” como tendremos ocasión de comprobar.

Las múltiples expresiones del proceso antidemocrático abierto por el Gobierno del Partido Popular:

Primero: La contrarreforma del aborto.

El precedente: la vigente Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Es indispensable un breve resumen de su Exposición de Motivos para comprender el gravísimo retroceso histórico que significaría la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada presentado por el PP, a través del Ministerio de Justicia.

La Ley vigente dice así:
“La especial relación de los derechos de las mujeres con la protección de la salud sexual y reproductiva ha sido puesta de manifiesto por diversos textos internacionales. Así, en el ámbito de Naciones Unidas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General mediante Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979, establece en su artículo 12 que «Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar». Por otro lado, la Plataforma de Acción de Beijing acordada en la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer celebrada en 1995, ha reconocido que «los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control y a decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, libre de presiones, discriminación y violencia». En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128(INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia”(…..)..
“Así, en la sentencia 53/1985, el Tribunal, perfectamente dividido en importantes cuestiones de fondo, enunció sin embargo, algunos principios que han sido respaldados por la jurisprudencia posterior y que aquí se toman como punto de partida. Una de esas afirmaciones de principio es la negación del carácter absoluto de los derechos e intereses que entran en conflicto a la hora de regular la interrupción voluntaria del embarazo y, en consecuencia, el deber del legislador de «ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos» (STC 53/1985). Pues si bien «los no nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento como titulares del derecho fundamental a la vida que garantiza el artículo 15 de la Constitución» esto no significa que resulten privados de toda protección constitucional (STC 116/1999). La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de protección que el legislador debe hacer eficaz, sin ignorar que la forma en que tal garantía se configure e instrumente estará siempre intermediada por la garantía de los derechos fundamentales de la mujer embarazada”.

En el desarrollo de la gestación, «tiene -como ha afirmado la STC 53/1985- una especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre». El umbral de la viabilidad fetal se sitúa, en consenso general avalado por la comunidad científica y basado en estudios de las unidades de neonatología, en torno a la vigésimo segunda semana de gestación. Es hasta este momento cuando la Ley permite la interrupción del embarazo siempre que concurra alguna de estas dos indicaciones: «que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada», o «que exista riesgo de graves anomalías en el feto». La Ley contiene dos definiciones esenciales: “Art. 2• b)
Salud sexual: el estado de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la sexualidad, que requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Y c) Salud reproductiva: la condición de bienestar físico, psicológico y sociocultural en los aspectos relativos a la capacidad reproductiva de la persona, que implica que se pueda tener una vida sexual segura, la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos”.

Y dos preceptos fundamentales: El Artículo 14, “Interrupción del embarazo a petición de la mujer”, dice lo que sigue: “Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:

a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención”. Añadiendo el Artículo 15, “Interrupción por causas médica”, lo siguiente:
“Excepcionalmente, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
• a) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico o médica especialista distinto del que la practique o dirija. En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante podrá prescindirse del dictamen.
• b) Que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija.
• c) Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.

Así resumía su posición un gran jurista, magistrado del Tribunal Supremo, recientemente fallecido, José Jiménez Villarejo “Y, desde el punto de vista constitucional, me parece que hay derechos o, si se quiere, intereses de la mujer, que pueden merecer una mayor protección que el interés objetivo de que el nasciturus llegue a ser una persona humana”.

La contrarreforma que se propone contradice todos los Tratados y Pactos internacionales aparte de los ya expuestos. Así la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida”. Los Pactos de Nueva York de 1966 proclama: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”. Conceptos que, obviamente, están plenamente asumidos y desarrollados en la ley de 2010 que pretende ser derogada y que desautorizan completamente el Proyecto del Gobierno.

La contrarreforma que propone el PP coarta principios básicos de los derechos humanos en relación a los derechos de la mujer y en particular en relación a su decisión sobre la interrupción del embarazo. La ley que pretende aprobarse, ante el conflicto de intereses que puede plantearse entre el feto -la vida humana dependiente- y la mujer gestante, otorga una preferencia infundada e injustificable al interés del feto, preponderancia que en todos planos, moral y jurídicamente, corresponde a la mujer embarazada.

Es un problema que debe resolverse, en todo caso, al margen del derecho penal que nunca debe constituirse en el brazo secular de instituciones o ideologías conservadoras.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, en el Anteproyecto, la regulación de aborto vuelve al Código Penal. Ahí están los proyectados Arts. 145 y 145 bis para acreditarlo. Por una parte, se excluye el castigo penal de la mujer que decide libremente la interrupción voluntaria del embarazo, debe entenderse que dentro de las primeras catorce semanas de gestación (Art. 145.3). Pero se sanciona penalmente a quien “produzca el aborto” en ese supuesto con pena de prisión de hasta tres años e inhabilitación para el ejercicio de la profesión sanitaria. Previsión que sitúa a la mujer en una situación crítica y la mayor parte de las veces abocada a un aborto clandestino y, desde luego, con gravísimos riesgos para su salud y su vida. Todo lo cual, representa una evidente negación del derecho de la mujer a decidir libremente sobre su embarazo y, por tanto, sobre su vida. Luego, está penalizándose el aborto libre y voluntario. A continuación se afirma que “no constituirá delito el aborto…” practicado en los dos siguientes supuestos:”para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” y se practique dentro de las “veintidós primeras semanas de gestación” y cuando “el embarazo sea consecuencia” de un delito contra la libertad sexual y se practique “dentro de las doce primeras semanas de gestación”. Es, pues, punible cualquier aborto que no se ajuste estrictamente a estas condiciones. Decisión que excluye la capacidad de decidir libremente sobre la interrupción del embarazo en los supuestos de graves taras físicas o psíquicas del feto dado que, en este caso, el aborto es una conducta punible para quienes lo practiquen. La proyectada regulación llega al extremo, retorcido e hiriente, de que en el caso de que concurra en el feto “alguna anomalía incompatible con la vida”, sólo la contempla como causa de “grave peligro para la salud psíquica para la mujer” y a los solos efectos de justificar solo por esta causa el aborto. Es importante destacar que el Anteproyecto entiende, solo a aquellos efectos, “por anomalía fetal incompatible con la vida aquella que previsible y habitualmente, en el momento del diagnóstico,, se asocie con la muerte del feto o del recién nacido durante el periodo prenatal”.Previsión, que resulta absolutamente incompatible con los derechos básicos de la mujer en estas condiciones, al valorarse la concurrencia de esta gravísima anomalía fetal solamente para determinar su incidencia en la salud psíquica de la mujer y que no justifique nunca la posibilidad de que en este caso el aborto esté, como ocurre ahora, absolutamente justificado y autorizado.

El profundo desprecio por la voluntad y los derechos de la mujer se reiteran cuando, en el caso de aborto de la mujer menor, entre 16 y 18 años, será preciso el “asentimiento” de los titulares de la patria potestad, tutor o cuidador. Asentimiento, que representa una forma de tolerancia, que se transforma en “consentimiento expreso” de sus padres o de quien ejerciere la patria potestad respecto de la embarazada menor de 16 años.

Además de las reformas expuestas, se contienen otras, en diversas disposiciones legales que convierten, en todo caso, el aborto en una conducta merecedora de reproche no solo penal sino social como el propósito incluso, en los supuestos legalizados, de reducirlo a la clandestinidad. Así resulta de las siguientes medidas que se proponen, algunas de las cuales expresan una actitud despiadada hacia la mujer.

Se plantea la reforma de la Ley de Sanidad de 1986 en el siguiente sentido. En el Artº. 18 se dirá que “en el caso de que las pruebas prenatales realizadas a la embarazada, mostraran posibles problemas de salud del feto y hubieran razones para creer que la salud del niño, tras nacer, estará afectada, (la mujer será informada) de las ayudas existentes antes y después del nacimiento así como de la asistencia económica y psicosocial reconocida”.

Se propone la reforma de la ley 41/2002, de Autonomía del paciente. Como expresión del clima coactivo que domina la reforma, el artª 4,bis que se propone, referido al asesoramiento de la mujer gestante, tendrá como objeto “la protección de la vida tanto de la mujer como del no nacido así como el buen desarrollo del embarazo y la resolución de los conflictos” (¿?). La información a la mujer comprenderá “que la vida del no nacido constituye un bien jurídico protegido por la Constitución y que, por ello, el aborto solamente resulta conforme al ordenamiento jurídico en situaciones de excepción regulada legalmente”.No es sino una amenaza sobre las consecuencias de la práctica del aborto fuera de los limitados supuestos autorizados.
En la Ley 44/2003, de la regulación de las profesiones sanitarias, se añade el artº. 4,bis que dice así: “Los profesionales sanitarios por cuenta propia o ajena tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia para inhibirse de cualquier participación o colaboración de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos despenalizados en el Código Penal”. Una expresión más del juicio negativo que merecen los abortos, incluso legalizados, que llevan a permitir a los médicos rechazar su participación en ellos.
Por último, en la Ley 34/88, General de Publicidad, se añade el Artº 5,bis, que dice así: “Se prohíbe la publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios médicos o de medios, prestaciones, técnicas o procedimientos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”, máxima expresión del clima de opacidad, clandestinidad y represión con que se afronta cualquier forma de aborto incluso los legalmente admitidos.

Segundo.- Ley de Seguridad Privada

Este proyecto de ley, de inmediata aprobación, parte de un presupuesto inadmisible en un Estado democrático de derecho, que la seguridad privada es “parte integrante de la seguridad pública” y, por ello, las “alianzas público-privadas” constituyen un medio de resolver los “problemas acuciantes de seguridad que se producen en la sociedad”. Punto de partida falso ya que España tiene una de las tasas mas bajas de criminalidad de Europa y no hay una demanda social que justifique la ampliación de las competencias de los servicios de seguridad privada.Es un Proyecto que lo que hace es emprender la vía hacia la privatización de la seguridad pública, es decir, que tendrá más seguridad “quien pueda pagársela”, consecuencia incompatible con el principio constitucional de que corresponde exclusivamente a los Cuerpos de Policía del Estado y de las CCAA la competencia para velar por la seguridad pública que consiste fundamentalmente en la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Por todo ello constituye una honda preocupación que se atribuya a la seguridad privada “contribuir a garantizar la seguridad pública” lo que es competencia exclusiva del Estado y contraviene lo dispuesto en la Ley 2/86 de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, es preocupante que se atribuya al “personal de seguridad privada” las tareas de vigilancia en “lugares y eventos” tanto privados como públicos cuando éstos están bajo la competencia de los Cuerpos de Policía.
Es igualmente rechazable que se incluya al personal de seguridad privada, equiparados a los servicios públicos de policía, cuando en el Artº 31 se describen las “agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad” cuando es obvio que no pueden merecer el mismo nivel ni de tratamiento ni de protección. La sentencia del TS de 25/10/91 ya les denegó a dicho personal la condición de agentes de la autoridad.

Por otra parte, la extensión a dicho personal el concepto de agente de la autoridad crea grandes problemas de contradicción con las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la “Policía Judicial” (artº 282) o al regular la detención (Artº 489 y siguientes).Pero el núcleo más grave de dicha reforma se encuentra en la facultad que se le reconoce en el artº 32 de la Ley, en el que se dispone que dicho personal puede “detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos así como denunciar a los infractores en materia de infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades”.Sin duda,se trata de un precepto incompatible con los arts 17 y 25.2 de la Constitución en cuanto extiende a particulares -en definitiva, los guardas jurados son empleados de empresas privadas- una facultad que es privativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que extiende hasta límites incompatibles con el regimen constitucional vigente una facultad tan relevante como es privar de libertad a los ciudadanos.
Asimismo, es rechazable que se les confiera, como previene el artº.40, la facultad de prestar “servicios con armas de fuego” en los “perímetros” de los establecimientos militares, centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros.

Es igualmente inaceptable la previsión del artº 41.4 que les otorga la facultad, pese a que requieran la aprobación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para ejercer funciones de vigilancia “en acontecimientos deportivos, culturales o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrollo en vías o espacios públicos” facultad que va a permitirles sin duda alguna participar en el control de las reuniones y manifestaciones públicas aunque lo hagan complementando y bajo el control difuso de la acción policial.
Este proyecto de Ley,pendiente de su aprobación por el Senado, ha contado hasta ahora con el apoyo de CiU.

Tercero. La reforma del Código Penal

La reforma del Código Penal presenta, en primer lugar, aspectos que expresan la negación del precepto constitucional que define la política penitenciaria como orientada a la “reeducación y reinserción social” de los penados. Presenta particular relevancia la incorporación al Código Penal de la llamada “prisión permanente revisable”, por más que esté sujeta a una “revisión judicial periódica”, que representa la incorporación en nuestro Código Penal de la cadena perpetua. Pena que ya estuvo presente en los Códigos Penales decimonónicos de 1822, 1848 y 1870, mientras que fue suprimida, además de por el Código Penal de 1932, en dos Códigos aprobados en un contexto plenamente autoritario, los de 1928 y 1944.

Es sabido que solo se aplicaría a delitos muy graves, como terrorismo, asesinato, etc, pero es absolutamente inadmisible y rechazable por razones humanitarias y democráticas.
La primera de ellas, en clave de política criminal, porque la tasa de homicidios de España es de las más baja de Europa (Así lo exponía, con mas datos complementarios,el voto particular de oposición a la misma de varios vocales del Consejo General de Poder Judicial en el Informe sobre el Anteproyecto). Pero, sobre todo, porque las medidas judiciales de revisión de la pena no pueden resolver el problema de su extrema inseguridad jurídica, del absoluto aislamiento social de los y de los elementos propios de una pena inhumana que posee, según los términos del Convenio de Roma. Porque, en efecto, está muy fundamentada la oposición a una pena de esta naturaleza. Sobre todo, porque atenta a la dignidad de las personas, en la medida en que “tiende a extenderse durante toda la vida hasta la frontera de la muerte de la persona condenada”. Según alguna de las enmiendas que se han presentado ante dicha pena se afirma: “¿Cómo va a encontrarse socialmente preparado para vivir en libertad una persona después de pasar 25 años ininterrumpidos en una cárcel. ¿Qué circunstancias familiares y sociales podrá tener quién como, por ejemplo, entró con 25 años y a los 50 se plantee la suspensión de su condena?. ¿Sus padres viven?. ¿Qué familiares le quedarán?. ¿Qué amigos conoce.?¿ Qué habilidades profesionales ha aprendido?.¿Qué secuelas psicológicas tienes? ¿Cómo las abordará?.

Aparte de esta reforma lacerante y radicalmente contraria a los principios constitucionales, hay otras medidas que resultan la expresión de esa política de “inseguridad ciudadana” que describía el Ministro del Interior.
Por ejemplo, entre los delitos contra la propiedad industrial, se encuentra en el Artº 274.3 que sanciona “la venta ambulante u ocasional” de productos protegidos por una patente o marca con una pena que puede llegar hasta los dos años. Pena que no contempla el beneficio obtenido y que expresa una absoluta falta de proporcionalidad con la conducta sancionada e infringe el principio de intervención mínima del Derecho Penal dado que, como mucho, solo debería representar una mera infracción administrativa leve.Constituye una medida represiva contra la inmigración,llamada irregular,que pretende subsistir con actos como el descrito en este delito.
Entre los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros hay ciertas conductas declaradas punibles que además de innecesarias y desproporcionadas, están presididas por razones exclusivas de política migratoria; constituyendo una herramienta para la persecución implacable e injustificada de los emigrantes. Por ejemplo, el Artº.311,bis sanciona a quien “emplee o dé ocupación” a ciudadanos extranjeros que carecen de permiso de trabajo. El artº.318,bis sanciona a quien “ayude a una persona que no sea nacional o de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo”, excluyendo los supuestos en que “el objetivo perseguido por el autor fue únicamente prestar ayuda humanitaria”. Es evidente que esta circunstancia eximente no impediría la apertura de un proceso penal por las conductas anteriormente descritas sin perjuicio de su estimación posterior. Todo ello resulta un delito que puede calificarse, como ha hecho Izquierda Unida, de “indecente” democráticamente ya que no protege a los extranjeros frente a los abusos de que son objeto sino que se estrangulan sus derechos tratándolos como delincuentes.

En la reforma que se pretende, constan excesos en la definición del delito de atentado que favorecen una notable inseguridad jurídica en la interpretación de las normas, como resulta excesivo en el grado de protección de las autoridades y agentes que se haya definido como tal “cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso” Igualmente resulta inadmisible incluir como destinatarios de atentados o del delito de desobediencia grave incluir al “personal de seguridad privada” por más que actúen bajo el mando de los servicios públicos de policía.Es un paso mas en el proceso de incorporación de dicho personal al aparato de seguridad pública.

Por último resulta necesario plantear la supresión de cuatro preceptos, los artº.557 bis, 557 ter, 559 en su nueva redacción y 560 bis. Se trata de nuevas figuras penales en el capítulo de los delitos de desordenes públicos que representan una excesiva reacción punitiva que responde a la movilización de colectivos sociales como encierros y otras conductas similares generadas por la crisis económica, reacción que representa una respuesta desproporcionada y de interpretación confusa ya que sitúa estos nuevos delitos en los límites de la infracción administrativa, rompiendo con el principio de intervención mínima del Derecho Penal.En definitiva, están concebidos para combatir los derechos de reunión y manifestación. Como, igualmente, contra el derecho a la libertad de expresión, al perseguir la “difusión pública de mensajes o consignas” que representa una crítica, ciertamente rotunda y posiblemente con exabruptos, a actuaciones y decisiones públicas y privadas que están causando un grave perjuicio a la ciudadanía. Son delitos que persiguen avalar actuaciones policiales excesivas, con los riesgos que ello genera, atemorizar la capacidad de convocatoria de organizaciones cívicas y sociales y, en definitiva, crear un clima de amedrantamiento sobre los ciudadanos. Por el contrario se suprime el actual Artº 559 del Código Penal que sancionaba al que perturbase el orden público para “impedir el derecho de los ejercicios cívicos” (texto vigente desde el Código Penal de 1848 hasta el que se pretende imponer) y finalmente se sancionan conductas que bajo la denominación de interrupción del transporte público constituye una directa amenaza al ejercicio del derecho huelga.

Cuarto. Anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana.

El preámbulo del Anteproyecto parte de principios genéricos como asociar la seguridad ciudadana a la “calidad democrática de un país” y se considera dirigida “a la eliminación de la violencia y al remoción de los obstáculos que se oponga a la plenitud…” de derechos y libertades. Sin embargo, se advierten nuevos conceptos que tienen una evidente connotación represiva como es comprender dentro del concepto de seguridad ciudadana lo que se denomina “el mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Para tal fin, como ahora veremos, se fortalece la capacidad intervencionista de la policía, se restringen expresa o tácitamente derechos ciudadanos, se amplían desmesuradamente las infracciones administrativas, transformando las antiguas faltas o infracciones penales leves del Código Penal vigente en infracciones administrativas así como la facultad sancionadora; con sanciones económicas que representan, finalmente, una mayor presión sobre los ciudadanos ya que el impago de las multas genera el inmediato embargo de los bienes mientras que las sanciones previstas para las faltas era mucho más leve en su contenido y en sus consecuencias.

Entre las potestades de la policía se incluye, además de los registros domiciliarios con el consentimiento del titular, la facultad para la identificación e “inmovilización” y traslado temporal de las personas a dependencias policiales próximas a los efectos de dicha identificación. La facultad para dicha “inmovilización” tiene como presupuestos las “funciones de seguridad ciudadana, prevención delictiva y de infracciones administrativas”. Lo que representa que con estos fines tan indeterminados, que no exigen la concurrencia de indicios respecto a la persona afectada, se puede proceder a lo que se llama “inmovilizar” a una persona, cuando de lo que se trata es, exactamente, de una detención.Para que todo ello pudiera llevarse a cabo habría que haber exigido, al menos, que concurrieran ciertos indicios de que la persona afectada hubiese participado en la comisión de alguna infracción penal o administrativa, lo que no se dice expresamente, generándose un margen de inseguridad jurídica muy grave.
Es igualmente rechazable permitir, sin mas, que se pueda requerir la identificación de personas que lleven “el rostro embozado” por las razones ya expuestas.

Resulta preocupante y excesivo el control consistente en la restricción del tránsito y controles en las vías públicas ante la “alteración real o previsible de la seguridad ciudadana o pacifica convivencia”, conceptos de una grave indeterminación, especialmente el de la previsibilidad, que deja en manos de la policía el control directo e inmediato del tráfico o circulación por vías públicas con la consiguiente coerción sobre las personas y la vida ciudadana.

Es igualmente excesivo conceder a la policía facultades para la detención de “los partícipes en una acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico idónea para provocar alarma social” ya que, como hemos dicho con antelación, la detención está estrictamente regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no se puede interpretar extensivamente en cuanto constituye un derecho fundamental de la persona. Sobre todo teniendo en cuenta que estas diligencias relativas al control del tránsito y de las vías públicas permiten identificar transeúntes, registrar vehículos y el control superficial de efectos personales.

De igual imprecisión e inseguridad jurídica resulta la medida consistente en las comprobaciones de personas, bienes y vehículos cuando porten “elementos susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito o alterar la seguridad ciudadana (Art.18), facultades, como las anteriores, caracterizadas por la imprecisión de los conceptos y discrecionalidad de la acción policial como vía para la arbitrariedad de la protección de la llamada Seguridad Ciudadana.

Igualmente se regula el “cacheo”. Si bien se afirma que se hará bajo el principio de “injerencia mínima” lo cierto es que no se establece la forma de practicarla y los límites concretos de tal acción policial.Lo cierto es que se pretende proteger a la policía de cualquier exceso al afirmarse que dicha medida no está “sujeta a las mismas formalidades que la detención”, lo que resulta en todo caso discutible ya que el cacheo conlleva necesariamente la inmovilización de la persona, todo ello por la simple razón, según el Anteproyecto, de un supuesto “control preventivo”.

Entre las llamadas “medidas de seguridad extraordinaria” (Art.20), pueden acordarse “el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso o retención de personas” en “situaciones de emergencia” y “durante el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana”. Es evidente la inseguridad y discutible constitucionalidad de dicho precepto.Máxime cuando estas medidas pueden adoptarlas simples agentes sin previo conocimiento ni autorización de sus superiores.

En lo relativo a las reuniones y manifestaciones se advierte, coherentemente con el principio autoritario que preside este Anteproyecto, la supresión del precepto que presidía la ley de 1992: “El deber de proteger la celebración de reuniones y manifestaciones…” como función principal de los servicios públicos de policía de garantía de los derechos fundamentales. Por el contrario, en Anteproyecto el objeto de estas normas es pura y simplemente la “disolución de reuniones y manifestaciones” en el que se elimina “el previo aviso” no solamente cuando esté afectada la convivencia ciudadana por conductas violentas sino cuando, simplemente, “exista riesgo de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana”.

En el apartado de la responsabilidad se advierte un criterio extensivo de la misma ya que no solamente figuran como responsables “los autores” sino también los que “realicen los hechos por si solos o conjuntamente o por medios de otros… así como los que inducen directamente a ejecutarles…Y los que cooperan a su ejecución…”. Se introduce un concepto de responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa, de cualquiera que haya tenido algún grado de relación con la conducta presuntamente sancionable. Precepto que ha merecido una dura crítica por parte del Consejo Fiscal de la Fiscalía General del Estado.

Capítulo aparte merecen las infracciones administrativas sancionables. Pasan de las 19 contempladas en la Ley de 1992 a 58, 7 muy graves, 31 graves, y 20 leves, es decir, que se amplían en 39 las infracciones administrativas, decisión tendente a crear un clima de coerción e intimidación a la ciudadanía.Y que expresa el gravísimo retroceso que el Gobierno del PP está imponiendo en el respeto de los derechos humanos y en el control de la expresión pública de cualquier forma de desacuerdo o rechazo a las medidas antisociales que se adoptan de forma continuada.
Hay un dato significativo del principio autoritario que preside toda la regulación. Ahora se sanciona la “tenencia de drogas en lugares públicos”, pero el PP suprime la previsión de la Ley 1992 de dejar sin efecto la sanción “si el autor se somete a tratamiento de deshabituación”.Es un ejemplo significativo.

Las infracciones relacionadas con el ejercicio de reunión son cinco. Entre ellas, una consiste en convocar una reunión “con finalidad coactiva”. ¿A quién?. ¿Cómo?. ¿A personas, a organizaciones?. O la consistente en lo que llama perturbar la seguridad ciudadana “con ocasión de reuniones frente a las sedes” de Asambleas legislativas, estatales o autonómicas “aunque no estuvieran reunidos”.¿A quien se perturba?

Hay infracciones, como la prevista en el artº.35.9, consistente en la celebración de reuniones “en los lugares de tránsito público” o manifestaciones que coinciden totalmente con los delitos previstos en los arts.513 y 514 del Código Penal vigente. Por tanto, deberían ser excluidas ya que en todo caso tendría preferencia la aplicación del derecho penal respecto a una ley administrativa. Y hay otra infracción, la tipificada en el artº.35.16, como las “manifestaciones públicas, escritas o verbales efectuada a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamiento de alteración de la seguridad ciudadana”, que coincide casi literalmente con el artº.510 del Código Penal pero que aquí, en el Anteproyecto, tiene como finalidad expresa el control inmediato y policial de la libertad de expresión.

También constituyen infracción “las ofensas o ultrajes a España, CCAA, Entidades Locales y a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas”, siempre que no constituyan delitos, infracción tan ambigua como innecesaria, cuando, además, están definiéndose las mismas conductas previstas en el artº.543 del Código Penal.En todo caso, es una infracción que no debería rebasar nunca el ámbito del régimen administrativo sancionador.

Igualmente, se incorpora otra infracción que contradice el principio de no-discriminación. Cuando el autor de una infracción muy grave o cinco de las graves sea extranjero, además de la sanción de multa, podrá ser expulsado del territorio español sin que conste un control judicial.
Se añaden, además, algunas infracciones que, hoy, todavía son faltas, es decir, infracciones penales leves.
Y, finalmente, están las conductas, graves o leves, que representan una auténtica invasión en la vida ciudadana, nunca hasta ahora sancionadas, y que bajo ningún concepto justifican que constituyan una infracción del ordenamiento jurídico y aún menos que puedan ser objeto de una actividad policial. Baste citar entre otras las siguientes: actividades deportivas en espacios públicos. entorpecimiento de la circulación peatonal, escalamiento de edificios, remoción de vallas colocadas por la policía, colocación de tenderetes o tiendas de campaña en espacios públicos o la venta de bienes en la vía pública y para concluir, una infracción inverosímil, la tercera pérdida o extravío de la documentación personal en cinco años.
A todo ello hay que añadir que las multas pueden extenderse hasta 600.000 euros, que va a crearse un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana- auténtico control que, ya veremos, si queda sometido a la Ley de Transparencia y al acceso de los ciudadanos afectados- y que no está previsto que cuando se inicie un expediente sancionador administrativo se suspenda cuando, paralelamente, se haya abierto un proceso penal, permitiendo que un ciudadano pudiera estar sometido simultáneamente a dos procedimientos sancionadores en un régimen de auténtica indefensión.

Quinto.- El Art.119 de la Constitución es taxativo:”La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.

Este es el principio básico, que se ha quebrado gravemente por la Ley 10/2012.Conviene tenerlo presente, la Administración de Justicia es un servicio básico del Estado que ofrece a los ciudadanos la garantía de sus derechos. Por ello, puede entenderse como un servicio esencialmente gratuito y universal.
Prueba de ello, es que la Ley 25/1986,con los siguientes argumentos, dejó sin efecto las tasas judiciales impuestas por varias disposiciones franquistas de 1959.Su Preámbulo decía así: “La Constitución Española en su artículo 1º, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9º instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”.

Hasta en una materia como esta, la memoria histórica es débil. Pero la gratuidad judicial tuvo una corta vida. Ya, por Ley 53/2002 se restauró el viejo y antidemocrático sistema de tasas para acceder a los juzgados y tribunales.El proceso lo ratificó el Gobierno de la Generalitat por la Ley 5/2012 que estableció “La tasa por la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de justicia de competencia de la Generalidad”.Para ya generalizarse por la Ley 10/2012 que fundamenta una medida tan discriminatoria de esta forma:
“En el ámbito de la Administración de Justicia los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad, y el que todas ellas sean, como quiere la Constitución, reales y efectivas depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica o su posición social”. “La ordenación actual de las tasas judiciales, sobre ser incompatible con algunos principios tributarios vigentes, es causante de notables distorsiones en el funcionamiento de la Administración de Justicia”.“El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita. Se trata de dos realidades jurídicas diferentes. Desde el momento en que la Constitución encomienda al legislador la regulación del alcance de esta última, está reconociendo que el ciudadano puede pagar por los servicios que recibe de la Administración de Justicia. Sólo en aquellos supuestos en los que se acredite «insuficiencia de recursos para litigar» es la propia Constitución la que consagra la gratuidad de la justicia”.
“La Ley pone todo el cuidado en que la regulación de la «tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social» no afecte al derecho a acceder a la justicia como componente básico del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24 de la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia a este respecto del Tribunal Constitucional”.

Buenas palabras para ocultar que el régimen de tasas impuesto está cercenando ya el acceso a los tribunales y, por tanto, a la tutela judicial efectiva. Pretende justificarse la reforma alegando el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, lo que es falso, porque el diseño de ese beneficio excluye de él a gran parte de la ciudadanía. En efecto, ahora, con la terminología actual, el IPREM(Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que ha sustituido al SMI(Salario Mínimo Interprofesional), criterio para medir quien puede acogerse a dicho beneficio, serán muchos los colectivos vulnerables económicamente que tendrán cerradas las puertas de los tribunales. Basta pensar en la jurisdicción social, dada la alta conflictividad laboral existente, donde la tasa para los recursos es de 500 a 750 euros, y en la civil, ante los conflictos permanentes en torno a las deudas contraídas y la propiedad, donde las tasas pueden alcanzar los 1.200 euros. Basta un dato económico muy significativo. Para que una persona pueda acogerse a los beneficios de justicia gratuita, debe acreditar, al menos, unos ingresos brutos del grupo familiar de unos 16.000 euros anuales. Resulta evidente que la imposición de tasas constituye un paso más en el despojo patrimonial de los ciudadanos y el sacrificio de sus derechos ahondando su indefensión ante las instituciones.

Este es el horizonte autoritario que el Gobierno del PP, en ocasiones con el apoyo de CiU, está imponiendo.El principio constitucional de “libertad” está en quiebra.

 

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Al PP le sobra la ciudadanía

El magnífico artículo de Rosa María Artal sobre las mujeres del PP que les recomiendo leer sin demora, se complementa con las reflexiones de Kerman Calvo publicadas en InfoLibre y que reproduzco en parte para que se animen a leer todos sus argumentos. Dos trabajos fundamentales que ilustran la caverna que nos gobierna y toda la involución en derechos y civilización que nos quieren imponer. Quienes peor paradas salimos, como siempre, las mujeres, algunas tristemente retratadas en este papel tristísimo de aplaudidoras de un maltrato que atenta nuestra vida y dignidad. Pero algo tenemos que decir y oponer las otras mujeres, la inmensa mayoría, que tan duramente conseguimos escaparnos de la esfera privada de las “idénticas” para aguzar nuestros perfiles y nuestros derechos en la igualdad y la ciudadanía. ¡Que ningún Rajoy ni Gallardón de tres al cuarto, por más coros de la sección femenina revividos que los asistan, pueda vencernos!

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PP y El PP y la confusión entre privilegios y derechos

Parece que nos atascamos un poco en la comprensión de las políticas morales, esas que regulan las decisiones personales de la gente y sus estilos de vida, y que están ganando un nuevo protagonismo en la España de Rajoy. ¿Por qué se propone excluir precisamente a las mujeres lesbianas del sistema público de inseminación artificial en España, cuando el ahorro anticipado de esta media es bajísimo? O, también, ¿por qué no se aprueba una ley nacional de parejas de hecho? Y, desde luego: ¿Por qué se propone una radical transformación de la legislación en el tema del aborto? Nos cuesta a veces encontrar el sentido a estas políticas por la sospecha de su posible dependencia del proselitismo evangelizador de líderes e Iglesias; quizás el fanatismo lleve a los gobernantes a tomar decisiones irracionales desde el punto de vista de la lógica política convencional. Podría ser. No obstante, sería un error insistir demasiado en estas posibles peculiaridades.

Sin ir más lejos, los votos también cuentan aquí. No es descabellado pensar que la propuesta del ministro Gallardón, que criminaliza de nuevo el aborto al recuperar su categoría como comportamiento ilícito salvo si concurren determinadas circunstancias, busque contentar al ala más conservadora del electorado del PP (ese grupo formado en torno al millón de ciudadanos que, según diversas estimaciones, constituiría el núcleo más duro del apoyo electoral del PP).

Pero voy a ir más lejos. Veo en el caso concreto del Gobierno actual del PP, y su nueva agenda moral, no un ejemplo de la peculiaridad de las políticas morales, sino de lo contrario. Pienso que la política del aborto, pero también la gestión de la dependencia o los ajustes en la cartera de servicios sanitarios básicos, por poner solo unos ejemplos, son todos síntomas de una misma enfermedad: al PP le sobra la ciudadanía.

Esto es radicalmente nuevo. Sorprenda o no, lo cierto es que, hasta fechas muy recientes, el PP raramente se había presentado en España como un obstáculo para la extensión de los derechos de ciudadanía, al menos en el plano de las representaciones públicas; los derechos eran sagrados, la ciudadanía modernizaba y conectaba con Europa. Nunca faltaba ciudadanía.

Permítanme que precise: no estoy afirmando que el PP no haya buscado excusas en el pasado para retrasar la extensión de muchos derechos, particularmente en el terreno de la moral sexual. Muy al contrario, este partido político ha demostrado sobrada pericia precisamente en buscar excusas para forzar tales retrasos. Lo que sostengo es que, ahora, se empieza a negar la existencia misma de tales derechos, cuestionándose, por lo tanto, la futura posición de los reclamantes en el seno de la comunidad política a la que se aspira a participar.

¿En qué me baso? Pues en la transformación de la postura del PP ante las quejas de diversos grupos sociales que insistían en que determinados comportamientos (abortar, divorciarse, contraer matrimonio entre dos mujeres, inscribir al hijo concebido por gestación por sustitución, etc.) estaban íntimamente asociados a la dignidad de la persona; es decir, eran derechos. En radical oposición a la postura de otros partidos conservadores en países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la respuesta del PP, hasta momentos muy recientes, nunca fue negar la existencia de tal derecho (a divorciarse libremente, a cambiar de sexo en la sanidad pública, a imponer unas cuotas equilibradas de género en las listas electorales).

La abstención / oposición descansaba siempre sobre un argumento técnico; el matrimonio entre personas del mismo sexo, no era malo: era técnicamente inconstitucional. La ley de Igualdad no era mala, era técnicamente deficiente. La ley de parejas de hecho no era mala, era presupuestariamente inabarcable. Se buscaban, por lo tanto, excusas, no razones.

Pero ha llegado la hora del cambio. Empleando las palabras de Carmen Quintanilla (PP), en la actualidad presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, el Gobierno ve ya la necesidad de acabar con la “confusión entre derechos y privilegios”. Con otras palabras, parece que ha llegado la oportunidad de oponerse al reconocimiento de nuevos derechos como la mejor y única solución para determinados problemas. En el contexto actual, se afirma, se ha de distinguir entre lo que sí es irrenunciable en tanto que ciudadano y lo que, al parecer, no lo era (pero que se podía tolerar gracias a la bonanza económica y política).

El PP empieza a insistir en los límites de su modelo de ciudadanía, un modelo que jibariza la importancia de la extensión de derechos al supeditar tal medida a la evolución de otras variables, como la economía o las necesidades de “cohesión” del cuerpo social. Si uno presta atención a muchas declaraciones recientes, llega rápidamente a la conclusión de haber vivido “muy por encima de nuestras posibilidades”, también en el terreno de los derechos.

Seguir leyendo en InfoLibre

 
 

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Gallardón desafía a la OMS y legisla contra las mujeres

aborto seguroNos han transportado, sin quererlo, a tiempos de Cruzadas contra infieles, a una Edad Media que se cree especialmente fría porque las supersticiones y los prejuicios no dejaban alumbrar ni la ciencia ni la razón. Nos quieren persuadir que la vida es cruel, porque es manifiesta la crueldad de quienes nos gobiernan. Los ministros del PP, con Gallardón en cabeza y Rajoy sin identificar por Bruselas, se mostraron ayer de nuevo insensibles a los incrementos de enfermedades mentales, a la menor esperanza de vida registrada, a las mayores tasas de suicidio, y fueron con saña a por las mujeres embarazadas que reclaman el derecho a su propio cuerpo: fingiendo horror por lo que dicen es sacrilegio (en quienes no son sus hijas ni pertenecen a su familia), guiñan un ojo a su electorado más reaccionario mientras escupen sobre las mujeres. En un gesto especialmente cruel porque es gratuito, Gallardón promueve una ley machista, clasista y que en si misma es violencia de género. Una ley, además, que atenta contra la salud pública.

Publico nos recuerda que según advertencias hechas por la Organización Mundial de la Salud, el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna. En la guía para “Aborto sin riesgos” podemos leer:

“Las causas de las muertes maternas son múltiples. Las mujeres mueren como consecuencia de complicaciones del trabajo de parto y del parto que no son reconocidas o que son tratadas inadecuadamente. Mueren de enfermedades tal como la malaria, que se agravan durante el embarazo. Mueren porque algunas complicaciones se desarrollan en etapas tempranas del embarazo, a veces aun antes de que la mujer se entere de su embarazo, como por ejemplo en el caso de un embarazo ectópico, y mueren porque buscan interrumpir embarazos no deseados, pero carecen de acceso a los servicios apropiados. (…) A pesar del notable aumento de uso de anticoncepción en las últimas tres décadas, se estima que 40-50 millones de abortos ocurren anualmente, cerca de la mitad en circunstancias inseguras. Globalmente, alrededor del 13% de todas las muertes maternas se deben a complicaciones de abortos inseguros.” Y más adelante añade: “Casi todas las muertes por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está rigurosamente prohibido por la ley. Cada año, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro”

Pues bien, Alberto Ruiz-Gallardón, el ministro de Justicia de este Gobierno que ya se ha convertido en una camarilla indeseable de sospechosos habituales, hace caso omiso de las recomendaciones de la OMS. ¿Por qué debería ser más respetuoso con la salud publica que su compañera de Gabinete, Ana Mato, alias “la ciega del Jaguar”? Ambos se han dejado envolver en los cantos gregorianos de la Conferencia Episcopal y los Foros de los No-dos para restringir la ley del aborto a términos que devuelven a las mujeres a hace más de 30 años. Y aunque ya sé que la responsabilidad fóbica es de Gallardón que en versión desplegable es un meapilas misógino, no puedo por menos que considerar a Ana Mato (que a fin de cuentas cobra por hacer ver que ejerce de Ministra de Sanidad) su cómplice necesaria.

Puede que Gallardón aún se arrepienta de haber incluido el supuesto de violación, (hasta las 12 semanas de gestación), puesto que ya algún cafre ordenado afirma que no se puede concebir si la violación no es consentida, pero bien que se ha ocupado de inventar obstáculos para el supuesto de riesgo de salud física o psicológica de la madre, donde se incluye la malformación fetal siempre y cuando el embrión sea inviable y ello pueda suponer trastornos psicológicos para la gestante. Y todo ello con “consentimiento informado” y permiso paterno si se trata de una menor, y con la opinión de dos equipos médicos diferentes de los que (si se supera la carrera de obstáculos al ejercicio de los derechos de las mujeres) lleguen a practicar la interrupción del embarazo (de preferencia, en la sanidad privada).

“Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos”, sigue diciendo la OMS. Pero Gallardón y Ana Mato desprecian (en nombre del PP) al común de las mujeres. Quieren obligarnos a parir con dolor, a vivir en la precariedad cuidando de todas las personas dependientes a los que ellos abandonan sin ayudas, sin atención sanitaria en muchos casos, y a morir en una dolorosa agonía. Para su casta de intocables se reservan el derecho a burlar todas las leyes, a gozar de todos los privilegios conseguidos a base de intentar desposeer de dignidad al resto de los mortales. Suena especialmente irónico, cuando se tienen que sufrir día a día los atentados a la razón de esta cuadrilla del PP, que la OMS insista en que “Se requiere un entorno regulatorio y político propicio para garantizar que cada mujer tenga un acceso sencillo a servicios de aborto de buena calidad. Las políticas deben orientarse a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las mujeres para alcanzar resultados de salud positivos”.

La OMS alerta sobre todas las tácticas dilatorias cuando una mujer ha decidido abortar (pero Gallardón se inventa multiplicar los informes dilatorios previos). La OMS reconoce que no es saludable para la mujer, en muchos casos, tener que pasar por la verguenza de reconocer que ha sido violada para poder abortar. Pero Gallardón insiste en humillarla para demostrarlo. Y Gallardón y Mato saben perfectamente que obligan a llevar a término el embarazo de un feto con malformaciones que después será abandonado a su suerte, sin ninguna atención especial por parte de las autoridades incompetentes.

Vuelven los tiempos de los abortos clandestinos, de los viajes al extranjero (si se puede) para abortar, de que la sensación de pecado y culpa impida vivir, amar, sonreir y sentirse libres. Este Gobierno del PP no nos condena sólo a la precariedad laboral, a contar cada céntimo de euro, a escoger entre comer o medicarnos, a andar por las casas (si aún pueden pagarse) casi a oscuras y ateridas de frío… este Gobierno del PP quiere acabar con nuestrros derechos, nuestra dignidad y que nos podamos despertar cada mañana con una sonrisa. Si ellos no disfrutan de la vida (basta ver la cara de Fernández Díaz o de Soraya Sáez de Santamaría para entenderlo) nadie pueda sentirse feliz por estar vivo. Y en esta cacería a la felicidad, como siempre, los niños y las mujeres, primero.

Gallardón tiene que ser consciente que ni las mujeres (ya muy al límite) ni la ciudadanía responsable, aceptarán esa contrarreforma del aborto. Como gritaban ayer por las calles de toda España: “Recuerda que somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar”.

 
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Publicat per a 21 Desembre 2013 in Gènere

 

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Portugal: enfermeras a 4 euros la hora mientras se intenta devolver el aborto al código penal

Mientras en Portugal el incremento de la explotación acompaña los “rescates” de la troika, los buitres aprovechan el estado de shock de la ciudadanía para deshacer todos los avances sociales y devolvernos a los tiempos de la Inquisición y las hogueras. En tanto que los salarios están en caída libre, el actual gobierno del PSD/CDS, dificulta la aplicación de la Ley 16/2007 del Servicio Nacional de Salud que responde a la voluntad expresada por los portugueses en el referéndum sobre la despenalización del aborto (el SI ganó con el 59,25% de los votos).

Portugal es un país ahogado por recortes en todos los sectores públicos: las pagas extras de los funcionarios y los pensionistas desaparecieron en otoño y los salarios caen por debajo del umbral de la dignidad: los cuatro euros por hora de los nuevos contratos para unos sesenta enfermeros de hospitales y sanatorios públicos de algunas regiones del país han significado, para muchos, la gota que colma el vaso de una “austeridad” insoportable mientras se ataca el sistema nacional de salud. Por ejemplo informaba El Pais que una enfermera, Ángela Mendes, del Centro de Salud de Torres Novas(Centro) a 90 km. de Lisboa, ha conseguido un empleo firmando un contrato por cuatro euros a la hora, lo que significa unos 250 euros netos al mes.

Entre 2008 y 2011 y con la crisis golpeando con toda su dureza, el número de abortos legales aumentó en Portugal de 18.014 a 19.802, y a pesar de ello sigue siendo el país con el menor número de interrupciones voluntarias del embarazo. Quienes desde el obtuso fundamentalismo religioso se oponen a la voluntad popular libremente expresada, responsabilizan a la ley de despenalización del aborto por la caída de la tasa de natalidad, y no quieren saber nada de la insoportable precariedad en las condiciones de vida y salarios, ni de la falta de apoyo a la maternidad. La insistencia en falsos argumentos por motivos ideológicos no hace sino confirmar la identificación inequívoca y el apoyo sin fisuras a las políticas neoliberales de la derecha del conservadurismo religioso, con las enmiendas que han socavado la legislación laboral contra los trabajadores y trabajadoras, y los recortes (como hachazos) de importantes beneficios sociales. Pero además, como leemos en Avante la pérdida de derechos laborales y de ciudadanía son también la expresión concreta de la falta de respeto por la función social de la maternidad y la paternidad.

Defender la Salud Sexual y Reproductiva

Cinco años después del referéndum y la aprobación de la Ley 16/2007 que despenalizó la opción del aborto para las mujeres hasta las 10 semanas, sigue siendo fundamental que el Estado cumpla algunas premisas fundamentales como la amplia difusión de los contenidos de la ley para que la conozcan a fondo los distintos segmentos de la población, con el convencimiento de que sólo los servicios de salud pública garantizan la atención humanitaria, rapidez, seguridad y privacidad necesarias. La aplicación de esta ley es inseparable de la función insustituible del Sistema Nacional de Salud en la promoción de todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya que garantiza la atención especializada en la atención del embarazo, parto y puerperio, el acceso a la educación para la salud y la sexualidad; la accesibilidad a servicios de asesoramiento sobre planificación familiar y anticonceptivos de forma gratuita, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades ginecológicas y reproductivas, así como el tratamiento de los casos de infertilidad.

De hecho, en Portugal (y no sólo) estallan por todas sus costuras las contradicciones sociales de la crisis con la política de salud. En el pais vecino, además, y desde la vertiente de género, las tensiones se agravan con los ataques a la no aplicación de la Ley 16/2007. Pero la disyuntiva a la que debe hacer frente la ciudadanía es bien clara: O bien se apuesta por un servicio público de salud que sea amigo de la población en su conjunto y de las mujeres y el derecho a decidir dentro de los supuestos legales, o se apuesta por el medievalismo y la destrucción de la sociedad, permitiendo que de nuevo los abortos ilegales pongan en precario la vida… mientras se paga a 4 euros la hora el trabajo del personal de enfermería en los centros sanitarios.

Para más información, ver también, en portugués: “Salvar o SNS do colapso”

 
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Publicat per a 7 Juliol 2012 in Gènere, Salut

 

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Talibanismo misógino en Guanajuato

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Un artículo de La Jornada está levantando ampollas entre la sociedad mexicana y muestra la desagradable cara de la misoginia y la prepotencia hacia mujeres humildes. Antes de seguir leyendo, tengan en cuenta el siguiente dato: según la ley en vigor, en el estado de Guanajuato el aborto se castiga hasta con tres años de cárcel y puede concederse la libertad bajo fianza. Como algunos legisladores deben considerar que el Código es demasiado blando, se ha condenado a seis mujeres que abortaron de manera involuntaria, a causa de su desnutrición, por “homicidio en razón de parentesco en agravio de sus hijos en proceso de gestación”, a penas de más de 25 años de cárcel.

La realidad es que en Guanajuato se ha desencadenado una lucha desigual contra unas pobres mujeres, inventándose unos cargos que no se corresponden con la realidad, pero además, según cuenta La Jornada, se les ha prohíbido también hablar con la prensa al tomar cartas en el asunto dos diputadas que se encadenaron en protesta, y cuando las Naciones Unidas ya habían decido enviar a México a la alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, la sudcoreana Kuyng-wha Kang, que viene a tomar nota del caso y abogar en favor de las jóvenes campesinas.

La monstruosa violencia que en algunas zonas de México se infringe y tolera hacia sus mujeres merece una acción mucho más enérgica de las instituciones internacionales.  La sinrazón misógina mexicana no queda en los límites de la tristemente famosa Ciudad Juarez. Entre los muchos comentarios que ha suscitado la noticia se afirma: “Parece que abusar de la fragilidad de nuestra población indígena se ha convertido en una afición para practicar un racismo descarado e hipócrita por parte de ciertos panistas con poder(Guanajuato y Querétaro). Este caso debe recorrer el mundo porque es un atropello descarado a los derechos humanos”.

Sobre Guanajuato, en concreto, otro ciudadano opina que todas estas irregularidades se dan porque “la gente de su sierra es la más pobre de México, hay hambruna y los niños andan descalzos y no van a la escuela. Las autoridades guanajuatenses son las más injustas y abusan de su poder”.

Tampoco, al parecer, la ayuda legal que puedan tener las mujeres acusadas es nada efectiva: “les quitan el dinero y les hacen vender todos sus animales. Es claro que estas mujeres son inocentes, las autoridades les hacen firmar lo que ellos quieren y las amenazan. Esas mujeres campesinas ni siquiera saben leer ni escribir”. mientras otra ciudadana mexicana expresa su indignación ante esa injusticia (una más, contra mujeres humildes mexicanas) y se pregunta ¿cómo hemos abandonado a estas mujeres, durante años?

Uno de los comentarios destaca el papel que jugaron los médicos que acusaron a dichas mujeres y el sistema judicial que busca el delito por el cual puede condenar de forma desmedida basados en una ideología que rezuma un odio patológico y fanático. Lo insólito de la acusación, el atraso de la Ley, la tergiversación del código para que las condenas resulten escandalosamente largas han hecho que muchas personas que comentan la noticia recuerden otros países donde se condena a las peores penas a las mujeres, como la de morir lapidadas, llegando a afirmar que “no debe espantar la lapidación cuando los fundamentalistas mexicanos matan lentamente de forma igualmente bárbara…”. Por eso no es extraño que otra persona reclame para las pobres mujeres condenadas una portada de la revista TIME, como la que denunció en una foto de gran impacto que a una mujer musulmana le habían amputado la nariz y las orejas….

Finalmente, desde Punts de Vista nos sumamos a la petición que expresaba otra ciudadana mexicana por la inmediata liberación de esas seis mujeres, compartiendo su pronunciamiento por un Estado Laico y moderno, por un Estado de derecho que garantice los derechos humanos de todas las mujeres, sin que se penalice el aborto.

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En la foto, las legisladoras perredistas Leticia Quezada y Claudia Elena Águila, durante la protesta. Foto Carlos García

 
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Publicat per a 9 Agost 2010 in Gènere

 

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Analisis feminista de la nueva ley del aborto

MÁS TUTELA, MÁS LIMITACIONES Y MENOS PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Una de las autoras del informe más exhaustivo sobre el aborto en el Estado, realizado por grupos feministas, analiza la ley desde el prisma del derecho a decidir.

CONCHA MUÑOZ JIMÉNEZ (del Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca-Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas)

aborto seguro
Hasta que se considere que tener un aborto es tan moralmente aceptable como usar la anticoncepción, las mujeres no habrán alcanzado completamente sus derechos reproductivos” (Mette Lokeland, Frente de Mujeres Noruegas). El derecho al aborto sigue siendo un tema central para las propuestas feministas. La razón de su importancia reside en que está directamente relacionado con el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y con una maternidad libremente elegida. El grado de liberalización del aborto dice mucho del desarrollo de un país en políticas de igualdad de género. La nueva Ley va a ser la que siente las bases de las políticas públicas de servicios de salud sexual y reproductiva. Nuestra valoración de la misma es la siguiente:

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TRINIDAD JIMÉNEZ. Asegura que el aborto “es un derecho y será gratuito”.
  • La financiación de los anticonceptivos la celebramos, así como todas las medidas en el ámbito sanitario y educativo. Habrá que dotarla de los medios necesarios para que no se quede en buenas intenciones.
  • La nueva Ley no asegura la realización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red de la sanidad pública. Lo entendemos como una gran oportunidad que se pierde, realizar abortos farmacológicos y quirúrgicos en el hospital más cercano ayudaría a normalizar este servicio. Hay experiencias que demuestran que con voluntad política se puede ofrecer con calidad en los centros públicos.
  • Se va a regular con límites el derecho a la objeción de conciencia. Debería en todo caso garantizar la presencia de profesionales no objetores en la sanidad pública.
  • Supone una mejora sustancial para las mujeres que solicitan IVE en las primeras 14 semanas de gestación porque no van a tener que justificar ningún motivo, pero a las mujeres que sobrepasan ese número de semanas no se les garantiza el acceso al aborto. Las legislaciones más avanzadas permiten el aborto a decisión de la mujer durante un periodo más amplio. Para nosotras el tiempo de embarazo no es lo que debe determinar el derecho al aborto. Las mujeres que desean abortar lo solicitan lo antes posible; los casos en que aumentan las semanas de embarazo son pocos y están justificados: normalmente circunstancias sobrevenidas graves que cambian totalmente la situación de esa mujer y su proyecto de vida. No es comprensible que con la nueva ley aumenten las limitaciones e incluso sean ilegales abortos que habían tenido cabida en la regulación del año ‘85. Desde Francia y Bélgica ya nos han alertado de que mujeres que deseen abortar con más de un trimestre de embarazo viajarán fuera de España para poder realizar el aborto en condiciones legales.
  • Sobre la obligación de esperar tres días y la información previa al consentimiento, mantenemos la opinión de que no está justificado. Las mujeres que solicitan un IVE no necesitan saber sobre la cobertura sanitaria del embarazo o sobre las ayudas de apoyo a la maternidad. El objetivo de esta medida es condicionar la libertad de las mujeres que deciden abortar.
  • Autorización de otras personas. No nos parece adecuado el tratamiento especial que se da al aborto en comparación con las demás intervenciones sanitarias en lo que se refiere a las menores, con la información a los progenitores o tutores. Tampoco estamos de acuerdo en que se necesite la autorización (en abortos que superan un trimestre) bien de profesionales o de comités clínicos, porque pensamos que ésta es una decisión que compete únicamente a la mujer embarazada.
  • Y no aceptamos que el aborto continúe en el Código Penal (CP): la Ley no suprime el artículo 145 del CP, sólo lo modifica, con lo que se podrá condenar a mujeres y profesionales, dejando nuevamente la puerta abierta a la inseguridad jurídica. Una vez aprobada la Ley será necesaria su implementación y ello requiere entre otras muchas cosas la participación de las organizaciones feministas, que debemos exigir que se cumpla y se amplíe hasta conseguir el derecho a decidir.

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Visto en Dempeus per la Salut Pública

 

 
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Publicat per a 5 gener 2010 in Gènere, Serveis Públics

 

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Teresa Forcades a Venezuela: “Feminismo y liberación”

Reprodueixo un nou videu de la Teresa Forcades, aquesta vegada a Venezuela, i en l’aspecte que personalment més m’interessa: el feminisme viscut per una persona intel.ligent que ha escollit formar part d’una institució ancestralment misògina. No vull deixar passar la oportunitat de comentar que bona part de les acusacions “d’afany de notorietat” que darrerament es senten un dia sí i l’altre també sobre la Dra. Forcades venen de persones que creien tancat l’oligopoli de la popularitat “digne” a les persones del pensament establert que no desafien mai els interessats paradigmes dominants, ben recolzats pel poder econòmic i el polític.

Teresa Forcades fa por perquè és difícil amenaçar-la amb rès… Ni segurament pot perdre la feina, ni–i això us ho diu una atea– crec que perdi mai la fe en el que pensa, creu i desitja. Per a aquests experts i ben pagats comentaristes  que alimenten diàriament per on ha de conduïr-se la opinió pública, la Teresa Forcades és un maldecap que cal eliminar refregant-li dogmes i fins i tot les normes benedictines:  “calli, senyora, calli, que ens descoloca (i en massa casos ens deixa amb el cul a l’aire!)”

I per a l’esglèsia catòlica, quin maldecap!

Benvingut l'”afany de protagonisme” de la Dra. Forcades, que sempre serà mil i una vegades preferible a l’afany de lucre d’empreses i poderosos que juguen i especulen amb la salut, la llibertat i l’autonomia de les persones. Teresa Forcades trenca les barreres entre salut, política, feminisme i ciutadania, en un món tan cofoï de tenir cada cosa en el seu llóc, i que rès surti de mare!

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Vídeus i altres entrades que s’han anat publicant :

Campanas contra la gripe A
Miguel Jara, teresa Forcades y el Laboratorio Baxter
En solidaridad con Teresa Forcadas

Teresa Forcades i Josep Cuní als Matins de TV3.

Mujeres x Mujeres
Banda Ampla i la Grip A

I a Dempeus per la salut pública: Entrevista a Teresa Forcades

 
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Publicat per a 24 Novembre 2009 in Gènere

 

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En solidaridad con Teresa Forcades

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No conozco personalmente a Teresa Forcades y estoy segura que no necesita mi defensa ni la de nadie… se basta y sobra con sus argumentos y su lucidez, pero sí quería mostrarle toda mi solidaridad a raíz de las presiones del cardenal Franc Rodé Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica –y seguramente un perfecto representante de una jerarquía eclesial a la naftalina– que exige a Teresa Forcades que “se adhiera públicamente a la fe de la Iglesia”, evocando con ello los autos de fe que creíamos olvidados, las odiosas prácticas de la Inquisición y las persecuciones misóginas de los torquemada intolerantes a las mujeres sabias.

Todo ello a raíz de que Teresa Forcades no sólo concedió en junio pasado una entrevista a TV3 en la que abogaba por el «derecho a decidir» de la madre respecto al aborto y se mostraba favorable a la distribución de la píldora abortiva, sino que ahora se ratifica en su postura sobre el aborto cuando la jerarquía vaticana se pronuncia incluso contra los preservativos y las organizaciones antiabortistas con conspicuos representantes del PP, del Opus y otras organizaciones legionarias llenaron ayer el centro de Madrid y cantaron –sorprendentemente– con Queen que ellos “son los champions”… en intentar que transcurra la historia por el lado equivocado.

Pero hay más cosas que no se toleran de Teresa Forcades junto a sus opiniones sobre el aborto: su famoso video sobre la gripe A1H1 y su denuncia de la vacuna preparada por algún laboratorio al parecer “poco cuidadoso”, y su reivindicación del feminismo de género que fue uno de los motivos por los que parte de la jerarquia católica se opusiera tan frontalmente a la asignatura de Educación para la Ciudadanía.

Es decir, Teresa Forcades, así, de buenas a primeras, ha tocado en pocos meses y hasta los cimientos tres pilares fundamentales de la ranciedad vaticana: su oposición al concepto de género incluido en la famosa asignatura en disputa, (incluso en la versión inglesa con la que pretendían hacer mofa las autoridades valencianas, ahora tan entrenenidas con el affaire Gürtel), sus declaraciones sobre el aborto, y su alerta sobre la gripe A1H1, sus vacunas y sus antivirales… Y eso último por qué…¿habrán invertido las finanzas vaticanas en acciones de los controvertidos laboratorios?

Teresa Forcades mantiene sus opiniones frente a tanta presión e intransigencia, y defiende el derecho de la autodeterminación de la madre diciendo que es “un derecho fundamental que protege la dignidad de la persona humana”

En espera que desde Roma se comporten como son, o sea, como una especie intolerante con un gusto desmedido por el lujo y el vacío racional –y ello a pesar de que los largos siglos de diplomacia vaticana y la historia les deberían haber enseñado algo, como por ejemplo no condenar a la hoguera a los/las Servet ni someter a juicios inquisitoriales a los/las Galileo Galilei de cada época– mostramos nuestro apoyo y solidaridad con Teresa Forcades y mientras unos y unas cantan endiosados que son “champions” de la intemperancia, otros y otras vamos repitiendo, con la cabeza alta, que “eppur si muove”.

 
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Publicat per a 18 Octubre 2009 in Ciutadania/Política, Gènere

 

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Crisis y planificación familiar

Las clínicas ginecológicas reciben más consultas y visitas de mujeres pobres

5193g_mujeres-pobres-2.jpgUn número creciente de mujeres que han perdido el trabajo y con ello su seguro médico vuelven a las clínicas ginecológicas y agencias de planificación familiar solicitando exámenes ginecológicos de rutina, píldoras del día después y abortos.
A medida que la economía empeora, algunas clínicas de Planificación Familiar informan de que se alcanza un número record de abortos. Otras agencias de salud de mujeres dicen que reciben más llamadas desesperadas, más visitas y más peticiones de ayuda para abortar. Además, muchas mujeres postponen su embarazo y cambian a medidas anticonceptivas de mayor duración, de entre 5 o 10 años.  

 

“Vemos a mujeres pobres que son cada vez más pobres y vemos también a mujeres que reciben salarios bajos convertirse en pobres,” ha declarado Stephanie Poggi, directora de  National Network of Abortion Funds. “La economía tiene un impacto definitivo. . . . Recibimos muchas más peticiones de asistencia.”

Es difícil, sin embargo cuantificar el incremento dado que las estadísticas más recientes tienen un atraso de varios años. En California, los datos más recientes sobre abortos financiados a través de Medi-Cal, que brinda atención sanitaria a las personas pobres, son del año 2005, en el que el estado financiación unos  94,600 abortos a mujeres pobres. (…) Contrariamente al estereotipo de que abortan las mujeres que no desean tener hijos, Destinity Lopez, directora de un centro de Oakland, declara: “están acudiendo mujeres que tienen hijos, que quizá si la economía fuera otra tendrían un segundo o tercer hijo, pero que en las actuales condiciones no pueden: se sienten inseguras acerca de si podrán conservar su puesto de trabajo o lo perderán.” Y continúa:  “Las mujeres se piensan dos veces si es el momento adecuado para quedarse embarazada o no”.

Un estudio reciente de  Gallup encargado al American College of Obstetricians and Gynecologists concluía que una de cada 10 mujeres casadas señalaba la economía como uno de los factores que influían en su decisión de postponer un embarazo planificado. En el mismo estudio se concluía que una de cada cinco mujeres está más preocupada por tener un embarazo no esperado que un año antes, e igualmente una de cada cinco mujeres era más consciente de las medidas de control del embarazo.


Para muchas mujeres puede ser muy difícil pagar un aborto. A medida que van reuniendo el dinero pasan las semanas y el coste del aborto se incrementa: de 450 dólares en el primer trimestre a unos 1,200 dólares en el segundo trimestre. En determinados casos, la demora en la concesión de ayuda fuerza a elecciones más difíciles. López cuenta el caso de una mujer que esperó cinco semanas la ayuda de Medi-Cal. . . . A partir de este momento, sintió que era demasiado tarde para seguir con el aborto, y Lopez concluye. “Este es un buen ejemplo de las barreras que se les ponen a las mujeres que desde el primer momento que conocen su embarazo  intentan tomar decisiones responsables”

 Extratos del artículo de Kimi Yoshino para Los Angeles Times.

 
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Publicat per a 10 Juny 2009 in Gènere, Salut

 

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