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Arxiu d'etiquetes: Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP)

Rajoy se niega a informar al Parlamento sobre el #TTIP

EL GOBIERNO NINGUNEA AL PARLAMENTO SOBRE EL TTIP

Han transcurrido más de tres meses desde que Cayo Lara pidió al Gobierno información sobre la negociación del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés, sin que ni La Moncloa ni Exteriores le hayan contestado. La petición del coordinador general de Izquierda Unida (IU) y presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural pretende que los miembros del Parlamento español tengan los mismos derechos que los parlamentarios de otros Estados de la UE en el acceso a los documentos que están negociando la Comisión Europea y la Administración Estadounidense. La fecha que reglamentariamente tenía el Gobierno de Mariano Rajoy para responder expiró el 5 de febrero sin que este país, con portal de transparencia y puertas giratorias, el dirigente de izquierda haya obtenido respuesta.

Cayo_Lara_1Agosto_2013Lara constató una “evidente asimetría” en la información de los diferentes gobiernos europeos a sus parlamentos sobre la negociación del TTIP. Así, los parlamentarios alemanes del Bundestag tienen acceso a los documentos de las negociaciones relacionados con las ofertas de la CE a la Administración de EEUU. Y otro tanto ocurre con los 435 congresistas y 100 senadores estadounidenses, que además pueden disponer de copias impresas de las propuestas de sus representantes, incluidas las ofertas y demandas de acceso a los respectivos mercados. ¿Por qué los parlamentarios españoles han de ser tratados con inferioridad? Lara preguntó oficialmente al Gobierno si va a facilitar a los parlamentarios españoles los mismos derechos que tienen otros representantes democráticos en sus países o “les va a dejar desinformados hasta el último momento, como parlamentarios de tercera”.

La callada por respuesta al dirigente de IU confirma lo que afirmó Rafael Barret hace un siglo: “Cuánto más grave es el asunto, más lo tapan”. En este caso, el TTIP supondría la definitiva difuminación de la capacidad normativa del Estado para aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales, así como la privatización de la justicia al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Dicho de otro modo: un gobierno no podría decidir un incremento del salario mínimo en su país si perjudicara a los inversores exteriores, que podrían recurrir la decisión a una instancia superior designada o no elegida democráticamente por los ciudadanos.

imagePero el TIPP, caballo de Troya del Estado social y democrático de derecho contra el que se ha movilizado la ciudadanía europea, contiene otros riesgos para gente que vive de su trabajo como la privatización de todos los servicios públicos excluidos de la reducida lista de los que no se pueden privatizar; la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo acepta dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la limitación de los derechos de representación de los trabajadores, y, entre otros, una mayor rebaja salarial futura si tenemos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los sueldos más bajos en México. Se comprende el silencio gubernamental ante la exigencia de información de Lara. Lo único que Rajoy deberá responder es la pregunta del socialista Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles sobre cuánto han bajado los salarios desde que llegó a La Moncloa.

El Parlamento español dispone de un magnífico instrumento como es la Comisión Mixta de relaciones con la UE, a la que el Gobierno debería aportar a petición de Lara todos los documentos de la negociación del Tratado Trasatlántico. Pero si se examinan las reuniones (una al mes) de esta comisión desde septiembre de 2014 en que USA y UE aceleraron la negociación, no se hallará rastro ni mención del TTIP. Las comparecencias del secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, mano derecha del ministro Margallo, han soslayado una y otra vez la información sobre las negociaciones. Cierto es que los portavoces de los distintos grupos, con la excepción mencionada, tampoco se han esforzado en la exigencia de información y debate.

Luego ya, el Gobierno está apelando al silencio por respuesta para ocultar otras materias como los fallecidos en las cárceles en los cuatro últimos años, un informe que ha solicitado Gaspar Llamazares sin que el Ministerio del Interior se lo haya facilitado, o como la auditoría de los gastos personales del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, exalcalde del PP de Ciudad Real, designado para el cargo por indicación de la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y principal valedor del proyecto de almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Según las informaciones de la empresa, este político en compañía de su encargado de comunicación, Carlos Dávila, habría incurrido en abusos presupuestarios personales de varios miles de euros. Además habría realizado contrataciones arbitrarias. El responsable jurídico de la empresa pública, Jesús Moreno, calificó de “enriquecimiento injusto” las dietas y gastos de difícil justificación de Gil-Ortega, quien le cesó fulminantemente. La semana pasada el propio Gil-Ortega dejaba el cargo sin que desde noviembre, en que Cayo Lara solicitó la auditoría interna, el Gobierno haya contestado.

fuente: Cuarto Poder

 
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Publicat per a 16 febrer 2015 in Economia crítica, Europa

 

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Del Consenso de Bruselas a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión

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El experimento empezó de hecho por América Latina, con la imposición de un durísimo programa neoliberal en los años 90. Se promovió en Washington en un acuerdo de republicanos y demócratas con las Instituciones financieras y económicas internacionales (FMI, Banco Mundial), y lo bautizó el economista británico John Williamson en 1989. Se trataba de no conceder créditos sin que los gobiernos aplastados por la Deuda aceptaran una serie de medidas de estabilización y ajuste, y la lucha contra el déficit público con reducción del gasto, limitar la progresividad impositiva, privatizar empresas públicas, “liberalizar” el comercio y abrirse a los mercados internacionales de capital eliminando trabas a la inversión extranjera. Para ello se recomendaba también desregular las condiciones y derechos de los asalariados y asalariadas.

Desde entonces, las sucesivas legislaciones y acuerdos internacionales no han hecho más que profundizar en las líneas maestras del Consenso de Washington: disciplina fiscal con redistribución regresiva (los impuestos progresivos pasan al desván) y adelgazamiento del Estado hasta su práctica inanición en capacidad de mantener los servicios públicos: se abre la gran época de las desigualdades con olvido del bien común y la equidad mientras la pobreza afecta de manera especialmente cruel a mujeres y niños.

A pesar de que el Consenso de Washington tuvo unos efectos desoladores donde se aplicó, en América Latina, y en especial en México, Argentina o Uruguay, reapareció en Bruselas y se impuso con mayor dureza a los países de la U.E. más hundidos en esa crisis-estafa: Grecia, Irlanda, Portugal y España, pero no sólo. Las líneas maestras del Consenso de Bruselas se revisten (o disfrazan) de “disciplina” macroeconómica sin entrar en la corrupción desestabilizadora que asola a la mayoría de estos países, aplicando por tanto de modo sesgado (y muy complaciente para las mafias) el control del gasto. El austericido que significan genera injusticia social, precariedad, marginación, pobreza, enfermedad, violencia de género y aumento del número de suicidios…

En la sombra, el camino hacia el abismo abierto por los Consensos de Washington y Bruselas se quiere concretar en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP en sus siglas inglesas) para eliminar los aranceles que limitan el comercio de productos agrícolas e industriales, quitar las trabas residuales a las inversiones extranjeras, en especial en los sectores de servicios y contratación pública, y homogeneizar finalmente “los estándares, normas y requisitos para comercializar bienes y servicios a los dos lados del Atlántico”. Se trata en definitiva de crear un gran espacio económico sin barreras a las grandes multinacionales ni a los fondos de inversión, buitres o no (o más o menos), que hagan realidad para Europa y Estados Unidos los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea sobre liberalización de servicios. O sea, más privatización de los servicios públicos, que pueden ser muy rentables para el sector privado, en los países de la UE.

Pero con la TTIP el neoliberalismo destroza definitivamente los derechos laborales, entra en las políticas agrícolas y coloniza la alimentación, y no respeta para nada la cultura de cada comunidad o país ni la naturaleza, ni los derechos de propiedad intelectual, ni la contratación ni la sanidad públicas. Y con nuevas desregulaciones del sector financiero, otro de sus grandes objetivos es que las empresas privadas tengan un acceso ilimitado a todos los sectores de la economía, especialmente los de la sanidad.

Como informa la FADSP, el acuerdo se está negociando con total ausencia de información a la opinión pública, sin contar con las organizaciones de la sociedad civil mientras los grandes grupos empresariales, las multinacionales y los lobbies de presión han tenido la oportunidad de participar e influir en las propuestas, y puede tener efectos nefastos para la sanidad pública. Para ello persiguen la llamada “cooperación reguladora”, que permitiría su participación directa en los procesos de redacción de normativas y legislación… Algo así como conseguir que los grandes lobbies ocupen de hecho (y de forma ya descarada y constitucional) el papel de los legisladores elegidos en las urnas.

Por ello es especialmente importante saber que también nuestro voto en las próximas elecciones europeas puede contribuir a ponernos más los grilletes del Consenso de Bruselas y la TTIP o puede reforzar la tendencia contraria. Dar el voto a socialdemócratas, conservadores o los llamados “liberales” (los partidos del bipartidismo) refuerza el Consenso de Washington y, digan lo que digan, nuestros derechos, puestos de trabajo dignos y cultura propia. Y solamente el voto vinculado con la propuesta de Alexis Tsipras para Presidente de la Comisión Europea supone cuestionar seriamente el Consenso de Bruselas… y la amenaza cada vez más concreta y siniestra de la TTIP.

Para saber más del Consenso de Bruselas y las elecciones europeas, leer a G.Búster en SinPermiso, y sobre los efectos para la sanidad pública de la TTIP, aquí.

 
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Publicat per a 14 Mai 2014 in Europa

 

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Qui mana a la sanitat catalana, com la desmunta, i com ho patim…

La gent que lluita per la sanitat pública a Catalunya cerca arguments i maneres enginyoses per fer-nos adonar com aquesta gran estafa de les privatitzacions, les retallades sense ànima, vulneren els nostres drets i responen a interessos espuris que ens costen molt i molt cars. Les portes giratòries amb Boi Ruiz com a protagonista tenen quelcom d’astracanada sinistre, però les conseqüències, com s’exposen a continuació, del desmantallament de la sanitat pública són desastroses per Catalunya:

caja o ataudEscriuen Isabel Vallet, Diputada de la CUP-AE i Xavier Lleonart, metge de l’Hospital de Terrassa, que la política actual del Govern consisteix en escanyar poc a poc els centres públics i fer-los progressivament més ineficients. Posteriorment, quan ja s’identifiqui públic amb ineficient i privat amb eficient, la seva intenció és la de vendre els centres públics a grans grups privats amb ànim de lucre per tal que ho gestionin. Tota aquesta maquinació per desposseir-nos de la sanitat té de fet un transfons què va més enllà de Catalunya: respon a una planificació que s’està negociant en secret entre els més poderosos dels Estats Units i la Unió Europea, amb el vist i plau de les troikes-antipersones, i que poden llegir a Análisis desde la Sanidad de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP).

Per això té molt sentit que, segons els autors de l’article, la Conselleria de Salut estigui complint fil per randa les línies d’actuació suggerides a l’informe “Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat”, elaborat l’any 2011 per la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC)… (oi que les coses ja lliguen?):

Entre les instruccions donades per la multinacional, Vallet i Lleonart destaquen:

1) El desmembrament, desmantellament i fragmentació de l’Institut Català de la Salut (ICS) en entitats amb autonomia de gestió com a primer pas d’una posterior privatització.

2) El traspàs de l’assistència sanitària pública a ens de gestió privada, sobre el paper: més eficients.

… i per això la concentració de serveis sanitaris que s’estan engegant a Lleida i Girona.

Com a segon punt de la seva anàlisi, ens recorden les fortes retallades en els seus pressupostos, que arriben a comprometre la viabilitat del centre. I ens donen dades: Per exemple, segons dades del CatSalut, el pressupost de l’Hospital de Bellvitge ha passat de 322,6 milions d’euros el 2010 a 288,9 milions el 2012 (-10.5%). El Consorci Sanitari de Terrassa, de 100,7 milions el 2010 a 84,6 el 2011 (-16 %). El Consorci Sanitari del Parc Taulí, de 194,2 milions el 2010 a 173,9 el 2012 (-10.5%). Això ha comportat: acomiadaments, reduccions de plantilla, tancament de dispositius i la descapitalització d’infraestructures en centres de la sanitat pública. Com a conseqüència ens trobem amb un increment descontrolat de les llistes d’espera i l’empitjorament perceptible de la qualitat assistencial.

I què ha passat mentrestant amb els centres privats amb ànim de lucre? Vallet i Lleonart ens donen l’exemple més paradigmàtic a Catalunya: “La quantitat abonada pel CatSalut a IDC en concepte d’assistència hospitalària ha passat de 71,1 milions d’euros el 2010 a 126,9 milions el 2012 un increment del 78%”. i encara, un parell d’exemples més: L’Hospital de Terrassa (Consorci Sanitari de Terrassa) ha passat de tenir 273 llits d’aguts al 2010 a 217 llits el 2013 (-20%). L’Hospital de Mataró (Consorci Sanitari del Maresme) ha passat d’operar l’any 2010 4.955 pacients de 13 de les 14 intervencions quirúrgiques amb temps d’espera garantit de sis mesos, a operar 3401 malalts l’any 2012 (-31%). I no hi ha factor sorpresa: la major part d’aquests pacients s’han derivat a centres del grup IDC.

I continuen denunciant:

“Ara, amb una sanitat pública que veu els seus pressupostos i recursos retallats, amb llits i quiròfans tancats i acomiadaments l’augment de les llistes d’espera és la nineta dels ulls del Conseller, és un altre nínxol de negoci per la sanitat privada, i és que tenim coneixement que el CatSalut està contactant amb els centres de la xarxa sanitària pública reclamant-los la gestió directa de la llista d’espera. Acompanyada amb l’advertència que, de no fer-ho, no podran complir els terminis de les intervencions amb temps d’espera garantit per la mateixa Administració, fet que comportarà una penalització econòmica i una retallada afegida als pressupostos. Tot i que es tracti d’una situació versemblant en alguns casos, la veritat és que en la majoria és només una excusa per derivar milers de pacients de la llista d’espera dels centres públics cap a centres del grup IDC. Només amb la reobertura dels llits i quiròfans hospitalaris tancats en aquests mateixos centres es podria eixugar la llista de pacients que, segons el CatSalut, els dispositius públics no són capaços d’assumir.

Salut argumenta que aquestes derivacions tenen un cost menor per l’Administració que tractar els pacients a la seva pròpia xarxa de centres. Però aquesta afirmació es pot rebatre amb quatre motius bàsics:

1) A la sanitat privada sovint les ratios de personal per tractar els pacients són inferiors o molt inferiors a les ratios de personal a la sanitat pública. I això implica menor marge de maniobra i capacitat de reacció davant complicacions no previstes.

2) Els costos de personal són molt inferiors a la sanitat privada, sobre tot perquè sovint es nodreixen del mateix personal que treballa a la sanitat pública. D’aquesta manera, per mitjà de contractes de prestació de serveis, l’empresa s’estalvia bona part dels costos socials derivats de la contractació d’aquest personal.

3) Els centres privats acostumen a “escollir” entre els malalts que estan a les llistes d’espera aquells que tenen un risc menor de complicacions, deixant els més complicats perquè siguin tractats als centres públics. Això fa que els costos de tractament d’uns malalts i dels altres presentin grans diferències.

4) Finalment, la immensa majoria dels projectes de recerca i innovació es fan a centres públics, que financen la investigació dels seus professionals per tal de seguir sent referents a aquest nivell. Aquest concepte ni es planteja en els centres privats de “sanitat low-cost” que tenen com a objectiu fonamental tractar el màxim de pacients, amb la menor complexitat possible, als mateixos preus que els pacients més complexos de la sanitat pública.

L’objectiu final d’aquesta política sembla ben clar: escanyar poc a poc els centres públics, fer-los progressivament més ineficients i acostumar a la població a acudir a centres privats amb ànim de lucre. Posteriorment, quan ja s’identifiqui públic amb ineficient i privat amb eficient, vendre els centres públics (via concessió) a aquests grans grups privats amb ànim de lucre per tal que ho gestionin. És a dir, quelcom similar al conegut com a model Alzira. I com ha passat amb els hospitals valencians, si les coses van bé (en detriment de la qualitat assistencial i de les condicions laborals dels professionals) no es gastarà més, sinó que arribaran menys recursos públics a la població i s’incrementaran els marges de benefici empresarial, i si les coses no van bé, caldrà “rescatar” amb diners públics aquestes empreses, i d’això també en tenim experiència.”

Vallet i Lleonart acaben l’article dient que o bé es capgira la situació o farem tard: de la sanitat pública no en quedarà res. I perquè vegin que en el fons les coses no estan de cap manera per fer-hi broma, i fins a quin punt la injustícia social amb biaix de salut provoca malaltia i morts prematures a gran escala, poden llegir a Dempeus amb unes declaracions de Michael Marmot de les que ja ens en havíem fet ressò a Dempeus i a Punts de Vista, però que cal no oblidar.

 

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