El Consejo Científico de ATTAC España, integrado por personas con amplia experiencia en sectores de la investigación, la acción social y pública o la academia, y con un fuerte compromiso por la democracia y la justicia social, denuncia la amenaza contra nuestra democracia orquestada por el Gobierno del Partido Popular que, en un abuso continuo de poder, es responsable del desmantelamiento del Estado de Derecho, de la ofensiva patriarcal contra los derechos humanos de las mujeres, de la represión policial, del terror económico que destroza la vida de familias enteras y se ceba en la infancia y sectores más vulnerables, y de la sustitución de la confianza ciudadana por el miedo y las amenazas constantes a derechos fundamentales. Un riesgo de estas características reclama una respuesta a la altura. El Consejo Científico de ATTAC está convencido de que nuestra democracia está en peligro. Es tiempo de recuperar el ánimo ciudadano que, en otro contexto histórico, logró traer un nuevo régimen de libertades.
En este manifiesto denunciamos que muchos supuestos con los que se pretenden justificar las reformas legislativas impuestas por el gobierno central son productos ideológicos que no tienen sostén teórico ni refrendo democrático. La ciencia no es neutra: tiene ideologías e intereses.
España es hoy uno de los paises europeos con mayor desigualdad en la distribución de la renta, producto tanto de una desequilibrada distribución primaria de los ingresos como de la ausencia de mecanismos redistributivos adecuados.
Las desigualdades en la distribución primaria son el reflejo de una intolerable desigualdad de poder entre capital y trabajo así como la persistencia de estructuras patriarcales que valoran de forma desigual la aportación laboral de hombres y mujeres. La reciente reforma laboral, al desmantelar gran parte de la negociación colectiva y mantener el salario mínimo interprofesional en niveles de pobreza, no hacen sino agravar de forma dramática estas desigualdades. Algo que contrasta con la tolerancia que reciben los ingresos de las élites, a menudo propiciados por estructuras institucionales que favorecen el parasitismo y el abuso. Como se pone de manifiesto particularmente en la falta de una política seria de persecución del fraude fiscal y de operaciones en paraísos fiscales, y la tolerancia con los especuladores que supone la amnistía fiscal realizada por el gobierno.
Rechazamos seguir alimentando el triunfo de un modelo económico que sacrifica a las personas y rompe las bases de la convivencia social. Una lógica económica que condena a la precariedad a las personas con menos recursos y sume en la desesperación a una parte creciente de nuestra sociedad. La sanidad, y la enseñanza se están convirtiendo en mercanías que solo estarán al alcance de quien pueda pagarlas en el mercado. Las bases del contrato social, que se tienen que sustanciar en una esperanza de vida compartida, se está quebrando, creándose una brecha que nos regresa a situaciones de la dictadura e, incluso, del siglo XIX.
DENUNCIAMOS:
El ataque perpretado al Estado de Derecho, a través del expolio de los derechos y libertades fundamentales.
La baja calidad democrática que sufrimos, con el antecedente de la reforma constitucional del artículo 135 aprobada en apenas unos días, se agrava con la instauración del régimen autoritario actual que hace inviable el acceso a la justicia a personas humildes y activistas en general.
El estado represor emerge con fuerza. Tras encarecer la justicia de forma abusiva y criminalizar la protesta ciudadana, pretenden amedrentar a la ciudadanía con una ley de orden público que amenaza con multas y sanciones administrativas a una población cada vez más empobrecida, y otorga a vigilantes de empresas privadas capacidades reservadas hasta ahora a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, creando un cuerpo parapolicial incompatible con la democracia.
La contrarreforma contra el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria de su embarazo es un ataque a los derechos humanos. Estamos ante un misógino anteproyecto de ley que humilla a todas las mujeres al someterlas a tutela jurídico-médica continua, desposeyéndolas del derecho a decidir sobre su propio cuerpo en beneficio de los derechos de un embrión. La ‘ley Gallardón’, condenará a las mujeres que no tengan suficientes medios económicos a arriesgar su vida en abortos clandestinos o con medicamentos muy perniciosos para su salud. Esta contrarreforma contraviene las recomendaciones de la OMS, incumple convenios internacionales suscritos por el Estado Español y es un elemento clave del plan ideológico con el que pretenden volver a imponer el modelo de familia patriarcal, alejando la posibilidad de construir una sociedad entre pares. El apoyo en exclusiva desde Europa de esta propuesta por la ultraderecha francesa liderada por Le Pen, es una señal del sesgo del actual gobierno de España.
El desmantelamiento de lo público reduce, aún más, el espacio democrático y la capacidad de control cívico sobre bienes, industrias y servicios que antes eran propiedad de todas y todos.
Cuando más enferman las personas en nuestra sociedad, cuando la esperanza de vida ha disminuido por primera vez, se están cerrado plantas, turnos y servicios en atención primaria, hospitales y servicios de emergencias, mientras las listas de espera se eternizan. Pretenden convencernos de que tener una “enfermedad crónica” es insostenible para el Estado, cuando la cronicidad de la enfermedad está en el sistema depredador capitalista que alientan de manera suicida.
Con la excusa de la deuda, mal concebida como pública -pues es mayormente privada-, y el ajuste presupuestario de las administraciones públicas, se están privatizando los servicios públicos esenciales para abrir espacios de negocio a grandes empresas privadas, lo que a su vez permitirá bajar el gasto público social y luego bajar impuestos directos a las personas más ricas. Contrariamente a lo que pretenden argumentar desde el gobierno, las privatizaciones no suponen un abaratamiento del coste del servicio, sino un encarecimiento de su uso para la ciudadanía en general, una mayor precariedad en el empleo y un deterioro de las condiciones en que se prestan los servicios.
Las privatizaciones entregan la capacidad de decretar ‘el derecho de admisión’ a quienes tienen dinero para comprar la ‘mercancía’ ya privatizada de los sectores de atención y cuidados a la dependencia, educación infantil, cultura, formación, y también el transporte público ferroviario, las telecomunicaciones, el turismo o la minería e industria. Esta situación de ‘indefensión’ se agravará cuando los planes privatizadores lleguen a sectores tan sensibles como las pensiones públicas de jubilación, un botín largamente codiciado por los bancos.
Al desmantelamiento de los sistemas de servicios públicos y de prestaciones sociales se añaden continuas reformas fiscales dirigidas a eliminar la progresividad de los impuestos personales y a reducir al mínimo los impuestos a las empresas, a la vez que se refuerza el peso de los impuestos indirectos con la subida del IVA y la eliminación de los tipos reducidos. Esta ofensiva es gravísima en términos de equidad, está deslegitimando el sistema impositivo y aumentando alarmantemente la economía sumergida, con efectos irreparables sobre las personas y sobre el sistema económico.
La organización tradicional de trabajos y tiempos no es compatible ni con la sostenibilidad de la vida ni con la justicia social.
Este modelo de desarrollo y de organización del trabajo es insostenible y profundamente inequitativo. Mientras las políticas neoliberales continúan con el expolio de derechos y recursos, la división sexual del trabajo se intensifica y la juventud se ve condenada al exilio económico ante las excesivas tasas de desempleo juvenil.
La acción combinada de la reforma laboral y el uso ideológico del déficit cero están provocando una escalada de las tasas de pobreza (ya también salarial) intolerables en un Estado de Derecho, así como una intensificación del trabajo no remunerado. Mientras se fomenta la rivalidad entre quienes tienen y no tienen empleo, se dispara la brecha de género en el uso del tiempo dedicado al trabajo (remunerado y no remunerado), dañando especialmente las condiciones de vida de las mujeres, que para muchas ya son insoportables.
La division sexual del trabajo se refuerza específicamente con el desmantelamiento de los ya precarios sistemas públicos de educación infantil y de atención a la dependencia; los recortes de empleo público en los sectores feminizados de educación, sanidad y servicios sociales; la flexibilización y el alargamiento de las jornadas de trabajo; y el freno continuo a una de las medidas más efectivas para la corresponsabilidad: la equiparación del permiso de paternidad con el de maternidad hasta cada progenitor tenga su permiso igual, intransferible y pagado al 100%.
El cambio de modelo energético queda al dictado del lobby eléctrico
La supuesta ‘liberalización eléctrica’ se ha traducido en el refuerzo de la oligarquía energética, en la penalización a las pequeñas empresas de autoproducción-autoconsumo eléctrico y en una subida de la factura de la luz de más de un 80% en el periodo 2006-2013.
La improvisación, la falta de voluntad de defender los intereses colectivos y las puertas giratorias respecto a las multinacionales eléctricas son distintivos de la marca España en un sector clave para la economía y para el cambio de modelo de desarrollo que influye en las condiciones de vida de la ciudadanía.
La opacidad en la fijación de precios del sector (subasta eléctrica), el menor poder adquisitivo de una ciudadanía empobrecida y el pretendido peaje que se quiere imponer por la generación eléctrica casera (tener instaladas placas fotovoltaicas y/u otras tecnologías basadas en energía limpia) provocan una indefensión intolerable de consumidores finales y la inviabilidad económica de ser autosuficientes energéticamente.
La Ley de Reforma del Sector Eléctrico refuerza la dependencia energética de combustibles fósiles importados (45.000 millones de euros al año), prima los intereses del lobby eléctrico y aleja las posibilidades reales de cambio necesario de modelo de energético para la sostenibilidad de la vida.
Por todo ello, desde el Consejo Científico de ATTAC-España AFIRMAMOS que:
La orientación neoliberal de las políticas que se están imponiendo atentan directamente contra la democracia, la razón y la equidad.
La luz al final del túnel que proclaman los gobernantes responde exclusivamente a la codicia capitalista y de la oligarquía financiera.
No hay vuelta atrás posible, salvo para ideologías reaccionarias nostálgicas del antiguo régimen.
CONSIDERAMOS que para superar el desastre humanitario que caracteriza la situación actual es necesario un cambio de modelo económico y un cambio en el criterio de redistribución de los recursos y la riqueza, que prime la sostenibilidad de la vida y la equivalencia humana en la razón de ser del modelo de desarrollo.
HACEMOS UNA LLAMADA a la ciudadanía y a la participación activa para construir MÁS DEMOCRACIA y hacer efectivo el cambio de modelo de sociedad. Exigimos TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, y también AUDITORÍAS CIUDADANAS de todos aquellos procesos cuyos efectos políticos y económicos afecten a las condiciones de vida de las personas (como la deuda y la ‘bancarización’ de las cajas de Ahorro); y una preocupada llamada de atención a todos los ciudadanos y ciudadanas que compartan el análisis de que nuestra democracia está en peligro.
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POR UNA CIUDADANÍA CONSCIENTE, EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS POR UNA SOCIEDAD DE LAS PERSONAS.
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