Han transcurrido más de tres meses desde que Cayo Lara pidió al Gobierno información sobre la negociación del Tratado Trasatlántico para el Comercio y la Inversión, el TTIP por sus siglas en inglés, sin que ni La Moncloa ni Exteriores le hayan contestado. La petición del coordinador general de Izquierda Unida (IU) y presidente del grupo parlamentario de Izquierda Plural pretende que los miembros del Parlamento español tengan los mismos derechos que los parlamentarios de otros Estados de la UE en el acceso a los documentos que están negociando la Comisión Europea y la Administración Estadounidense. La fecha que reglamentariamente tenía el Gobierno de Mariano Rajoy para responder expiró el 5 de febrero sin que este país, con portal de transparencia y puertas giratorias, el dirigente de izquierda haya obtenido respuesta.
Lara constató una “evidente asimetría” en la información de los diferentes gobiernos europeos a sus parlamentos sobre la negociación del TTIP. Así, los parlamentarios alemanes del Bundestag tienen acceso a los documentos de las negociaciones relacionados con las ofertas de la CE a la Administración de EEUU. Y otro tanto ocurre con los 435 congresistas y 100 senadores estadounidenses, que además pueden disponer de copias impresas de las propuestas de sus representantes, incluidas las ofertas y demandas de acceso a los respectivos mercados. ¿Por qué los parlamentarios españoles han de ser tratados con inferioridad? Lara preguntó oficialmente al Gobierno si va a facilitar a los parlamentarios españoles los mismos derechos que tienen otros representantes democráticos en sus países o “les va a dejar desinformados hasta el último momento, como parlamentarios de tercera”.
La callada por respuesta al dirigente de IU confirma lo que afirmó Rafael Barret hace un siglo: “Cuánto más grave es el asunto, más lo tapan”. En este caso, el TTIP supondría la definitiva difuminación de la capacidad normativa del Estado para aplicar políticas distintas a los enunciados neoliberales, así como la privatización de la justicia al someter todas las discrepancias sobre las inversiones exteriores a procedimientos arbitrales privados. Dicho de otro modo: un gobierno no podría decidir un incremento del salario mínimo en su país si perjudicara a los inversores exteriores, que podrían recurrir la decisión a una instancia superior designada o no elegida democráticamente por los ciudadanos.
Pero el TIPP, caballo de Troya del Estado social y democrático de derecho contra el que se ha movilizado la ciudadanía europea, contiene otros riesgos para gente que vive de su trabajo como la privatización de todos los servicios públicos excluidos de la reducida lista de los que no se pueden privatizar; la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo acepta dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la limitación de los derechos de representación de los trabajadores, y, entre otros, una mayor rebaja salarial futura si tenemos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los sueldos más bajos en México. Se comprende el silencio gubernamental ante la exigencia de información de Lara. Lo único que Rajoy deberá responder es la pregunta del socialista Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles sobre cuánto han bajado los salarios desde que llegó a La Moncloa.
El Parlamento español dispone de un magnífico instrumento como es la Comisión Mixta de relaciones con la UE, a la que el Gobierno debería aportar a petición de Lara todos los documentos de la negociación del Tratado Trasatlántico. Pero si se examinan las reuniones (una al mes) de esta comisión desde septiembre de 2014 en que USA y UE aceleraron la negociación, no se hallará rastro ni mención del TTIP. Las comparecencias del secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo y Montojo, barón de Claret, mano derecha del ministro Margallo, han soslayado una y otra vez la información sobre las negociaciones. Cierto es que los portavoces de los distintos grupos, con la excepción mencionada, tampoco se han esforzado en la exigencia de información y debate.
Luego ya, el Gobierno está apelando al silencio por respuesta para ocultar otras materias como los fallecidos en las cárceles en los cuatro últimos años, un informe que ha solicitado Gaspar Llamazares sin que el Ministerio del Interior se lo haya facilitado, o como la auditoría de los gastos personales del presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, exalcalde del PP de Ciudad Real, designado para el cargo por indicación de la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y principal valedor del proyecto de almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca). Según las informaciones de la empresa, este político en compañía de su encargado de comunicación, Carlos Dávila, habría incurrido en abusos presupuestarios personales de varios miles de euros. Además habría realizado contrataciones arbitrarias. El responsable jurídico de la empresa pública, Jesús Moreno, calificó de “enriquecimiento injusto” las dietas y gastos de difícil justificación de Gil-Ortega, quien le cesó fulminantemente. La semana pasada el propio Gil-Ortega dejaba el cargo sin que desde noviembre, en que Cayo Lara solicitó la auditoría interna, el Gobierno haya contestado.
Cayo Lara a Rajoy: ‘Han mentido tanto y tantas veces y tantos que han perdido toda credibilidad. Tienen el Gobierno montado sobre una gran mentira. Le pedimos su dimisión’
Jueves, 1 de agosto de 2013
Intervención íntegra del coordinador federal de Izquierda Unida en el Pleno Extraordinario del Congreso para exigir explicaciones al presidente del Gobierno sobre la financiación ilegal del PP, el cobro de donaciones irregulares y el pago de sobresueldos que investiga la Justicia en el ‘caso Bárcenas’
Señorías, quiero comenzar mi intervención con el recuerdo a todas las víctimas del accidente de Santiago. Todos los que hemos pasado por allí hemos podido comprobar una solidaridad ciudadana ejemplar y la extraordinaria labor de los empleados públicos. Hoy y para el futuro el mejor homenaje que se les puede hacer a las víctimas es que no quede ni un solo kilómetro de vía férrea en España sin las adecuadas garantías de seguridad, con la tecnología que acompaña a nuestra sociedad en este tiempo.
Señor Rajoy, ‘sólo quien tiene algo que esconder en el Gobierno trata de ocultar la verdad en el Parlamento’. Es una cita de la vicepresidenta del Gobierno, que escribió en un tweet en la legislatura anterior dirigida a Rodríguez Zapatero. Hoy se la dedico a usted. Porque usted llega a esta Cámara por voluntad propia, sí, pero del ronzal, hay que reconocerlo. Llega presionado por la opinión pública, por los grupos de esta Cámara, por la pésima imagen internacional, y por la presión de su propio partido y de sus votantes.
Le agradecemos las explicaciones, son muchas más que la respuesta a la Prensa, pero usted nos presenta un chivo expiatorio que es el señor Bárcenas. Es una sesión que parece de punto final, y tengo que decirle que no le creemos nada. Es nuestro derecho. Fin de la cita.
Al igual que lo que un día fueron unos ‘hilillos de plastilina’ acabaron siendo una inmensa catástrofe ambiental, ahora la historia de que ‘nadie podrá demostrar que Bárcenas no es inocente’ se ha convertido en el mayor escándalo de corrupción de la democracia en su partido. No acierta usted ni con los hilillos ni con los amigos.
No es bueno enviar mensajes de ánimo a los delincuentes desde la Presidencia del Gobierno, sobre todo cuando han trabajado para la familia política, para la causa, para la trama de corrupción tejida entre empresarios corruptores y recogedores de sobres corruptos. En su partido han ido demasiado lejos y hoy hablar del estado de la Nación es hablar del ‘estado de la corrupción’ en el Partido Popular.
Lo dijo su portavoz el señor Alonso -no está en la Cámara ahora mismo- en la Diputación Permanente del pasado 11 de julio. Estas exactamente fueron sus palabras: ‘eso es lo que le preocupa al Partido Popular, una trama de corrupción que sí ocurrió en el Partido Popular. Y claro que nos preocupa, y claro que nos parece repugnante, y claro que lo queremos cambiar’. Es una trama de corrupción que sí existió en el Partido Popular. Todos los imputados en el ‘caso Gürtel-Bárcenas’ son o han sido altos dirigentes o importantes cargos públicos del Partido Popular. El problema es que esa trama de corrupción y otras tramas han hecho posible el saqueo de este país.
La corrupción ha sido un factor importante en el modelo productivo perverso que ha logrado que la crisis sea más profunda y duradera en España. La corrupción es el medio que usan los que no se presentan a las elecciones para seguir mandando y trasladar sus decisiones al poder político.
Hace un año ya le pedimos una comisión de investigación sobre el desastre financiero creado al calor de la ‘burbuja inmobiliaria’. Hasta en cinco ocasiones impidieron ustedes su creación. Les hemos pedido también un Pleno monográfico sobre la corrupción, así como la creación de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de los partidos políticos, que también nos han denegado, la última vez en la Diputación Permanente.
Pensábamos nosotros, ingenuamente, que ustedes serían consecuentes con lo que figura en la página 173 de su programa electoral, que dice literalmente que ‘la lucha contra la corrupción es uno de los objetivos fundamentales del Partido Popular, ya que el funcionamiento del sistema democrático no debe quedar nunca en entredicho por actitudes permisivas, indolentes y exculpatorias ante la gravedad de determinados comportamientos’. Es lo que dice su programa electoral. Está claro que no han sido consecuentes, y que esta negativa a investigar la corrupción obedece a que debajo de la alfombra no sólo estaban los Gobiernos anteriores, el Banco de España, los banqueros y altos ejecutivos, sino también la trama de corrupción a la que aludía el señor Alonso.
Nosotros le pedimos la dimisión en el debate sobre el estado de la Nación por dos razones, por su estafa electoral violando el programa prometido y por la supuesta financiación irregular y competir ‘dopados’ en las elecciones. Hoy le sumamos una tercera razón: que han montado su Gobierno sobre una gran mentira a los ciudadanos.
La violación de lo que prometieron a los ciudadanos es una auténtica estafa electoral. Han perdido su legitimidad de ejercicio por hacer lo contrario a lo que dijeron, y con los incumplimientos, con las mentiras, han perdido su legitimidad de origen.
La última mentira sobre los 36.000 millones de euros de recursos del FROB que el FROB da por perdidos. Los asume el Estado y usted aseguró precisamente en este Senado que ‘nunca lo pagarían los contribuyentes’. Todos estos incumplimientos han tenido consecuencias. Está sufriendo mucha gente en este país: los seis millones de parados, más de tres millones sin ayuda; los dependientes; los jóvenes con más tasas, sin beca y sin esperanza, con la ideología clasista de la ‘ley Wert’; los cada vez más excluidos, más pobres; los desahuciados de la vivienda; los estafados por las preferentes -ya sabemos que hay responsabilidades anteriores-; quienes queremos y creemos en la Sanidad Pública que ustedes ponen en peligro allí donde gobiernan por sus ansias privatizadoras; los pensionistas presentes y futuros con ese informe del comité de supuestos expertos, que en su mayoría no son otra cosa que ‘soldados de fortuna’ de las entidades financieras, que sólo pretenden recortar pensiones para potenciar el negocio de los planes privados de la Banca y las aseguradoras en el futuro.
Han alimentado una legión de parados, desahuciados, exiliados económicos. Se van miles de jóvenes con las maletas llenas de títulos universitarios que en esta España ya no valen. Lo que realmente ha hecho ha sido aplicar las imposiciones de la troika, con una finalidad política e ideológica precisa, aprovechar la crisis para desmantelar los derechos sociales y sindicales con el objetivo de sobreexplotar a los trabajadores e incrementar los beneficios del capital.
Decía David Harvey que ‘la crisis es un golpe de Estado que distribuye la riqueza hacia arriba’. No hay nada técnico, es la lucha de clases. Todo este desastre no se entendería sin la corrupción sistémica, que tiene mucho que ver con la corrupción en su partido y la financiación ilegal. Es la segunda razón por la que le pedíamos y le pedimos la dimisión.
Señorías, aquí el problema no reside únicamente en que algunos dirigentes del Partido Popular y ciertos miembros del Gobierno hayan estado percibiendo sobresueldos y los hayan declarado o no, que ya sería grave por sí mismo. El problema es el origen de los fondos con los que se han estado financiando esos sobresueldos y, mucho peor, el hecho de haber concurrido a las elecciones ‘dopados’ con fondos ilegales.
Es doblemente grave porque la percepción de esos fondos no sólo ha sido irregular por hacerse al margen de la ley, sino porque esas entregas han tenido como consecuencia sus correspondientes mordidas, concesiones urbanísticas, licitaciones, permisos y aprobaciones de obras, con lo cual la competencia desleal y fraudulenta se ha producido en una doble vertiente; por un lado, la de los empresarios que se han beneficiado de esos donativos y que han competido en clara ventaja respecto al resto de empresas, y por otro lado está la parte que afecta a los partidos políticos, ya que en vista de las acusaciones realizadas por su propio ex tesorero y amigo, y de los indicios que obran en poder de la Justicia, ustedes habrían competido electoralmente con muchos más recursos que el resto de organizaciones políticas y de forma tramposa.
Ahora entendemos su empeño en recortar las subvenciones a partidos y sindicatos, es que a ustedes no les hacía falta porque se financiaban con otros medios.
La comunión entre empresarios y corruptores, corruptores y políticos corruptos es el mejor exponente de ese ‘neoliberalismo cañí’ que ustedes defienden, libre mercado y libre competencia, pero sólo para algunos amigos donantes. Un empresario honesto tiene pocas posibilidades de ganar un concurso o una licitación frente a otro que haya pasado por caja. ¿Qué puede hacer frente a eso la innovación, la calidad, el servicio o la competencia? ¿Cómo pueden dirigirse a quienes llaman emprendedores para que se endeuden, hagan un plan de negocio y contraten, si luego el acceso a las adjudicaciones de obras y servicios depende de que se les vea por determinadas sedes?
Abundan los ejemplos de este tipo de mamandurrias y sus detalles. Le voy a poner dos ejemplos. Baleares, el ‘caso Escala’, con la condena de un ex dirigente del Partido Popular por trama corrupta. Y Valencia, ‘caso Sedesa’, con los Cotino y su acceso a obras sin ganar concursos previos.
Este modelo ha dañado la política y la economía, incrementando los precios de las obras públicas, productos y servicios, impulsando infraestructuras innecesarias, alimentando el déficit público y la inflación, falseando la competencia, y desanimando al contribuyente honrado que constata el uso indebido de sus impuestos. No es difícil entender que los que dieran donativos tuvieran también créditos temerarios de las cajas de ahorros saqueadas, para entre otras cosas realizar obras innecesarias. Es más, le hemos pedido al Gobierno que nos dé datos sobre los créditos impagados concedidos por las entidades intervenidas, y nos han negado la información.
Dicen ustedes que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Algunos en este país se han corrompido por encima de las posibilidades del país.
La trama de corrupción de la que hablamos es central, pero también está en las comunidades autónomas. Valgan como ejemplo los más de 4.000 millones de euros en concesiones a obras públicas a las empresas donantes que figuran en la lista del propio Bárcenas sólo en la Comunidad Valenciana. Es una obscenidad que mientras algunos dirigentes como Camps y Barberá se reían montados en un Ferrari por las calles de Valencia ahora, como consecuencia de aquellas políticas, millones de españoles estén perdiendo su empleo, su casa, sus hospitales, sus escuelas y sus pensiones.
Señor Rajoy, según la declaración ante el juez de su amigo y ex tesorero, su partido habría estado financiándose irregularmente durante al menos los últimos 20 años. Hoy lo sabemos porque se ha roto la omertà. Su persona de máxima confianza, nombrado tesorero por usted y alabado y bendecido por el partido hasta hace cuatro días, ha pasado a ser un proscrito del Partido Popular.
Han mentido tanto, tantas veces y tantos portavoces que ahora han perdido toda la credibilidad. Tienen el Gobierno montado sobre una gran mentira. Esa inmensa mentira es la tercera razón por la que le pedimos su dimisión.
En el comunicado del PP del 28 de julio de 2009, al albur de las informaciones de Gürtel, además de subrayar la lealtad del señor Bárcenas se dijo: ‘el Partido Popular confía en la inocencia de Luis Bárcenas y en que así se demostrará en los tribunales de justicia. El Partido Popular quiere manifestar su reconocimiento a los más de 28 años de servicio de Luis Bárcenas a nuestro partido, que han sido ejemplo de profesionalidad y buen hacer’. El 7 de octubre de ese mismo año se decía por el mismo Partido Popular, en otro comunicado, que se reconocía la existencia de una trama de corrupción para aprovecharse, decían, del Partido Popular.
Hasta ahora, después de tener ese conocimiento, la única querella contra Bárcenas y los empresarios corruptores ha sido la que han presentado Izquierda Unida y otras asociaciones. ¿Por qué no han presentado ustedes la querella contra Bárcenas, y sólo se han querellado contra los mensajeros que airearon los papeles? Es una respuesta que necesitamos.
En ese mismo comunicado vertían una frase que muy pocos de los que están aquí se atreverían a suscribir: ‘Garantizamos a todos los españoles que la inmensa mayoría de los dirigentes y representantes del PP son ejemplo de honestidad y trabajo al servicio de los españoles’. ¿Quién mantendría esa frase hoy aquí en esta Cámara? Si su secretaria general no confía en los dirigentes de su propio partido, ¡cómo esperan ustedes que lo haga la sociedad española, cuando ha dicho su secretaria general que no ponía la mano en el fuego por nadie nada más que por su familia! Está dicho en una entrevista que le hicieron los medios de comunicación. Es imposible, por tanto, que pueda poner confianza en la sociedad española con esas afirmaciones en el Partido Popular.
Su historia de incongruencias y declaraciones ha ido a más. El día 8 de abril de 2010 el Partido Popular reconocía la magnífica gestión durante esos años de Luis Bárcenas. ¿Van ustedes recobrando la memoria? El culmen de despropósitos y declaraciones desafortunadas llegaba de la mano de la señora Cospedal. La indemnización ‘pactada o simulada o en diferido’, junto con la supuesta relación laboral de Bárcenas con el PP hasta 2010, han sido tremendas mentiras, una mentira tras otra. ¡Pero si el señor Bárcenas mantuvo despacho, secretaria, sueldo, alta en la Seguridad Social, coche y hasta le pagaron los abogados de la defensa!
La responsabilidad política, señor Rajoy, está antes que la responsabilidad penal. Es una cita del señor Trillo y yo estoy de acuerdo con ella, porque cuando un presidente se equivoca en un caso de tal gravedad no bastan el arrepentimiento y las disculpas, sino que es necesario asumir las responsabilidades, y usted debe asumir las responsabilidades.
Han negado la relación con Bárcenas, Cospedal, Alonso, Floriano, Montoro y usted mismo. Son mentiras contrastadas a las que ni siquiera ustedes han podido rebatir. Las mentiras tienen las ‘patas muy cortas’ y le han delatado los famosos mensajes de móvil que se han conocido, y en los que usted animaba a ‘resistir’ a su ex tesorero y amigo. Señor Rajoy, ¿a resistir el qué y ante quién? ¿Para qué? Porque cuando usted mandaba mensajes de aliento y de resistencia al señor Bárcenas ya se conocían las cuentas en Suiza y, por tanto, el hecho de que Bárcenas era un delincuente. ¿Por qué esos mensajes entonces? ¿Por qué le mandaba los mensajes? ¿Cuál es el pacto que usted y su partido tenían con el señor Bárcenas? Explique qué pacto tenían y por qué el señor Bárcenas se sintió liberado según los mensajes que le envió en el último momento.
Señor Rajoy, los 48 millones de euros en las cuentas de Bárcenas supondrían, por poner un ejemplo, que durante 27 años cada día se llevaba 1 millón de pesetas a las cuentas del extranjero. ¿No se enteró nadie? ¿Nadie lo supo? ¿Cómo es posible que ni el presidente ni los secretarios generales conocieran esas prácticas? ¿Es que no les pedían cuenta los empresarios que entregaban dinero? Si eso era la sisa, señor Rajoy, ¿cuánto era el principal? Esa es una pregunta importante que tiene que responder.
¿Puede explicarnos si el diseño financiero que el señor Bárcenas atribuye a Blesa fue encargado por el Partido Popular? Por cierto, este país no entiende que el señor Blesa entre dos veces en la cárcel, se le saque de manera inmediata y, además, por petición directa de la propia Fiscalía en nuestro país. Eso le cuesta entenderlo a nuestra gente y alguna gente se acuerda del ‘caso Naseiro’, y hoy este país no está por el ‘caso Naseiro’.
Quien sueñe que se puede producir una nulidad y que la nulidad es impunidad que se olvide, porque este país no está como cuando se hizo la nulidad del ‘caso Naseiro’. Señor Rajoy, ¿por qué el PP tuvo tanto interés en quitarle el caso al juez Bermúdez? ¿Por qué, y le pregunto, telefoneó usted al presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, en la mañana del 21 de marzo, interesándose por la disputa de dos jueces para llevar el ‘caso Bárcenas’?
Es la hora, señor presidente, señor Rajoy, de la regeneración democrática, de denunciar la puerta giratoria como símbolo del bipartidismo que se refleja en los casos de González y Aznar, en demasiados ministros y ministras de todos los gobiernos que han pasado a las empresas privadas para las que ahora trabajan. Los ciudadanos quieren y tienen derecho a saber la verdad.
Voy concluyendo, señor presidente. Este país necesita seguridad jurídica, credibilidad y estabilidad. La seguridad jurídica reside en que todos los empresarios sepan que pueden competir sin trampas. La credibilidad requiere políticos honrados y honestos. La estabilidad está también en que la financiación de los partidos políticos sea pública, clara y transparente, y no de empresas por la puerta de atrás ni por la puerta de delante, porque luego se tiene que poner el Boletín Oficial del Estado a su servicio. Para tener estabilidad tiene que haber cohesión social. Un país no puede ser estable con seis millones de parados, no puede ser estable con este grado de exclusión social. Su estabilidad no puede basarse en rescatar a la Banca y condenar a las personas. Esa estabilidad se consigue con transparencia y no con la perversión de la democracia. La estabilidad está en poner el Boletín Oficial del Estado al servicio del interés general y no al servicio de intereses espurios.
Señor Rajoy, usted hoy no es creíble, no es garantía de estabilidad, y está condenado socialmente por la mayoría de la sociedad española. No se puede construir el futuro bajo las sospechas de las sombras del pasado, y este debate no puede ser una ley de punto y final. Asuma usted su responsabilidad. Hágale usted un favor a España. Dimita y convoque elecciones generales para darle la voz al pueblo. La regeneración democrática hoy pasa necesariamente por ahí.
Autores: Antoni Domènech.Gustavo Búster y Daniel Raventós
El pasado viernes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el radical paquete de medidas de austeridad fiscal procíclica anunciadas por Rajoy en sede parlamentaria dos días antes. “No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”: Palabras literales de un presidente más nervioso, más inseguro y con peor dicción que de costumbre. Es la segunda vez en dos años que una escena así se produce en las Cortes: el 11 de julio de 2012 de Rajoy es el 10 de mayo de 2010 de Zapatero.
Zapatero se dio un autogolpe de Estado para evitar, supuestamente, el golpe de la intervención de la Troika. Con el resultado de todos conocido: todo fue a peor, como no podía ser de otro modo con unas políticas procíclicas de consolidación fiscal y recortes de derechos sociales e ingresos populares en un país, entonces, con un desempleo superior al 20%, el 45% de los jóvenes en paro y la demanda efectiva en rápido proceso de contracción. Ahora se anuncia un recorte anual para los próximos tres años de más del 2% del PIB, en un país con más del 25% de su población activa desempleada, más del 50% de los jóvenes en paro –decenas y decenas de miles convertidos ya en emigrantes— y una demanda efectiva en caída libre.
De ideas milagreras, retóricas electorales y agendas ocultas
Rajoy subió al poder con la idea milagrera –avalada por toda una corte de tertulianos, todólogos mediáticos y pseudoeconomistas diz-que-profesionales— de que bastaba poco más que un gobierno conservador de gentes de viso en la Moncloa para recuperar la “confianza” de los mercados financieros internacionales y la benevolencia de los burócratas de Bruselas y de Francfort. Esa era la idea “técnica” básica.
Había, además, una retórica de campaña electoral rectificadora del giro antisocial de Zapatero: no se tocaría a los pensionistas, no se tocaría a los funcionarios públicos, no se recortarían derechos ni en educación, ni en sanidad (¿quién dice copago?), ni en la cobertura del paro; habría austeridad y consolidación fiscal, por supuesto, pero se trataría de una “austeridad expansiva” (sic), facilitadora del crecimiento económico (no se subiría el IVA, ¡claro que no!). Contra el entreguismo de Zapatero, se defendería la soberanía nacional; España sabría hacerse respetar en la UE y ante la Troika: el Reino, en fin, no sería intervenido, ni informal ni, menos, formalmente. Por fin alguien haría valer la “marca España”.
Y había, por supuesto, una agenda oculta. Con la excusa de la necesidad de bienquistarse a los mercados financieros y recuperar la “confianza” perdida por la calamitosa gestión del PSOE, acometer un conjunto de contrarreformas –incoadas ya por el gobierno Zapatero y largamente anheladas por la derecha social española— que alteraran radical e irreversiblemente la relación de fuerzas. Que reconfiguraran la constitución social del país, particularmente la regulación del mercado de trabajo. Que reordenaran pro domo sua, a favor del poder político-económico del PP, la fatalmente dañada estructura bancaria (lo que pasaba crucialmente por convertir a Bankia en un coloso financiero privado, promiscuamente vinculado al partido). Que terminaran de poner en almoneda y desmantelar el sector público, pusieran proa a la conversión de la vida económica de nuestro país en un rimero interminable de peajes privatizados, cobrables por rentistas improductivos de toda laya, nacionales y extranjeros, y entraran por uvas en la más o menos disimulada tarea de recentralizar administrativamente y jibarizar el “Estado de Medioestar” español, como atinadamente lo ha llamado en alguna ocasión Gaspar Llamazares.
La agenda oculta, en una palabra, consistía en aprovechar la crisis para consolidar hasta las últimas consecuencias el tipo de capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos construido por el PSOE y el PP en las últimas décadas y reubicar al núcleo político dirigente conservador en la nueva situación. Si se quiere, y por servirnos del neologismo muy a propósito inventado por el académico de la lengua Emilio Lledó, pasar de la economía política del capitalismo oligopólico de amiguetes, al casino de negocios público-privados de los “amigantes” (que rima con mangantes).
Del fracaso, también, de la agenda oculta
En tan sólo 6 meses de gobierno, la realidad de la crisis se ha llevado ya por delante la idea “técnica” básica del programa electoral del PP, la de la “confianza”: la prima de riesgo no ha dejado de subir, la renta variable no ha dejado de bajar, el interés de los bonos españoles se ha disparado hasta rebasar todos los niveles de alarma (7%), y lo que es más grave y perentorio, ha comenzado a acelerarse una fuga masiva de capitales y depósitos bancarios, cuyo ritmo anual se estima ahora mismo en un ¡50% de nuestro PIB! Un pánico bancario desatado, peligrosísimo para España y para el conjunto de la UE, al que no son ajenas las sucesivas torpezas del gobierno Rajoy en el manejo de la crisis de solvencia de la banca española. Y a todo eso, la unión bancaria y la garantía europea de depósitos –única medida eficaz para contener la hemorragia—, siguen ahora tan lejos, si no más, que antes de la famosa cumbre del pasado 28/29 de junio. Han pasado sólo dos semanas, y parecen meses. Tiempo suficiente, en cualquier caso, para que varios sedicentes “europeístas” demostraran una vez más su incapacidad para comprender la naturaleza de la crisis política europea y se cubrieran con el más bobalicón de los ridículos.
Como previsto por todo el mundo, de desmentir la retórica electoral se encargó el propio gobierno no bien entró en ejercicio. Pero lo verdaderamente interesante es la suerte que ha corrido en sólo 6 meses el desarrollo de la agenda oculta del PP. Porque la puesta por obra del “programa oculto” se fundaba también en la necia idea de la restauración de la “confianza” (y en el pésimo diagnóstico –compartido con el núcleo dirigente del PSOE— de la naturaleza de la presente crisis europea que subyace a esa idea). La realización del programa oculto de Mariano Rajoy pasaba decisivamente por evitar la intervención de España por la Troika; intervenido el Reino, todo cambia. No importa el grosero jaleo forofesco de los diputados del PP a cada anuncio de recorte declarado por el jefe, ni siquiera el obsceno “que se jodan” los parados de una pijilla descerebrada que calienta escaño en las Cortes. Harto más significativo se antoja el rostro desalterado del Presidente del gobierno. Porque, si bien se entiende, de lo que verdaderamente se despedía era de su agenda oculta.
Y despedirse de la agenda oculta no era sólo despedirse del verdadero programa partidista con que accedió al gobierno. Es mucho más. Es despedirse de toda una época política y económica que ese programa trataba de salvar, y a su modo, perpetuar, rectificándola por la vía de escorar irrreversiblemente, hasta donde se pudiera, su centro de gravitación hacia la derecha. Es muy significativo que el Consejo de Ministros del pasado viernes comenzara no en Moncloa, sino en la Zarzuela, con el monarca en persona presidiendo la sesión del reconocimiento oficial de todos los fracasos. Como agarrándose a un clavo ardiendo, precisamente al amparo de un Rey de todo punto desacreditado ante la opinión pública y convertido en los últimos meses en la cara visible del fracaso nacional y del fin de época. En el símbolo mismo de la agónica fatiga política, social y moral del régimen de la Segunda Restauración borbónica que fue la Transición democrática.
Res ipsa loquitur: ministros que filtran secretos de su cartera (el escándalo de la ministra Báñez y el ERE del PSOE); una red gigantesca de espionaje a empresas y ciudadanos y compra y venta de datos privados protegidos por la ley con la connivencia de las instituciones privadas y públicas –incluidos los servicios secretos— encargadas de protegerlos; socialización de la corrupción de lo público a lo privado con las preferentes, como se ha visto con la apertura de la causa contra los gerentes de Bankia, la CAM y CaixaNovaGalicia; el bloqueo de un poder judicial incapaz de autogobernarse, carente de la legitimidad democrática que solo pueden otorgarle los ciudadanos, y no el escalafón de la judicatura y los acuerdos bajo mano entre el PP y el PSOE; unos incendios pavorosos que no se pueden extinguir por los recortes del gasto público; amnistía a los depredadores urbanísticos de la propiedad común de las costas; amnistía a los defraudadores fiscales… ¿Qué más?
La espiral de la muerte
Con las medidas de recortes y austeridad fiscal que ha impuesto la Troika al gobierno, España entra en la espiral de la muerte. Es decir, se aventura por la senda que ha llevado al suicidio económico, social y político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, Portugal, Irlanda). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procíclicas de austeridad fiscal encaminadas a reducir la deuda y el déficit públicos generan destrucción de empresas y de empleo, desplome de los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos fiscales del Estado y, para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento del endeudamiento público, acrecida desconfianza de los acreedores internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeridad y consolidación fiscales y consiguiente degradación del Estado social, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del desempleo.
En esa perspectiva, perdida la soberanía monetaria y sin autoridad fiscal común en la UE, el círculo vicioso sólo podría romperse con una enérgica mejora de la exportación. Los últimos datos al respecto no son nada halagüeños. Y no cabía esperar otra cosa. Primero, porque a diferencia de Portugal, por ejemplo, en donde el sector exportador representa cerca del 50% de su economía, la exportación española significa apenas un tercio, es decir que al menos dos tercios de la demanda de los productos de las empresas españolas vienen de un mercado interior deprimido por el paro creciente, por el tremendo estado de endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, por los recortes salariales públicos y privados, por el terrible aumento del IVA, por las nuevas tasas universitarias, por el copago sanitario, por presentes y venideros peajes de usuario en el acceso a los bienes públicos o comunes; en una palabra, por las extremistas políticas de austeridad fiscal. Y segundo: porque las políticas de austeridad incompetentemente impuestas a escala europea han deprimido la demanda continental, y el grueso de nuestras exportaciones –como las de los alemanes, dicho sea de pasada— van a parar a una eurozona devastada por esas suicidas políticas procíclicas de consolidación fiscal.
Es evidente que el núcleo dirigente del PP es a estas alturas perfectamente consciente de todo eso. El fracaso estrepitoso de Montoro es el fracaso de la agenda oculta de una derecha política española que era todavía orgánica en intereses oligárquicos más o menos nacionalmente arraigados, y que tenía intereses electorales propios. Es aventurado –y acaso necio— decir que estamos asistiendo al triunfo del “independiente” y “cosmopolita” De Guindos, ese fracasado gestor europeo de los intereses del quebrado banco norteamericano Lehman Brothers.
Pero de lo que no cabe la menor duda es de que decidir –o allanarse a— meter a España en la espiral de la muerte trae consecuencias devastadoras para la identidad de quien lo propone (el PP). Para la identidad de quien lo aplaude, jactándose incluso de haberlo propuesto antes (Duran i Lleida). Para la identidad de quien lo tolera “responsablemente” y aun lo acompaña como “inevitable” y “necesario” con dos que tres salvedades y matices y tres que cuatro lagrimitas impostadas (Rubalcaba). Y desde luego para la identidad política de quienes, aplaudiéndolo en el fondo, sólo pretenden aprovecharse del río revuelto para promover aquí o allá su propia agenda superficialmente populista (el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, à laRosa Díez; el fantasma del pacto fiscal catalán sin contenido social para justificar, à la Mas, su cruel ofensiva en toda regla contra los derechos de las clases populares).
Como las elites políticas coloniales tradicionales
Las medidas de choque decididas –“sin libertad”— por Rajoy la semana pasada van contra los intereses mediatos e inmediatos de la inmensa mayoría de la población española, incluidas esas clases medias madrileñas abrumadoramente votantes del PP que habrán perdido todos sus ahorros con la estafa de Bankia y Caja Madrid. La espiral de la muerte al estilo griego no sólo tiene consecuencias económicas y sociales devastadoras; tiene también consecuencias para las propias elites políticas que se allanan de mayor o menor grado al suicidio de la nación. Porque pierden su identidad política como representantes fiduciarios más o menos legítimos de distintos intereses sociales más o menos encontrados, para convertirse paulatinamente en castas políticas de tipo colonial, sin arraigo social en la población. Franz Fanon describió hace ya muchos años a ese tipo de elites coloniales en Los condenados de la Tierra, una obra maestra de la literatura anticolonialista de los años 60.
Este era el tenor literal de su descripción: las elites coloniales, cualquiera que sea el matiz de su color político:
– niegan a los pueblos la seguridad en los puestos de trabajo;
– reducen los ingresos del grueso de la población al nivel de subsistencia;
– llevan a los pobres a la desesperación;
– buscan con denuedo desmantelar a los movimientos y a las organizaciones sociales, señaladamente a los sindicatos obreros;
– se empeñan en degradar el sistema educativo, de modo que solo las elites puedan tener acceso a la educación superior;
– hacen leyes a la medida de las empresas transnacionales saqueadoras;
– criminalizan el disenso, la crítica y a la oposición política no acomodaticia.
El corolario de esa clásica descripción del hacer de las elites coloniales era el comportamiento que buscaban inducir en la población: el miedo y la sensación de inestabilidad generados por esas políticas garantizaban la pasividad de la población, forzada a derivar hacia la propia supervivencia personal todas las energías disponibles.
Lo mejor del buen discurso parlamentario de Cayo Lara –convertido de facto en el jefe de toda la oposición en las Cortes, incluidos, verosímilmente, los parlamentarios socialistas desolados por las frívolas payasadas de Rubalcaba— es que entendió perfectamente este punto. No sólo ha traicionado Rajoy a su propio electorado al violar groseramente las promesas de su programa, no sólo, esto es, ha fracasado como político democrático, sino que ha fracasado también en la promoción de su agenda oculta “soberana”, es decir, ha fracasado como político tecnocrático. Doble fracaso. Se impone la consulta popular.
Hasta un periodista tan cargantemente circuelocuente como Pedro J. Ramírez se ha visto en la necesidad de reconocer sin reservas lo obvio, aunque sea para salir cínicamente al paso:
“En otras circunstancias el reconocimiento de esta súbita pérdida de autonomía democrática debería llevar aparejada la dimisión del gobierno de turno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero nadie está pidiendo que Rajoy haga eso porque su rotundo triunfo electoral ha sido muy reciente y, como indican todos los sondeos, no se percibe ninguna alternativa fiable. Más bien existe el consenso de que al líder del PP le toca cargar con la cruz de lo que será una creciente impopularidad, gestionar con la mayor solvencia posible la ejecución deldiktat de Bruselas y tratar de que la desagradable travesía del desierto concluya cuanto antes.” [“Protectorado de ’soberanía suspendida’”, El Mundo, 15 julio 2012.]
Quien comprenda mínimamente la naturaleza de la crisis política europea, o quien al menos sepa algo de macroeconomía elemental, o quien, si más no, se haya molestado en informarse un poco de la experiencia de Grecia, Irlanda y Portugal desde su intervención, sabe ya que lo que viene no es “una desagradable travesía del desierto” destinada a “concluir cuanto antes”. Sino la entrada en una verdadera espiral de la muerte.
Que la población sea, o no, presa del pánico, que se entregue, o no, a una inerme pasividad política cruzado el portalón de esa espiral, dependerá de la decisión con que el conjunto de la izquierda social y política de este país –sindicatos obreros, 15 M, colectivos de parados y trabajadores precarizados, representantes institucionales (locales, autonómicos y estatales) de las izquierdas federalistas y soberanistas, asociaciones ciudadanas, colectivos culturales, investigadores y académicos comprometidos, grupos de apoyo a los desahuciados, afectados por las estafas bancarias, pequeños comerciantes arruinados por el IVA, autónomos acorralados por la inopinada subida de su IRPF, etc.— sepan aunar voluntades y plantear como una necesidad perentoria la convocatoria de un referéndum democrático que, manifiesta y clamorosamente fracasadas las elites rectoras dominantes, permita a los pueblos de España elegir libremente su destino en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, que, como bien dijo hace muchos años el poeta, es la más triste de todas las historias.
Antoni Domènech es el Editor general de SinPermiso. Gustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.
Acabamos de salir de una y amenaza otra…. De nuevo los nubarrones de un Camps al que se le escapa (con la promesa de una España azul) “qué bien que nos lo vamos a pasar”, y la omnipresencia de cuartos milenios a.C, con “caras de Belmez” electorales en forma de “niñas de Rajoy”, o fantasmas imputados por quinquis de unas Plataformas que nos van acercando al fascismo mientras esta sociedad se desmorona, (¿inocentemente?) con los recortes de los servicios públicos y privatizaciones que aumentan desigualdades, en un recorrido incívico hasta la barbarie. Con propuestas y prognosis que pueden aislar todavía más la política institucional de la ciudadanía y de la realidad:
Me levanto con la noticia de posibles elecciones anticipadas y de nuevo algunos medios y algunos periodistas me invitan a bajar de nivel de conciencia, a distraer mi atención de lo fundamental: y me encuentro de nuevo con un ataque –que ya es tan habitual que ni por un momento considero posible calificar de “a traición”– para desestabilizar Izquierda Unida. Se trata, naturalmente, de dividir, de enfrentar. De poner a Cayo Lara contra las cuerdas. Y contra las cuerdas del otro lado del cuadrilátero, a Llamazares. Creemos un falso debate cuando esa no es la pelea para ocultar otros enfrentamientos, políticos knoqueados y mandíbulas de cristal… Hay que ser tan visceral como mentecapto para caer en el engaño. Pero algunos medios (interesados) insisten en el trampantojo. Por ejemplo, dice ElPais con fondo de truenos y relámpagos, que Llamazares pide que IU expediente concejales que apoyaron al PP, y recuerda un mensaje de twitter de ayer en el que decía:
“Tengo claro que PSOE no hace política de izquierdas,no estoy ciego.Pero ante la avalancha azul, IU es la muralla y además debe parecerlo.”
De nuevo se presenta a Llamazares como el valiente espadachín de la unidad de unas supuestas izquierdas contra su propia coalición política, tomando sus twitters a interés de quienes manejan (¿manipulan?) la información. El problema–del que Llamazares es perfectamente consciente, y basta para ello seguir todos sus mensajes– es que esta muralla tiene grietas que responden a la doble (o triple) alma del PSOE, y que estas contradicciones favorecen el uso de reclinatorios ante Wall Street, y que la ciudadanía está tan avisada ante unas políticas neoliberales que nadie sancionó con su voto, que tomó plazas en toda España (y luego en el mundo) exigiendo Democracia Real Ya. Porque con un derechismo imperial a lo Bono, es imposible el fundamento de ninguna muralla frente a la derecha (porque es derecha, o sea, brecha consubstancial de la muralla), y las políticas unitario-paternalistas a lo Pasqual Maragall, mucho más resistentes a la hora de levantar muros, son defenestradas por las rancias intolerancias del PSOE más mediocre, centralista y malhumorado… Esa misma parte del PSOE que ahora habla otra vez de pinzas para no reconocer su distancia de la realidad, y su incompetencia.
Dice Llamazares ayer en otro mensaje de twitter:
“La verdadera pinza es la ley electoral con la que PSOE y PP se reparten una decena de escaños hurtados a izquierda unida.”
Y hay que insistir en ello. Porque todos los votos valgan lo mismo es un fundamento de democracia real que no se produce en España, entre otras cosas, porque el PSOE no ha querido. Y porque al coincidir en su deseo con el PP forja la pinza radical (de raíz) que hace imposible una España de izquierdas (si aceptamos PSOE como partido que podría ser, coherentemente, de izquierdas…) Y la duda no surge ahora cuando algunos concejales del PSOE prefieren votar con el PP para quitarle alcaldías a Izquierda Unida… Surgió antes, cuando votaron en el Congreso la mayoría de sus propuestas con los partidos de derechas, ya fuera CiU o el PNV, o incluso el PP…. O cerraron los ojos a la corrupción y mantuvieron como candidatos a personas imputadas a las que sabían que ni la ciudadanía más consciente ni Izquierda Unida iba a apoyar… Porque ya sólo faltaría –y Llamazares así lo expresa– que la muralla contra la España azul sirviera también para dar el espaldarazo a corrupciones y corruptos del signo que sean…
Espero las declaraciones de Cayo Lara, convencida que no se caerá en la trampa de debilitar Izquierda Unida ante unas elecciones que, si se anticipan, son una derrota más de un PSOE que tira la toalla mientras le llega el momento (esperemos que no tarde demasiado) de recuperar visión y coherencia. Y de ElPais de hoy me quedo con el billete de Almudena Grandes.
Gent de prestigi com Arcadi Oliveres, i d’organitzacions d’esquerres, com Cayo Lara, valoren les accions que obren portes d’esperança a la democràcia no sols per a les persones joves, sinò per a molta i molta gent. Un món millor, més just i equitatiu, més saludable i on les dones puguem viure en igualtat és possible. Per començar, i fins que no hagin de deixar ¡finalment! les regnes de l’economia i la política, cal imposar normes, regles i limitacions molt estrictes als que es creuen els amos del món i no respecten rés: ni a les persones, ni les conquestes civilitzadores, ni la natura ni la cultura, ni els drets laborals i de ciutadania aconseguits amb tant d’esforç, ni una convivència en benestar.
Per això avui, diversos blogs d’amis i amigues hem decidit convidar-vos a sentir arguments per un món més digne. Potser les persones que esteu per Madrid us podreu acostar a la Plaza de las Vistillas i sentir, entre altres, a Cayo Lara, que parlarà en la cloenda de la campanya d’IU de Madrid, i que en el video dóna a la periodista Ana Pastor propostes creïbles i transformadores i la seva opinió sobre la gent de les acampades i qui donem suport:
En una Festa plena d’activitats (Cursa Lluis Companys, Mercat Solidari, Debat sobre l’esquerra, sopar de gala i parlaments diversos de representants d’ICV, UGT, CC.OO, Die Linke, Plataforma contra la Impunitat).. en un ambient de caliu, amable, entre companys i companyes que havien treballat molt dur fins poques hores abans perque el 29-S del 2010 fos recordat amb orgull com el dia de la Vaga General i les grans Manifestacions de Barcelona, Madrid, Brussel.les i tantes ciutats europees, es va celebrar la 10 Festa d’EUiA en la que es varen entregar les mencions especials a diverses organitzacions i el Premi l’Alternativa als sindicats CC.OO. i UGT en reconeixement per la tasca feta en l’éxit de la magnífica Vaga General del 29-S. Destaquem de moment, en el video, les paraules adreçades al final del sopar del company Cayo Lara, Coordinador General d’Izquierda Unida, que va ser rebut amb especial estimació per part de les persones que omplien la sala.
I algunes imatges més que dec a la organització d’EUiA de Sant Adrià, que sempre deixen constància gràfica dels aconteixements més importants de la vida d’Esquerra Unida i Alternativa (gràcies per compartir!):
En el marco de la campaña por las elecciones europeas, Miralles y Lara han advertido hoy en rueda de prensa que si Zapatero que no hace un giro a la izquierda sólo obtendrá “soledad parlamentaria y conflicto en la calle”.
Jordi Miralles ha declarado que el debate de política general en el Congreso de Diputados demuestra que “la izquierda de las personas existe, está con la gente, y la representamos nosotros(…) acompañando el paro, los incumplimientos y el fracaso de la política económica”. Miralles ha destacado además “hipocresía” del PP y de CiU, y ha recordado que ambas fuerzas son co-responsables de la situación actual de crisis por haber hecho y apoyado políticas económicas equivocadas y reformas laborales contra los trabajadores y trabajadoras. Además, en opinión del coordinador general d’EUiA “ZP ha intentado tranquilizar al sector financiero”, uno de los responsables de la crisis, dejando claro que no habrá banca pública ni control democrático de los avales concedidos. Y ha seguido calificando de “medidas electoralistas” las ayudas a la compra de ordenadores y coches… Finalmente, considera que Zapatero vuelve a jugar con Catalunya al poner la fecha del 15 de julio para cerrar el tema de la financiació, cuando ya lleva “7 meses castigando a los catalanes”, con una actitud “desleal con el Govern de Catalunya”.
Por su parte Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida (IU), ha declarado que las medidas anunciadas ayer por Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación no tienen en cuenta las personas que actualmente pasan una situación realmente crítica en nuestro país, com son las familias desahuciadas, las que tienen todos sus miembros en paro, o los jóvenes que no pueden pagar la hipoteca. Para Lara, las medidas presentadas por el presidente del Gobierno son populistas y superficiales. Y se ha lamentado de que Zapatero gaste 3.000 millones de euros en medidas fiscales neoliberales y en “regalos”, cuando este dinero debería destinarse a otras cuestiones imprescindibles.
El dirigente de IU se ha mostrado sorprendido por la actitud del PP durante el debate, pero lamenta más que el Gobierno español reduzca el Impuesto de Sociedades a las empresas y no asuma la propuesta de IU de prestar a las PYMES, a 5 años y sin intereses, 3.000 millones de euros, medida que, a su juicio sería más efectiva para inyectar liquidez a las empresas que desgravar 5 puntos en el Impuesto de Sociedades, ya que esta medida sólo tendrá efecto en el año 2012.
El coordinador general de IU ha lamentado que Zapatero no anunciara que acabaría con los privilegios de la banca después de que les dinera el dinero de todos, y que ni siquiera mencionara la creación de una banca pública, entre otras muchas medidas sobre las PYMES, la creación de vivienda pública, la creación de empleo público y contratos de trabajo de 6 meses para personas en paro a través de los Ayuntamientos.
Para acabar, Cayo Lara se ha referido a la financiación autonómica diciendo que Zapatero debe cumplir lo que promete. Y ha afirmado que el gobierno socialista no tendrà a IU a su lado si sigue aplicando medidas económicas regresivas como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, lo cual ha representado que el Estado dejara de ingresar 1.800 millones de euros, una cantidad superior a la que se destina a la Ley de la Dependencia.
En el contexto de crisis, crecimiento del paro, privatización de los servicios públicos y elecciones europeas, Cayo Lara hace su primer acto político en Barcelona con Núria Lozano, Isabel Ribas y Jordi Miralles.
Bé per Cayo Lara, pel seu nerviosisme no amagat, per la seva honestedat que traspassava la càmara, per les mancances que no disimulava, pel seu entusiasme i la seva humiltat, pel seu tracte fratern amb qui li preguntava, fos qui fos, i per deixar ben clar ahir que existeix una esquerra no ensinistrada que es nega a fer de “coartada democràtica” dels poderosos.
Parlen també del tema els blocs dels companys Rafa Hortaleza
Lara constató una “evidente asimetría” en la información de los diferentes gobiernos europeos a sus parlamentos sobre la negociación del TTIP. Así, los parlamentarios alemanes del Bundestag tienen acceso a los documentos de las negociaciones relacionados con las ofertas de la CE a la Administración de EEUU. Y otro tanto ocurre con los 435 congresistas y 100 senadores estadounidenses, que además pueden disponer de copias impresas de las propuestas de sus representantes, incluidas las ofertas y demandas de acceso a los respectivos mercados. ¿Por qué los parlamentarios españoles han de ser tratados con inferioridad? Lara preguntó oficialmente al Gobierno si va a facilitar a los parlamentarios españoles los mismos derechos que tienen otros representantes democráticos en sus países o “les va a dejar desinformados hasta el último momento, como parlamentarios de tercera”.
Pero el TIPP, caballo de Troya del Estado social y democrático de derecho contra el que se ha movilizado la ciudadanía europea, contiene otros riesgos para gente que vive de su trabajo como la privatización de todos los servicios públicos excluidos de la reducida lista de los que no se pueden privatizar; la pérdida de derechos laborales, ya que EEUU sólo acepta dos de los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la limitación de los derechos de representación de los trabajadores, y, entre otros, una mayor rebaja salarial futura si tenemos en cuenta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los sueldos más bajos en México. Se comprende el silencio gubernamental ante la exigencia de información de Lara. Lo único que Rajoy deberá responder es la pregunta del socialista Pedro Sánchez en el pleno del Congreso del miércoles sobre cuánto han bajado los salarios desde que llegó a La Moncloa.
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