Al PP le sobra la ciudadanía

El magnífico artículo de Rosa María Artal sobre las mujeres del PP que les recomiendo leer sin demora, se complementa con las reflexiones de Kerman Calvo publicadas en InfoLibre y que reproduzco en parte para que se animen a leer todos sus argumentos. Dos trabajos fundamentales que ilustran la caverna que nos gobierna y toda la involución en derechos y civilización que nos quieren imponer. Quienes peor paradas salimos, como siempre, las mujeres, algunas tristemente retratadas en este papel tristísimo de aplaudidoras de un maltrato que atenta nuestra vida y dignidad. Pero algo tenemos que decir y oponer las otras mujeres, la inmensa mayoría, que tan duramente conseguimos escaparnos de la esfera privada de las “idénticas” para aguzar nuestros perfiles y nuestros derechos en la igualdad y la ciudadanía. ¡Que ningún Rajoy ni Gallardón de tres al cuarto, por más coros de la sección femenina revividos que los asistan, pueda vencernos!

PP y El PP y la confusión entre privilegios y derechos

Parece que nos atascamos un poco en la comprensión de las políticas morales, esas que regulan las decisiones personales de la gente y sus estilos de vida, y que están ganando un nuevo protagonismo en la España de Rajoy. ¿Por qué se propone excluir precisamente a las mujeres lesbianas del sistema público de inseminación artificial en España, cuando el ahorro anticipado de esta media es bajísimo? O, también, ¿por qué no se aprueba una ley nacional de parejas de hecho? Y, desde luego: ¿Por qué se propone una radical transformación de la legislación en el tema del aborto? Nos cuesta a veces encontrar el sentido a estas políticas por la sospecha de su posible dependencia del proselitismo evangelizador de líderes e Iglesias; quizás el fanatismo lleve a los gobernantes a tomar decisiones irracionales desde el punto de vista de la lógica política convencional. Podría ser. No obstante, sería un error insistir demasiado en estas posibles peculiaridades.

Sin ir más lejos, los votos también cuentan aquí. No es descabellado pensar que la propuesta del ministro Gallardón, que criminaliza de nuevo el aborto al recuperar su categoría como comportamiento ilícito salvo si concurren determinadas circunstancias, busque contentar al ala más conservadora del electorado del PP (ese grupo formado en torno al millón de ciudadanos que, según diversas estimaciones, constituiría el núcleo más duro del apoyo electoral del PP).

Pero voy a ir más lejos. Veo en el caso concreto del Gobierno actual del PP, y su nueva agenda moral, no un ejemplo de la peculiaridad de las políticas morales, sino de lo contrario. Pienso que la política del aborto, pero también la gestión de la dependencia o los ajustes en la cartera de servicios sanitarios básicos, por poner solo unos ejemplos, son todos síntomas de una misma enfermedad: al PP le sobra la ciudadanía.

Esto es radicalmente nuevo. Sorprenda o no, lo cierto es que, hasta fechas muy recientes, el PP raramente se había presentado en España como un obstáculo para la extensión de los derechos de ciudadanía, al menos en el plano de las representaciones públicas; los derechos eran sagrados, la ciudadanía modernizaba y conectaba con Europa. Nunca faltaba ciudadanía.

Permítanme que precise: no estoy afirmando que el PP no haya buscado excusas en el pasado para retrasar la extensión de muchos derechos, particularmente en el terreno de la moral sexual. Muy al contrario, este partido político ha demostrado sobrada pericia precisamente en buscar excusas para forzar tales retrasos. Lo que sostengo es que, ahora, se empieza a negar la existencia misma de tales derechos, cuestionándose, por lo tanto, la futura posición de los reclamantes en el seno de la comunidad política a la que se aspira a participar.

¿En qué me baso? Pues en la transformación de la postura del PP ante las quejas de diversos grupos sociales que insistían en que determinados comportamientos (abortar, divorciarse, contraer matrimonio entre dos mujeres, inscribir al hijo concebido por gestación por sustitución, etc.) estaban íntimamente asociados a la dignidad de la persona; es decir, eran derechos. En radical oposición a la postura de otros partidos conservadores en países como Estados Unidos, Francia o Reino Unido, la respuesta del PP, hasta momentos muy recientes, nunca fue negar la existencia de tal derecho (a divorciarse libremente, a cambiar de sexo en la sanidad pública, a imponer unas cuotas equilibradas de género en las listas electorales).

La abstención / oposición descansaba siempre sobre un argumento técnico; el matrimonio entre personas del mismo sexo, no era malo: era técnicamente inconstitucional. La ley de Igualdad no era mala, era técnicamente deficiente. La ley de parejas de hecho no era mala, era presupuestariamente inabarcable. Se buscaban, por lo tanto, excusas, no razones.

Pero ha llegado la hora del cambio. Empleando las palabras de Carmen Quintanilla (PP), en la actualidad presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, el Gobierno ve ya la necesidad de acabar con la “confusión entre derechos y privilegios”. Con otras palabras, parece que ha llegado la oportunidad de oponerse al reconocimiento de nuevos derechos como la mejor y única solución para determinados problemas. En el contexto actual, se afirma, se ha de distinguir entre lo que sí es irrenunciable en tanto que ciudadano y lo que, al parecer, no lo era (pero que se podía tolerar gracias a la bonanza económica y política).

El PP empieza a insistir en los límites de su modelo de ciudadanía, un modelo que jibariza la importancia de la extensión de derechos al supeditar tal medida a la evolución de otras variables, como la economía o las necesidades de “cohesión” del cuerpo social. Si uno presta atención a muchas declaraciones recientes, llega rápidamente a la conclusión de haber vivido “muy por encima de nuestras posibilidades”, también en el terreno de los derechos.

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Abuso de poder

Lo sufren en especial las mujeres, la infancia, las personas más desvalidas, dependientes… son las más acosadas, maltratadas y desposeídas. Son también las más pobres. Su malvivir pone más de manifiesto la cobardía y la banalidad del mal de los dirigentes que dicen gobernar. El despropósito es tan enorme y peligroso que la prensa internacional alerta, entre la denuncia y el horror. Lean por ejemplo en The Times lo que opina este periódico de referencia sobre el anteproyecto de contrarreforma de la ley del aborto. Pero no se trata sólo de un sinsentido ideológico y misógino que debería tratar mucho antes Gallardón en un diván de psiquiatra que no en un Consejo de Ministros. Ante los ojos de todo el mundo, la lista de proyectos de ley o decretos, aprobados o en curso, y los extemporáneos y falaces “argumentos” que los acompañan, nos está convirtiendo en una sociedad de súbditos en el margen, hundidos en tierras empantanadas. Pretenden que nos adaptemos al lodo, la falacia, el malestar y la mentira, dejando dignidad y razón en ello.

Raro es el día que no se atente contra algún derecho, hasta convertir la condición de ciudadanía en ya casi una burla: en decretos cocinados en bancos, obispados y consejos de administración nos privan de los servicios públicos fundamentales para vivir en calidad democrática, y bajo los efectos del shock, nos intoxican día a día con mentiras demostrables (de las que nadie responde: al contrario, en esa perversión tan nuestra de la democracia hemos aportado al mundo la figura #marcaEspaña del “desinputado”). Mientras, se degrada todo lo público y se transmuta lo laico en secta, volviendo a sojuzgar con ideología medieval sobre la vida de las mujeres.

Se explota, extorsiona, expropia y corrompe con la misma intensidad con la que pretenden culpabilizarnos por los efectos de sus rapiñas. Y también en eso hacen gala de su cobarde abuso de poder. Nos dicen que el sector público es “insostenible”, pero saben que lo realmente insostenible es cualquier sociedad con una enseñanza y sanidad públicas en deterioro, sin acceso universal, con una precariedad laboral creciente y unas tasas de paro inhumanas a las que condenan sus “reformas”, con capote rociero incorporado. Mientras avanza la superstición se deteriora oficialmente la investigación y la ciencia, y retornamos a los tiempos de cerrado y sacristía en los que era tan mal vista la funesta manía de pensar. Y cuanto más se deterioran los condicionantes económicos y sociales de nuestra vida, los servicios públicos que debería apuntalar la argamasa social y la convivencia se están convirtiendo en el botín que se reparten, no precisamente a partes iguales, los fondos buitre babelianos que caracterizan esta crisis-estafa, y los subasteros locales y demás compañeros de pupitre.

Con abuso de poder, el triunfo de este mísero capitalismo significa una precariedad rayana en el abismo para las personas con menos recursos porque también la justicia se convierte en un valor de cambio, sólo al alcance de quien pueda pagar un precio. Los principios de maximización (también de la avaricia) devoran al propio sistema, convertido cada vez más en una caricatura senil de sí mismo porque expulsa y margina a las personas más jóvenes que necesitan un mínimo de recursos y libertad. En una versión más lúcida, podría aprovechar para revitalizarse la capacidad intelectual y los esfuerzos de quienes tienen toda la vida por delante, pero en esta triste España de gaviotas y alzacuellos se les niega cualquier posibilidad de inclusión, desarrollo y futuro. Y esta no es una contradicción más.

Toca ahora, hoy mismo, comprometerse a NO repetir este año que comienza las humillaciones degradantes del pasado: sacar tiempo en la imposible concertación de trabajos y vida para la insumisión, la acción y la propuesta, y reclamar nuestro pleno derecho a la dignidad, al pan y a las rosas… Cuando el abuso de poder se convierte en una soga en el cuello de las mujeres, es urgente ponerse en pie. Y seguir en pie. Cuando el desconcierto -entre otras causas- impide reaccionar a organizaciones tradicionales (e igualmente imprescindibles) por la conquista y defensa de derechos de la mayoría, las mujeres tenemos un papel determinante y vital en la vanguardia plural, radical, insurgente, por otro mundo posible… y sin abusos.

 

La GOBERNANZA, “plan B” del neoliberalismo

Un amigo tan querido como inteligente, José A. Estévez Araújo, catedrático De Filosofía del Derecho de la U.B., ha publicado en Mientrastanto un texto imprescindible para tener las claves de parte importante lo que está sucediendo en Europa (y más allá). En especial, se atreve (y cómo se lo agradezco) a desmontar el mito de la “gobernanza” que los políticos y gestores de nuestra triste modernidad repiten como mantra para la “nueva, eficiente y democrática” gestión de lo público…. Y de eso nada. Dada la densidad y amplitud de su trabajo me he permitido resumirlo de manera esquemática en los siguientes puntos, a manera de aperitivo:

1.- La privatización y la desregulación, unidas a la denigración sistemática de lo público-estatal y la introducción de métodos empresariales en la Administración (la llamada “Nueva Gestión Pública”) han facilitado que se difuminase la distinción público-privado y ha puesto en bandeja el discurso de la gobernanza.

2.- Ha ayudado al discurso de la gobernanza el fracaso de las políticas neoliberales de los años ochenta con los funestos resultados de la desregulación y privatización de la Rusia de Yeltsin y los desastres en África denunciados por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina no les fue mejor. Todo ello condujo a que el Banco Mundial diera un giro neoinstitucionalista y a principios de los noventa, empezara a utilizar la expresión “buena gobernanza”.

3.- La “gobernanza” proporcionó un Plan B para el neoliberalismo tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal. La gobernanza significa el supuesto descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada, de la que la llamada “Tercera Vía” de Giddens puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas. (Ja!)

4.- El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados, nos dicen. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

5.- El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida.

6.- El discurso de la gobernanza no va dirigido, por tanto, a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado (al revés de lo que implica la Gobernanza) sigue teniendo sentido para ellos.

7.- La gobernanza podría resucitar, pervitiéndola, la concepción hegeliana de la sociedad civil. Frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado como un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos), la Unión Europea ha utilizado los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil” como un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas.

8.- A manera de ejemplo: Draghi, que se sepa, no se ha reunido con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (ni el Parlamento Europeo aceptó interesarse, a instancias de Dempeus per la Salut Pública, por la privatización y degradación de la sanidad en España) pero utiliza el discurso de la gobernanza para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. (Expulsando las organizaciones que sí serían las herederas legítimas de la sociedad civil, se abre a las instituciones mercantiles y financieras para hacer transitables y viables sus intereses de saqueo de lo público.)

Ejemplos apabullantes e indignantes, y muchos más argumentos, en el texto completo de J.A. Estévez Araujo en Mientrastanto.

 

Reacciona ante la corrupción (o nos suicidan como ciudadanía)

Llevo unos días sin actualizar mi blog y los temas se acumulan. Tanto como el asco por quienes dirigen esto que llaman “política económica” y no es más que la estafa organizada y sistemática. Tanto como inspiran las actuaciones de los más altos dirigentes del PP que miran sin ver,  oyen sin escuhar, y nos quieren transmitir mensajes imposibles de aceptar. Su desprecio por nuestra inteligencia es infinito: ni sienten ni padecen, y se les ve a sus anchas, chapoteando entre mentiras, mientras sube el nivel de la letrina. Nuestra democracia era, como sabíamos, de muy baja intensidad. Ahora cada vez es más evidente que se está convirtiendo en una cleptocracia. Y o reaccionamos y nos defendemos (y con ello un futuro de democracia a los que están llegando y a los por venir) o nos suicidamos como ciudadanía. Y como siempre, las mujeres y los niños, primero. La podredumbre viene de muy atrás, pero, a modo de resumen, les remito a unos párrafos que escribí para Reacciona,  harta hoy de oír “no me consta en diferentes tonos (e incluso idiomas). En el párrafo sobre  paraísos fiscales, corrupción y  corruptores:
“No  fue demasiado original Carlos Solchaga cuando, inmerso en el proceso de reconversión y privatización, dijo algo así como que “España era el país en el que uno podía hacerse rico más rápidamente”. Como comentaba Michael Krätke , seguía la consigna de la gran burguesía francesa de la  primera mitad del siglo XIX: “Enrichissez vous!” (¡Enriquécete!), un programa imbatible en su genial laconismo que no perdió poder de convocatoria. También los que escucharon atentamente a Solchaga podían creer que prestaban un servicio inestimable a la patria moderna y modernizada mientras sus cuentas corrientes engordaban. Sin embargo, esta moral abrió las puertas de la corrupción. Krätke se apoya en la literatura para resaltar que buena parte del atractivo de las novelas de Flaubert y de Balzac va más allá de sus innegables méritos literarios: nos enseñan cómo el capitalismo socavó la sociedad civil. (…)

Desde Marx sabíamos que el capitalismo ha sido desde sus comienzos una economía de la expropiación, pero con el paso del tiempo ha refinado su engaño, su “creatividad” financiera, ha perfeccionado la capacidad de compra o chantaje de los lobbies, la compra de medios de comunicación, de sindicalistas, ONG’s  y políticos, aumentando la desazón y la sensación de  estafa que aleja  las personas de la política. Como afirma Krätke, el capitalismo de nuestros días tiene las manos sucias: es la corrupción cotidiana, el fraude sistemático, el crimen internacionalmente organizado.”

Y hoy tenemos en la prensa este buen compendio de los casos más candentes de corrupción (entre otros muchos que se pdorían recoger):

Los diez casos de corrupción que empañan la actualidad política

Bárcenas, Urdangarin, Correa y Muñoz. (ARCHIVO)

Los diez casos más importantes de corrupción que investiga la Justicia en la actualidad y que gravitan a diario sobre la actualidad política, como el ‘caso Gürtel’ en el que han sido descubiertas cuentas millonarias del extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, son los siguientes:

Caso Gürtel

Supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.

Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama Gürtel; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la “causa de los trajes”), y el exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas (que llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza).

Caso Palma Arena

Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) de 2003-200, ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas.

Matas fue condenado en 2012 a seis años de prisión  En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos. Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.

Caso Nóos

Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma.

En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su exsocio Diego Torres, los dos principales acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto de responsabilidad civil derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. El juez ultima la instrucción, que no tiene todavía fecha de juicio.

Caso Palau de la Música

La causa abierta en 2009 por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus exresponsables Fèlix Millet y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunyaa (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de sentencia.

En esa investigación judicial por el presunto desvío de fondos del Palau, ya casi ultimada, permanecen imputadas una veintena de personas, entre ellas los saqueadores confesos del Palau, pero también cargos de CDC, como su extesorero Daniel Osàcar o el exsecretario de Comunicación de la Generalitat Marc Puig, así como un exdirectivo de la constructora Ferrovial.

Caso ITV

Un juzgado de Barcelona investiga desde el año pasado una presunta trama empresarial que supuestamente intentó amañar los concursos de concesiones de ITV en Cataluña, en la que está imputado el exnúmero 2 de la Diputación de Barcelona Josep Tous, además del subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, junto a tres empresarios del sector.

La Fiscalía podría imputar a Oriol Pujol La juez instructora está a la espera de que la Fiscalía decida si solicita la imputación de Oriol Pujol, al que un informe de la Agencia Tributaria sitúa como “colaborador necesario” de la red de empresarios, para en su caso remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al tratarse de un aforado.

Operación Malaya

Investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella. Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta las elecciones de 2007.

En esta ‘operación Malaya’ se juzgó desde septiembre de 2010 a 95 personas supuestamente implicadas en la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español, entre ellas, al exalcalde Julián Muñoz y al cerebro de la trama y exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca. En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente de sentencia.

Los ERE fraudulentos

El caso saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; un exviceconsejero, tres directores generales y dos exdelegados provinciales de Empleo.

La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó “fondo de reptiles”, que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero público.

Operación Pokémon

Comenzó en un juzgado de Lugo en septiembre de 2012 e investiga la existencia de una supuesta trama para la obtención de concesiones y contratos públicos de manera presuntamente irregular en varios ayuntamientos gallegos.

El número de imputados supera la treintena, muchos de ellos políticos. El último, en Santiago de Compostela, el alcalde Ángel Currás (PPdeG), imputado pero sin medidas cautelares, la misma situación que tiene actualmente su homólogo en Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSdeG), que además es presidente del PSdeG. Además figura también acusado el exalcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSdeG), que dejó el cargo.

Operación Campeón

En esta operación, que se inició en 2011, se investigan presuntos delitos de fraude en subvenciones públicas. La instrucción está a punto de llegar a su fin, después de más de año y medio de diligencias para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.

La investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNGEl principal acusado en esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel, pero la investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el exministro de Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el exdiputado autonómico del PP Pablo Cobián y el exconselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.

Caso Cooperación

Se investiga la supuesta malversación, entre 2008 y 2011, de fondos del Gobierno valenciano destinados a proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG que supuestamente consiguió y desvió las ayudas por unos seis millones de euros concedidas para iniciativas en Guinea, Haití y Nicaragua.

Por este caso está encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el exconsejero de Solidaridad Rafael Blasco. Posteriormente, el exconsejero de Hacienda José Manuel Vela y el ex interventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, fueron imputados por posible revelación de secreto en relación a un informe que encargó el juez sobre estas ayudas y que al parecer podría haber sido facilitado a Blasco.

 

Porque la sanidad no se vende, se defiende, hoy #QuerellaBoi

Esta mañana, seis asociaciones ciudadanas han presentado una querella criminal ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Conseller de Sanitat y otros altos cargos.

El dia 19 de novembre de 2012, La PARS, La Lliga de la Síndrome de Fatiga Crònica, Attac Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y DEMPEUS per la Salut Pública han presentado una querella criminal contra Boi Ruiz y su equipo del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Consideran que Boi Ruiz y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del Código Penal referidos impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art. 542), a la omisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias (art. 428) y las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos (art. 441). Esta querella es un segundo paso en lucha para denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El fiscal reconoció el daño causado a los ciudadanos por las decisiones del Departamento de Salud, sin embargo decidió no investigar estos hechos. Por ello, las entidades querellantes han decidido continuar investigando y presentar nuestra denuncia ante el TSJC. El peligro en que hoy se encuentra el derecho constitucional de protección de la salud es notorio en Catalunya. Los ciudadanos y ciudadanas que firman esta querella son conscientes de que el sistema sanitario puede verse afectado por la crisis económica que la sociedad está sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los altos cargos que denuncian provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Hay datos objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico otorga el carácter de derecho de las personas a ser operadas en un tiempo máximo de 6 meses. Este derecho, en concreto, ha sido vulnerado sistemáticamente como consecuencia de las decisiones de los altos cargos de la Generalitat de Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de delictivas.

Los problemas económicos de nuestra sociedad no pueden servir de justificación para impedir que los ciudadanos ejerzan los derechos regulados por Ley

La legislación permite reducir presupuestos, reorganizar sistemas o potenciar ciertos sectores económicos en función de la línea ideológica de cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se apliquen pueden llevar al impedimento del ejercicio de derechos, como es el derecho a la protección de la salud que la Constitución instaura en el artículo 43 y desarrolla en otras leyes, incluido el Estatut d’Autonomía de Catalunya. Los límites los pone la ley y el consejero y su equipo les habrían sobrepasado con conocimiento de causa. Sin embargo hay indicios de que el Departamento de Salud estaría manipulando, y en algunos casos ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto en la opinión pública de los datos reales y, lo que sería más relevante judicialmente, quizás para disimular conductas delictivas como las que denunciamos en nuestra querella. La respuesta de la ciudadanía apelando a los tribunales es obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de garantizar los derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no pueda ejercerlos, cuando hay indicios de que no están cumpliendo la ley al elaborar la información pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos que mueren por no poder ser atendidos en centros sanitarios que han cerrado, cuando hay sospechas de que se utilizan estrategias estadísticas para esconder datos oficiales a la ciudadanía, cuando los altos cargos de la sanidad pública tienen simultáneamente altos cargos en el sector sanitario privado, cuando podrían estar utilizando la legislación de manera interesada para favorecer el sector privado, cuando hay informaciones que dicen que el propio conseller preside una empresa de servicios sanitarios privados, o cuando ha salido a la luz que la mujer del consejero ha sido recientemente contratada en una corporación sanitaria pública para realizar tareas de gestión, la Corporación Parc Taulí de Sabadell, mientras se está reduciendo el personal sanitario.

La corrupción no acabará hasta que no acabemos con la impunidad. Los organziaciones querellantes apelan al resto de la ciudadanía para que colabore a eliminar el sentimiento de impunidad que está instalado en los despachos de los altos cargos de la Generalitat, a los que ni siquiera se les pasa por la cabeza que sus actos puedan tener consecuencias penales. Por ello invitan a cooperar de diferentes formas, principalmente aportando información. Están trabajando en un canal de comunicación seguro y que garantice la confidencialidad de cualquier persona que participe.

En la querella, que consta de 80 páginas que componen el cuerpo y de más de 400 páginas de anexos, manifiestan que, sin entrar en el debate sobre sanidad pública versus sanidad privada, es inadmisible que los ajustes presupuestarios o los cambios de modelo se hagan a costa de imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados por ley para después, supuestamente, volver a recuperarlos. El conseller no tomó las medidas suficientes y necesarias que tenía a su alcance para corregir la situación caótica que había provocado, sea por ignorancia, incompetencia o interés. Las organizaciones que presentan la querella piensan que es por el tercero motivo. El conseller y su equipo, a pesar de saber que incumplirían la Ley, siguieron tomando decisiones que justificarían aún más la imposición de las penas relativas a los delitos que denunciamos.

El derecho a la salud es uno de los pilares básicos del Estado Social, y el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente, la base del Estado democrático de derecho.
Esta es la # SorpresaSanitat que os anunciamos ayer en Twitter.

 

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Y  recuerda también el estreno del documental “La salut, el negoci de la vida” del SICOM, y la vigilia por la sanitat.

Visto y traducido de Dempeus per la Salut Pública.

 

Declaración ciudadana ante la Estafa de la Deuda:

Porque si no haces nada, ellos harán lo que quieran, me sumo a las muchas personas que invitan a  firmar aqui esta declaración contra la estafa de la deuda pública:

Declaración ciudadana ante la Estafa de la Deuda Publica

NO VAMOS CONSENTIRLO
BASTA YA DE POLÍTICAS IMPUESTAS A LOS PUEBLOS
NI UN RECORTE MÁS DE DERECHOS
ALTO A LA ESPECULACIÓN FINANCIERA
POR UNA DEMOCRACIA REAL YA
… PORQUE NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLITICOS Y BANQUEROS

Los llamados “mercados”, que no son otra cosa que los grandes poderes financieros, las empresas multinacionales como Telefónica, que despiden a miles de trabajadores cuando ganan miles de millones de euros, o los bancos, que están en las esquinas de nuestras calles y juegan al casino con nuestro dinero, no dejan de atacar a los estados europeos y están a punto de hundir a nuevos países como Italia o España, después de haberlo hecho con Grecia, Irlanda o Portugal.

Ellos crearon la crisis, por culpa de ellos se endeudaron los estados y ahora aprovechan la coyuntura para imponer a los pueblos su propio rescate como si fuera el de las naciones a las que están a punto de arruinar.

Nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las edades y condiciones, jóvenes maduros, empleados o parados, de todas las corrientes ideológicas y simplemente amantes de la justicia y la democracia real y enemigos de la mentira y de la avaricia

DECLARAMOS:

– Que rechazamos las políticas que se vienen aplicando, que no significan sino recorte de derechos sociales en beneficio de la banca y las grandes empresas y que no tienen nada que ver con las necesarias para crear empleo y salir de la crisis.

– Que hay que poner fin a la especulación financiera contra los estados soberanos y que para ello reclamamos a las autoridades europeas y especialmente al Banco Central Europeo que impidan que se sigan produciendo, simplemente controlando urgentemente los movimientos de capital, dejando de prestar dinero gratis a la banca si no es con la firme garantía de que se utiliza para financiar a las economías y estableciendo inmediatamente un impuesto sobre esos movimientos financieros especulativos que los disuada para siempre. Hay que garantizar que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente crean empleo, creando una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorros.

– Que Europa no puede construirse ni tiene futuro si no es sobre la democracia real y que el sometimiento y la complicidad actual de los gobiernos ante los poderes financieros es indigno y suicida.

– Que no vamos a aceptar que se tomen en España más medidas de recorte de derechos y sociales y menos aún que se proceda a otro falso “rescate” como los que se han realizado en otros países y que solo han significado dar dinero del pueblo a la banca que ha creado la crisis. Y que vamos a exigir por todos los medios que la crisis la paguen quienes la han provocado.

Y al firmar esta declaración manifestamos expresamente NUESTRO COMPROMISO PERSONAL EFECTIVO DE DEFENDER EN LA CALLE, EN LA RED Y DONDE HAGA FALTA las conquistas sociales que tanto ha costado alcanzar, de ejercer el legítimo derecho a la desobediencia civil cuando las medidas políticas se toman a las espaldas del pueblo sin dejar que éste se pronuncie, y que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que los bancos y banqueros, que son los verdaderos culpables de la crisis, paguen el daño que han hecho a la sociedad.

Página de referencia: Declaración Deuda. Democraciarealya.es

 

El indigno truco del co(re)pago

La prensa de ayer se volcó en el tema del copago, y en el blog de Dempeus per la Salut Pública se recogió, cara a la Jornada del día 10 –a la que valdrá la pena acudir para oír argumentos cívicos, lúcidos, solidarios, es decir, completamente distintos– lo fundamental. 

En Catalunya, el PSC (en el gobierno) se declara a favor del co(re)pago y ya lo ha incluido en su póximo programa electoral (lo cual no quiere decir que si pueden, lo impongan antes) porque  Geli defiende el copago sanitario en función de los ingresos, y CiU (en la oposición)  también: CiU cree que es momento de hablar de copago sanitario  (¿será el copago un vínculo de unión de esta sociovergencia que nos amenaza?).

En Galicia el PP en el gobierno dice estar en contra Sanidade descarta el copago sanitario y opta por reducir el gasto en farmacia, pero en ABC lo justifican porque otros lo hacen Media Europa con copago sanitario.  Público es el único periódico que aportó razonamientos contrarios gracias a Sebastián Serrano,  y que vale la pena compartir: El truco del copago.     

Las medidas de recorte tomadas por el Gobierno han abierto (de nuevo) la caja de Pandora de la “sostenibilidad” de la sanidad pública, y aunque hace 20 años que se habla de copago, nadie se había atrevido a proponerlo tan abiertamente  –a excepción de la Consellera de Salut de la Generalitat que siempre que puede lo anuncia e incluso montó la comisión Vilardell, entre otras cosas,  para justificarlo.  Hasta ahora, sin embargo,  el Ministerio de Sanidad se oponía a la medida, aunque al parecer el PSOE como partido (y el PSC en Catalunya) apoyan el copago,  y aunque intentan disfrazarlo como una medida justa, en función del nivel de renta de los usuarios, de paso y como quien no le da importancia, intentan “colar” una desgravación en la declaración de la renta para los ciudadanos que cuenten con una mutua privada. ¡Qué justicia es esa, que pretende que paguen (repagen) por la sanidad pública los más desfavorecidos, y en cambio los que tienen una seguro privado de sanidad se les desgrava! ¿A quien quieren engañar?

CiU, la oposición que se llama a sí misma responsable, aprovecha la coyuntura y defiende sus intereses, que coinciden claramente en el campo de la sanidad privada con los de la burguesía catalana: Se apunta al copago y propone adelantarlo ¡antes de que Europa nos lo exija! En una entrevista concedida a Europa Press, Duran justificó la conveniencia de estudiar estos asuntos con el objetivo de “corregir algunos defectos de una sociedad de bienestar”  que, a su juicio, en la actualidad es “insostenible” porque durante mucho tiempo “hemos vivido como ricos, mucho más de lo que somos”.

Coyunturalmente el PP, al menos en Galicia, se manifiesta en contra del copago, ya sabemos que ahora (y siempre) desde la oposición están en contra de todas las medidas que toma el gobierno central, aunque el defenestrado Consejero Güemes de la Comunidad de Madrid (PP) escuchaba embelesado las razones que desgranaba Marina Geli (PSC) . Sin embargo, parece claro cual sería la postura final que se adoptaría si el PP gana las elecciones  elecciones generales, ya que el copago no puede dejarse al margen de las embestidas privatizadoras en sanidad que se vienen produciendo, desde hace tanto tiempo, en las Comunidades donde el PP gobierna, y en especial en Madrid y Valencia.

Es cierto que IU y ICV-EUiA siempre se han manifestado contra el copago, y Gaspar LLamazares como Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, ha jugado un papel activo en contra del copago y en contra de la privatización de la sanidad pública. Pero con sólo 2 diputados en el Congreso, no se pueden hacer milagros.

Por último queremos comentar también los argumentos aparentemente asépticos que maneja el artículo de ABC, en el sentido de que en media Europa ya está en marcha una forma u otra de copago (¡como aquí, no te fastidia!)… pero es que no se trata de dejarlo como está: se trata de avanzar en la desigualdad y en la exclusión de las personas con menores recursos…

Por tanto, ante los sobados argumentos de ABC, una visita al refranero: “mal de muchos, consuelo de tontos”, y no nos sirven. En segundo lugar cada país tiene distintas formas de financiar la sanidad pública y lo que si podemos compar es el porcentaje del PIB por habitante que se destina a sanidad, y sobre este punto en España estamos por debajo de la media europea…  y muy lejos de los países mejor posicionados. Y en tercer lugar, la sanidad pública en España no es gratuita, como pretenden hacernos creer, ya la hemos pagado con nuestros impuestos y lo que pretenden es que los enfermos vuelvan a pagar. 

Como dice Serrano:

“De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Este propósito del comunismo libertario, que Marx recogió en una de sus obras, no ha cosechado éxitos como sustentador del conjunto de las relaciones económicas, pero sirve de inspiración para los mejores logros del Estado del bienestar, incluidos sus sistemas sanitarios.”  (seguir leyendo….)

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Ver también: Argumentos contra el copago

 

Ciudadanía, Pacto y Salud

Ciutadania, Pacte i Salut

En nom de Dempeus per la Salut Pública el proper divendres, 26 de febrer presentaré aquest text  –àmpliament consensuat amb la gent més activa de Dempeus–  en la Jornada de Salut organitzada pel grup IU-ICV i la Fundación Europa de los ciudadanos:

Quisiera agradecer la invitación a compartir reflexiones en torno al Pacto por la Sanidad y explicar nuestro enfoque sobre sus retos. Dos pequeños apartados sobre Dempeus per la Salut Pública: se trata de una organización ciudadana en la que participan, al lado de profesionales de la sanidad, ciudadanos y ciudadanas que trabajan y estudian en la Universidad, que constituyen las organizaciones de ayuda mutua, que militan y trabaja en sindicatos de clase, en asociaciones de vecinos, y a su lado pequeños empresarios y empresarias, profesionales de diversas especialidades… Seguramente pensarán que es un barco difícil de manejar, pero les aseguro que hasta el momento la fórmula –arriesgada—no ha podido tener más éxito. En el poco más del año de vida que llevamos podemos afirmar que nuestra identidad se ha afirmado y hemos podido intervenir en numerosos actos, Jornadas, reivindicaciones. Y nuestro blog está consiguiendo un número muy gratificante de repercusión y de visitas.

Entrando en materia sobre lo que esta mañana nos reúne, desde la óptica de “Dempeus per la Salut Pública” creemos que el primer reto de la sanidad en España consistiría en abrir puertas y ventanas que expandan el recinto más estricto de la sanidad hacia una comprensión de la salud construida y analizada desde sus determinantes. Desde “Dempeus per la salut pública” se entiende como reto principal subsanar desigualdades, en algunos casos, invisibles, y su repercusión en la equidad. En ese sentido les pido lean y se adhieran (si lo creen conveniente) a nuestro Manifiesto que se adjunta al final.

Si me permiten un pequeño excurso, les confesaré que hace algunos años me impresionó el lema de la Librería de Mujeres de Milán que proponía “Hacer más civil la civilización, y más humana la humanidad”. Esta propuesta tan ambiciosa — dados los tiempos que corren—y tan inclusiva — si se tiene en cuenta que viene de un movimiento que se quiere presentar como unidimensional– hace más firme cualquier trenzado de ideas o propuestas donde intervengan mujeres y hombres, progreso y paz, derechos de ciudadanía y los trabajos que representan una actividad necesaria para la vida al margen de su régimen contractual, y lo que aquí nos reúne: la atención sanitaria… y la salud.

Si entendemos por “civilizar la civilización” una ampliación constante, firme y en alzado de todos los derechos: políticos, sociales, económicos incluidos los de “cuarta generación”, debemos reconocer que uno de los campos más minados para su avance es precisamente el de la sanidad. Y si hablamos desde la salud, nos daremos cuenta de que es incluso un deber de civilización denunciar las violencias y distorsiones que está implicando el laminado de los derechos de ciudadanía, desde la transmutación de lo público en privado con especial privación de las mujeres de tiempos y duplicación de trabajos, hasta la vulneración manifiesta de Derechos Humanos que se dicen aceptados por tantos países pero que decaen al anteponerse, y en el campo de la sanidad en especial, intereses comerciales ajenos a las necesidades de vida, salud, nutrición y autonomía de la propia sociedad.

¿Cómo podemos desde la ciudadanía abordar esos retos y aportar algo positivo a un Pacto que signifique más igualdad entre las personas y mayor nivelación entre CCAA, y que ayude y promueva al mismo tiempo la salud –y la equidad económica y social tan necesaria para la misma— como la forma natural y humana de vivir? Desde “Dempeus per la salut pública” pensamos que un buen método puede consistir en hacer un sumatorio potente de las reivindicaciones “parciales” en salud, trascendiendo el horizonte natural de aquéllas que se agotan en el tiempo y el espacio si no se vinculan con luchas hermanas, con las que comparten el mismo ADN civilizatorio… pero que se quieren interesadamente separadas.

¿Qué podemos aportar nosotr@s? No creo necesario decirles que entendemos la salud en un sentido positivo: una manera de vivir autónoma, plena, solidaria y armónica con uno o una misma, con el resto de las personas, con la tierra y todo el entorno. Pero dado lo ambicioso del desafío, nos centramos en tres objetivos fundamentales:

1. – La defensa del carácter público del sistema nacional de salud. En forma argumentada desde el rigor científico y el interés colectivo, la justicia social, la justicia política y la oportunidad del momento, defendiendo la universalidad y la calidad del sistema público de salud.

2. – Participación social, “empoderamiento” y co-decisión, incorporando el gran abanico de potencialidad de la sociedad civil organizada, organizaciones que trabajan en el día a día y grupos de ayuda. La salud, naturalmente pública por esencia y concepción, sólo puede serlo si incorpora estos agentes sociales sin preconceptos. Sinceramente creo que esta Jornada de Izquierda Unida y de la Fundación de Europa de los ciudadanos (y las ciudadanas) no hubiera encajado del todo en el suelo de la realidad si alguna asociación surgida realmente desde la ciudadanía (en este caso, “Dempeus per la salut pública”) no pudiera contribuir desde sus propias reflexiones.

3. – Enfoque interdisciplinario y de calidad de las nuevas patologías emergentes, muchas de ellas relacionadas con la violentación química de la naturaleza y la violación psicológica de una manera de vivir en sociedad que enferma a las personas. Las mismas causas que provocan el cambio climático y hacen enfermar los campos y envenenan las aguas y el aire, crean también nuevas formas de enfermedades.

Y sobre este punto quiero insistir en los retos del Pacto. Creo que hoy todo el mundo está advertido que hay enfermedades y servicios (carteras de servicios, los llaman) que se quieren privatizar… y se privatizan. Pero en cambio, poca gente es consciente de que hay enfermedades y servicios que han nacido “privatizados”. Les pondré un ejemplo: No es que en Catalunya no se entienda que se tiene que cumplir la Resolución derivada de una ILP para una mejor atención de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica que en su momento reunió más de 140.000 firmas de apoyo. No es que nadie niegue que dicha Resolución fue votada de manera unánime por todo el arco parlamentario (aunque no se cumpla), que nadie lo niega. Es que con el mandato parlamentario se ha puesto de relieve que llevamos el acuerdo político al centro mismo de la disputa entre sanidad pública y privada, y conseguimos que la política digna, humana, atenta con las necesidades de las personas con menos recursos disputaran y ganaran sobre el papel, en buena lid, a un granero de honorarios privados que se alimentan de unas enfermedades que el malestar de la civilización hizo emerger… cuando las políticas neoliberales en sanidad estaban afianzando su terreno a cambio de mayor desigualdad, abandono, riesgo, dolor y muerte.

Y en esta disputa todavía andamos, cuando se van a cumplir los 2 años de su aprobación, aunque el plazo de cumplimiento ofrecido por el propio Parlamento era de un año. El conflicto de intereses entre política y economía repercute en un conflicto ejemplar entre el incumplimiento del mandato parlamentario y las necesidades de una parte importante de la población, dañando la democracia. Y lo que esto significa creemos que es también material de estudio para el Pacto de la Sanidad que nos ocupa.

Yendo y viniendo desde la sanidad a la salud, encontramos una constante: que la economía de las empresas pasa por delante de las necesidades y la salud de las personas. Desde la vertiente de salud alimentaria podríamos denunciar la política de tierra quemada y envenenada de Monsanto. Y desde enfermedades concretas como las que he mencionado podríamos dar también nombres de laboratorios y medicamentos (la Lyrica de Pzifer, por ejemplo) que, diciendo ser un remedio, han llevado a muchas personas a la desesperación y al suicidio. Por eso nosotros no aceptamos que se pongan barreras entre la atención sanitaria, la formación del personal que trabaja en sanidad y la investigación. Y creemos necesaria además una amplia transversalidad social y de políticas, en el sentido en que fue invitado a actuar el M. de Sanidad por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS el pasado mes de mayo.

En la medida que “Dempeus per la Salut Pública” es una organización ciudadana que entiende y defiende cualquier ataque privatizador o amputador de la salud como un acto lesivo para la equidad y los derechos de las personas, nos pronunciamos por la nivelación al alza entre CC.AA en los servicios de sanidad por lo que a atención, formación e investigación se refiere.  Insistimos, para evitar que se instrumentalice lo facilón de atizar bajas pasiones entre Comunidades (que significa enfrentamiento entre personas y en este caso, mucho peor, entre personas enfermas) la nivelación no debe ser de mínimos, sino de máximos, rescatando para el sector público todas las rapiñas, marañas, nebulosas o descarados actos de saqueo que se hayan cometido hasta la fecha, en grado diverso, en las distintas Comunidades. Y de manera especial exigimos que las nuevas enfermedades emergentes generadas en buena medida por nuestro desequilibrado y falso progreso y que detectan de manera especial las personas más sensibles y vulnerables, sean incluidas en todos los protocolos, catálogos, listas, carteras de servicios, unidades, especialidades, planes de investigación, innovación y desarrollo públicos, para que los derechos de ciudadanía no se detengan y desaparezcan, de repente y como por ensalmo, cuando una persona cae enferma de fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica o de sensibilidad química múltiple.

Y denunciamos, de manera especial, los “sofisticados” instrumentos que invitan a la privatización, como unas listas de espera absolutamente inhumanas en el sector público para la atención de determinadas enfermedades que tienen, además, el agravante de que –al ser aceptadas como “normales”—trivializan la enfermedad… ¡Cómo puede ser grave o invalidante  (o incluso existir)  una enfermedad que en los servicios de salud públicos le dan hora de visita para el especialista o la Unidad Hospitalaria para dentro de dos años!

Sin embargo, estas enfermedades tan maltratadas –entre otras, pero esas también, y en lugar destacado—nos indican no sólo el mal camino de nuestro supuesto progreso económico, sino también las claras limitaciones de nuestras políticas y el desmesurado y opaco poder de un sector privado de la sanidad con el que sólo se llega a acuerdos a costa de un incremento de los costes económicos y sociales, mayor riesgo, y abandonar sin derecho a una atención de calidad y en el sector público de salud a las personas que más los necesitan.

Resumiendo, nuestras propuestas a este Pacto serían:

 

1)      Necesidad de que la ciudadanía participe activamente en el Pacto aportando su visión y proponiendo señales de alerta, indicadores de mejora y control de ejecución. En este sentido, insistimos en una participación crítica y empoderada, no en una participación subordinada y obsequiosa con el poder establecido.

 

2)      Visibilidad e inclusión de enfermedades, en especial las emergentes, que no son reconocidas o no están incluidas en los servicios públicos del Estado del Bienestar.

3)      Precaución extrema ante las empresas privadas del sector por todo lo nefasto que implican: privatizaciones, incremento del gasto, perjuicio en equidad, insuficiente control sanitario, marginación de personas, desplazamiento de necesidades, etc. En ese sentido, estamos por la derogación de la Ley 15/97.

4)      Integración máxima de la atención, formación e investigación en salud.

5)      Nivelación de máximos de las CC.AA. en materia de sanidad, excluyendo en todas ellas cualquier tipo de RE-pago o incremento de co-pago. La financiación de la sanidad debe proceder de un sistema de impuestos progresivo, vía presupuestos.

Muchas gracias.

Dempeus per la salut pública
Madrid, a 26 de febrero del 201

 

El futuro del sistema nacional de salud visto por IU

Bueno, esta semana mi blog se parece bastante a un tablón de anuncios, pero me importa poco si lo que traduce es una preocupación explícta por temas sociales y que afectan a la ciudadanía desde distintas vertientes. Hace unos días anunciaba una Jornada de Salud y Determinantes Sociales en Europa que se celebrará a finales de este mes en Barcelona. Pero es que en Madrid, el día antes, 26 de febrero, y bajo el auspicio de nuestros Diputados en el Congreso de los Diputados, y en especial de Gaspar Llamazares, Presidente de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, tiene lugar la Jornada del grupo de IU-ICV

Inaugurada con parlamentos de Cayo Lara (I.U) e Inés Sabanés (Fundación por la Europa de los Ciudadanos) , contará con dos mesas de debate. En la primera, que versa sobre los Retos del Sistema Nacional de Salud: Pacto por la Sanidad intervendrán Gaspar Llamazares, Allyson Pollock, Profesora de Política Internacional en Salud Pública. Universidad de Edimburgo Ángel López Díaz (Técnico de Salud Gerencia de Atención Primaria SESPA), Javier Rey del Castillo (Médico Inspector. M. de Sanidad y Política Social) Luis Ángel Oteo (Desarrollo Directivo y Gestión Servicios Sanitarios Instituto de Salud Carlos III) Antonio Cabrera, Secretario General de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO., Pilar Navarro Barrios, Secretaria Federal Sector Salud de UGT y yo misma, Àngels Martínez Castells, en nombre de DEMPEUS per la Salut Pública.

La segunda mesa de debate tratará del tema del Estado autonómico: modelos de gestión y privatizaciones y contará con Joan Herrera Torres, Sally Ruane, Economista y Subdirectora del Centro de Investigación en Políticas de Sanidad de la Universidad de Montford de Leicester (Reino Unido) José Manuel Freire (Jefe del Dpto. de Salud Internacional. Escuela Nacional de Sanidad-Instituto de Salud Carlos III) Ángel Menéndez Rexach (Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad Autónoma de Madrid, Marciano Sánchez Bayle (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública) Joan Ramon Laporte (Catedrático de Farmacología y Terapéutica de la UAB) y José Alfredo de Juan (Médico y Coordinador del Área de Sanidad de IU Federal) concluirá con la propuesta de IU.

Habrá tiempo también para debate y conclusiones, y el relator será Pedro Chaves (Director Fundación por la Europa de los Ciudadanos).

Para asistir a esta jornada es preciso inscribirse con nombre, apellidos y DN, antes del 25 de febrero a través del correo electrónico: asistente.sanidad@sgral.congreso.es , o al fax número 91 390 71 71.

 

¿PUEDE SOBREVIVIR LA DEMOCRACIA AL CAPITALISMO FINANCIERO?

Una de las respuestas obvias que no pueden faltar a la pregunta sobre la quiebra de la cultura democrática es el progresivo sometimiento de la política a la economía. En el proceso se han ido generando tensiones sociales y políticas, pero sobre todo se ha ido retorciendo en la explicación de la realidad, haciendo casi imposible no tropezar una y otra vez con los reflejos distorsionados de los espejos deformantes. Buena parte del montaje académico de la tergiversación se debe a la escuela de la Public Choice, galardonada con el Premio Nobel de Economía en 1986 en la persona de James Buchanan “por su desarrollo de las bases contractuales y constitucionales para la teoría del proceso de las decisiones económicas y políticas”

En tanto se iba afianzando el poder económico, monetario y militar de los Estados Unidos en Europa después de la II Guerra Mundial – con ayuda del Plan Marshall y el silencio sobre la extensión progresiva de las bases americanas– se procedía a la implantación de las políticas de bienestar que no trató a las mujeres en pie de igualdad. El proyecto beveridgiano que pretende acompañar al ciudadano “desde la cuna hasta la tumba” cuenta con el papel subalterno de la madre, esposa, e hija al lado del bebé y del enfermo disponiendo para ello de subsidios, ayudas por maternidad e hijos y compensaciones por rescisiones de contratos que apartarán a muchas mujeres del mercado de trabajo, o bien situarán a otras muchas en una posición inestable con pérdida de derechos económicos, en tanto se las instala en una precariedad precursora de la que después se postulará para el conjunto de asalariados y asalariadas. Con la complicidad remanente del código napoleónico, la manera que economía y política tratarán a las mujeres incidirá de forma clave en el propio desarrollo de la economía y la democracia de las naciones, como ha demostrado sobradamente con sus trabajos Anne Marie Daune-Richard (1991), comparando la evolución de Francia y Suecia a partir de los años 40 hasta este milenio, entre otras investigadoras.

Las ideas de Hayek permanecieron latentes y aparentemente estériles hasta la crisis económica de los setenta cuando empezaron a emerger las voces multiplicadas –cada vez más fuertes y atrevidas– a favor del Estado mínimo privatizador que debía amputar sus funciones de redistribución progresiva y abandonar las transferencias que aseguraban tanto las rentas en los tiempos de crisis como la necesaria Demanda solvente. Las honras fúnebres de las políticas keynesianas se celebraron con incrementos constantes de la inestabilidad y de las tasas de paro, y un factor añadido importante: por primera vez en la fase ascendente del ciclo económico los salarios no aumentan su participación en la distribución factorial de la renta. Este hecho nuevo significa ya el embrión explicativo de la gravedad de la crisis que atravesamos.

Al estancamiento de los salarios se unirá un fenómeno social de lectura doble: La mayor presencia de las mujeres en todos los ámbitos educativos, en especial en las Universidades, se traducirá en una mayor proporción –y visibilidad— de las mujeres en la población activa, con el afianzamiento y extensión de sus derechos individuales, sociales y económicos.