Obama, entre Clinton y Roosevelt

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De todas las primeras valoraciones que he leído después de que cerraran las urnas en los Estados Unidos y el Tea Party arrasara dando al Partido Republicano la mayor victoria desde 1948, creo que Robert Reich, profesor de  Política Públicas Públicas de la Universidad de California  (Berkeley) da unas de las claves de futuro. Reich se pregunta qué lección debe aprender Obama con urgencia:  la de Clinton en 1996, o la de Franklin D. Roosevelt en 1936. La elección que haga determinará su estrategia en los próximos dos años, y sus posibilidades reales de reelección.

Reich cree que se equivocaría Obama si optara por lo que hizo  Bill Clinton: renunció a sus reformas (en especial, la de la sanidad), porque de hecho fue  reelegido en 1996  no porque adoptara las políticas de la derecha, sino porque la economía ya se había recuperado, cosa que dificlmente habrá sucedido en el 2012, año de elecciones presidenciales y de reelección -o no- de Barack Obama.

La economía americana está creciendo en un 2 por ciento que es demasiado poco para crear empleo,  las ventas y los ingresos de las empresas se enlentecen de nuevo, mientras han vuelto a disminuir las ventas de viviendas y las ejecuciones hipotecarias aumentan. Un panorama fantástico para que los republicanos sigan presentando a Obama y sus políticas como los grandes responsables del estancamiento.

Si Obama opta por imitar a Clinton (recordemos que fue ese Presidente el que acabó firmando el fin de las reformas Roosevelt y puso fin a la Glass-Steagall Act de regulación del sistema financiero) el Partido Republicano ganará por partida doble. Por una parte, porque Obama no saldrá reelegido. Y, en segundo lugar, porque abandonando sus reformas que le llevaron a la Casa Blanca, adoptando  las medidas de liberalización y reducción del déficit, dará la razón a los republicanos –y de paso a Merkel, a Cameron (y a Rajoy que ya es bien triste) en que  la cuestión central es el tamaño del gobierno, que quizás sea cierto que ha llegado a ser demasiado grande, y que la economía sólo puede mejorar sólo si se somete a una dura dieta y se reduce considerablemente… (Y todo esto sin que se pueda hablar en los Estados Unidos de un Estado del Bienestar tal como se ha entendido en Europa).

Si Obama opta por seguir la senda de Clinton, los republicanos siempre ganan.

La mejor opción del Presidente cara a la reelección sería replantear el debate, poniendo en el centro del mismo, con todos los focos iluminando su importancia,  el poder de las grandes empresas y de Wall Street que siguen abusando de su enormes ventajas económicas a expensas del resto de la población. Este es el campo de juego de los democrás, y es más relevante hoy que en cualquier otro momento desde la década de 1930.

El 1 por ciento de los estadounidenses más ricos se lleva  a casa casi una cuarta parte de todos los ingresos, y detenta casi el 40 por ciento de toda la riqueza. Mientras tanto, un gran número de estadounidenses se quedan sin hogar porque los bancos no les permite reorganizar sus hipotecas en quiebra. Y las corporaciones siguen abocando gente al paro (sin contratar nuevo personal)  en números crecientes. 

En opinión de Reich, la lección política que debería aprender Obama es la de  Franklin D. Roosevelt en 1936. Nos dice: “En las elecciones de 1936 la Gran Depresión estaba entrando en su octavo año. Roosevelt había sido Presidente durante cuatro de ellos. Sin embargo, ganó la mayor victoria electoral desde el inicio del sistema de dos partidos en la década de 1850. ¿Cómo?   Franklin D. Roosevelt cambió el sentido y la fuerza del debate dejando bien claro que si no pudo realizar sus políticas, se debía a la irresponsabilidad de sus oponentes. Pedía a la gente que le escuchaba que decidiera de qué lado estaba, y cuáles eran sus intereses reales, porque los Republicanos significaban “negocio financiero y monopolio, especulación, y  banca imprudente”.

Y Roosevelt lo repitió una y otra vez. No se sintió vencido ni se aminaló. Al contrario, dijo a todos los que quisieron escucharle les decía: “Nunca antes estas fuerzas reaccionarias han estado tan unidas en contra de un candidato como hoy”. “Ellos son unánimes en su odio por mí, pero yo doy la bienvenida a su odio.” Roosevelt plantó cara. Clinton cedió , y acabó cediendo mucho más, hasta el final de su mandato, como ilustra la foto del final.

Reich cree que la economía de 2012 no será tan mala como la economía de 1936, con suerte. Pero no será tan buena como la economía de 1996. Para que el presidente Obama pueda aspirar a la reelección en el  2012, 1936  es el año relevante.

En la foto: Bill Clinton después de abolir los restos de  de la Glass-Steagall Act, ponía fin a las regulaciones de Roosvelt, con el aplauso de demócratas y republicanos (y sentaba con ello, en buena parte, las bases de la crisis económica actual). También podríamos preguntarnos, a estas alturas de la crisis ¿de qué se ríen?

 

Carlos Berzosa: Los mercados financieros contra la democracia

En diciembre de 1997 Ignacio Ramonet publicó un editorial en “Le Monde Diplomatic” con el título “Desarmar los mercados financieros” en el que decía, entre otras cosas muy sabrosas, lo siguiente: “El desarme del poder financiero debe convertirse en un interés cívico de primera magnitud, si se quiere evitar que el mundo del próximo siglo se transforme en una jungla donde los predadores impongan su ley”. Ya entrados en el siglo XXI podemos contemplar que estas palabras han resultado premonitorias y que, efectivamente, por no haber desarmado ese poder financiero se ha desatado la gran crisis que estamos atravesando, y lo que es peor, que los mercados siguen imponiendo su ley a la hora de buscar una salida a esta situación.

Aquel editorial inició el movimiento ATTAC. Desde entonces este movimiento ha defendido la necesidad de implantar la Tasa Tobin y eliminar los paraísos fiscales, entre otras reivindicaciones, para atenuar ese gran poder del mundo financiero y sentar algunas de las bases para construir un mundo más justo. Se ha conseguido movilizar a mucha gente a lo ancho del mundo, pero sin éxito a la hora de lograr que las propuestas se llevaran a cabo. El estallido de la crisis ha puesto sobre el tapete la importancia de las propuestas de ATTAC, y las que eran reivindicaciones de un movimiento social han llegado a formar parte del discurso de los gobiernos más influyentes de la economía mundial. No obstante, nada de lo que se propuso en el G-20, como combatir los paraísos fiscales, se ha plasmado en actuaciones concretas.

Los mercados causantes de la crisis siguen imponiendo su ley sobre los derechos de ciudadanía y la democracia, lo que va a tener consecuencias muy negativas de cara a la salida de la crisis. La situación resulta tan escandalosa que hasta una persona tan moderada como Miguel Boyer ha escrito un artículo, “Ganar dinero apostando al desastre” (EL PAÍS, 30-04-2010), en el que denuncia con lucidez lo que está pasando.

En este artículo pone de manifiesto cómo las agencias de valoración tuvieron una gran responsabilidad en el periodo anterior a la actual crisis sobreponderando activos, empresas y solvencias y, por tanto, contribuyendo en primera línea a la generación de burbujas desmesuradas en el sector inmobiliario y en las Bolsas en general, así como a alentar una errónea confianza de los inversores y de las entidades de crédito. Fue aquel sin duda -junto a la política de intereses bajísimos de la FED, la desregulación financiera y los blindajes de ejecutivos- uno de los factores principales de la crisis.

En estos primeros meses de 2010, sigue diciendo Boyer, la orientación ha cambiado: los que exageraron el optimismo y la confianza en el auge pasado ahora exageran notoriamente el pesimismo sobre la solvencia de las deudas públicas y privadas de un cierto número de países. La propagación del pesimismo aumenta las primas de riesgo de los prestamistas de toda clase. Como resultado, los que ganaron con el auge, ahora siguen ganando con la caída.

Mientas esto sucede, los trabajadores pierden su empleo o se reducen sus salarios, muchos pequeños, medianos empresarios y autónomos cierran sus negocios, y los gobiernos no tienen autonomía para realizar políticas económicas propias, sino que éstas vienen dictadas por los poderosos mercados financieros. El pesimismo no solamente influye en tener que pagar más por la deuda pública emitida para financiar el déficit, lo que hipoteca el futuro de los países con pagos excesivos de amortización de la deuda, que no pueden así tampoco realizar otro tipo de gastos sociales, sino que obliga a reducir el déficit con las políticas de ajuste consiguientes.

La economía griega está viviendo un calvario con el ajuste que se la obliga a hacer para afrontar tanto el déficit como la deuda, que se considera excesiva. La contestación social que está provocando este ajuste ya ha causado muertos, y estamos asistiendo a la tragedia griega no como representación teatral, sino como trágica realidad. La delicada situación económica por la que atraviesa está conduciendo a una gran crisis social y política. No conviene olvidar los costes económicos y sociales causados por las políticas de ajuste que se obligó a aplicar a los países menos desarrollados en la década de los ochenta del siglo pasado.

Pero parece que no se quiere aprender. Los costes de la crisis los pagan los de siempre, mientras que los causantes siguen beneficiándose de la situación. Hay que acabar con las agencias de valoración, y hoy más que nunca hay que plantear con fuerza el necesario desarme de los mercados financieros, si queremos apostar por una economía más sana, más igualitaria y sostenible. Los mercados financieros con su fuerza y poder atacan a la democracia y los derechos humanos y de ciudadanía. Son un peligro para lograr la convivencia democrática y socavan los fundamentos del desarrollo económico y del estado democrático de derecho.

En este sentido, resulta muy esclarecedora la anécdota que cuenta Alex Callinicos en su libro “Contra la tercera vía” (Crítica 2002). En un momento determinado Blinder y otros economistas asesores del presidente Clinton le dicen a éste que lo más urgente no era llevar a cabo las reformas económicas para las que había sido elegido, sino disminuir el déficit público para calmar al mercado de bonos. Ante esto Clinton, con la cara encendida por la cólera y la incredulidad dijo: “¿pretenden decirme que el éxito del programa y de mi reelección depende de la Reserva Federal y de un puñado de comerciantes de bonos?”. Hubo asentimientos en toda la mesa. Ni una negación. Le pareció a Blinder que entonces Clinton entendió que su suerte pasaba por las manos del no elegido Alan Greenspan y el mercado de bonos. Si esto pasa en la economía más fuerte del planeta, qué no nos pasará a los más débiles.

Vist a Sin Permiso

 

Diez años después de la revocación de la Glass-Steagall Act

10 años después del fin de la Ley Glass-Steagall. Desregulación maníaca

por Robert Weissman · · ·

Se cumplen hoy diez años desde que se aprobó la revocación de la Ley Glass-Steagall de 1933 y la legislación aneja. Es un aniversario que vale la pena reseñar por lo que nos enseña sobre la prevención de las crisis financieras, las consecuencias de la manía desregulatoria y el poder político sin control de las instituciones financieras.

La revocación de la Glass-Steagall eliminó la prohibición legal de combinación entre bancos comerciales, por una parte, y bancos de inversión y otros servicios financieros por otra. Las estrictas reglas de la Glass-Steagall tuvieron su origen en la respuesta del gobierno norteamericano a la Depresión, y reflejaban la experiencia aprendida de los graves peligros que suponía para los consumidores y el sistema financiero en su conjunto el permitir que gigantescas instituciones financieras combinasen la banca comercial con otras operaciones financieras.

La Glass-Steagall protegía a los depositantes e impedía que el sistema bancario corriera demasiados riesgos, definiendo la estructura del sector. Los bancos comerciales no podían mantener banca de inversión o filiales de seguros (ni filiales en actividades comerciales no financieras). No obstante, a medida que los bancos avizoraban los acrecentados beneficios de las actividades con mayores riesgos, comenzaron a romper en la década de 1970 los muros reguladores que se levantaban entre la banca comercial y otros servicios financieros. A partir de la década de 1980, y en respuesta al insistente martilleo de peticiones, los reguladores comenzaron a debilitar la estricta prohibición de la titularidad mixta.

Pese a los hercúleos esfuerzos de Wall Street a lo largo de los años 90, la Glass-Steagall siguió en vigor debido a las discrepancias entre los organismos intrasectoriales e intrarreguladores.

Posteriormente, en 1998, en un acto de desobediencia civil empresarial, Citicorp y Travelers Group anunciaron su fusión. Dicha combinación de empresas bancarias y de seguros era ilegal de acuerdo con la Ley de Conglomerados Bancarios (Bank Holding Company Act), pero quedó excusada debido a un vacío legal que dejaba un periodo de revisión de dos años para las propuestas de fusión. La fusión se estableció con la previsión de que se revocaría la Glass Steagall.

Los presidentes conjuntos de Citigroup, Sandy Weill dirigieron a un tropel de ejecutivos y cabilderos del sector que asolaron los pasillos del Congreso hasta llegar a un acuerdo. Pero a medida que la negociación del acuerdo sobre la ley llegaba a su fase final en otoño de 1999, había grandes temores de que toda la maniobra se viniera abajo (Reed afirma ahora que la revocación de la Glass-Steagall fue un error).

Robert Rubin se sumó a la brecha abierta. Tras haber dejado hacía poco su cargo de Secretario del Tesoro, Rubin se encontraba negociando en aquel entonces las condiciones de su siguiente empleo como ejecutivo sin cartera en el Citigroup, lo cual no era de dominio público. Haciendo alarde de la credibilidad ganada como parte de lo que los medios habían bautizado como “Comité para salvar al mundo” (formado por Rubin, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y el Vicesecretario del Tesoro, Lawrence Summers, y así llamado por sus intervenciones para enfrentarse a la crisis financiera asiática de 1997), Rubin ayudó a cerrar el acuerdo final.

La Ley de Modernización de Servicios Financieros (Financial Services Modernization Act), también conocida como Ley Gramm-Leach-Bliley de 1999, revocó formalmente la Ley Glass-Steagall. En una larga lista de medidas desreguladoras grandes y pequeñas, la Gramm-Leach-Bliley fue la pieza que señalizaba la desregulación financiera.

La revocación de la Glass-Steagall tuvo muchos efectos directos importantes, pero el más importante consistió en cambiar la cultura de la banca comercial para emular el método de apuestas especulativas de alto riesgo propio de Wall Street.

“Se supone que los bancos comerciales no han de ser empresas de alto riesgo; se supone que han de gestionar de forma muy conservadora el dinero de otras personas”, escribe el economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz. “Una vez bien entendido esto es cuando el gobierno puede avenirse a pagar los platos rotos en caso de que fracasen. Los bancos de inversión, por otro lado, se han dedicado tradicionalmente a la gestión del dinero de los ricos, gente que puede correr riesgos mayores a fin de conseguir mayores rendimientos. Al revocar la Glass-Steagall, uniendo bancos de inversión y comerciales, la cultura de la banca de inversión llegó a lo más alto. Se produjo una exigencia de altos rendimientos del género de aquellos que sólo podían obtenerse mediante un elevado apalancamiento y corriendo grandes riesgos”.

Esto constituye una parte muy importante de la historia que provocó la crisis financiera.

¿Qué lecciones cabría sacar del desastre de una década?

En primer lugar, la intuición clave de la Glass-Steagall residía en la necesidad de tratar la regulación desde el punto de vista de la estructura del sector. Los autores de la Glass-Steagall no se proponían establecer un sistema regulador que supervisara las empresas que combinaban la banca comercial y de inversión. Sencillamente prohibieron la combinación de dichas empresas. Para hacer limpia del estropicio, precisamos estrategias que se centren en la estructura del sector -entendiendo por ello, sobre todo, que debemos disolver los grandes bancos-, así como una regulación más tradicional.

En segundo lugar, nos hace falta volver a algo más preciso que comprendió la Glass-Steagall: las instituciones depositarias respaldadas por el seguro de la protección federal no pueden participar en las arriesgadas apuestas especulativas del mundo de la banca de inversión (en particular, el problema de la Glass-Steagall es hoy peor de lo que era antes de la crisis financiera, tras la adquisición por parte de JP Morgan de Bear Stearns y después de que el Bank of America se hiciera con Merrill Lynch). Además, no sólo necesitamos restablecer la Glass-Steagall sino inculcar sus principios subyacentes a todo el programa de regulación financiera. Los bancos comerciales no deberían dedicarse al negocio de la especulación. Tienen ya trabajo concediendo créditos a la economía real y a eso es a lo que deberían dedicarse. Su labor no consiste en apostar con derivados y otros exóticos instrumentos financieros.

En tercer lugar, las gigantescas instituciones financieras ejercen demasiado, y ya sólo por esa razón es necesario desguazarlas.

En cuarto, nos hace falta una amplia reforma en el terreno del dinero y la política. Precisamos de financiación pública para las regulaciones del Congreso, en formas aún más contundentes respecto al cabildeo, y estrictas restricciones que cierren las puertas giratorias por las que se mueven quienes pasan de puestos de la administración a otros del sector.

Un año atrás, conforme se desarrollaba la crisis, parecía muy verosímil que se debatieran estas reformas en el Congreso. Hace tres meses, daba la impresión de que Wall Street había maniobrado con éxito para dejarlas fuera de juego. Pero se va asentando en el Congreso el reconocimiento de que las reformas reguladoras puestas sobre el tapete no consiguen enfrentarse a los problemas de tamaño y estructura del sector, y que puede que haya que pagar un precio político oneroso a causa de esa incapacidad. De repente, parece que el sentido común puede ser de nuevo políticamente viable.

Robert Weissman, abogado formado en Harvard, es presidente de Public Citizen, organización cívica fundada por Ralph Nader en 1971, y que bajo el lema “proteger la salud, la seguridad y la democracia”, ejerce una labor de vigilancia crítica sobre los poderes públicos y los grupos de presión norteamericanos.

Visto en SinPermiso
Traducción para http://www.sinpermiso.info: Lucas Antón