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La vivienda es fundamental para la salud

Mientras Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, lanzaba una piedra contra la Corrala Utopía que caía sobre su propio tejado sobre la cuestión de los desahucios y la necesidad de intervenir en favor de las personas sin techo por parte de las autoridades en vivienda (un boomerang que le ha dado en toda la cara), en Barcelona se discutía, en el marco del Palau Rubert de Barcelona, las implicaciones que el acceso a una vivienda -y la calidad de la misma- llega a tener para la salud de las personas.

Así lo constataron la economista y experta en temas de vivienda Carme Trilla, la doctora en Salud Pública y estudiosa de las desigualdades Carme Borrell, el economista y politólogo Joan Subirats y el psiquiatra Josep Ramon, en una mesa redonda organizada por Cáritas Diocesana de Barcelona que moderó la periodista Milagros Pérez Oliva.

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Esta es la crónica hecha desde la propia organización del acto:

La vivienda es clave para la salud de las personas. Ésta es una de las conclusiones a las que se llegó en la mesa redonda celebrada ayer en el Palau Robert, en el marco de los actos del 70 aniversario de Cáritas Diocesana de Barcelona. Carme Trilla, responsable de la Acción Social de la entidad y una de las ponentes, explicó que “el 86% de las mujeres atendidas por el Servicio de Mediación en Vivienda de Cáritas sufren de depresión y ansiedad”. “En Barcelona, este porcentaje –añadió- es del 17%”. Estos datos se desprenden del informe Hogar, vivienda y salud. Acción y prevención residencial, presentado recientemente por Cáritas.

El estudio constata que el sufrimiento de muchas personas que no tienen un espacio digno donde vivir o que han perdido su casa o están a punto de hacerlo acaba afectando el bienestar de las personas. En este sentido, Carme Trilla recordó que “aproximadamente el 70% de las y de los atendidos por el servicio de mediación presentan mala salud mental”. Este porcentaje es todavía más significativo si tenemos en cuenta que en Barcelona no llega al 15%. Por su parte, Carme Borrell, responsable del Observatorio de Salud Pública de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, resaltó el hecho de que “la salud mental empeora más entre los grupos de personas desfavorecidas que en el resto de colectivos durante la crisis”.

Josep Ramos, doctor en psiquiatría y director de Planificación del Parque Sanitario Sant Joan de Déu, fue contundente: “Las consecuencias de la crisis en la salud mental de los jóvenes será el problema del futuro”. Este colectivo, junto con el de las personas mayores de 45 años, es uno de los más afectados por la crisis que sufre nuestra sociedad. A pesar de la emergencia social que vivimos, la cohesión social todavía es fuerte, hecho que resaltó Joan Subirats, doctor en economía y profesor de la UAB. En este sentido, Subirats ironizó: “Curiosamente, ahora recibo solicitudes desde Dinamarca, de expertos que quieren venir a conocernos para ver cómo lo estamos haciendo para sobrevivir a la crisis”.

 
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Publicat per a 12 Abril 2014 in Serveis Públics

 

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Susana Díaz debe eligir entre la Corrala Utopía, el banquero Botín y el apoyo de IU

image Las vecinas de la Corrala Utopía han puesto negro sobre blanco si se gobierna para las personas o para los grandes intereses financieros. Está en tela de juicio si vale la pena luchar por los derechos de la ciudadanía (entre ellos, el derecho a una vivienda, que esa Constitución tan sobada estos días, reconoce). Está en cuestión seguir hundiendo a los de siempre, y que los perdedores ni se atrevan a soñar con dejar de serlo. El miedo a la victoria de las vecinas de La Corrala Utopía significaría una vez más que SÍ SE PUEDE. Y a algunos eso les asusta demasiado porque significa que con pequeños (o grandes y significativos) triunfos, el ejemplo de dignidad puede extenderse y el miedo cambiar de bando.

Y quienes gobiernan la Junta de Andalucía deben tomar partido. No sé si “hasta mancharse” como decía el poeta, pero sí hasta que quede muy claro de parte de quién se está. Y aunque quieran envolverlo en procedimientos y jerga legal, muy mal lo tienen los enemigos de los Derechos Humanos que son, naturalmente, los defensores de Botín…

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, nos dicen los medios, emitirá hoy jueves un decreto por el puede retirar provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda al frente de la que se encuentra Elena Cortés, de Izquierda Unida, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la Junta de Andalucía. Mientras escribo este post IU y PSOE de Andalucía van a reunirse para valorar la profundidad (y gravedad) del desacuerdo. Pero por lo que pueden leer, no sólo…

Esta decisión de Susana Díaz con la que se juega el apoyo de IU al PSOE andaluz se deriva de la entrega en la noche del pasado miércoles a diez familias desalojadas de la Corrala Utopía, que acampaban en la Plaza Nueva de Sevilla, de las llaves de pisos para ser realojadas. La responsable de Vivienda, Elena Cortés, contravino con ello al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Angel Vázquez, que opinaba horas antes que el realojo planteado por la Consejería de Fomento y Vivienda para estas familias no es el “correcto”, una vez consultados los Servicios Jurídicos de la Junta. Según el portavoz, hay que poner el “cuentakilómetros a cero” para buscar la fórmula adecuada que dé una solución a esas personas, dentro del “estricto cumplimiento de la ley”. Propone por tanto que se abra una investigación para esclarecer si la adjudicación de viviendas a las familias se ajusta “a los principios de igualdad y legalidad”.

También se ampara en la Ley la Consejería de Fomento y Vivienda: Elena Cortés, comenzó el proceso de realojo de familias desalojadas de la Corrala Utopía en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla que mandata a las administraciones a “proveer lo necesario” para atender “a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Asimismo, la Consejería, que “asume el realojo de las familias en situación de exclusión social acreditada o con menores, tal y como exige el auto judicial, continuará en los próximos días el proceso, para el que proveerá los recursos públicos necesarios para garantizar el derecho a la vivienda, la seguridad y la integridad física de estas personas”.

“¿Quieren romper el pacto?” Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e IU”.

imageEl diputado de Izquierda Unida en el Congreso por Málaga, Alberto Garzón, se ha preguntado en su cuenta de Twitter si el PSOE y la presidenta de la Junta, Susana Díaz, “quieren romper el pacto” en el Gobierno andaluz “por la exitosa lucha antidesahucios de IU”, y otros dirigentes de IU como el coordinador provincial de Córdoba, Pedro García, han llegado a cuestionar la continuidad de IULV-CA en el Gobierno andaluz tras la decisión de Susana Díaz de retirar competencias a la Consejería de Fomento. “Si por hacer lo que decimos y pensamos hay que bajarse del carro, pues nada, hasta aquí hemos llegado, no hay mal que por bien no venga”, ha publicado el también responsable provincial de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta en Córdoba. En la misma línea se ha pronunciado también el histórico dirigente comunista Felipe Alcaraz, que ha defendido expresamente que “si Susana Díaz retira competencias en vivienda pública a IU como represalia por la Corrala Utopía corresponde ver si seguimos en el gobierno Susana, piénsalo bien, tienes que elegir entre Botín e IU”, ha añadido en otro ‘tuit’.

Ver también: El escándalo de los 34 millones de casas vacías.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2110251/0/susana-diaz/competencias-vivienda-fomento/realojo-corrala-utopia/#xtor=AD-15&xts=467263

 
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Publicat per a 10 Abril 2014 in Drets Humans, Serveis Públics

 

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El PP quiere bloquear la ILP hipotecaria. ¡Bloqueemos el PP!

is-stop-desahucios-lutoEl próximo martes 12 de febrero se vota en el Congreso de los diputados la admisión a trámite de la ILP hipotecaria impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Una ILP que cuenta con el aval de más de 1.402.854 firmas y que el PP piensa despreciar, como siempre hace cuando se trata de derechos humanos y ciudadanos.

Las propuestas de la ILP son demandas de mínimos frente a la magnitud del problema de la vivienda:

– en pago con efectos retroactivo
– alquiler social para aquellas personas que han sido expulsadas de sus casas en las viviendas vacías en manos de entidades bancarias
– moratoria de desahucios de vivienda habitual
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Este martes los partidos políticos ni siquiera tienen que votar a favor o en contra de estas propuestas. Se vota la tramitación.
Desde oiga.me, en este link, puedes enviar la carta (más abajo) a todos los diputados del Partido Popular. Envía tu mail y difunde la campaña.

El Partido Popular ya ha anunciado que no votará a favor. Esta decisión es incompatible con la defensa de los derechos humanos. Responde a intereses de grupos de presión vinculados a entidades financieras, muchas de ellas rescatadas con dinero público, que continuan lucrándose y desahuciando a miles de familias en nuestro país.
Este martes, se vota la admisión a trámite de la ILP. Votan si se puede votar. Se vota reconocer o despreciar el trabajo de las miles de personas que han recogido firmas para esta ILP, de los centenares de miles que la han firmado, de las centenares de miles de personas afectadas. Se vota el descrédito definitivo de algunos grupos políticos o mostrar voluntad política de escuchar las demandas ciudadanas. La votación es una muesta de voluntad para solucionar un drama que causa sufrimiento a miles de personas o, por el contrario, mostrar la intención de perpetuar el genocidio financiero. Este martes se vota la democracia. Votar en contra es declarar la guerra a las mayorías sociales de este país, pero aun están a tiempo de rectificar…

Hagamos que les lleguen miles de mails, que les quede claro que la mayoría social de este país queremos acabar con el Genocidio Financiero. Que sepan cuáles serán las consecuencias de no escuchar las demandas ciudadanas.

A la atención del Grupo Parlamentario _________:

Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios por impago de hipotecas son sin lugar a dudas una de las caras más dramáticas de la crisis en España. Una auténtica lacra que está generando una enorme alarma social. Una sangría que ya se ha cobrado la vida de demasiadas personas y que ha situado a nuestro país en el punto de mira de la prensa internacional. Desde hace años la voz organizada de los afectados viene advirtiendo de las consecuencias de un procedimiento que ya se ha llevado por delante a más de 400.000 familias. El marco legal que regula los impagos de hipotecas condena a familias insolventes a la exclusión social y las deja sin margen para rehacer sus vidas ni horizonte alguno de recuperación. Una advertencia que ha sido ignorada de manera reiterada por los gobiernos de PSOE y PP. A través de la campaña Stop Desahucios, la sociedad civil ha liderado un debate que ha condicionado la agenda política. Lo que en 2009 era un grito en el desierto, hoy es un clamor popular.
Hace dos años un auto valiente dictado por la audiencia de Navarra interpretaba la ley de acuerdo a la realidad social abriendo la puerta a la dación en pago, una de las principales demandas de la PAH. Durante este tiempo, más de trescientos ayuntamientos, espoleados por la contestación social, han aprobado mociones en sus plenos instando al gobierno central a adoptar medidas que frenen la sangría de desalojos. El pasado mes de octubre la relatora de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda, Rakel Rolnik, presentaba ante la asamblea general de la ONU un devastador informe donde denunciaba la grave situación habitacional que atraviesa el país; otro informe de la judicatura concluía la necesidad de reformar en profundidad un normativa que data de 1909 y que sobreprotege a los acreedores dejando la parte más débil del contrato hipotecario indefensa. También la abogada del Tribunal de Justicia de la UE ha cuestionado la legalidad del ordenamiento jurídico español en materia de desahucios. Hace pocas semanas, el gobierno de Ecuador demandaba al Estado Español ante el tribunal de derechos humanos de Estrasburgo.
Los suicidios de Granada y Barakaldo son tan solo la punta del iceberg. La gota que colma el vaso. La ciudadanía ve cómo el dinero que se sustrae de sanidad y educación se utiliza para rescatar entidades financieras que desahucian a familias con niños, mientras continúan especulando y acumulando viviendas vacías.
Ante el aumento de la presión popular, el gobierno se ha visto forzado a mover ficha. Pero ni el decreto de buenas prácticas ni la moratoria de desahucios para casos de extrema vulnerabilidad han servido para atajar el problema. Habida cuenta que ambas prerrogativas contaron con el visto bueno de la patronal bancaria previa aprobación, tampoco es de extrañar. La realidad es que tanto el código de buenas prácticas como la moratoria excluyen la inmensa mayoría de los casos y no modifican una coma del procedimiento actual, que condena a las familias a una deuda de por vida.
Mientras tanto la ILP por la dación retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social toca a su fin superando el umbral del millón de firmas y la vivienda ya figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos según la última encuesta del CIS. Según un sondeo de Metroscopia publicado en noviembre de 2012, el 94% de los encuestados se mostraban a favor de una moratoria en los desahucios de vivienda habitual mientras que un 86% lo hacía a favor de la dación en pago.
La política del miedo utilizada por el gobierno para revertir el estado de opinión favorable al cambio normativo se ha constatado un fracaso. Los mensajes apocalípticos que advertían a la población que modificar la ley hipotecaria y paralizar los desahucios hundirían el sistema financiero, no han servido para nada. El sistema financiero ya se ha hundido y el apoyo de la sociedad civil a las demandas de los afectados no ha dejado de aumentar. Todos sabemos que los obstáculos para adoptar dichas medidas no son técnicos sino políticos. Se requiere de voluntad política para enfrentarse a determinados intereses económicos.
Entre la dictadura de los mercados financieros y la defensa de los derechos humanos, la ciudadanía ya ha elegido. Solo falta que esa elección quede reflejada en el Congreso. Sin embargo, parte de esta cámara se obstina en no escuchar a la ciudadanía para plegarse de nuevo a los intereses de las entidades bancarias.
Ante esta situación de bloqueo ilegítimo e injustificado advertimos que no nos quedaremos de brazos cruzados. No podemos perder más tiempo. No podemos perder más tiempo. Hay vidas literalmente en juego y hay que actuar de manera inmediata. Por este motivo solicitamos a su grupo parlamentario que se comprometa por escrito a defender las demandas que contiene la ILP desde hoy mismo, a votar favorablemente en la tramitación de la ILP y en la posterior votación de la misma. Exigimos un posicionamiento claro. Sin rebajas ni concesiones de ningún tipo.En caso de no recibir respuesta afirmativa, entenderemos que su partido renuncia a escuchar la voluntad de una incontestable mayoría. En ese caso, no tendremos otra opción que señalar públicamente a los diputados de su grupo parlamentario como responsables directos del sufrimiento y el dolor de miles de familias de este país.

Plataforma de Afectados por la Hipoteca

 
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Publicat per a 10 febrer 2013 in Ciutadania/Política

 

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Plataforma ciudadana contra los desahucios

afectadoshipoteca.jpg Vale la pena dar la máxima difusión a las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en una época en la que las personas trabajadoras viven en una precariedad difícilmente imaginable hace unos años, y cuando se pierde trabajo y vivienda ante la pasividad –por no decir complicidad– de quienes deberían velar por el interés de la mayoría, pero, de manera especial en tiempos de crisis, por los derechos humanos y de ciudadanía (derecho al trabajo y a una vivienda digna). Pueden consultar la página web, donde se explica cómo un grupo de personas han iniciado con éxito una campaña para que los ayuntamientos se posicionen en la grave problemática que afecta a ya casi 300.000 familias en todo el estado: la injusta regulación hipotecaria que hace que las personas no sólo pierdan sus viviendas sino que encima se queden con buena parte de la deuda, con una condena financiera de por vida.

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Entre 2007 y 2011 se producirán cerca de 500.000 ejecuciones hipotecarias en el estado español. Centenares de miles de familias que serán desahuciadas de sus casas por las mismas entidades financieras que han provocado la crisis y que han sido rescatadas con dinero público.

Estamos de acuerdo con la PAH que los efectos más dramáticos de perder la casa donde vives se manifiestan en el ámbito municipal. Allí se viven los brutales, injustos y masivos desahucios. Y las personas afectadas acuden a los ayuntamientos en busca de amparo y ayuda, difícil de hacer llegar a las víctimas de los desahucios porque en tiempos de crisis los recursos para los ayuntamientos también son más escasos que nunca.

Ciudadanía y ayuntamientos deben unirse para frenar los desahucios, y en la web antes citada podrán encontrar información tanto los ayuntamientos que se sientan interpelados por esta injusticia “legal” que afecta derechos fundamentales, como aquellas personas, directamente afectadas o no, que pueden poner en manos de los diferentes partidos con representación en su ayuntamiento, instándoles a presentar la moción y demostrar que están dispuestos a apoyar a las familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

En este video se puede presenciar el momento como el Ayuntamiento de Sant Adrià (pionero en este tipo de actuaciones), aprobó una moción presentada por ICV/EUiA en apoyo a la propuesta de regular la dación en pago, invitando a los miembros de la PAH a presentarla. Ojalá pronto crezca la lista de todas las personas y ayuntamientos que se suman a esta iniciativa de humanidad y justicia.

stop-desahucios.jpgY en este otro video puede verse cómo consiguieron frenar, temporalmente, un desahucio. Para mí, ha resultado especialmente impactante la lectura que se hace de la Constitución española –la Ley Suprema que debería ser aplicada y respetada mientras no se cambie, y en la se reconoce el derecho a la vivienda— en momentos de extrema tensión:

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