Sanidad pública menos pública “gracias” a Boi Ruiz

Escribe hoy Jéssica Mouzo Quintans en la edición de Catalunya de ElPais que el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, retaba desafiante a la oposición en el Parlament: “¡Díganme algo que yo haya privatizado!”. Y no sólo reta al Parlament. También tuve oportunidad en 8tv de ver a Boi Ruiz blasonar de su defensa de la sanidad pública, de la ausencia de imputados en sanidad (?), de que la Oficina Antifrau sólo pedía “pequeños retoques”… y de lo contenta que la gente estaba con su gestión!

Boi Ruiz se especializa en cruzar los límites y “quedarse” también con la buena relación y agradecimiento de las personas enfermas hacia quienes les tratan -en circunstancias laborales adversas gracias al señor Ruiz en gran medida- con toda su entrega y buen nivel profesional. Convierte el alivio y respeto de las personas enfermas tratadas en la sanidad pública en aplauso a su gestión. Si antes Pujol era Catalunya (y ahora lo quiere ser Mas), Boi Ruiz es la sanidad. Porque puestos a quedarnos con lo que es de todos, esos señores de Convergencia no se andan con chiquitas en las maniobras de desposesión: Boi Ruiz se apunta en su haber, directamente, la estima de las personas enfermas a los profesionales que las atienden.

Para su arte de trilerío este conseller usa y abusa de los medios de comunicación. Nadie como Boi Ruiz pretende utilizar sus repetidas y melifluas apariciones en radio y televisión para mentir, mientras se hace la víctima incomprendida ante unas cámaras que, a su pesar, no le “quieren” nada y dejan filtrar su hipocresía de gran devastador… Y ahora cuenta la periodista cómo Boi Ruiz llevó su ya usadísimo “yo no he sido” ante el Parlament, negando la privatización sanitaria global de la que se le acusa por todas partes menos por una: la que se beneficia de sus atropellos. Y si bien es cierto que Boi Ruiz, al frente de su conselleria, no ha “vendido” (que se sepa) nada a entes privados, ni los pacientes tienen que pagar (REPAGAR) en el momento de ser atendidos en un centro público, las empresas privadas sí tienen cada vez más peso en el sector público a través de dos grandes eufemismos: la externalización de servicios y las alianzas estratégicas.

Y sigue: “La cúpula de Salud puso sobre la mesa desde el inicio de la legislatura un cambio de modelo del sistema sanitario. Dos informes de la consultora PriceWaterHouse Coopers (PWC) a petición del Departamento dibujaban la hoja de ruta del equipo de Boi Ruiz: el primero pasaba por trocear el Instituto Catalán de la Salud en una veintena de empresas abiertas al capital privado. El segundo sugería dejar en manos de entes con afán de lucro a 18 hospitales de la red pública propiedad de fundaciones y consorcios, y subastar 30 laboratorios y las ambulancias.”

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PWC recomendaba hacer esta transición a través de las llamadas alianzas estratégicas —acuerdos entre hospitales independientemente de su titularidad, para transferirse la gestión de servicios—.

Con la excusa de la falta de recursos, los centros sanitarios también podían externalizar algunas actividades a empresas privadas a través de concursos públicos o por adjudicación directa. Al final, fueron más los intentos que los hechos consumados de entrada de capital privado en la sanidad pública. La presión social frenó el desmantelamiento del ICS y tiró atrás los proyectos sanitarios más controvertidos.

VISC+. El plan de vender datos sanitarios anónimos está a punto de activarse pero poco tiene que ver con su génesis. Salud pretendía sacar a concurso la gestión del VISC+ por 25 millones de euros durante ocho años. Sin embargo, por esa presión social, Salud descartó el concurso, asumió toda la gestión del VISC+ y redujo la venta, en una primera fase, sólo a entes públicos. En la segunda podrán entrar empresas privadas.

Privatización CAP. Uno de los grandes conflictos surgió cuando Salud sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria (CAP). El ICS controla el 80% de ellos, pero el otro 20% depende de consorcios públicos, fundaciones privadas y entidades de base asociativa gestionadas por los sanitarios. La adjudicación del CAP de L’Escala a EULEN, una empresa ajena a la atención sanitaria directa, levantó todas las alarmas de privatización. Se impugnó la licitación y Salud frenó los concursos de otros 20 CAP.

Euro por receta. Seis meses duró la medida por la que Salud obligaba a pagar un euro por cada receta dispensada. El Constitucional la declaró inconstitucional. La recaudación fue, según Salud, de 45,7 millones de euros. Unos 100.000 catalanes ya han reclamado la devolución de la tasa.

Derivaciones. Para reducir listas de espera, Salud optó por derivar pacientes a otros centros de la red pública, en la que desde 2012 están tres hospitales propiedad de la compañía privada, IDC Salud. Sólo en 2014, el Departamento derivó 16.253 pacientes, casi el 50% de ellos a estos tres centros.

Convenio Clínic-Sagrat Cor. Un acuerdo entre el Clínic y el Sagrat Cor, de IDC Salud, permitió que el primero cediese pacientes de traumatología al segundo e incluso médicos que iban a operar directamente a las instalaciones del Sagrat Cor para reducir lista de espera. El proyecto se paralizó después de que los médicos se posicionasen en contra de estas prácticas.

Oftalmología en Viladecans. Salud derivó a más de 126.600 pacientes de oftalmología del hospital de Viladecans (ICS) al de Sant Boi, de una orden religiosa. Estos pacientes serían atendidos en el Instituto Catalán de la Retina (ICR), de titularidad privada, que mantiene acuerdos de colaboración con el de Sant Boi.

Alergología en el Trueta. El proyecto CIMS permitió que Salud externalizase parte del servicio de alergología del Josep Trueta a una empresa privada a través de un concurso licitado por el IAS. Sindicatos y alergólogos denuncian que con este movimiento, el Trueta amortizó una de sus dos plazas de alergología.

 

Sanidad pública vs. Dictadura sanitaria

En Catalunya, aproximadamente el 30% de los presupuestos de la Generalitat se destinaba a la sanidad. Hasta los presupuestos de 2012, no existe otra partida mayor. Pero la administración final de este presupuesto público —que se origina en los impuestos recaudados a la ciudadanía— depende en gran medida de un complejo sistema llamado mixto, que nos pretende vender la colaboración del sector público de sanidad con el privado a través de los “conciertos”. Sin embargo, lo importante es quién lleva la iniciativa en este proceso y, especialmente, darnos cuenta de que este sistema que nos dicen que es el “tradicional” de Catalunya es muy poco neutral y equitativo. El subsidiario de la sanidad pública no es el sector privado, sino todo lo contrario.

La adjudicación a dedo y de modo oscuro de contratos a fundaciones, agencias y otras formas que se rigen por el derecho privado y de difícil seguimiento es una auténtica embestida de la sanidad privada contra la sanidad pública —hasta ahora puntera en todo el mundo—, no sólo en calidad, investigación y atención a las personas enfermas, sino también como culminación de un derecho universal a la sanidad que nos situaba en el primer nivel de la civilización y del cumplimiento de los derechos humanos.

Hoy, cuando se pretende reducir el debate la sanidad pública vs la sanidad privada es necesario decir alto y claro que de lo que estamos hablando no es sólo de quién gestiona el dinero público, sino de los intereses que se sirven con esta gestión. Dicho de otro modo, cuando hablamos de sanidad privada tendríamos que hablar de aquel sector que, con sus propios medios, y buscando su máximo beneficio, se dedica a la atención de las personas enfermas, que acuden a ella de forma voluntaria, a través de un precio. Y cuando hablamos de sanidad pública, tendríamos que entender aquel sector sanitario de accesibilidad universal que desde su función sirve al bien común, responde a unos valores democráticos, que busca el máximo beneficio social, y que, por lo tanto, más valdría no enturbiar ni confundir, sino preservar y defender… —todo lo contrario de lo que está sucediendo. Porque, de hecho, de lo que estamos hablando es de que, con consejerías de salud como la de Boi Ruiz, se le fomenta a la sanidad —y de manera descarada— la gestión privada de dinero público.

Nadie nos ha preguntado a los ciudadanos y a las ciudadanas si estamos de acuerdo con ceder el control del 30% del presupuesto —de alguna manera equiparable al 30% de la soberanía— a empresas que tienen como objetivo único y prioritario ganar dinero. Si no estamos dispuestos a permitir que un dictador decida autocráticamente qué se hace con el dinero de todos, ¿por qué deberíamos permitir que empresas sin ningún control ciudadano gestionen el 30% de los recursos de todos los ciudadanos?

Hoy, cuando en Catalunya hace ya demasiados años que estamos con el tira y afloja sobre el futuro de nuestra sanidad —y nos hemos movilizado contra los cierres de los servicios continuados de urgencias, los REpagos indignos, la tasa de la vergüenza de un euro por medicamento—, es necesario reenfocar el debate y decir claramente que la dicotomía no es sanidad privada vs sanidad pública. Sin olvidar que los determinantes sociales de la salud son fundamentales —como lo son también las causas que los originan—, el debate es el de sanidad pública vs dictadura sanitaria, entendiendo este último concepto como la incapacidad del pueblo de ejercer su soberanía en la gestión de su sanidad. Una incapacidad especialmente manifiesta cuando los servicios —y los presupuestos— sanitarios son gestionados de forma privada.

Desde este marco de debate, y asumiendo los discursos de las fuerzas antagónicas en juego, podemos sintetizar los posicionamientos alrededor de la gestión sanitaria del presupuesto sanitario público del siguiente modo:
Público: (universal, de accesibilidad garantizada, no excluyente)
1 / Participación ciudadana.
2 / Orientación al servicio.
3 / Control democrático.

Privado: (excluyente por precio)
1 / Gestión profesionalizada.
2 / Orientación al beneficio.
3 / Consejos de administración.

Participación ciudadana vs gestión profesionalizada

Gestionar un sistema sanitario es una tarea compleja. Es un sistema que mueve un enorme volumen de dinero; que, a la vez, está integrado por multitud de subsistemas; que requiere un despliegue logístico extraordinario, y que debe afrontar una cantidad de demandas casi infinitas y multiformes. Y lo que es más importante: el sistema no puede fallar. Gestionar un sistema sanitario requiere pericia y conocimientos técnicos. Por lo tanto, no resulta extraño que en los últimos años hayan proliferado en nuestro país todo tipo de cursos, seminarios y másteres sobre gestión sanitaria. Teniendo en cuenta la complejidad del sistema, tendría que ser una muy buena noticia que esta gestión esté en manos de profesionales bien formados. Pero ¿es esto así, en la realidad? ¿Tenemos verdaderamente motivos para estar confiados y tranquilos?

La parte más preocupante del caso es que esta profesionalización ha creado una élite de expertos que se comportan como ‘tecnócratas sanitarios’ que presentan sus tesis como si procedieran de más allá del bien y del mal, de un modo muy similar a lo que sucede en materia económica. Pero en realidad, tras las palabras eficiencia y gestión —que pretenden ser tan neutrales y asépticas— se esconden criterios mercantilistas de claro sesgo de clase, que están expulsando de la sanidad a las personas más débiles y desfavorecidas. Hablamos de las personas inmigradas, pero también de las que sufren enfermedades crónicas, complicadas o muy caras de atender y que, además, ahora tienen niveles de renta, condiciones de vida o trabajo muy precarios. Y hablamos también de sesgo de género, en la medida en que las responsabilidades de atención que el sector público abandona recaen de nuevo, en gran medida, en las mujeres.

En cambio, los cuadros más altos de esta élite que sale de las altas escuelas de administración suelen tener un marcado perfil ideológico que se pretende neutral. Dos ejemplos en Catalunya son ESADE e IESE, inequívocamente alineados con posicionamientos neoliberales. Así, la pericia en aspectos técnicos va siempre bien acompañada de posicionamientos claramente liberales, como el ataque constante a la intervención del Estado (en un doble lenguaje engañoso, ya que son los primeros en saber cómo beneficiarse de las ayudas, subvenciones y contratos del Estado), la reiterada petición de la abolición de los procesos de fiscalización gubernamentales y la relajación de los marcos reguladores del sector.

Para acabar de redondear la situación de privilegio de estos expertos, se ha relegado a la ciudadanía y a sus representantes al mero papel de oyentes de sus lecciones. Enredándonos en palabras, jugando de forma interesada con los conceptos, arrugan la nariz y miran por encima del hombro al común de los mortales. Nos quieren hacer creer que lo que ellos hacen es demasiado complicado y demasiado importante para que la gente que paga impuestos (y paga, por lo tanto, su trabajo) pueda opinar…

Como hemos dicho antes, teniendo en cuenta la complejidad de gestión que representa un sistema sanitario, la idea de que éste sea gestionado de manera profesional tendría que ser una muy buena noticia. Pero lamentablemente no es así. Los expertos pueden haber hecho másteres carísimos y disponer de herramientas de gestión de última generación, pero hay que ver cuál es el objetivo de su trabajo: ¿una mejor atención?, ¿una mejora en la calidad del servicio al enfermo?, ¿un ahorro en el gasto que repercuta en la ampliación de la cartera de servicios? Por desgracia, la evidencia demuestra que muy raramente es así; en general, son parásitos que piratean al sector público.

Durante los últimos 30 años, la “tecnocracia sanitaria” no ha parado de ganar terreno en el mundo entero. Lo que ha sucedido en la sanidad catalana y en la británica son dos ejemplos de cómo esta supuesta élite de gestión ha tenido unos intereses muy diferentes a los de los ciudadanos que financian el sistema. En algunas ocasiones, ha podido conseguir ahorros económicos, pero no se ha parado a valorar el coste social —pagado en términos de exclusión—, de salud e incluso de vidas de estos ahorros. Mientras tanto, la ciudadanía ha ido quedando relegada al lugar de espectador-consumidor.

Orientación al servicio vs orientación al beneficio

Imaginemos que el equipo gestor de un hospital consigue, gracias a sus conocimientos, ahorrar un millón de euros mediante un nuevo modo de gestionar, por ejemplo, los residuos hospitalarios. Teniendo en cuenta que este hospital se financia con dinero público, el ahorro de este millón de euros podría ser una muy buena noticia para el ciudadano y la ciudadana que pagan sus impuestos. Pero lo que tenemos que hacer acto seguido es mirar adónde va a parar este millón de euros ahorrado por los gestores. Si se trata de un hospital público gestionado por una empresa privada (a la que pagan una cantidad fija anual para atender a la población de referencia), este millón de euros ahorrado va a parar a la cuenta de resultados de la compañía. Si es un hospital concertado de Catalunya gestionado por una entidad “sin ánimo de lucro”, este millón de euros ahorrado no se devolverá a la Generalitat en un sobre que diga «Nos ha sobrado esto, no lo necesitamos. Gracias.», sino que este millón de euros que se ha ahorrado en el proceso de gestión de residuos irá a parar a otro capítulo de ahorro de ese hospital, y no siempre a favor de la gente enferma a la que atiende. Es más que probable que el abanico de salarios se abra de manera que los sueldos y ventajas del personal de dirección se incrementen, mientras que la gente que realiza los trabajos menos cualificados —pero absolutamente necesarios— ve cómo disminuyen sus salarios, se congelan las plantillas o, incluso, pasan a subcontratación, perdiéndose antigüedades y otros derechos adquiridos.

En ninguna de estas dos opciones existe nada ilegal, pero nos podemos hacer la pregunta de si no hay mucho de ilegítimo. En cualquier caso, es la base del sistema que nos presentan como el único posible y que, sólo por el hecho de ser el que es, consigue siempre mejores resultados que la gestión pública, cooperativa o social. En el caso del hospital privado se asume la búsqueda de beneficio empresarial, y en el caso del hospital concertado catalán, una total autonomía de gestión: hasta el punto de no tener que dar cuentas de nada al municipio (en caso de que se trate de un ente municipalizado), ni al Parlament, ni incluso —difícilmente—, al Síndic de Comptes (ved el caso de Ramon Bagó). Y no hablemos ya de tener que responder a las preguntas de periodistas o de la gente movilizada…

En la inmensa estafa de la concertación a oscuras, de espaldas a la ciudadanía, cada hospital puede destinar los recursos del modo que le parezca más adecuado. Y hasta se pueden permitir, sin coste adicional, pequeñas trampas: la letra pequeña de los conciertos que obliga a compensar por supuestas pérdidas no demostradas (caso de la Comunidad de Madrid).
Vale la pena decirlo alto y claro, porque nos jugamos la salud: la capacidad de la ciudadanía (y del gobierno que la tendría que representar) para decidir el destino del fruto del posible ahorro en la buena gestión es nula: en el caso del hospital privado que ha contratado algunos de sus servicios (demasiadas veces sacándolos de la sanidad pública para justificar despidos, cierre de servicios, de quirófanos o, incluso, de plantas enteras de hospitalización), porque forma parte del acuerdo: «Yo te doy tanto por habitante y todo lo que te puedas ahorrar, te lo quedas»; en el caso del hospital totalmente concertado, porque mientras el centro cumpla con el servicio pactado con la administración, el cómo se gestiona el dinero es indiferente, y es tan indiferente como las condiciones de trabajo de la gente que atiende a las personas enfermas, los colapsos en las urgencias, la desatención que puede suponer para casos muy graves el alargamiento de las listas de espera, la calidad de la comida que se sirve a los pacientes, la falta de instrumentos o, incluso, de medicamentos, el ritmo de vértigo con el que se trabaja en algunos quirófanos… Todas estas cosas juntas pueden representar errores difíciles de resolver. Sería necesario que se hiciesen públicas las tasas de morbilidad y mortalidad por hospitales públicos, concertados o privados para tener una idea más clara de lo que estamos denunciando en este punto, aunque el estudio reciente hecho por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT País Valencià sobre la Comunitat Valenciana estremece: unas 2.700 personas han muerto cada año desde que el “modelo Alzira” coloniza la sanidad valenciana (ved informe de la UGT Cuestión de vida o muerte, 2013).

Cada vez más, los problemas derivados de esta gestión privada de los servicios sanitarios están plenamente documentados. Por un lado, tenemos el problema de cómo se consigue el ahorro, y, por otro, el de adónde va a parar este ahorro. En el caso de hospitales públicos gestionados por una empresa privada, vemos que la presión para maximizar el ahorro se hace incluso a cambio de ofrecer un servicio peor. No es una hipótesis. Y estábamos advertidos: Frank Dobson, miembro del parlamento británico por la demarcación de Holborn y St Pancras y ministro de Sanidad del gabinete de Tony Blair (de 1997 a 1999), explica el descenso social por la privatización de la sanidad en Gran Bretaña, que ha culminado con el escándalo del Mid Staffordshire Hospital —con la muerte evitable de entre 400 y 1.200 persones entre los años 2005 y 2009—, que obligó a David Cameron a pedir disculpas en el parlamento por las «espantosas negligencias» cometidas en el hospital público —pero “gestionado” por una fundación privada que daba prioridad, según el informe de la inspección, «a objetivos económicos por delante de la calidad del servicio».

Para Dobson, a pesar de los problemas que tenía, el National Health Service (NHS) realizaba un buen trabajo, y cada vez lo hacía mejor. Pero su futuro se puso en peligro con la introducción de las “fuerzas de mercado” y los proveedores movidos por el ansia de beneficios privados. Aunque algunos políticos y miembros de los lobbies del sector privado de la sanidad vayan diciendo que la privatización del sistema de salud en Gran Bretaña es un éxito, no hay nada más lejos de la verdad. Gran Bretaña contrata a hospitales privados, al estilo de clínicas quirúrgicas privadas, para encargarse de las operaciones baratas, de menor riesgo, y para pacientes en general acomodados. Para decirlo sin tapujos, se quedan con las intervenciones que dan beneficios y dejan en los hospitales del NHS a las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones complejas. Sin embargo, las operaciones en estos hospitales privados cuestan una media de un 11% más que en los hospitales públicos. Y a estas compañías que trabajan para conseguir su beneficio se les garantiza un flujo de financiación. Así, si sus contratos especifican que atenderán a 5.000 pacientes anuales y sólo atienden a 4.500, a los hospitales privados se les sigue pagando la atención de 5.000 pacientes. Y mientras que se garantizan los ingresos de los hospitales del sector privado, a los hospitales públicos se les obliga a competir –y no sólo con los de la privada, sino también entre ellos. Para esto, el gobierno británico ha introducido el pago por resultados —lo que los políticos llaman «financiación centrada en el paciente». El resultado ha sido una confusión: la sanidad británica se ha encarecido y los hospitales han recortado servicios importantes para la población para reducir los déficits de su mala gestión. Pero los problemas no se acaban aquí, porque con la introducción de la financiación centrada en el paciente y en las fuerzas de mercado se ha incrementado la proporción del presupuesto de sanidad destinado a burocracia desde el 4% hasta, aproximadamente, el 15%. Y aunque es absurdo, tiene su lógica: si el dinero se centra en el paciente se debe poner en funcionamiento todo un sistema que siga las huellas de los pacientes y del dinero… Preparar las licitaciones cuesta dinero. Se tiene que pagar a los abogados y contables, incrementar la burocracia. Los hospitales deben hacer muchos cálculos, llevar el registro y codificar los costes de cada paciente, emitir facturas (aunque sea en la sombra, como puede pasar en los hospitales de Girona)… La competencia que se tenía que estimular entre hospitales sólo consigue poner impedimentos a las mejoras y obstaculizar la difusión de nuevas ideas. Y lo más triste: el personal sanitario tiene que dividir su tiempo entre tratar a los pacientes (que es a lo único que debería dedicarse) y hacer todo el papeleo. Y así se desatiende a las personas. Y así se paga un precio demasiado elevado en vidas humanas.

La privatización del NHS y el desastre final descubierto en el hospital de Staffordshire se unen a la barbarie de los hospitales del País Valencià. Y sin embargo, cuando se inició el proceso se presentó como una solución para mejorar la eficiencia, reducir costes y listas de espera. Pero la realidad es demasiado dura y cara de pagar. El daño que causa un sistema de salud privatizado, fragmentado, afecta a toda la sociedad en su conjunto.

¿Y qué sucede en Catalunya?

Tampoco en los hospitales concertados catalanes podemos apreciar ningún beneficio derivado de una supuesta competitividad. Al contrario. Las hipotéticas mejoras, que podrían comportar nuevos y mejores contratos para más personal sanitario, para atender mejor a los pacientes…, pueden ir a parar —y en muchos casos van— a las cuentas de resultados de empresas privadas propiedad de algún amigo. O a las contabilidades B de los corruptos que el sistema conlleva. También en Catalunya, los asesores tecnócratas han sido los que traspasan sin vergüenza alguna las puertas giratorias que confunden el sector privado y el público de la sanidad, y defienden los intereses de las empresas, inversores, corporaciones, laboratorios o industrias farmacéuticas y químicas en la sanidad pública. Durante este año 2012, hemos podido verlo —y sufrirlo— en Catalunya. Hemos visto cómo, en el año 1995, un gestor de una entidad sin ánimo de lucro (Ramon Bagó) cerraba la cocina del hospital de Mataró y la adjudicaba a su propia empresa (el grupo SEHRS). Hemos visto cómo este mismo gestor recibía contratos irregulares por valor de 12 millones de euros de manera irregular. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión mejor– un responsable sanitario contrataba informes falsos a la empresa de otro gestor por valor de 800.000 euros. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión magnífica– dos hospitales comarcales se gastaban 330.000 euros en alquileres, comisiones, viajes y restaurantes, de los cuales nadie ha podido ver ni una sola factura… Hemos visto tantas cosas, que podríamos llenar unas cuantas hojas más como ésta.

Y a pesar de todas estas evidencias, y llevados por un momento de bondad, supongamos que –tal como ellos mismos pregonan– esta élite en gestión sanitaria tiene la varita mágica de la gestión. Aceptemos, por un momento, que sus conocimientos “de experto” consiguen ahorrar en la prestación de servicios sanitarios. ¿Qué beneficio obtiene el ciudadano de esta supuesta excelencia si, después, los ahorros conseguidos, en vez de repercutir en la mejora de los servicios, se apartan de la gestión de lo que es público, de todas y todos, y van a parar directamente a la cuenta de resultados, o a las empresas privadas, o a las contabilidades B, o a los bolsillos de los amigos, de sus intereses y de la sanidad privada? También en Catalunya, gracias a su docta gestión, las listas de espera se han disparado como nunca, y empeoran las condiciones de vida de la gente que espera entrar en un quirófano. Además, en Catalunya tenemos, desgraciadamente, víctimas de los “ahorros” y de los recortes de la estafa. Lo pueden negar desde la Conselleria de Salut, pero también —como en Valencia— acabarán saliendo cifras y nombres… La lástima es que ya no se podrá evitar el desastre.

Y, por otro lado, ¿qué incentivos tienen estos “expertos” para hacer su trabajo y recomendar, por ejemplo, el desmantelamiento del Institut Català de la Salut? (Hablamos del informe de la consultora PWC, hecho según Boi Ruiz gratis et amore). ¿Qué esperan, a cambio de su asesoría, de sus informes? ¿El reconocimiento de la ciudadanía? ¿La aprobación boquiabierta del Parlament? ¿O, en cambio, el premio es el ascenso, el privilegio, una sensación de poder —que, desgraciadamente, hace que las cosas empeoren— y la presunta comisión furtiva? Estas preguntas nos llevan a la tercera disyuntiva…

Consejos de administración vs control democrático

¿Quién vigila el trabajo de nuestros “expertos”? ¿Quién marca los objetivos de los “expertos” y controla que su gestión sitúe la salud de la ciudadanía en el centro del sistema? ¿A quién tienen que dar cuenta de sus actos y de las consecuencias sociales de éstos? En Catalunya, un diputado del Parlament, la máxima representación del poder popular, no tiene ninguna potestad ni autoridad para pedir explicaciones sobre lo que hacen los gestores de los hospitales concertados. Por ejemplo, si un diputado pregunta por la cuantía de los contratos recibidos por un empresario estrechamente ligado a CiU, la respuesta es: «Estos hospitales no dependen directamente de la Generalitat y, por lo tanto, no disponemos de esta información». Es decir, que la mitad del mayor presupuesto de la Generalitat —la que corresponde al sector concertado— está totalmente fuera del control ciudadano. Y no hablamos de comités de barrio ni de asambleas revolucionarias al estilo chavista. No. Hablamos del Parlament de Catalunya, que, gracias a la privatización de la gestión sanitaria, se convierte en un envoltorio sin capacidad fiscalizadora real y —lo que es aún peor— sin capacidad alguna para imponer directrices ni objetivos. De este modo, nos damos cuenta de que la “política sanitaria” ya no se decide ni en los ayuntamientos ni en los parlamentos, sino en los consejos de administración de entidades donde el interés general aparece siempre —si aparece— después del interés de accionistas o de los empresarios amigos que tienen que recibir su contrato anual.

Para escapar de cualquier control, incluso se escabullen de la Sindicatura de Comptes, porque, si el síndico más honesto consigue superar los “amiguismos” políticos y las sociovergencias que todo lo tapan, se puede encontrar con una formidable muralla legal: el servicio del hospital concertado o contratado puede ser público, pero el contrato se ha firmado acogiéndose al derecho privado. Y, en ese caso, únicamente el Tribunal de Cuentas (otro órgano de dudosa eficacia y escasísima transparencia) pueda quizá decir algo —tarde y, probablemente, mal–, con la tara, además, de que “atenta contra nuestra soberanía”. Porque lo que queda claro en sanidad es que nuestro derecho a decidir, el ejercicio del derecho de autodeterminación, como lo entiende la sociovergencia, pasa necesariamente por el hecho de que el mal gobierno de Catalunya pueda maltratar y privar de sus derechos a nuestros enfermos y a nuestras enfermas. Y si os cuesta creerlo, sólo tenéis que ver en la hemeroteca los aspavientos que se hicieron cuando el Tribunal Constitucional, desde Madrid, derogó, con argumentos que no son los nuestros, el euro por medicamento…

Tendencias deseables

Evidentemente, la actual gestión directa de los servicios sanitarios —representada en Catalunya por el ICS— presenta importantes deficiencias en materia de transparencia. Pero mientras que la capacidad ciudadana de fiscalizar y controlar la gestión que se realiza en el ICS es muy, pero que muy, limitada, controlar lo que se hace en el sector concertado es totalmente imposible. En lo referente a la eficacia —mantra de los “expertos” sanitarios—, es cierto que al sector netamente público le queda mucho camino por recorrer y muchas mejoras por interiorizar. Pero no es menos cierto que es prácticamente imposible medir esta “eficacia” en los centros concertados, que escapan totalmente de la fiscalización de gestión y de resultados de las instituciones democráticas, cosa que convierte en un dogma de fe la mejor gestión que hacen nuestros expertos.

Pero más allá de esto, hay un aspecto en el cual un sistema de gestión directa, de gestión pública de lo público, siempre será mejor que el más eficaz de los equipos de gestión privada: y es que pase lo que pase, se produzcan los problemas que se produzcan, éstos siempre podrán ser discutidos, debatidos y solucionados de manera democrática, ciudadana y soberana.

Para conseguirlo, sólo nos es necesario ahondar más en el funcionamiento democrático de las instituciones y, sobre todo, necesitamos una ciudadanía empoderada, participativa y que crea de verdad que la política debe velar por sus necesidades, mejorar el ejercicio de sus derechos y responder con claridad y sin excusas delante del pueblo. Nuestra sanidad no tiene sólo que vendar nuestras heridas, sino que debe ayudar a cohesionar a nuestra sociedad, a mejorar la equidad, a reducir las diferencias.

Albano Dante
Fundador y director de la revista Cafèambllet
Àngels Martínez Castells
Presidenta de Dempeus per la salut pública
Publicado originalmente en catalán en Perspectives de Espai Fàbrica. Traducción: Nàdia Subirana

 

El Borbón a la Quirón: nosotras SANIDAD PUBLICA!

Mientras hoy de nuevo la marea blanca inundaba Madrid este domingo desde la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol celebrando la paralización del proceso de externalización de seis hospitales, el Borbón, asesorado por su equipo de médicos y cortesanos, ha optado por ser operado (de nuevo) en la misma Clínica privada en la que se originó el problema que ha derivado en infección. Cuando los que viven en el Olimpo del 1% nos quieren dejar sin sanidad pública, poca clase tendría que ahora el Rey borboneara la Quirón San José y le hiciera el feo muy feo de optar por el Centro Hospitalario La Paz, público al 100% (por ahora, y que dure) y desde cuyas instalaciones se puede asistir a conciertos tan oportunos como reivindicativos de la Orquesta Solfónica:

Las distintas plataformas convocantes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública celebran manifestaciones el tercer domingo de cada mes con el lema “Sí se puede”, pero la de hoy ha sido especialmente festiva, con esos lemas que no gustan, al parecer, ni al Gobierno ni a la Monarquía:

“la sanidad pública no se vende, se defiende”
“Sanidad 100 X 100 pública y universal”
“Somos médicos, somos pacientes, defendemos la sanidad pública”.

La marcha de este domingo, además de ser un éxito de convocatoria, ha estado marcada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual ha supuesto una inyección de ánimo y confianza aunque Lasquetty (inasequible al desaliento) todavía no se esconda, con los escorpiones y los reptiles, bajo las piedras. El ambiente no estaba tampoco exento de cierto humor negro: varios miles de manifestantes han realizado el recorrido amenizado por distintas bandas y con canciones como la de “Sí se puede, a por ellos, con tu salud harán caja o tu ataúd”.

Las marchas sirven de intercambio a los distintos colectivos vecinales para dar a conocer sus distintas iniciativas. Por ejemplo, se ha anunciado la I Carrera en defensa de la Sanidad Pública “Corre por tu salud”, que partirá el domingo 29 de septiembre del Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid). Dado el estado de la cadera del Rey, y a pesar de que será operado el próximo martes (sin listas de espera) en centro privado por médico privadísimo, no se espera que el Borbón (que como se ve asistió a los entrenos) participe en la carrera.

Pues eso, lo dicho: el Borbón a la Quirón mientras el común de los mortales, la ciudadanía harta de expolios, seguimos defendiendo, con más fuerza y convencimiento que nunca, la sanidad pública y universal, como derecho humano libre de saqueos, de gaviotas depredadoras y de fondos-buitre.

 

El escandaloso deterioro de la sanidad madrileña

Me entero en el blog de Dempeus per la Salut Pública que según denuncia el sindicato UGT, la presidenta de la Comunidad Madrileña ‘castiga’ a casi dos mil pacientes, por preferir la sanidad pública. Los privados doblan el coste por cama pero, aún así, Espe-rancia Aguirre ha lanzado una fuerte campaña de marketing a favor de los hospitales privados que tantos problemas e irregularidades presentan.

Puede leerse también en Nueva Tribuna que la privatización de la sanidad avanza tan deprisa como crecen los retrasos para determinadas intervenciones quirúrgicas.  En sólo cinco años, la salud de un tercio de la población -dos millones de madrileños- ha pasado a ser gestionada por empresas privadas.

Por su parte, Juan Luis Martín, responsable de políticas sectoriales de UGT en Madrid, sostiene que el coste de las camas en manos privados duplica el coste del modelo tradicional, que las listas de espera superan en realidad los tres meses y pueden dispararse hasta los seis meses en el caso concreto de los pacientes que no quieren ser intervenidos en hospitales privados… y a pesar de las promesas electorales de la Presidenta de reducirlas, se ha alcanzado un pico histórico en el número de pacientes en lista de espera, según UGT. Y añaden: “Alguien no ha empleado adecuadamente los 396 millones gastados en los últimos cinco años” que se cierran con 51.000 pacientes en listas de espera. Por otro lado, los recortes de personal -2.600 efectivos menos que en 2008, según el balance final del año pasado-, empeorarán aún más la calidad de la asistencia.

Y UGT sigue informando de que otros servicios privatizados –como la gestión de citas- dejan también datos inquietantes, como el call center o servicio telefónico que atiende a los pacientes al demandar cita con su médico. Indra -la empresa de servicios española que opta a prestar este servicio- ha rebajado de 40 a 26 millones de euros su oferta para prestar este servicio, hoy en vías de privatización, pero lo realmente increíble es que ha sido la propia empresa la que dice que no necesita los 40 millones previstos por el Gobierno Aguirre en las bases de este concurso público. Y este “ahorro” le parece absolutamente creíble a UGT porque el sindicato afirma que si este servicio se prestara por medios públicos, costaría dos millones de euros menos de lo ofertado por la propia empresa Indra..

Pero, quiera lo que quiera la Presidenta, y a pesar de la destructora deriva privatizadora, un 67 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas sigue prefiriendo la sanidad pública antes que la privada según los datos del Barómetro sanitario manejados por UGT.

Pueden seguir leyendo el demoledor informe en Nueva Tribuna.

 

Toni Barbarà: Metalenguaje y Jerga en Salud

METALENGUAJE Y JERGA en SALUD

En lógica y filosofía del lenguaje, un metalenguaje es un lenguaje que se usa para hablar acerca de otro lenguaje. Es el lenguaje que utilizamos cuando con él nos referimos no al objeto del discurso, sino al lenguaje que se refiere al objeto del discurso. Un código lingüístico. Y de códigos y estrategias va esta reflexión “raterilla”. Más que la denuncia de una rata mediática, como es habitual en mi blog, hoy es todo un monográfico de desratización urgente y necesario, a la vista de lo prolífico de las camadas en curso.

Se pretende imponer, ya sin maquillaje ni reservas, una concepción neoliberal a ultranza a lo largo y ancho del sector salud, y para ello es imprescindible secuestrar un determinado lenguaje (social), y suplantarlo por otro léxico preñado de contenidos mercantiles, capitalistas, falaces y patógenos al fin. Me estoy refiriendo a las nuevas expresiones “eruditas” usadas y abusadas en el sector y sustancialmente entre alto personal directivo, técnico y gerencial. No hablo de algo tan constatable hoy como es el lenguaje transversal –transdisciplinario, contaminado y en recurso de parábola. Ese que permite neologismos y figuras muy ilustrativas valiéndose de la gastronomía, el deporte, la informática o la propia salud: así pues, hoy, “aliñamos temas” o los servimos “con guarnición”, sacamos “tarjetas amarillas” o “nos meten goles”, hacemos “resets” o “colgamos” artículos, nos protegemos de “virus informáticos”, o nos afectan “infartos ecológicos” o “anemias pensantes”. Hasta aquí nada a criticar y bien al contrario una lanza en favor de la imaginación y las descripciones impresionistas a golpe de paletada conceptual.

Mi profunda preocupación y desasosiego llega con términos como “lo complejo, la gobernanza, criterio de gestión empresarial, flexible, moderno, eficiente, sostenible, consorciado, colaboración público-privada, proveedor, objetivos incentivados, competencia, competitividad, legal, evaluación de resultados, y un largo etcétera”.

Entramos en materia. Se NOS advierte de lo “COMPLEJO” de la jerga tecnocrática como un a forma de excluir a profanos, una excusa para la opacidad, y frente a lo simple, que debiera ser lo entendible, y precisamente inclusivo, incluida la posibilidad de expresarse con distintos niveles de explicación. Se impone lo “NUEVO Y MODERNO” frente a lo pretendidamente viejo y obsoleto.

Los “CRITERIOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL” predican como una bondad intrínseca al margen de cualquier otra consideración de fondo. Es el pragmatismo aquel de cazar ratones no importa el color, pero omitiendo interesadamente el final del cuento al no especificar quienes, de cual color, se comen la caza. Desde la adición a esa “gestionitis” se abomina de todos los males seculares: la burocracia, incapacidad de adecuación a la realidad, rigidez frente a adaptación a flujos y demandas, desmotivación del personal y profesionales, masificación, uniformismo, lentitud de innovación tecnológica,… como si esos problemas fueran inherentes al sistema público, y por descontado superados en la gestión privada, lo cual es además absolutamente falso.

Lo “FLEXIBLE” se postula para erosionar derechos y condiciones laborales, y como antónimo deseable frente a la rigidez funcionarial. Realmente no hablan de capacidad de adecuación al servicio de objetivos sino de renuncias de calidad, equidad o garantía de ejercicio de derechos siguiendo el modelo de la flexicuridad europea.

Se substituye sutilmente “EFICACIA” (capacidad para lograr el efecto deseado) por “EFICIENCIA” (capacidad de disponer de alguien o algo para un efecto…o sea relación entre resultados obtenidos y recursos empleados o “como sacar el máximo provecho de”).  Se pondera y saluda la necesaria sinergia, y “COLABORACIÓN PÚBLICO –PRIVADO”. Incluso se pontifica con el sugerente hallazgo de LO MIXTO. Así “CONCERTAR” en el sentido de sumar, mezclar, incorporar entidades y empresas, públicas, privadas, semi a medias, o ni lo uno ni lo otro, en una macedonia de siglas. Es algo digno de la mayor consideración y encomio mientras que preservar territorio público a salvo de la rapiña privada es algo demodé y por supuesto anacrónico, al decir de los popes del neoliberalismo disfrazados de gurús empresariales. Hoy lo que prima es la “GOBERNANZA”, que suena de maravilla con un toque italianizante. ¿Pero que es eso? Es interacción. “Es un conjunto de arreglos y relaciones formales e informales entre intereses públicos e intereses privados, que permiten la toma de decisiones, coordinadas entre lo privado y lo institucional”. Esplendida modernidad mucho más ostentosa que no eso tan elemental de “GOBIERNO”, además muy atufado por lo público.

Se confunden los criterios de medida de “EVALUACIÓN” del sistema. ¿Como medimos resultados? ¿Lo hacemos en economía, o en servicios sociales? Cuando algunos afirmamos la prevalencia del interés social y asistencial, ¿ello supone ignorar la “SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA”, o sea la provisión financiera del sistema? Las empresas del sector ¿tienen o no reconocido “AFÁN DE LUCRO “? Pero es más, tengan o no ese estatus administrativo (por lo demás legítimo para mercancías…que no para la salud)… ¿están debidamente controladas por la sociedad? ¿Son transparentes y disponen de verdaderos mecanismos de participación ciudadana (no para ser informados-consultados sino para ejercer empoderamiento civil) ?
¿Disponemos en el actual cuerpo legislativo de normas y leyes que amparen lo público ante las acometidas violentas de invasión de cajas y presupuestos, de parasitación, de apropiación, de desviación de recursos, de externalización de servicios, de privatizaciones en fin?

¿Sabe la ciudadanía que en su sistema público de salud, en ese que cotiza y sostiene con su esfuerzo fiscal y laboral, los llamados “PROVEEDORES” son las empresas (ya públicas, ya privadas, o mixtificadas) que “compran- contratan” a la Administración competente la prestación real de sus servicios de atención en salud? ¿Sabe la población en general, y la más participativa y motivada en particular, que son los sistemas de financiación per cápita, o por objetivos, o por procedimientos… quien es el titular, quien el competente, quien el responsable…? . Definitivamente , “¿clientes o titulares?”, ¿usuarios y/ o pacientes ?

Son tolerables los “OBJETIVOS INCENTIVADOS” a los profesionales de salud cuando eso supone simple y llanamente la concesión de pluses económicos, extras en nómina, para premiar “buenas conductas” en el ejercicio de su labor? ¿Y que esas buenas prácticas dignas de merecer premios crematísticos no son otra cosa la parquedad y la limitación a conceder ILTs (o sea bajas laborales), o la no prescripción de ciertos fármacos, o no procedimientos de alto costo, o el seguimiento mostrado y demostrable a los protocolos-orientaciones de opción terapéutica y de práctica profesional tal como aconseja la empresa proveedora?.
Otra vez, acabo con la evocación al insigne Albert Einstein:”Cuando alguien sabe realmente de una cosa es capaz de explicársela a su abuela”… o como acabo de explicar, de todo lo contrario: de explicarla de tal forma que no la entienda ni el abuelo Albert Einstein. A la impunidad desde la opacidad, pasando por la pedantería.

¿Hasta cuando? ¿Nos ponemos en pie? ¿Lamentarse o DEMPEUS?

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Visto en La Ratera, el bloc del Dr. Antoni Barbarà i Molina.

 

Sobre el ciclo económico-político y el ciclo electoral

A raíz de mi entrada de ayer en la que intento desmontar los argumentos publicados en El Periodico de López Casasnovas se ha suscitado un interesante comentario sobre los ciclos económico-políticos y los ciclos electorales. De manera muy telegráfica:

1) En el capitalismo, el funcionamiento de la economía no puede explicarse sin la intervención de la política. La vida económica de un país no discurre al margen de su vida política. Creo haberlo explicado en otras entradas (ver, por ejemplo ¿Puede sobrevivir la demoracia al capitalismo financiero?). A partir de este planteamiento general, los economistas explican según su propio interés de clase la interacción entre economía y política, y sugieren modelos de actuación donde la economía se somete a la política (los menos), o todo lo contrario.

2) El ciclo económico político en versión kaleckiana es, pues, el resultado de la lucha de clases por el excedente entre empresarios y rentistas (Kalecki 1943) que obligan al Estado a políticas de esquizofrenia en función de la acumulación de beneficios. Naturalmente, para Kalecki el gobierno no es neutral. En un determinado momento, para poner fin a las políticas de pleno empleo por su repercusión sobre el incremento de los salarios y de los precios, se obliga al Gobierno a disminuir el gasto y enfriar la economía. El objetivo es, de modo expreso, doblegar los salarios y disminuir precios. Cuando las consecuencias de estas políticas ponen en peligro el propio sistema ya que la paralización del gasto y el bajo poder adquisitivo de los salarios conducen a una crisis de sobreproducción, los empresarios obligan al Estado a una política expansionista para relanzar la economía. Estos vaivenes en función de intereses económicos contrapuestos se conoce como la política de “stop” and “go”, y podrían considerarse inherentes al ciclo político característico del capitalismo, el cual se ha agudizado en los últimos años (superado el paréntesis de políticas keynesianas) por la falta de regulaciones del capital financiero y la especulación inmobiliaria, provocando una crisis de proporciones mucho mayores.

3) Al ciclo económico-político de Kalecki se añaden los ciclos electorales, de los que fueron pioneros los modelos de Downs, Nordhaus y Lindbeck en los años setenta del siglo pasado. En resumen, lo que dicen estos modelos es que la inestabilidad económica que provoca el ciclo económico-político se agrava por cómo intentan los políticos mejorar la imagen que los electores tienen de ellos (función valoración) y las políticas que ponen en práctica para asegurar su reelección (función política). Explican, además, que si las elecciones se hicieran cada cuatro años, podríamos encontrar unos dos primeros años donde los partidos en el gobierno siguen más de cerca sus postulados ideológicos, y si al llegar a mitad del ciclo han perdido popularidad (podría ser el caso ahora, que las encuentras dan 5 votos de ventaja al PP sobre el PSOE,  repito que ahora, pero trasladando la intención de voto a las próximas elecciones) nos cabe esperar dos años finales en los que se pongan en práctica las políticas más al gusto de los electores y las electoras. Sobre la existencia real de estos ciclos electorales dentro del ciclo político-económico existen investigaciones que la demuestran para una parte importante de democracias pluralistas, utilizando básicamente las políticas presupuestarias y monetarias, y para los años 60-70 del siglo pasado.

Soluciones:

Con la formación de la Unión Europea ya se intentan “disciplinar” los ciclos electorales sustrayendo a los Estados el manejo de las políticas monetarias (creación del Banco Central Europeo) y poniendo serias limitaciones a los déficits presupuestarios. (Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento). Es decir, nos quedamos en la parte restrictiva del ciclo, aquella que no favorece ni el pleno empleo ni el crecimiento de los salarios, a cambio de unos precios estables. Pero además, se sugieren soluciones adicionales que en su momento eran de tres tipos (porque la del “laissez faire” puro y duro, sin intervención estatal de ningún tipo, con la que está cayendo, ha obligado incluso a que Sala y Martín su máximo defensor, se calle un rato, prudentemente). Las otras dos son:

1.ª Ampliar el área de los organismos e instituciones independientes de la influencia del Gobierno y los políticos (López Casasnovas lo sugería en su artículo de ayer para la política sanitaria). Vale la pena observar que si aceptamos el dominio de la economía sobre la política, esta “externalización” de la toma de decisiones evita aquella parte del llamado ciclo electoral que permite hacer políticas que las personas identifican como propias y por tanto acercan a la participación, aunque sea en la mínima expresión del voto…  Otras propuestas más peregrinas consisten en alargar el período electoral, o incluso en marcar las elecciones de manera aleatoria, de manera que ni siquiera los políticos sepan cuando habrá elecciones, para impedirles maniobrar a favor de su reelección.

2.ª Aumentar la transparencia de las políticas y dar amplia información sobre las mismas. Al respecto, allá en los años setenta, Fuentes Quintana decía: “ La publicidad de todas las decisiones económicas estatales es fundamental para limitar el control político arbitrario de la economía. La publicidad es al sector público lo que la competencia al sector privado: una condición imprescindible para su administración. Queda también la información. Los ciudadanos deben saber que el ciclo electoral existe y deben realizar un análisis serio de los programas que se le presentan. Mejorar el nivel de comprensión del público de los problemas económicos constituye un deber importante de los economistas para que los electores puedan valorar y rechazar los programas políticos miopes y demagógicos.” Seguramente a esta segunda solución podemos añadir la participación política no manipulada de la ciudadanía.

En cualquier caso, la solución por la que me inclino no consiste en substraer a la decisión de la ciudadanía las políticas de salud, ni evitar a los políticos que respondan por decisiones que toman de hecho, de manera vergonzante, con el artificio del “organismo técnico independiente”. Me inclino, naturalmente, por la transparencia, la información y la formación, la responsabilidad política y el compromiso. Y deseo sinceramente que esta aclaración de mi entrada de ayer sea de utilidad para entender mejor las relaciones entre economía y política, y el papel clave de las políticas de salud. Lo más insano que podría suceder sería, precisamente, mediante argucias supuestamente técnicas, escamotearlas a la ciudadanía.

 

Guillem López Casasnovas contra la salud pública

Y sigue la Santa Cruzada de la manipulación. Hoy le toca el turno a Guillem López Casanovas, catedrático de la UPF y consejero del Banco de España entre otros títulos, y que en El Periódico, publica un artículo que no esconde sus intenciones desde el mismo título: “Cambios necesarios en la sanidad”. Pero no se dejen engañar por la palabra “necesarios”, porque no tiene validez universal. Lo que López Casasnovas realiza, de hecho, no es ninguna propuesta en positivo, sino un serio intento de liquidar la participación pública y la responsabilidad política de la sanidad pública mediante la propuesta de introducción de un mecanismo supuestamente ”neutral” en una política social que, por su misma esencia, no puede serlo en absoluto.

La verdad es que el economista, antes de introducir el dardo envenenado final, no se esfuerza demasiado. Empieza hablando de forma muy vaga de que “los desequilibrios que han hecho insostenible nuestro modelo económico amenazan hoy el mantenimiento de nuestro Estado de bienestar” (dando por supuesto que todos estamos de acuerdo en de qué desequilibrios se trata, o en que dado su origen en el capitalismo más desregulado y duro,  lo mejor es no entrar en detalles).

Luego sigue explicando que los economistas de la salud que son como él sí que consideran beneficios y costes, y las personas que no pensamos como él, estamos contra la privatización, los copagos o repagos y a favor de un sistema  público, somos tuertos y además utilizamos mal las palabras, Nos acusa, además de no tener en cuenta “la pérdida de bienestar vinculada a una imposición”… ¡Atención, que vale la pena detenerse un momento en esta última perla ya que en este país de fraude fiscal y en el que quienes pagan los impuestos no son precisamente los que mayores ingresos y riquezas poseen, es de un cinismo excelso!

De hecho, por la falta de visión y por un empecinamiento en lo público que de acuerdo con el discurso supuestamente “técnico” y “neutral” de López Casasnovas sólo se podría justificar por una fijación monomaníaca, se “deriva la falta de consenso para las reformas necesarias de política de salud” cosa especialmente grave en tiempos de crisis. Ya saben, estos tiempos de crisis en el que las derechas nos dicen que son “un reto y una oportunidad” y donde abundan los retos para los trabajadores y trabajadoras y para el resto, los poderosos, no cabe el despiste de dejar pasar las oportunidades de meterse en su bolsillo particular lo que es de todos. Dijo al respecto Margaret Chan, directora general de la OMS: “El cobro de tarifas a los usuarios de servicios de atención de salud se presentó como una forma de recuperar costos y desalentar el uso excesivo de los servicios de atención de salud y cuidados. No fue así. Por el contrario, el cobro de tarifas castigó a los pobres.”

El profesor de economía de la UPF no ve en la defensa de lo público la reivindicación de derechos de ciudadanía dolorosamente conquistados, ni en el mantenimiento de la universalidad y del carácter público de la sanidad ninguna cuestión de derechos humanos ni de principios solidarios, sino tan sólo unas supuestas “tácticas electorales”. ¡En mi vida había visto una rebaja y un desprecio tan considerable por el principio de equidad! Pero ya que quien escribe el artículo sí que ha conseguido, al parecer y supuestamente, librarse de los principios, podemos dedicarle unos minutos más para ver qué conejo se saca de la chistera: y desde luego, no tiene desperdicio su propuesta tan aséptica de “crear un marco de decisión lo más estable y menos manipulable posible, a través de la fijación de normas e instituciones como el pacto europeo para la estabilidad de las finanzas públicas, la autoridad monetaria del BCE, o el Instituto para la Excelencia Clínica en Inglaterra, para las nuevas prestaciones sanitarias. Se trata, a través de la delegación a terceros, de que algunas decisiones que los propios partidos saben que hace falta tomar, se sustraigan del ciclo electoral.”

¡Pues qué bien! No sólo sustraemos cuestiones tan importantes como el modelo de salud, supuestamente,  al ciclo electoral, sino que los sustraemos de hecho  a los electores y electoras, y por extensión—y por decir las cosas por su nombre—las sustraemos a la ciudadanía. Y las encomendamos, naturalmente, a unos “terceros” que para nada recibirán presiones ni de los grandes consorcios de la sanidad privada, ni de los laboratorios farmacéuticos, ni de la gran industria de sanitaria… Serán tan neutrales como el propio autor del artículo.

Finalmente, López Casasnovas da el paseíllo con una coartada de gestión de lo más impoluto, que les ahorro si no quieren verse envueltos en palabras tan mágicas como traicioneras al estilo de “libre elección”, “demandas cautivas”, “evaluación de las innovaciones” , etc. … y llega al clímax cuando se apropia de la visión intersectorial de la políticas públicas “(salud en todas las políticas, sería el lema)” para justificar que se confíen los “ajustes a través de mecanismos más reglados que sustrajeran carga política a las decisiones que se puedan presentar como impopulares y con poca viabilidad de aplicación por el fuego cruzado político, pese a que se reconozcan como necesarias, a efectos de evitar el cortoplacismo político, el deterioro institucional y los déficits de calidad de las políticas públicas.”

Fíjense cuantas palabras difíciles seguidas para ocultar lo fundamental: que la decisión, el control, el rendimiento de cuentas, la posibilidad de valoración y de cambio de la política sanitaria escape de la ciudadanía y se quede en la élite de los que viven a costa de la inmensa mayoría de la población… Y encima les regatean o pretenden privarles, en determinados casos, del acceso al servicio de salud…. o hacerles pagar un nuevo peaje para disfrutar de atención sanitaria… Nadie tiene por qué entrar, naturalmente, según la visión de López Casasnovas, en las implicaciones de género y de clase de esta substracción sin paliativos a los derechos de ciudadanía.

Y lo más triste del caso es que algunas izquierdas, también supuestamente, caerán en el engaño, o por hipoxia neuronal, o por pereza en descubrir dónde está la trampa…

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Ver la continuación en: Sobre el ciclo económico-político y el ciclo electoral.

 

Toni Barbarà denuncia l’ofensiva contra la salut pública

A la foto, Antoni Barbarà a la presentació de Dempeus per la Salut Pública a l’Ateneu Barcelonès el passat mes de febrer.

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Seguim recollint alternatives per a treure arguments a la privatització i als co-pagaments (re-pagaments) en sanitat, i per no seguir aguantant les innumerables excuses i mentides amb les que es vol justificar la depredació del sistema de salut. En el seu bloc La ratera Toni Barbarà també ens proposa solucions des de lo públic a les noves amenaces de més espoliciació del sistema de salut, i fa una denúncia contundent de l’ofensiva que en aquests darrers dies s’ha incrementat de manera notable contra la sanitat pública. Totes les forces privatitzadores, externalitzadores, corporatives i impulsores d’un “liberalisme” recalcitrant com Esperanza Aguirre i  el “yernísimo” Güemes s’han unit a alts responsables del PSOE com Joaquín Almunia per a mentir, intimidar, influir en l’opinió pública i, sobre tot, augmentar les desigualtats en salut, expulsar a les persones que no poden pagar-se l’atenció sanitària del sistema, i convertir un dret de ciutadania en un acte de caritat a la sortida de missa, i de molt dubtosa efectivitat. Amb el llibre de receptes que ja ha complert els 20 anys, el (Consens de Washington)  es subordinen les persones i les seves necessitats a l'”afany de lucre” privat,  enemic natural de lo públic perquè limita el seu territori de jóc i les seves possibilitats de benefici.

Encara són poques les veus que s’han aixecat en contra d’aquest atemptat que, com ja he comentat en altres entrades, hauria de figurar, per la seva gravetat social sobre les persones més dèbils, en el codi penal. La veu del metge i amic és clara i contundent. Poden seguir llegint els seus argument en el seu bloc. Jo aquí, els en avanço una part, per anar obrint boca:

A VUELTAS CON EL COPAGO

La depredación proviene como es norma de las instancias empresariales más neoliberales y capitalistas del momento y del sector. Y se anuncia y se maneja por parte de los abundantísimos medias que las sirven, a partir de la enésima afirmación de insostenibilidad financiera del sistema público de salud. En estas fechas proponiendo, ya sin anestesia ni maquillaje, sus “expertas y doctas soluciones”. Básicamente en dos direcciones:

Una, apoderarse directamente del sistema o sea de los recursos financieros públicos para entregarlos a una gestión cada día más privada y más lucrativa desde la óptica empresarial- moderna. Y dos, envenenar con instrumentos “mixtos – mixtificadores” la naturaleza misma del sistema, a base de penalizaciones, externalizaciones, consorcios privatizadores, y COPAGOS apoyados por la vía de una claudicación social que empieza logrando que la ciudadanía se auto-inculpe por el mal uso/abuso de la asistencia.

En estas últimas horas, esos llamados “expertos” están en periodo expulsivo de sus más perversas y profundas ambiciones y aspiraciones. Su discurso es, quiere ser, demoledor: “Gastamos mucho, demasiado, imposible de sostener, en sanidad. Abusamos del sistema de atención de la medicación, de las visitas, de las urgencias, de las bajas, de las hospitalizaciones, de la cantidad de personas acogidas a la protección universal (hablan claro está de las llegadas desde otras latitudes y que tienen otra cultura, otro pasaporte, otro tono de piel y unas tremendas ganas de trabajar legalmente y de poder cotizar con sus impuestos, si les dejan). Gastamos demasiado en farmacia, a pesar de que no se explica que nos medicamos excesivamente bajo prescripción médica y promoción publicitaria de medicamentos, ¡Esto es insostenible e impagable! Tenemos que moderarnos en las demanda, tenemos que pagar algo, un/os ticket/s moderadores- disuasorios que penalicen a l@s pacientes que usen el sistema ( pagar solo un poco –de momento- y por tanto perfectamente asumible por economías suficientes). El Copago se plantea como una necesidad y un método sanador imprescindible, que habrá que IMPONER avalado por mentiras de todo tipo.

En primer lugar porque es mentira que gastemos “demasiado” en salud, así como en otras prestaciones sociales. Si nos comparamos con la Europa próxima, la de la U.E. -15, estamos a la cola de porcentaje del PIB respecto del gasto social desde hace decenios y seguimos sin alcanzar su nivel a pesar de las muy publicitadas políticas de protección y prioridad social,… en tiempos de crisis y de especial crudeza y duración en este País.
Las soluciones, que las hay, son diversas y de incuestionable trasfondo político. En definitiva gobernar y hacer política no es otra cosa que priorizar y elegir. Par el autor siempre deberían de seguir dos principios: Invertir más, Gastar mejor (que no menos).

Para invertir más necesitamos más recursos públicos. O aumentar cuantitativamente los presupuestos generales del Estado o dedicar más porcentaje de esos presupuestos a las políticas sociales en general y de salud en particular. También mejorar- aumentar la recaudación de recursos económicos mediante una reforma fiscal realmente progresista que haga pagar a quien más tiene. Que incremente los impuestos directos y a quienes disfrutan de mayor estatus, y por supuesto no eliminando impuestos sobre patrimonio, ni otros progresivos y correctores de la inequidad. Por supuesto no obviando las acciones inmediatas y urgentes sobre aflorar la economía sumergida, combatir el fraude fiscal, eliminar los paraísos fiscales, reducir significativamente los macro- beneficios de la gran banca y de las multinacionales, gravar y/o eliminar los macro- salarios de los altísimos gestores patronales…

Pero voy a aportar más cosas, tal como si fuera un experto imaginativo, espontaneo, altruista y solidario. ¿Cómo gastar mejor? Tomen nota de algunas ideas que les regalo- gratis a las más altas Instituciones del sector. Si quieren un día profundizamos…

– Cambiar radicalmente las prioridades de inversión, incrementando substancialmente las medidas de prevención de las enfermedades, de la promoción de salud vía pedagogía y educación en salud, actuando legislativa y directamente en la regulación progresista de los determinantes sociales en salud pública: trabajo versus paro y precariedad, inequidades de género, , de clase social, de discapacidad, de sectores frágiles y debilitados en lo económico-social, en medio ambiente, educación y cultura, hábitos de vida, formas de producción y consumo, vivienda, atenciones socio-sanitarias,… ya Uds. saben: prevenir (en todas las políticas) mejor que curar.

– Mejorar la Atención Primaria como primer encuentro asistencial. Más importancia, más dotación, más personal, más recursos, más coordinación… más tiempo para escuchar, explorar y explicar… haciéndose entender en las dos direcciones. A mejor atención primaria, menor demanda de urgencias (no necesarias, ni cómodas ni agradables) y menor presión hospitalaria (ni inocua, ni barata, ni rápida y si masificada), además de mayor eficacia en el abordaje de enfermedades en etapas incipientes o iniciales en general con menor complejidad y menor gravedad. Menos burocracia. Más contacto humano y mayor empatía personal.

(….)

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Segueixin llegint a La ratera , que bé s’ho val!

 

La conquista privada de la tarta pública(II)

Catalunya, pionera en el asalto a la sanidad pública

Seguimos comentando el artículo de Ortega en El Pais. El periodista nos cuenta que mientras Catalunya y otras regiones -Andalucía, Baleares, Aragón- limitaron la gestión distinta de la pública a entidades sin ánimo de lucro, el PP empezó a explorar en Valencia y Madrid nuevas fórmulas de colaboración con sociedades anónimas, empresas privadas que, en muchos casos, eran ajenas a la sanidad. La más novedosa empezó en la Comunidad Valenciana en 1999 con el denominado Modelo Alzira y carece de precedentes en los países de la OCDE. El Gobierno del PP ha concedido a Ribera Salud (propiedad a partes iguales de Bancaixa y la CAM) la organización de cinco áreas sanitarias (Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche), y atiende desde la asistencia primaria hasta la hospitalaria, junto a aseguradoras como Adeslas, Asisa y DKV. El Gobierno del PP paga 599 euros por cada usuario de esa zona, con una media de 200.000 habitantes cada una. En Catalunya, un consorcio recibe unos 545 euros per cápita. (…)

Los estudios publicados sobre la eficiencia de los centros sanitarios gestionados por empresas públicas o privadas son discordantes. La Organización Mundial de la Salud, en 2006, advirtió que dejar en manos del sector privado la sanidad pública acaba siendo más costoso, prohibitivamente complejo y, a veces, va en detrimento de la calidad. “La colaboración público-privada complica aún más la ya de por sí difícil tarea de construir y dirigir un hospital”, se afirmaba en el documento. Y Marciano Sánchez, de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, pone como ejemplo los hospitales de Madrid. “En un mismo centro hay duplicidad de gestión. Es mucho más caro, surgen problemas de coordinación dentro del mismo hospital y se producen distorsiones”(…)

Naturalmente, en el artículo de Ortega se pueden encontrar opiniones para todos los gustos, pero prefiero remitirme a un hecho que afecta de manera onerosa y dolorosa –y sobre todo por su falta de equidad– a muchas personas enfermas de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica.

Una “rara avis” en Catalunya: el Hospital Clínic, público, de ocho a tres

Ortega concluye su largo artículo refiriéndose al Hospital Clínic de Barcelona, que funciona como un centro público por la mañana y como uno privado por la tarde, gestionado por la empresa Barnaclínic. Utiliza las mismas instalaciones -salvo una planta de hospitalización- y dispone de los mismos médicos. Pese a las dudas éticas sobre este modelo, los gestores lo defienden porque supone fidelizar a los profesionales y un alivio para las arcas públicas. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones, de los cuales pagó 8 al Clínico por el alquiler de infraestructuras y equipos.

Pero lo que no dice Ortega es que hay una lista de espera  de dos años para la Unidad de Fibromialgia y de Síndrome de Fatiga Crónica que las hace pràcticamente inaccesibles a pesar de que, irónicamente, son gratuitas por la mañana,  cuando por la tarde, para los mismos facultativos se puede conseguir hora en un plazo de unos 15 días, abonando, eso sí, 170 euros… Para que luego el senyor Peiró siga jugando con la confusión de Hospital Clínic (¿privado o público?) al hablar de las bondades de la privatización del Consorci.

Fuente: El Pais

Otros enlaces relacionados: Crisi econòmica i salut pública
La sostenibilidad de los sistemas sanitarios
Las aseguradoras crecen en la gestión de los hospitales públicos
Dempeus va assistir a la trobada convocada per Cas-Madrid

 

La conquista privada de la tarta pública(I)

Hoy el periodista Josep Garriga nos cuenta en El País cómo en base al modelo que tanto el PP como el PSOE repiten en todas las autonomías, marcha a toda máquina la conquista privada de la tarta sanitaria pública.

¿Cómo lo hacen?

Basicamente, externalizando servicios para sortear deuda y listas de espera, mediante fundaciones “sin ánimo de lucro” o creando o contratando “sociedades anónimas” –a veces muy conocidas– que se ocupan de la gestión. Garriga nos cuenta que la asistencia sanitaria de más de un millón de valencianos depende de una única empresa privada -Ribera Salud- que realiza las pruebas analíticas de otro millón de madrileños. En Catalunya, Entidades de Base Asociativa (EBA), cuyos accionistas son los propios médicos, gestionan doce centros de atención primaria.

“En Andalucía, la Consejería de Salud derivó a 17 hospitales no públicos más de 60.000 intervenciones quirúrgicas sólo en 2007. En Baleares, el PSOE prometió modificar el modelo de gestión del nuevo hospital de referencia Son Dureta cuando accediera al Gobierno autónomo. Ahora, ha cambiado de parecer y mantendrá el mismo sistema público-privado que ha generalizado el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. En Canarias, el Gobierno autónomo mantiene conciertos con los hospitales de la red privada Hospiten. Y el resto de comunidades han firmado acuerdos con empresas privadas para derivarles pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. ¿Suponen estas nuevas modalidades de prestación sanitaria una privatización encubierta?”

Opiniones discordantes

“La sanidad se privatiza cuando estás obligado a pagar por el servicio que recibes, no en función de quien te lo presta”, afirma Joan Farré, director general técnico del Consorci Hospitalari de Catalunya, una entidad que asocia a fundaciones sin ánimo de lucro y entidades municipales que gestionan varias áreas sanitarias y nueve hospitales.

“El debate sobre la provisión no es inocuo y privatizar es cualquier forma de ceder la gestión a otro que no sea la propia autoridad sanitaria”, contradice Antonio Cabrera, secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras.

“Sin duda hay una privatización creciente y cada vez más importante, porque se introducen mecanismos de gestión privada en centros de titularidad pública. Y aquí incluyo también a las fundaciones”, abunda Marciano Sánchez, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, que acaba de emitir un informe muy crítico sobre la situación de este sector en España. El documento, por ejemplo, denuncia que, de todo el gasto sanitario anual de cada persona, el sector público cubría el 81% en 1980 cuando en 2007 se redujo al 70%. Es decir, el ciudadano paga de su bolsillo ya el 30%.”

Enlace con la página desde la que se accede al informe de la FADSF.