Infolibre, llanero casi solitario contra los comisionistas

Me sorprendió, por allá el año 2002, que cuando presentaban en sociedad al novio de Ana Aznar Botella se dijera de él, entre sus otros méritos políticos en el PP, que en el mundo de los negocios era conocido como un exitoso “comisionista”. Así, como lo leen, y aunque ahora he buscado registros y no los encuentro (quizás fue en alguna lectura de peluquería) recuerdo perfectamente el impacto que me produjo el calificativo, hecho naturalmente con ánimo muy laudatorio. Incluso había quienes dudaban si el braguetazo que parecía tan evidente no era sino todo lo contrario, y que quien “había hecho suerte”, como decimos en Catalunya, era la joven hija de Aznar. También la prensa “seria” opinaba al respecto, y por ejemplo Eduardo Inda nos presentaba este retrato del afortunado novio en el Mundo en enero del 2002, antes de la boda en El Escorial.

Prácticamente toda la vida escolar de Alejandro Agag, desde primero de EGB hasta tercero de BUP, discurrió en el colegio Retamar, del Opus Dei. Allí se codeó con los hijos de algunos de los mandamases de este país: los Suárez, los Ruiz-Mateos o los Calvo-Sotelo por citar sólo tres de los apellidos más conocidos. (…) Había nacido para la política. Si no, que se lo digan a Andrés Calvo-Sotelo, hijo del segundo presidente de la democracia. «El tío estaba en primero de CUNEF [Centro Universitario de Estudios Financieros] y quería montar una asociación de estudiantes. Al ver que siendo un novato tenía pocas posibilidades, le pidió a uno de quinto [Andrés Calvo-Sotelo] que fuera presidente; él se autonombró secretario general y elaboró unos estatutos en los que todo el poder ejecutivo quedaba para él. En fin, todo un ejercicio de maquiavelismo», según rememora otro “compañero de pupitre” y de cuitas universitarias.

Sin embargo, su primera experiencia en el mundo empresarial fue un fiasco que duró menos de dos meses. Fundó Natko SL. con Jacobo Gordon, Javier Alvarez, Carlos Mazario y Jaime López-Ibor, pensando en hacerse millonarios de la noche a la mañana, según cuenta Inda. “Su objetivo era traer a España el jueguecito de moda entre los yuppies estadounidenses: guerras ficticias en el monte con pistolas que disparaban pintura roja. La Guardia Civil denegó los permisos a aquellos imberbes que querían jugar a empresarios.” A este primer gatillazo, le siguió poco tiempo después la excusa de no correr en chandal con Aznar todas las mañanas a las 6 y media, alegando una hernia. A pesar de ello, siguió de “fontanero” en la Moncloa e invitado de los veranos de Oropesa o Menorca de la familia Aznar. Y mientras, se hablaba con más o menos fundamento de sus intermediaciones con tramos del AVE, con Flavio Briatore y Bernie Ecclestone, y con el Banco Portugués de Negocios. Como ven, cada nombre que rodea a Agag es ejemplo de transparencia y buenas prácticas.

Casi al final de su artículo cuenta Inda cómo Agag fue quien fraguó el más que polémico aterrizaje de la Forza Italia de Silvio Berlusconi en el Partido Popular Europeo y que su relación con el entonces delfín de Berlusconi, el presidente del Parlamento italiano, Pierferdinando Casini, había alcanzado un grado de complicidad absoluto. Berlusconi, como saben, pasó de ser invitado estrella en la boda a imputado con riesgo de cárcel en Italia. Y para que puedan sonreir entre las maquinaciones y traiciones de esas mafias italianas tan conectadas con las castas dirigentes del PP de Aznar (por lo menos) vean lo que escribía Inda del lugar donde iba a celebrarse la boda: “Ahora la pareja del año se ha puesto manos a la obra para culminar con éxito la misión imposible: encontrar sitio para celebrar la ceremonia religiosa y el banquete. Casarse en Madrid en el lugar y en el día que uno quiere es poco menos que una utopía. «Y de trato de favor, nada de nada», han advertido a sus allegados.”

Naturalmente, no hubo trato de favor en la boda casi regia de El Escorial. Y tampoco los ahora imputados y reos de la trama Gürtel (que ahora nadie conoce) tuvieron nada que ver… Sin embargo, la palabra “comisionista” sigue flotando en el aire, tomando nueva substantividad gracias a informaciones de periodismo de investigación de gran calidad de InfoLibre.

Por eso comparto con Jesús Maraña la desazón porque desde las impagables páginas de Infolibre (y de manera destacada de la firma de Alicia Gutiérrez) hace más de una semana que se están aportando documentos “que reflejan muy nítidamente el funcionamiento en España de una puerta giratoria por la que fluyen y se confunden los intereses de la política, el sector financiero, los negocios privados y los recursos públicos.” Y el lamento tiene mucho sentido porque la publicación de esos datos se produce en una casi completa soledad, únicamente rota, según reconoce Maraña, por espacios de independencia profesional como El Intermedio de La Sexta, algún informativo de esa misma cadena o de Cuatro TV y profesionales de una credibilidad incontestable como Iñaki Gabilondo, Miguel Ángel Aguilar o Pepa Bueno. Se produce incluso la paradoja de que periodistas que cubren la información sobre el Gobierno y el PP rebotan en las redes sociales las historias que desvela infoLibre, pero no pueden publicar en sus medios ni una línea sobre el asunto.

Y el asunto consiste resumidamente en esto: “correos electrónicos del entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, nombrado para el cargo por su íntimo amigo y excompañero de pupitre José María Aznar, demuestran que este último ha hecho numerosas gestiones a favor de Einsa, empresa de material bélico que recibió contratos millonarios por parte de los Gobiernos de Aznar y que tenía un enorme interés en utilizar la influencia del ya expresidente español para ampliar mercados en Argelia, Libia y otros países. Además, Aznar utilizó parte de la estructura de la fundación que alimenta ideológicamente al PP, financiada en parte con dinero público, para ejecutar esas gestiones de carácter absolutamente privado. Aznar negó a través de un comunicado que “concluyera” ningún contrato con Einsa o que percibiera remuneración económica personalmente por esas gestiones, en las que le ayudaba un hermano de su yerno Alejandro Agag.”

Lo que no ha hecho Aznar es aclarar ni una sola de las conclusiones que se derivan de esos correos secretos a los que ha tenido acceso infoLibre y sobre los que Gabilondo ha lanzado preguntas tan concretas como sensatas: ¿Cuáles fueron las gestiones que hizo Aznar y hasta dónde le llevaron? ¿Le ayudó su amigo Blesa desde la presidencia de Caja Madrid, mientras (por cierto) llevaba a la quiebra una de las cuatro mayores entidades financieras? ¿Utilizó Aznar la estructura de FAES, cantera de las ideas y políticas que defiende el PP, para esas gestiones privadas? ¿Le parece normal a Aznar (expresidente del Gobierno de España con derecho a pensión vitalicia) trabajar como intermediario comercial para una empresa de material bélico?

Como ven, en esta España cada día más parecida al país franquista que vivimos o heredamos, si no se suman los periodistas honestos paras difundir (por lo menos) el mapa de los desgüaces malolientes, se deja huérfana a la verdad y se abandona a su suerte las valientes voces que “aspiran a especializarse y dar valor a cada investigación que abordan”… pero que no pueden cubrir todo lo que pasa, ni lo pretenden. Por eso tiene sentido lamentarse que quienes tienen medios para entrar y llegar incluso más lejos en las cuestiones importantes, “silencien escándalos del calibre del que afecta a Aznar, Blesa, Einsa, FAES… y lo que venga.”

Ben Bradlee, redactor jefe del Washington Post cuando se destapó el Watergate, afirmó en uno de sus libros que “Si agarras a alguien muy bien por las pelotas, tendrás su corazón y su cerebro”. Y Jesús Maraña se apoya en esa cita para concluir:  “Aún no sabemos con certeza el alcance de lo que Blesa debía a Aznar y viceversa, ni de lo que Einsa tenía que agradecer a Aznar o lo que éste recibió de ella. Lo que sí sabemos es que las “pelotas” de las más potentes cabeceras periodísticas están bien agarradas por los propios acreedores de sus deudas. Y cuando un medio depende de intereses económicos o financieros, o de la influencia política que desde el Gobierno o un partido se ejerza para facilitar favores o soluciones, el “corazón” y el “cerebro” de ese medio salen tocados y los silencios son tan clamorosos como sus gritos. Lo cual debilita peligrosamente el corazón y el cerebro de la propia democracia.”

 

Manuel Menor: Ya tenemos la LOMCE ¿qué viene ahora?

Después de dos años de duro enfrentamiento del Gobierno Rajoy con gran parte de la Comunidad educativa a causa de la LOMCE, ¿qué pasará después de su aprobación el 28-N?

Hace dos años, antes de las últimas elecciones generales, el PP de Rajoy afirmaba que no tocarían la educación. Al menos, no con una ley como la que legalmente alumbran ahora, pero que ya preconizaban de tiempo atrás desde sus maneras en Comunidades como Madrid y desde la FAES. Pronto el dilecto ministro de Educación de Rajoy empezó a dejar señales de cómo bordaría su gestión. A la estrella de su hoja de ruta –una nueva ley, que en la práctica acabó en “orgánica”-, le añadiría pespuntes sustantivos para una reforma universitaria y festonearía la labor con un Estatuto Docente que embridara los “excesos” del profesorado para amoldarle a la ejecución ideal de la LOMCE. Dos años después, tras el paso alegre de esta ley por la Carrera de San Gerónimo –y con la mudez en que han quedado sumidos de momento los otros dos encajes-, no es improbable que estemos ante lo que Esopo fabuló como “el parto de los montes”.

De inmediato, viene ahora la puesta en práctica de este texto legal. Y, ya mismo, el conjunto de desarrollos consiguientes, órdenes y decretos ministeriales que expliquen más en detalle el qué de los cambios que prescribe en pro de la ansiada “mejora” educativa. Con el PIB educativo cayendo hasta el 3’9%, y los consiguientes recortes rondando, cumple luego a las Comunidades autonómicas adaptar esas pretensiones a sus peculiaridades competenciales –ahora restringidas- y a sus magros recursos. Y vendrán, ya en el curso 2014-2015, los primeros pasos de implantación en los centros educativos que, por lo pactado en el Senado, se prolongará durante tres años, uno más de los previstos en diseño.

​Será en el transcurso de esos tres años cuando se empiece a falsar o contrastar con la perspectiva del método científico experimental, hasta qué punto habrá merecido la pena al Sr. Wert haberse dejado alucinar con el cargo ministerial en Educación –por muy adornado que estuviera con Cultura y Deporte- para sacar adelante una ley que le complicará en adelante su presencia en público: ni siquiera el CIS ha logrado, con su famosa cocina demoscópica, sacarle de la cola de suspensos en que los encuestados han reincidido en situarle.

En paralelo, y como prueba de fuego para el ya casi amortizado ministro, quienes se han opuesto a su proyecto durante estos dos años seguirán tratando de que dure lo menos posible en la normativa vigente. De un lado, seguirá en el aire la idea extendida –y pactada entre la gran mayoría de los otros grupos parlamentarios- de que se trata de una ley que “nace muerta”. Esto significa, en primer lugar, que, en el caso hipotético de que el PP no alcanzara dentro de otros dos años la mayoría parlamentaria de que disfruta, “su” LOMCE estaría abocada –antes de haberse logrado implantar del todo en la vida escolar- a ser una reliquia del pasado. Sin que podamos saber si “mejoraría” la educación de los españoles, pasaría a ser una peculiar especie legislativa nonata sui generis. Sólo muy levemente habría aventajado a la LOCE auspiciada por Dña. Pilar del Castillo y D. José María Aznar: promulgada el 23 de diciembre de 2002, se quedó en nonata a secas. Con tal pedigrí, es muy razonable que el Sr Wert –y la Sra. Gomendio- avizoren lo pírrico que pueda ser que la LOMCE culmine este 28 de noviembre el trámite parlamentario entre los aplausos exclusivos de los suyos. Al referirse en la COPE (el pasado día 24) a lo “duro” de su trabajo, no sabemos si se refería con tal calificativo a la nada improbable futilidad de su paso por el Ministerio, causante, sin embargo, de tantas premuras, intemperancias, desplantes autoritarios, falta de tacto, sobreestimación de su excelente historial escolar…. Puede que de los malos presagios para su ley tengan culpa los defectos y manías de los demás. O también cabe que se haya confundido de país y de tertulia. Lo cierto es que nada propicia que “su” recién nacida ley esté blindada con un brillante futuro después de tan raudo y errático esfuerzo. Tampoco hay garantía alguna de que el PSOE, en caso de tocar poder en 2015, vaya a tomar como acción de Gobierno prioritaria la denuncia de los Acuerdos con el Vaticano: el laicismo escolar declarado en su reciente Conferencia política todavía tendría que haberse traducido previamente en programa de esas elecciones generales.

​Si se confirmara en 2015 esa hipótesis electoral, el modo de derogar la todavía incompleta implantación de la LOMCE depararía a los ciudadanos –de todas las mayorías- una lección práctica de Educación para la ciudadanía o, si lo prefieren, en valores democráticos. Además de evidenciarse los embelecos a que conduce este afán legislador a golpe de pulsión populista -que no popular, científica e ilustrada-, nos sería dado ver desfilar de nuevo todo tipo de opinadores –legítimos, deslegetimados y neoconversos- en pro y en contra de fantasías ajenas a lo que humildemente necesitamos. Comprobaríamos, de paso, cómo el aparato legislativo es absolutamente flexible a cuanto ansiemos hacerle decir. Y de nuevo volvería a quedar intacta la imprescindible pasión, constancia y cuidado para que de una vez pueda ser verdad –y no sólo papel- cuánto nos importa la educación de nuestros hijos y de los ciudadanos como signo de calidad democrática a construir.

Hasta 2015, en todo caso, la gran cuestión es qué vaya hacer toda la gente que en estos dos años pasados ha tratado de entrar en razonable diálogo con Wert y su equipo sin conseguirlo: sindicatos, organizaciones de padres, profesores y estudiantes, asociaciones de diversa preocupación, variadas plataformas y mareas ciudadanas que ven en la educación un punto estratégico de sus afanes. Es previsible que, al récord de manifestaciones y huelgas que ha acumulado el trámite de la LOMCE, hayan de sumársele todavía unas cuantas más, empezando por la del inmediato 30 de noviembre -a las doce horas, de la Puerta de Alcalá a Sevilla-, ya anunciada con el nombre de Marcha a Madrid… por una Escuela pública de todos y para todos.
​La calle va a seguir siendo escenario privilegiado para visibilizar el descontento que seguirá arrastrando esta “Ley Wert”. A pesar de que, precautoriamente y para garantizarse una mayoría silenciada y miedosa, de súbditos obedientes, muy pronto regirá una Ley de Seguridad Ciudadana desproporcionada, complementaria de lo que Gallardón ha hecho con el Código Penal y de cómo el Sr. Fernández Díaz está moldeando a la policía para que pueda equipararse a “los grises” de antaño. Parece como si, de consuno, quisieran que la calle oliera de nuevo al siglo XIX, en que nuestros militares -según se iba desmoronando el prestigio exterior de España- se dedicaron a cultivar el guerracivilismo interior, defendiendo “el orden” de unos pocos privilegiados.

​En muchos centros educativos, también continuarán los actos de protesta y repulsa. La gama de acciones que algunos colectivos ya han anunciado es muy variada, con latidos distintos en cada Comunidad autónoma, especialmente en las de lengua propia. Por ello, tampoco es casual que, preventivamente, la propia LOMCE atribuya a todos los directores de los centros educativos facultades que, a título de prueba, lideraban ya algunas Autonomías para configurar una perfecta cadena de mando. Recrecido el autoritarismo organizativo –y sin que la Comunidad educativa de cada centro tenga nada que decir-, vigilarán a los profesores más díscolos, no las pedagogías más ineptas. La consiguiente punición reglamentaria de que dispondrán estos neocapataces desbordará el comisariado habitual que ya muchos ejercen, sin que se pueda ver todavía el alcance de la resistencia que la ”ley Wert” pueda seguir suscitando pese a todo. Difícil será que padres y profesores se convenzan de que no sobran políticos ajenos a los intereses educativos generales –y cientos de asesores concomitantes-, mientras se priva a los alumnos de imprescindibles guías para su aprendizaje.

En fin, el próximo tres de diciembre, la OCDE dará a conocer los resultados del último INFORME PISA, recabados en 2012 para conocer la evolución de competencias adquiridas por los alumnos de 15 años especialmente en cuanto a resolución de problemas matemáticos. Los promotores de la nueva ley ya han leído a conveniencia informes anteriores de esta organización internacional, incluido el del tres de octubre -conocido como PIAAC-, que analizaba las cohortes de adultos comprendidos entre 16 y 65 años. Su peculiar lectura ha servido de publicitario argumento a favor de “su” LOMCE cuando se estaba gestando. Ante los resultados que ofrezca ahora el último PISA –difíciles de precisar en un instante, por lo complejo y amplio de su información-, tendrán la tentación de reincidir de inmediato en lo que ya vienen diciendo. No obstante, la ocasión les deparará ahora dos opciones. La más previsible es que prosigan en esa vereda de la parcialidad y vuelvan a llenarse de razón, a posteriori, para revalidar la urgencia de “su” ley, tan suya que no han admitido enmienda alguna apreciable en su presentación parlamentaria. Seguramente imprimirán un tono solemne a sus análisis para que cunda en el imaginario colectivo el optimismo: “su ley Wert” erradicará la presunta inoperancia de todo lo anterior y “mejorará” enseguida -hasta lo sublime- las competencias de los españoles en comprensión lectora, matemáticas, ciencias, emprendimiento, competitividad, etc. Y para deslumbrarnos mejor, no mencionarán los serios daños colaterales que sí desarrollará meridianamente esta ley, nada agradables de contar a sus propios votantes por lo expeditiva y exquisita que ha quedado para certificar burocráticamente un determinado fracaso estudiantil, ajeno, por supuesto, al fracaso estructural de un sistema que quieren esclerotizar más.
​Hay, sin embargo, otra vía teóricamente posible. A costa de renunciar al escaparate, podrían empezar reconociendo que la “ley Wert” les venía al pelo por todas esas razones inconfesables y porque tal apaño reformista les salía prácticamente a coste cero. Pero que, una vez logrado el capricho de verla en el BOE, se avenían a quitar de en medio a Wert y, sobre todo, a consensuar de inmediato medidas para atajar los principales problemas que aquejan a la educación española… Esta segunda opción no está en el programa de lo previsible para el bien de España; me temo que aunque les recabara muchos votos entre sus decepcionados votantes.
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​Después del 28-N, por tanto, más bien parece que este territorio de la educación todavía seguirá plagado de trincheras, excesivas causas de pelea y pocos materiales aptos para construir la casa común de todos, acogedora de la esencial diversidad de nuestros hijos e hijas. Pero por algún lado habrá que atajar el despropósito de esta manía estéril de legislar educativamente otra vez a la contra. Alguien deberá emprender otro camino y continuar pacientemente, porque merece la pena.

Manuel Menor, noviembre 2013

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La victoria de Margaret Thatcher sobre el Estado del Bienestar 30 años después

Podíamos leer en The Guardian ayer que Margaret Thatcher y su canciller Sir Geoffrey Howe estaban detrás de un plan políticamente tóxico en 1982 para desmantelar el estado del bienestar. La “transparencia” a la que obliga que 30 años después se publiquen los documentos oficiales revela en primera página las raíces ideológicas y la matriz neoliberal de los ataques a la dependencia, a los servicios públicos, a la ciudadanía y a los derechos humanos. El tema es tan importante que The Guardian le dedicó ayer un editorial jugando con la historia. Dice: “los tiempos son difíciles. El crecimiento económico está estancado. La factura de servicios públicos se ha disparado y sólo se prevé que seguirá creciendo mientras disminuyen los ingresos de la nación. (…) La conclusión: el país ya no puede permitirse el estado de bienestar”. Sólo que estas frases que nos parecen tan actuales (y tan exportables al discurso pepero en España) se formularon en 1982. Sin embargo, explican perfectamente (porque siguen el guión al pie de la letra) las rapiñas de Ignacio González, Mariano Rajoy o Artur Mas, y sus repetidas justificaciones (no por ello menos mendaces ni rastreras) . Por ejemplo, el documento base del Gabinete de Thatcher aseguraba que la asistencia social debía enmarcarse en un contexto de “eficiencia y economía, y siempre en una cuestión de precio y nunca de valor“. ¿Les suena, verdad?

Este documento fundacional de la estafa se pergeñó en 1982, y en sus conclusiones se contempla la destrucción del Estado de bienestar, y en especial del Servicio Nacional de Salud. Hace 30 años, por suerte, o por falta de habilidad de la Thatcher que tenía demasiados frentes abiertos y muy poca sutileza, en su Gabinete de coalición se desencadenó un auténtico motín. Sin embargo, un material político de este estilo se consume a fuego muy lento, en un proceso orgánico que se va alimentando de substratos anteriores… Hasta que vuelve a brotar la llama privatizadora. Lo cual no quiere decir que la destrucción de las conquistas sociales sea inevitable, ni inexorable… como siempre, de nosotros depende.

Algunos protagonistas actuales del lado oscuro, del desmantelamiento del sistema, podrían argumentar, según el periódico inglés, que el debate se inició antes de tiempo, y que si ahora triunfa se debe en parte, también, a que la socialdemocracia “compró” el nuevo modelo disfrazándolo de “reformas” y asumiéndolo como una cuestión de eficiencia para no tener que declarar la vertiente ideológica de los “recortes”. Sin embargo, si se presenta la idea (o las políticas) de bienestar como una cuestión que pertenece esencialmente a la actividad económica, se mutila gravemente su ambición moral… y la dignidad que nos confiere como ciudadanía.

The Guardian nos recuerda que en sus memorias, Thatcher afirmaba que las propuestas contra el Estado del Bienestar nunca fueron consideradas seriamente ni por ella ni por su Gabiente, pero lo cierto parece ser que tanto Thatcher como Howe habían alentado los trabajos del ya extinto thinktank CPRS para elaborar el informe y llegar a opciones radicalmente traumáticas a largo plazo… y siguieron defendiéndolas incluso después de que el Gabiente se rebelara. El escándalo fue tal que lo que se filtró a la prensa poco después sólo fue una versión ya suavizada del documento original, y aún así provocó tal revuelo que Thatcher tuvo que desmentir reiteradamente que tuviera un plan secreto para desmantelar el NHS con el Estado del Bienestar creado en la postguerra. Un mantra que vienen repitiendo, en las versiones oficiales de cada país, todos los dirigentes políticos que se cargan las conquistas sociales, mientras siempre tienen un CPRS (o una FAES) que les suministra más munición destructora pagando a alto precio la fuerza neuronal (a veces bastante deficiente) de los intelectuales (bajo palabra de honor) del sistema.

Sin embargo, la versión filtrada tampoco era tan inocua: proponía la introducción de bonos de educación (poniendo fin a la financiación estatal de la educación superior) congelar las ayudas al bienestar y que el servicio de salud pasara a depender de un sistema de seguros. (¿Verdad que les sigue sonando algo parecido en versión muy española o catalana?)

Cuenta The Guardian que la versión original era bastante más violenta con la propuesta de privatización del servicio público de salud -lo que significa, de hecho, poner fin a que la mayoría de la población pueda acceder a un servicio digno y de calidad de salud. Para los del CPRS, la mayoría de los servicios médicos debían ser de propiedad privada, y quienes necesitaran atención tendría que pagar para obtenerla. Para todos los demás, el Estado podría asumir el tratamiento, buscando siempre la manera de ser reembolsado, con la única excepción de las personas con “discapacidad mental o las personas mayores”, que “claramente no pueden permitirse el lujo de pagar”.

Como no hay casualidades, uno de los “expertos” que trabajó en el estudio CPRS es Gordon Wasserman, en la actualidad asesor de David Cameron sobre delincuencia y policía. Pues bien, dicho sujeto, cuando estaba en el centro de estudios de personal en el periodo 1981-83, propuso recortar en un 25% el número de personal docente en las escuelas estatales. Y es que, como diría el escorpión, lo llevan en la naturaleza. Y se aferran a su ideología con tanta fuerza como quienes les patrocinan se aferran a las prebendas que les representan las privatizaciones: como bulldogs enfurecidos, sólo sueltan su presa para morder la mano (y cercenar los derechos) de quienes pagamos impuestos, o sea, de quienes de verdad los alimentan.

¿Hasta cuándo?