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Derechos de los Pueblos frente al Poder Corporativo: #NOalTTIP

Si yo estuviera en Madrid, allí estaría mañana, a las 13 horas, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública :

 

Imágen_No al TTIP_2014-05La campaña No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones convoca a los movimientos sociales, plataformas y diferentes colectivos a una concentración a las 13:00 horas en la entrada de la Casa de América (Plaza de Cibeles – C/Alcalá con Paseo de Recoletos) para denunciar y visibilizar el rechazo a las negociaciones de un tratado que cercena los derechos y las libertades de todas las personas.

Derechos de los Pueblos frente al Poder Corporativo

El próximo 2 de junio se celebra una conferencia en la Casa de América para promocionar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos.

    • A la reunión asistirán representantes del Gobierno de España, la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham), grandes multinacionales (como Iberdrola, IBM, Lilly, Repsol, Philip Morris), la patronal CEOE y el jefe negociador del TTIP por parte de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero.

En el acto oficial se ocultará, por ejemplo, que tras 20 años de aplicación de un tratado comercial similar entre México, Estados Unidos y Canadá, han desaparecido miles de pequeñas empresas y se han perdido más de un millón de empleos directos en EEUU, dos millones de campesinas/os han perdido sus empleos en México y en los tres países se han reducido los salarios, tal y como denuncia la confederación sindical estadounidense AFL-CIO.

    • El tratado comercial U.E.-EE.UU., que se negocia en secreto desde junio 2013, tendrá graves impactos en la seguridad alimentaria, en el derecho a la privacidad y protección de datos, en las normas sociales y laborales (se eliminarían hasta 1,1 millones de empleos en la U.E. y se recortarían salarios, seguros médicos y pensiones) y en leyes de protección ambiental.
    • Por ello, desde distintos sectores de la sociedad de Europa y Estados Unidos-organizaciones de consumidoras/es, campesinas/os, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes colectivos de ámbitos como los derechos humanos, la cultura y la solidaridad– denunciamos que este tratado se está gestionando en nombre de los intereses de las grandes corporaciones, los mercados financieros e industrias, a costa de los derechos de las personas.
    • Todo ello bajo la más absoluta opacidad. El objetivo principal del tratado comercial U.E.-EE.UU. es privatizar los servicios públicos, des-regular leyes y recortar derechos sociales y salarios en beneficio de las grandes multinacionales y, de paso, facilitar una competitividad fiscal a la baja que profundiza la evasión y elusión de impuestos así como los recortes en prestaciones sociales.

A través de esta concentración exigimos la suspensión de las negociaciones y protestamos contra el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).

    • Una polémica disposición legal que otorga a las corporaciones transnacionales un derecho exclusivo a demandar a los gobiernos cuando consideran que las decisiones adoptadas por una administración pública (como proteger la salud con leyes que reduzcan el consumo de tabaco o no autoricen medicamentos peligrosos) repercute negativamente en los beneficios económicos que el inversor había anticipado.

Los patrocinadores del evento en la Casa de América, tales como la farmacéutica Lilly, la petrolera Repsol y la empresa de tabaco Philip Morris han utilizado justamente dicho mecanismo antidemocrático.

 

Más información:

Blog de la campaña: No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones

En Twitter: #NoalTTIP y #TTIPnoGracias

Banner_TTIP_2014-05

¡¡HAY MOTIVOS PARA MOVILIZARSE!!

¡¡JUNTOS PODEMOS!!

 

 
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Publicat per a 1 Juny 2014 in Economia crítica, Salut

 

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La Economía de la Salud y la mala salud de la Economía

imageEntre los hechos más relevantes experimentados por las ciencias sociales en los últimos años destaca sin duda el hecho de que la teoría económica -en especial en su vertiente neoclásica- haya conseguido tomar posiciones destacadas en las llamadas ciencias de la salud. En cierto sentido, la vinculación entre Economía y Salud se explica, desde la vertiente teórica, por el hecho de que la ES sería una de las últimas ramas surgidas de la Economía del Bienestar fundada por Arthur Cécil Pigou [1] quien desde principios del siglo XX sostuvo que el Estado debía intervenir en la economía para mejorar las condiciones de vida ya que los mercados sufren “fallos” que impiden su funcionamiento eficiente, sin que los ciudadanos por sí solos puedan tomar individualmente las decisiones que más podrían beneficiarles.

Así, la ES tendría como objetivo suministrar elementos de análisis y valoración para la toma de decisiones tanto a los gobernantes como a los profesionales del sector, y para ello debería utilizar los criterios económicos básicos de eficiencia y equidad que rigen en Economía en la asignación de recursos. Sin embargo, el proceso no ha sido tanto un proceso natural de ósmosis (como puede acontecer en el acercamiento entre otras disciplinas científicas) sino un conflicto en la fundamentación del propio paradigma puesto que su aceptación difícilmente puede ser aplicada, sin tensiones, a las ciencias de la salud.

Si, como declaran los manuales de la disciplina, el verdadero fin de la ES es el de alcanzar el máximo nivel de salud para la población, habría que priorizar las necesidades vitales y la autonomía de las personas y extenderlo a la directriz de la OMS de “salud en todas las políticas”. Pero ello implicaría necesariamente un cambio en las prioridades, conceptos y valoraciones que actualmente rigen en Economía. En este sentido, la consideración de los fondos destinados a salud como “inversión” y no como “gasto”, como normalmente sucede, podría ser ya un buen inicio.

De manera parecida, otro escollo importante a la hora de conjugar en armonía ciencias de la salud y economía tiene que ver con el papel determinante que otras “restricciones” desempeñan en ambas disciplinas. Por ejemplo, en la aplicación de la visión microeconómica a la salud, se quieren considerar como determinantes los precios (aunque sean de monopolio privado) y los costes empresariales, en tanto que no puede entenderse la ES sin que se rija por los costes y beneficios sociales de su actuación. Y no se trata de una observación gratuita, puesto que, de lo contrario, se aplican a la sanidad características más propias de la contabilidad de cualquier empresa mercantil, mientras se le niegan sus valores sociales.

Según los manuales, los motivos para el desarrollo de la ES en las últimas décadas se deben al crecimiento de los gastos sanitarios, tanto en volumen como en ritmo, pero también a la universalización (cada vez más tensionada y menos cierta) del acceso de toda la población a la sanidad, en especial cuando a partir de la II Guerra Mundial diversos gobiernos europeos comenzaron a tener una amplia participación en la provisión de servicios sanitarios: con ello se abre el debate político sobre los costes y beneficios sociales de un sector público de salud frente a un sector privado basado en el beneficio como asignador de recursos integrales del Sistema de Salud. Si a ambos extremos sumamos que los progresos en la atención sanitaria (en especial en la vertiente tecnológica y hospitalaria) han crecido en tanta o mayor proporción que sus costes, y que una de las normas de la economía neoliberal se basa en el dogma de contención del gasto público, ya podemos entender por qué la irrupción del análisis económico en el mundo de la salud ha creado malestar y una larga serie de conflictos que se pueden resumir en el economicismo sanitario en una sociedad cada vez más medicamentalizada.

De esta forma la ES se fragmenta en dos ópticas contrapuestas. Si queremos ir más allá de la aplicación de principios básicos de gestión económica, por ejemplo, valorando la relación entre las condiciones de salud de una determinada población en relación con sus determinantes sociales y económicos, o la esperanza de vida con los niveles de renta de cada sector de la población, o el acceso a los servicios sanitarios en función del segmento de clase al que se pertenece, debemos acudir a especialistas y textos que no son precisamente los más difundidos ni citados en las Altas Escuelas de Negocios donde se imparten los postgrados o máster en ES. En estas instituciones, en cambio, sí se priorizan los estudios sobre el llamado “mercado de la salud” y la actuación (privatizadora) sobre los “precios”, la creación de incentivos a los profesionales (en dar menos bajas y más altas médicas, por ejemplo) o pedir menos pruebas o teledirigir los medicamentos que se recetan. También se concede prioridad a los llamados “desincentivos” al paciente con, por ejemplo, la imposición de los llamados “copagos” y que equivalen, de hecho, a REpagos, evitando cualquier consideración sobre los desiguales efectos de su impacto entre los diferentes segmentos sociales. O las desesperantes listas de espera de la sanidad pública.

Economía de la Salud en perspectiva

Diversos estudios realizados desde el siglo XX por parte de distintos economistas coinciden en demostrar que una población que viva en las mejores condiciones de salud puede considerarse, de hecho, un impulso fundamental para el crecimiento económico. Y lo mismo puede aplicarse, de manera destacada, para la salud de las mujeres. Así, analizan los problemas de las epidemias que diezmaban la población de Europa y valoran en positivo que las autoridades públicas intervinieran para prevenir, diagnosticar y tratar cada vez más enfermedades, con lo que se conseguía aumentar la esperanza de vida de las personas y mejorar sus condiciones para el trabajo físico e intelectual. De hecho, en Catalunya tenemos un ejemplo inmejorable con los registros de los médicos higienistas en el proceso de industrialización[2].

Aportaciones modernas destacadas las encontramos en la economía neoclásica, en el economista norteamericano Alfred Marshall por ejemplo, que relaciona salud y con “fortaleza física, espiritual y moral” con riqueza social, al tiempo que afirma que una buena administración de la riqueza material “aumenta la salud y la fortaleza física, espiritual y moral del género humano”. y Posteriormente, el también economista sueco, Gunnar Myrdal, argumentaba entre otras cuestiones que la inversión en salud ofrece grandes dividendos en lo que denomina “capital humano”. Todos coinciden en que invertir en salud supone beneficios económicos por la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población, y concluyen que los programas de salud deberían estar integrados en el desarrollo económico general. Por parte de los organismos internacionales, la estrecha relación entre economía y salud se abordó en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria efectuada en Alma Ata en 1978, y posteriormente tanto la OMS como el Banco Mundial relacionaron las mejoras en salud con incrementos de productividad y desarrollo.

Salud pública en tiempos de crisis

Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, en una Intervención [3] ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008, afirmó que el sector de la salud no tenía ni voz ni voto cuando se formularon las políticas que han estado en el origen de la crisis económica. Y, sin embargo, estaba sufriendo la mayor parte de sus consecuencias. Chan citó el Informe anual sobre la salud en el mundo del 2008 donde se evalúa críticamente la manera de organizar, financiar y aplicar la atención de salud en los países ricos y pobres en todo el mundo, con sus fracasos y deficiencias traducidos en una situación sanitaria peligrosamente inestable y falta de equidad. Refirió que las diferencias de esperanza de vida entre los países más ricos y los más pobres superaban los 40 años, y que, de los 136 millones de mujeres que se estima dieron a luz aquel año, unos 58 millones no recibieron ningún tipo de asistencia médica durante el parto, con el consiguiente peligro para su vida y la de sus hijos. Pero a los efectos que incumben la ES, señaló que la fórmula de cubrir más de la mitad de todo el gasto sanitario con pagos directos por parte de 5600 millones de habitantes de países de ingresos bajos y medios es muy ineficiente, ya que “cuando se ve obligada a pagar para recibir atención, la gente tiende a esperar hasta que el problema está tan avanzado que el tratamiento resulta difícil, si no imposible, y los costes son mucho mayores”.

Así, la amarga paradoja de nuestro tiempo sería que, en un momento en que la comunidad internacional declara apoyar la salud como un determinante clave del progreso económico y una ruta a seguir para reducir la pobreza, los costes de la atención de salud, cuando los Estados no han asumido su gestión a través de un sistema progresivo de impuestos, hunden cada año a más de 100 millones de personas en la ruina, o por debajo del umbral de pobreza. En este sentido, la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud publicó su informe retando a los gobiernos a que hagan de la equidad un objetivo político explícito en todos los sectores, ya que son las decisiones políticas las que determinan en última instancia cómo se gestiona la economía, cómo se estructura la sociedad y si los grupos vulnerables y desvalidos reciben protección social. Las diferencias en materia de resultados sanitarios no son una fatalidad, sino los marcadores del fracaso de las políticas.

La (mala) Salud de la Economía

Las ciencias de la salud están sufriendo un proceso colonización, invadidas y parasitadas por aquel tipo de economía que –parafraseando a José Luis Sampedro- se dedica a que los ricos sean más ricos en lugar de que los pobres sean menos pobres. Y el proceso avanza con tanta rapidez que no nos da tiempo a reflexionar. Si lo hiciéramos, quizá sería más fuerte la sensación de que repetimos, con torpeza, la experiencia Argentina de los 90, y el drama-fraude de Grecia más reciente, y la voladura (espero que incontrolada, como lo fue de Islandia) de Portugal. Y en lo que a la sanidad se refiere, el luctuoso proceso de privatizaciones del NHS inglés.

El procedimiento que enfermó la economía es similar al que se contagia ahora a la ES: debilita o extirpa sus lazos con la población (que les dieron origen y sentido) barriendo todo vestigio visible de acción política entendida como acto consciente y colectivo que busca el bien común. Así, el funcionamiento de los mercados y de los procesos de producción, distribución y consumo parecerán responder a un automatismo en el que no se debe intervenir (a pesar de sus letales fracasos) siempre y cuando la privatización, las concesiones o los contratos aseguren beneficios privados con dinero público. El proceso de alienación acaba cuando los servicios de salud se aceptan como una mercancía más de las que los mercados ofrecen.

La economía “científica” del siglo XX desplazó a la población y a sus necesidades del centro de sus políticas, y engendró el “homo economicus” que no sabe lo que es la solidaridad, ni le preocupa el medio ambiente ni las repercusiones sociales de sus actos. Encarna la deshumanización necesaria para que el pensamiento único de la teoría económica se acompañe de la “única” política económica posible (en estos momentos, la de la falsa “austeridad”) y el “único” procedimiento adecuado para la formación de dichas políticas (una supuesta representación parlamentaria que hace aguas por todos sus poros mientras la troika y los lobbies económicos dictan las leyes).

Pero la realidad es muy tozuda, y cuando las personas llegaron a convencerse que podían sobrevivir (que no convivir) bajo la horma de “homo economicus”, su desvarío les enferma. La alienación del engendro provoca, en especial en tiempos de crisis, problemas de salud mental. La creciente desigualdad que el modelo estimula hace rebrotar enfermedades que se creían erradicadas, e incluso surgen nuevas enfermedades (que en algunos casos ni siquiera se reconocen como tales) por los efectos más indeseados de un progreso anti-humano. Pero siempre puede surgir una solución más perversa: y así, la nueva propuesta consiste en convertir las ciencias de la salud en una fase más de la robótica y la ingeniería financiera. Los grandes hospitales, supertecnificados y a poder ser privatizados, son grandes consumidores de los presupuestos de la sanidad pública…. Y pueden esconder tanta corrupción como poco transparente sean sus procedimientos.

Por tanto, parece tarea urgente que se rescaten y custodien para las ciencias de la salud unos valores que pongan la equidad en primer término, y la ética y la vocación de servicio como normas insalvables. Tampoco es tan difícil porque en muchos casos las normas se proponen con carácter internacional y han sido aprobadas en diferentes organismos y asambleas mundiales. Por ejemplo, la declaración de Ginebra o el Código Internacional de Ética Médica, el Código Internacional de las Enfermeras, los Principios de Ética Médica aplicables a personal de la salud en la protección de personas presas, detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o denigrantes, el Código Internacional de Ética de la Investigación (Código de Nurenberg) y la Declaración de Helsinki (I y II).

Paralelamente, las Conferencias y Declaraciones que tratan de la salud a nivel mundial dan también luz sobre los valores que convendría no olvidar. Desde Dempeus per la Salut Pública sentimos especial predilección por la declaración de la salud de los pueblos de Bangladesh del año 2000, que afirma que: “La salud es un tema social, económico, político y sobretodo es un derecho humano fundamental”.

En este sentido, insistimos como líneas básicas de actuación en:
1) La desmercantilización tajante de la sanidad pública, la denuncia del sistema mixto público-privado como auténtica estafa, y el convencimiento de que la salud como tal, siempre es pública.
2) Des-bio-medicalizar la salud proponiendo avances en la educación, investigación, prevención y atención de la salud integrando lo biológico, lo psicológico y lo social, y poniendo especial énfasis a las desigualdades causadas por los determinantes de salud. Potenciar la equidad en salud supone también construir una sociedad más justa.
3) Democratizar la salud pública y la atención sanitaria con la participación activa, cotidiana, constante y empoderada de la población.

Àngels Martinez Castells

NOTAS:
[1] Arthur Cécil Pigou: Sus primeras teorías al respecto se encuentran en Riqueza y bienestar (19º2) que posteriormente desarrolló en La Economía del Bienestar (1920)
[2] Quien mejor lo supo expresar fue el médico higienista Pedro Felipe Monlau con el trabajo Abajo las murallas! (1841). En una visión que contiene elementos de salud pública tal como hoy los podemos entender, explica las ventajas de derribar los seis kilómetros de murallas medievales que ahogaban en 2 millones de metros cuadrados una población que había pasado de 115.000 personas en 1802 a 187.000 en 1850 . Donde las nuevas industrias disputaban el suelo en los cuarteles, los conventos y las iglesias, no quedaba espacio para las personas. Aún así, hay que esperar el Bienio Liberal, el estallido de la primera Huelga General en Cataluña de 1854 contra las “selfactinas” que duró 9 días, y los estragos de una epidemia de cólera mató a 9000 personas, para que finalmente se empezaran a derribar las murallas.
[3] http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081024/es/

 

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Sanidad pública vs. Dictadura sanitaria

imageEn Catalunya, aproximadamente el 30% de los presupuestos de la Generalitat se destinaba a la sanidad. Hasta los presupuestos de 2012, no existe otra partida mayor. Pero la administración final de este presupuesto público —que se origina en los impuestos recaudados a la ciudadanía— depende en gran medida de un complejo sistema llamado mixto, que nos pretende vender la colaboración del sector público de sanidad con el privado a través de los “conciertos”. Sin embargo, lo importante es quién lleva la iniciativa en este proceso y, especialmente, darnos cuenta de que este sistema que nos dicen que es el “tradicional” de Catalunya es muy poco neutral y equitativo. El subsidiario de la sanidad pública no es el sector privado, sino todo lo contrario.

La adjudicación a dedo y de modo oscuro de contratos a fundaciones, agencias y otras formas que se rigen por el derecho privado y de difícil seguimiento es una auténtica embestida de la sanidad privada contra la sanidad pública —hasta ahora puntera en todo el mundo—, no sólo en calidad, investigación y atención a las personas enfermas, sino también como culminación de un derecho universal a la sanidad que nos situaba en el primer nivel de la civilización y del cumplimiento de los derechos humanos.

Hoy, cuando se pretende reducir el debate la sanidad pública vs la sanidad privada es necesario decir alto y claro que de lo que estamos hablando no es sólo de quién gestiona el dinero público, sino de los intereses que se sirven con esta gestión. Dicho de otro modo, cuando hablamos de sanidad privada tendríamos que hablar de aquel sector que, con sus propios medios, y buscando su máximo beneficio, se dedica a la atención de las personas enfermas, que acuden a ella de forma voluntaria, a través de un precio. Y cuando hablamos de sanidad pública, tendríamos que entender aquel sector sanitario de accesibilidad universal que desde su función sirve al bien común, responde a unos valores democráticos, que busca el máximo beneficio social, y que, por lo tanto, más valdría no enturbiar ni confundir, sino preservar y defender… —todo lo contrario de lo que está sucediendo. Porque, de hecho, de lo que estamos hablando es de que, con consejerías de salud como la de Boi Ruiz, se le fomenta a la sanidad —y de manera descarada— la gestión privada de dinero público.

Nadie nos ha preguntado a los ciudadanos y a las ciudadanas si estamos de acuerdo con ceder el control del 30% del presupuesto —de alguna manera equiparable al 30% de la soberanía— a empresas que tienen como objetivo único y prioritario ganar dinero. Si no estamos dispuestos a permitir que un dictador decida autocráticamente qué se hace con el dinero de todos, ¿por qué deberíamos permitir que empresas sin ningún control ciudadano gestionen el 30% de los recursos de todos los ciudadanos?

imageHoy, cuando en Catalunya hace ya demasiados años que estamos con el tira y afloja sobre el futuro de nuestra sanidad —y nos hemos movilizado contra los cierres de los servicios continuados de urgencias, los REpagos indignos, la tasa de la vergüenza de un euro por medicamento—, es necesario reenfocar el debate y decir claramente que la dicotomía no es sanidad privada vs sanidad pública. Sin olvidar que los determinantes sociales de la salud son fundamentales —como lo son también las causas que los originan—, el debate es el de sanidad pública vs dictadura sanitaria, entendiendo este último concepto como la incapacidad del pueblo de ejercer su soberanía en la gestión de su sanidad. Una incapacidad especialmente manifiesta cuando los servicios —y los presupuestos— sanitarios son gestionados de forma privada.

Desde este marco de debate, y asumiendo los discursos de las fuerzas antagónicas en juego, podemos sintetizar los posicionamientos alrededor de la gestión sanitaria del presupuesto sanitario público del siguiente modo:
Público: (universal, de accesibilidad garantizada, no excluyente)
1 / Participación ciudadana.
2 / Orientación al servicio.
3 / Control democrático.

Privado: (excluyente por precio)
1 / Gestión profesionalizada.
2 / Orientación al beneficio.
3 / Consejos de administración.

Participación ciudadana vs gestión profesionalizada

Gestionar un sistema sanitario es una tarea compleja. Es un sistema que mueve un enorme volumen de dinero; que, a la vez, está integrado por multitud de subsistemas; que requiere un despliegue logístico extraordinario, y que debe afrontar una cantidad de demandas casi infinitas y multiformes. Y lo que es más importante: el sistema no puede fallar. Gestionar un sistema sanitario requiere pericia y conocimientos técnicos. Por lo tanto, no resulta extraño que en los últimos años hayan proliferado en nuestro país todo tipo de cursos, seminarios y másteres sobre gestión sanitaria. Teniendo en cuenta la complejidad del sistema, tendría que ser una muy buena noticia que esta gestión esté en manos de profesionales bien formados. Pero ¿es esto así, en la realidad? ¿Tenemos verdaderamente motivos para estar confiados y tranquilos?

La parte más preocupante del caso es que esta profesionalización ha creado una élite de expertos que se comportan como ‘tecnócratas sanitarios’ que presentan sus tesis como si procedieran de más allá del bien y del mal, de un modo muy similar a lo que sucede en materia económica. Pero en realidad, tras las palabras eficiencia y gestión —que pretenden ser tan neutrales y asépticas— se esconden criterios mercantilistas de claro sesgo de clase, que están expulsando de la sanidad a las personas más débiles y desfavorecidas. Hablamos de las personas inmigradas, pero también de las que sufren enfermedades crónicas, complicadas o muy caras de atender y que, además, ahora tienen niveles de renta, condiciones de vida o trabajo muy precarios. Y hablamos también de sesgo de género, en la medida en que las responsabilidades de atención que el sector público abandona recaen de nuevo, en gran medida, en las mujeres.

En cambio, los cuadros más altos de esta élite que sale de las altas escuelas de administración suelen tener un marcado perfil ideológico que se pretende neutral. Dos ejemplos en Catalunya son ESADE e IESE, inequívocamente alineados con posicionamientos neoliberales. Así, la pericia en aspectos técnicos va siempre bien acompañada de posicionamientos claramente liberales, como el ataque constante a la intervención del Estado (en un doble lenguaje engañoso, ya que son los primeros en saber cómo beneficiarse de las ayudas, subvenciones y contratos del Estado), la reiterada petición de la abolición de los procesos de fiscalización gubernamentales y la relajación de los marcos reguladores del sector.

Para acabar de redondear la situación de privilegio de estos expertos, se ha relegado a la ciudadanía y a sus representantes al mero papel de oyentes de sus lecciones. Enredándonos en palabras, jugando de forma interesada con los conceptos, arrugan la nariz y miran por encima del hombro al común de los mortales. Nos quieren hacer creer que lo que ellos hacen es demasiado complicado y demasiado importante para que la gente que paga impuestos (y paga, por lo tanto, su trabajo) pueda opinar…

Como hemos dicho antes, teniendo en cuenta la complejidad de gestión que representa un sistema sanitario, la idea de que éste sea gestionado de manera profesional tendría que ser una muy buena noticia. Pero lamentablemente no es así. Los expertos pueden haber hecho másteres carísimos y disponer de herramientas de gestión de última generación, pero hay que ver cuál es el objetivo de su trabajo: ¿una mejor atención?, ¿una mejora en la calidad del servicio al enfermo?, ¿un ahorro en el gasto que repercuta en la ampliación de la cartera de servicios? Por desgracia, la evidencia demuestra que muy raramente es así; en general, son parásitos que piratean al sector público.

Durante los últimos 30 años, la “tecnocracia sanitaria” no ha parado de ganar terreno en el mundo entero. Lo que ha sucedido en la sanidad catalana y en la británica son dos ejemplos de cómo esta supuesta élite de gestión ha tenido unos intereses muy diferentes a los de los ciudadanos que financian el sistema. En algunas ocasiones, ha podido conseguir ahorros económicos, pero no se ha parado a valorar el coste social —pagado en términos de exclusión—, de salud e incluso de vidas de estos ahorros. Mientras tanto, la ciudadanía ha ido quedando relegada al lugar de espectador-consumidor.

Orientación al servicio vs orientación al beneficio

Imaginemos que el equipo gestor de un hospital consigue, gracias a sus conocimientos, ahorrar un millón de euros mediante un nuevo modo de gestionar, por ejemplo, los residuos hospitalarios. Teniendo en cuenta que este hospital se financia con dinero público, el ahorro de este millón de euros podría ser una muy buena noticia para el ciudadano y la ciudadana que pagan sus impuestos. Pero lo que tenemos que hacer acto seguido es mirar adónde va a parar este millón de euros ahorrado por los gestores. Si se trata de un hospital público gestionado por una empresa privada (a la que pagan una cantidad fija anual para atender a la población de referencia), este millón de euros ahorrado va a parar a la cuenta de resultados de la compañía. Si es un hospital concertado de Catalunya gestionado por una entidad “sin ánimo de lucro”, este millón de euros ahorrado no se devolverá a la Generalitat en un sobre que diga «Nos ha sobrado esto, no lo necesitamos. Gracias.», sino que este millón de euros que se ha ahorrado en el proceso de gestión de residuos irá a parar a otro capítulo de ahorro de ese hospital, y no siempre a favor de la gente enferma a la que atiende. Es más que probable que el abanico de salarios se abra de manera que los sueldos y ventajas del personal de dirección se incrementen, mientras que la gente que realiza los trabajos menos cualificados —pero absolutamente necesarios— ve cómo disminuyen sus salarios, se congelan las plantillas o, incluso, pasan a subcontratación, perdiéndose antigüedades y otros derechos adquiridos.

En ninguna de estas dos opciones existe nada ilegal, pero nos podemos hacer la pregunta de si no hay mucho de ilegítimo. En cualquier caso, es la base del sistema que nos presentan como el único posible y que, sólo por el hecho de ser el que es, consigue siempre mejores resultados que la gestión pública, cooperativa o social. En el caso del hospital privado se asume la búsqueda de beneficio empresarial, y en el caso del hospital concertado catalán, una total autonomía de gestión: hasta el punto de no tener que dar cuentas de nada al municipio (en caso de que se trate de un ente municipalizado), ni al Parlament, ni incluso —difícilmente—, al Síndic de Comptes (ved el caso de Ramon Bagó). Y no hablemos ya de tener que responder a las preguntas de periodistas o de la gente movilizada…

En la inmensa estafa de la concertación a oscuras, de espaldas a la ciudadanía, cada hospital puede destinar los recursos del modo que le parezca más adecuado. Y hasta se pueden permitir, sin coste adicional, pequeñas trampas: la letra pequeña de los conciertos que obliga a compensar por supuestas pérdidas no demostradas (caso de la Comunidad de Madrid).
Vale la pena decirlo alto y claro, porque nos jugamos la salud: la capacidad de la ciudadanía (y del gobierno que la tendría que representar) para decidir el destino del fruto del posible ahorro en la buena gestión es nula: en el caso del hospital privado que ha contratado algunos de sus servicios (demasiadas veces sacándolos de la sanidad pública para justificar despidos, cierre de servicios, de quirófanos o, incluso, de plantas enteras de hospitalización), porque forma parte del acuerdo: «Yo te doy tanto por habitante y todo lo que te puedas ahorrar, te lo quedas»; en el caso del hospital totalmente concertado, porque mientras el centro cumpla con el servicio pactado con la administración, el cómo se gestiona el dinero es indiferente, y es tan indiferente como las condiciones de trabajo de la gente que atiende a las personas enfermas, los colapsos en las urgencias, la desatención que puede suponer para casos muy graves el alargamiento de las listas de espera, la calidad de la comida que se sirve a los pacientes, la falta de instrumentos o, incluso, de medicamentos, el ritmo de vértigo con el que se trabaja en algunos quirófanos… Todas estas cosas juntas pueden representar errores difíciles de resolver. Sería necesario que se hiciesen públicas las tasas de morbilidad y mortalidad por hospitales públicos, concertados o privados para tener una idea más clara de lo que estamos denunciando en este punto, aunque el estudio reciente hecho por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT País Valencià sobre la Comunitat Valenciana estremece: unas 2.700 personas han muerto cada año desde que el “modelo Alzira” coloniza la sanidad valenciana (ved informe de la UGT Cuestión de vida o muerte, 2013).

Cada vez más, los problemas derivados de esta gestión privada de los servicios sanitarios están plenamente documentados. Por un lado, tenemos el problema de cómo se consigue el ahorro, y, por otro, el de adónde va a parar este ahorro. En el caso de hospitales públicos gestionados por una empresa privada, vemos que la presión para maximizar el ahorro se hace incluso a cambio de ofrecer un servicio peor. No es una hipótesis. Y estábamos advertidos: Frank Dobson, miembro del parlamento británico por la demarcación de Holborn y St Pancras y ministro de Sanidad del gabinete de Tony Blair (de 1997 a 1999), explica el descenso social por la privatización de la sanidad en Gran Bretaña, que ha culminado con el escándalo del Mid Staffordshire Hospital —con la muerte evitable de entre 400 y 1.200 persones entre los años 2005 y 2009—, que obligó a David Cameron a pedir disculpas en el parlamento por las «espantosas negligencias» cometidas en el hospital público —pero “gestionado” por una fundación privada que daba prioridad, según el informe de la inspección, «a objetivos económicos por delante de la calidad del servicio».

Para Dobson, a pesar de los problemas que tenía, el National Health Service (NHS) realizaba un buen trabajo, y cada vez lo hacía mejor. Pero su futuro se puso en peligro con la introducción de las “fuerzas de mercado” y los proveedores movidos por el ansia de beneficios privados. Aunque algunos políticos y miembros de los lobbies del sector privado de la sanidad vayan diciendo que la privatización del sistema de salud en Gran Bretaña es un éxito, no hay nada más lejos de la verdad. Gran Bretaña contrata a hospitales privados, al estilo de clínicas quirúrgicas privadas, para encargarse de las operaciones baratas, de menor riesgo, y para pacientes en general acomodados. Para decirlo sin tapujos, se quedan con las intervenciones que dan beneficios y dejan en los hospitales del NHS a las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones complejas. Sin embargo, las operaciones en estos hospitales privados cuestan una media de un 11% más que en los hospitales públicos. Y a estas compañías que trabajan para conseguir su beneficio se les garantiza un flujo de financiación. Así, si sus contratos especifican que atenderán a 5.000 pacientes anuales y sólo atienden a 4.500, a los hospitales privados se les sigue pagando la atención de 5.000 pacientes. Y mientras que se garantizan los ingresos de los hospitales del sector privado, a los hospitales públicos se les obliga a competir –y no sólo con los de la privada, sino también entre ellos. Para esto, el gobierno británico ha introducido el pago por resultados —lo que los políticos llaman «financiación centrada en el paciente». El resultado ha sido una confusión: la sanidad británica se ha encarecido y los hospitales han recortado servicios importantes para la población para reducir los déficits de su mala gestión. Pero los problemas no se acaban aquí, porque con la introducción de la financiación centrada en el paciente y en las fuerzas de mercado se ha incrementado la proporción del presupuesto de sanidad destinado a burocracia desde el 4% hasta, aproximadamente, el 15%. Y aunque es absurdo, tiene su lógica: si el dinero se centra en el paciente se debe poner en funcionamiento todo un sistema que siga las huellas de los pacientes y del dinero… Preparar las licitaciones cuesta dinero. Se tiene que pagar a los abogados y contables, incrementar la burocracia. Los hospitales deben hacer muchos cálculos, llevar el registro y codificar los costes de cada paciente, emitir facturas (aunque sea en la sombra, como puede pasar en los hospitales de Girona)… La competencia que se tenía que estimular entre hospitales sólo consigue poner impedimentos a las mejoras y obstaculizar la difusión de nuevas ideas. Y lo más triste: el personal sanitario tiene que dividir su tiempo entre tratar a los pacientes (que es a lo único que debería dedicarse) y hacer todo el papeleo. Y así se desatiende a las personas. Y así se paga un precio demasiado elevado en vidas humanas.

La privatización del NHS y el desastre final descubierto en el hospital de Staffordshire se unen a la barbarie de los hospitales del País Valencià. Y sin embargo, cuando se inició el proceso se presentó como una solución para mejorar la eficiencia, reducir costes y listas de espera. Pero la realidad es demasiado dura y cara de pagar. El daño que causa un sistema de salud privatizado, fragmentado, afecta a toda la sociedad en su conjunto.

¿Y qué sucede en Catalunya?

Tampoco en los hospitales concertados catalanes podemos apreciar ningún beneficio derivado de una supuesta competitividad. Al contrario. Las hipotéticas mejoras, que podrían comportar nuevos y mejores contratos para más personal sanitario, para atender mejor a los pacientes…, pueden ir a parar —y en muchos casos van— a las cuentas de resultados de empresas privadas propiedad de algún amigo. O a las contabilidades B de los corruptos que el sistema conlleva. También en Catalunya, los asesores tecnócratas han sido los que traspasan sin vergüenza alguna las puertas giratorias que confunden el sector privado y el público de la sanidad, y defienden los intereses de las empresas, inversores, corporaciones, laboratorios o industrias farmacéuticas y químicas en la sanidad pública. Durante este año 2012, hemos podido verlo —y sufrirlo— en Catalunya. Hemos visto cómo, en el año 1995, un gestor de una entidad sin ánimo de lucro (Ramon Bagó) cerraba la cocina del hospital de Mataró y la adjudicaba a su propia empresa (el grupo SEHRS). Hemos visto cómo este mismo gestor recibía contratos irregulares por valor de 12 millones de euros de manera irregular. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión mejor– un responsable sanitario contrataba informes falsos a la empresa de otro gestor por valor de 800.000 euros. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión magnífica– dos hospitales comarcales se gastaban 330.000 euros en alquileres, comisiones, viajes y restaurantes, de los cuales nadie ha podido ver ni una sola factura… Hemos visto tantas cosas, que podríamos llenar unas cuantas hojas más como ésta.

Y a pesar de todas estas evidencias, y llevados por un momento de bondad, supongamos que –tal como ellos mismos pregonan– esta élite en gestión sanitaria tiene la varita mágica de la gestión. Aceptemos, por un momento, que sus conocimientos “de experto” consiguen ahorrar en la prestación de servicios sanitarios. ¿Qué beneficio obtiene el ciudadano de esta supuesta excelencia si, después, los ahorros conseguidos, en vez de repercutir en la mejora de los servicios, se apartan de la gestión de lo que es público, de todas y todos, y van a parar directamente a la cuenta de resultados, o a las empresas privadas, o a las contabilidades B, o a los bolsillos de los amigos, de sus intereses y de la sanidad privada? También en Catalunya, gracias a su docta gestión, las listas de espera se han disparado como nunca, y empeoran las condiciones de vida de la gente que espera entrar en un quirófano. Además, en Catalunya tenemos, desgraciadamente, víctimas de los “ahorros” y de los recortes de la estafa. Lo pueden negar desde la Conselleria de Salut, pero también —como en Valencia— acabarán saliendo cifras y nombres… La lástima es que ya no se podrá evitar el desastre.

Y, por otro lado, ¿qué incentivos tienen estos “expertos” para hacer su trabajo y recomendar, por ejemplo, el desmantelamiento del Institut Català de la Salut? (Hablamos del informe de la consultora PWC, hecho según Boi Ruiz gratis et amore). ¿Qué esperan, a cambio de su asesoría, de sus informes? ¿El reconocimiento de la ciudadanía? ¿La aprobación boquiabierta del Parlament? ¿O, en cambio, el premio es el ascenso, el privilegio, una sensación de poder —que, desgraciadamente, hace que las cosas empeoren— y la presunta comisión furtiva? Estas preguntas nos llevan a la tercera disyuntiva…

Consejos de administración vs control democrático

¿Quién vigila el trabajo de nuestros “expertos”? ¿Quién marca los objetivos de los “expertos” y controla que su gestión sitúe la salud de la ciudadanía en el centro del sistema? ¿A quién tienen que dar cuenta de sus actos y de las consecuencias sociales de éstos? En Catalunya, un diputado del Parlament, la máxima representación del poder popular, no tiene ninguna potestad ni autoridad para pedir explicaciones sobre lo que hacen los gestores de los hospitales concertados. Por ejemplo, si un diputado pregunta por la cuantía de los contratos recibidos por un empresario estrechamente ligado a CiU, la respuesta es: «Estos hospitales no dependen directamente de la Generalitat y, por lo tanto, no disponemos de esta información». Es decir, que la mitad del mayor presupuesto de la Generalitat —la que corresponde al sector concertado— está totalmente fuera del control ciudadano. Y no hablamos de comités de barrio ni de asambleas revolucionarias al estilo chavista. No. Hablamos del Parlament de Catalunya, que, gracias a la privatización de la gestión sanitaria, se convierte en un envoltorio sin capacidad fiscalizadora real y —lo que es aún peor— sin capacidad alguna para imponer directrices ni objetivos. De este modo, nos damos cuenta de que la “política sanitaria” ya no se decide ni en los ayuntamientos ni en los parlamentos, sino en los consejos de administración de entidades donde el interés general aparece siempre —si aparece— después del interés de accionistas o de los empresarios amigos que tienen que recibir su contrato anual.

Para escapar de cualquier control, incluso se escabullen de la Sindicatura de Comptes, porque, si el síndico más honesto consigue superar los “amiguismos” políticos y las sociovergencias que todo lo tapan, se puede encontrar con una formidable muralla legal: el servicio del hospital concertado o contratado puede ser público, pero el contrato se ha firmado acogiéndose al derecho privado. Y, en ese caso, únicamente el Tribunal de Cuentas (otro órgano de dudosa eficacia y escasísima transparencia) pueda quizá decir algo —tarde y, probablemente, mal–, con la tara, además, de que “atenta contra nuestra soberanía”. Porque lo que queda claro en sanidad es que nuestro derecho a decidir, el ejercicio del derecho de autodeterminación, como lo entiende la sociovergencia, pasa necesariamente por el hecho de que el mal gobierno de Catalunya pueda maltratar y privar de sus derechos a nuestros enfermos y a nuestras enfermas. Y si os cuesta creerlo, sólo tenéis que ver en la hemeroteca los aspavientos que se hicieron cuando el Tribunal Constitucional, desde Madrid, derogó, con argumentos que no son los nuestros, el euro por medicamento…

Tendencias deseables

Evidentemente, la actual gestión directa de los servicios sanitarios —representada en Catalunya por el ICS— presenta importantes deficiencias en materia de transparencia. Pero mientras que la capacidad ciudadana de fiscalizar y controlar la gestión que se realiza en el ICS es muy, pero que muy, limitada, controlar lo que se hace en el sector concertado es totalmente imposible. En lo referente a la eficacia —mantra de los “expertos” sanitarios—, es cierto que al sector netamente público le queda mucho camino por recorrer y muchas mejoras por interiorizar. Pero no es menos cierto que es prácticamente imposible medir esta “eficacia” en los centros concertados, que escapan totalmente de la fiscalización de gestión y de resultados de las instituciones democráticas, cosa que convierte en un dogma de fe la mejor gestión que hacen nuestros expertos.
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Pero más allá de esto, hay un aspecto en el cual un sistema de gestión directa, de gestión pública de lo público, siempre será mejor que el más eficaz de los equipos de gestión privada: y es que pase lo que pase, se produzcan los problemas que se produzcan, éstos siempre podrán ser discutidos, debatidos y solucionados de manera democrática, ciudadana y soberana.

Para conseguirlo, sólo nos es necesario ahondar más en el funcionamiento democrático de las instituciones y, sobre todo, necesitamos una ciudadanía empoderada, participativa y que crea de verdad que la política debe velar por sus necesidades, mejorar el ejercicio de sus derechos y responder con claridad y sin excusas delante del pueblo. Nuestra sanidad no tiene sólo que vendar nuestras heridas, sino que debe ayudar a cohesionar a nuestra sociedad, a mejorar la equidad, a reducir las diferencias.

Albano Dante
Fundador y director de la revista Cafèambllet
Àngels Martínez Castells
Presidenta de Dempeus per la salut pública
Publicado originalmente en catalán en Perspectives de Espai Fàbrica. Traducción: Nàdia Subirana

 
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Publicat per a 2 febrer 2014 in Salut

 

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La GOBERNANZA, “plan B” del neoliberalismo

Estevez AraujoUn amigo tan querido como inteligente, José A. Estévez Araújo, catedrático De Filosofía del Derecho de la U.B., ha publicado en Mientrastanto un texto imprescindible para tener las claves de parte importante lo que está sucediendo en Europa (y más allá). En especial, se atreve (y cómo se lo agradezco) a desmontar el mito de la “gobernanza” que los políticos y gestores de nuestra triste modernidad repiten como mantra para la “nueva, eficiente y democrática” gestión de lo público…. Y de eso nada. Dada la densidad y amplitud de su trabajo me he permitido resumirlo de manera esquemática en los siguientes puntos, a manera de aperitivo:

1.- La privatización y la desregulación, unidas a la denigración sistemática de lo público-estatal y la introducción de métodos empresariales en la Administración (la llamada “Nueva Gestión Pública”) han facilitado que se difuminase la distinción público-privado y ha puesto en bandeja el discurso de la gobernanza.

2.- Ha ayudado al discurso de la gobernanza el fracaso de las políticas neoliberales de los años ochenta con los funestos resultados de la desregulación y privatización de la Rusia de Yeltsin y los desastres en África denunciados por Stiglitz en su libro sobre la globalización. En América Latina no les fue mejor. Todo ello condujo a que el Banco Mundial diera un giro neoinstitucionalista y a principios de los noventa, empezara a utilizar la expresión “buena gobernanza”.

3.- La “gobernanza” proporcionó un Plan B para el neoliberalismo tras el importante papel adquirido por el estado en la segunda postguerra y tras la exaltación de las virtudes del mercado y de la empresa por la contrarrevolución neoliberal. La gobernanza significa el supuesto descubrimiento de las “sinergias” de la colaboración público-privada, de la que la llamada “Tercera Vía” de Giddens puesta en práctica por Blair fue un ejemplo paradigmático: tras el fracaso del estado y del mercado, los consorcios público-privados serían la solución de todos los problemas. (Ja!)

4.- El discurso de la gobernanza, uno de los principales discursos ideológicos en la actualidad, construye una nueva forma de legitimidad jurídico-política difuminando la distinción entre lo público y lo privado. Los agentes públicos y los privados no deben permanecer separados, nos dicen. Deben colaborar de múltiples maneras con el objetivo de producir “sinergias”. La gobernanza defiende, por ello, los consorcios, las redes de gobernanza público-privadas, y también esas formas de participación de la “sociedad civil” recogidas en el artículo 11 TUE (consultas, apertura de canales para la expresión de las opiniones de ciudadanos y asociaciones, toma en consideración de los stakeholders…).

5.- El discurso de la gobernanza está pensado más bien para los que “mandan”. Ha calado, en mayor o menor medida, entre los políticos, los gestores de servicios públicos, los cargos de responsabilidad dentro de la Administración, los ejecutivos de las empresas, o los altos funcionarios de las agencias internacionales. Son ellos quienes más lo utilizan para justificar sus decisiones y actuaciones, creyéndoselo en mayor o menor medida.

6.- El discurso de la gobernanza no va dirigido, por tanto, a los ciudadanos de a pié. Para ellos se sigue utilizando como marco legitimador el tradicional discurso de la democracia representativa. Pero a él se añaden poderosos mecanismos de manipulación ideológica. Los “recortes” para salir de la “crisis” son “necesarios”. No hay políticas económicas alternativas. Las deudas hay que pagarlas. Sin medidas de “austeridad” las consecuencias serían aún más desastrosas… Mientras tanto, los ciudadanos siguen reivindicando lo “público”. Defienden, con insistencia creciente, una escuela pública y una sanidad pública. Con esas reivindicaciones saben exactamente lo que quieren decir. Están en contra de convertir la enseñanza o la atención médica en mercancías. Rechazan condicionar el acceso a esos servicios básicos al poder adquisitivo de las personas. No quieren una enseñanza o una sanidad dirigida al objetivo de obtener beneficios. La distinción público/privado (al revés de lo que implica la Gobernanza) sigue teniendo sentido para ellos.

7.- La gobernanza podría resucitar, pervitiéndola, la concepción hegeliana de la sociedad civil. Frente al sentido atribuido a ese término en los años setenta y ochenta del siglo pasado como un espacio habitado por movimientos sociales y ciudadanos, ONG, etc. desvinculados del poder económico y político (incluso del sistema de partidos), la Unión Europea ha utilizado los “canales”, “diálogos” y “consultas” de las instituciones europeas con la “sociedad civil” como un mecanismo para privatizar el poder de decisión de la UE trasladando dicho poder a las empresas.

8.- A manera de ejemplo: Draghi, que se sepa, no se ha reunido con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (ni el Parlamento Europeo aceptó interesarse, a instancias de Dempeus per la Salut Pública, por la privatización y degradación de la sanidad en España) pero utiliza el discurso de la gobernanza para justificar y aplaudir una mezcolanza ilegítima entre las autoridades públicas y las entidades financieras bajo el cobijo de una misma organización. (Expulsando las organizaciones que sí serían las herederas legítimas de la sociedad civil, se abre a las instituciones mercantiles y financieras para hacer transitables y viables sus intereses de saqueo de lo público.)

Ejemplos apabullantes e indignantes, y muchos más argumentos, en el texto completo de J.A. Estévez Araujo en Mientrastanto.

 
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Publicat per a 5 Setembre 2013 in Ciutadania/Política

 

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En (mala) memoria de Margaret Thatcher, reina madre de la austeridad

El legado económico de la Sra. Thatcher, reina madre de la austeridad y la financiarización globales

Michel Hudson y Jeffrey Sommers

Thatcher legacyNormalmente observamos la convención de abstenerse de hablar mal de los que acaban de morir. Pero es lo más probable que la propia Margaret Thatcher no tuviera nada que objetar a un epitafio centrado en el legado económico de su profesado objetivo político: desmantelar “irreversiblemente” el sector público británico. Atacando la planificación central estatal, lo que hizo fue desplazar esa planificación para dejarla en unas manos financieras harto más centralizadas: una City de Londres no estorbada económicamente por la regulación financiera y “libre” de cualquier regulación antimonopólica seria de precios.

La Sra. Thatcher transformó el carácter de la política británica encabezando un gobierno parlamentario democráticamente elegido que permitió a los planificadores financieros desbaratar el sector público con el asentimiento popular. Como su coetáneo, el actor Ronald Reagan, narró un atractivo cuento, cuya trama era la recuperación de la economía. La realidad, ni que decir tiene, resultó en un encarecimiento del coste de la vida y del coste de la actividad empresarial. Pero ese juego de suma cero convirtió las pérdidas económicas en inopinadas ganancias para la feligresía del Partido Conservador en el sector bancario británico.

Al poner con precios de barato en almoneda British Telephone y otros grandes monopolios públicos, dio a entender que los consumidores serían los grandes beneficiarios, y no las grandes entidades financieras. Y al dar a los suscriptores una asombrosa comisión del 3% (basándose en el antecedente de la salida a bolsa de empresas incipientes mucho más pequeñas), la Sra. Thatcher presidió el inicio de la Gran Polarización británica entre el 1% acreedor y el 99% crecientemente endeudado.

So pretexto de combatir a los buscadores públicos de rentas, abrió puertas y ventanas a los buscadores de rentas en el sentido económico clásico del término: rentas del suelo en el sector de los bienes raíces (con ganancias de “capital” hinchadas por la deuda), hasta encarecer la propiedad británica a tal punto, que los empleados que trabajan en Londres se ven ahora obligados a vivir fuera y a viajar en unos carísimos ferrocarriles privatizados para acudir a sus puestos de trabajo. La privatización creó también enormes oportunidades nuevas para las rentas monopólicas dimanantes de los servicios público privatizados, además de posibilitar ganancias financieras predatorias a una banca crecientemente predatoria.

La finanza ha sido la madre de los monopolios al menos desde que los holandeses y otros acreedores extranjeros ayudaron a Inglaterra a constituir la Compañía de las Indias Orientales en 1600, el Banco de Inglaterra en 1694 y otros monopolios comerciales que culminaron en la Compañía de los Mares del Sur en la segunda década del siglo XVIII.

En el momento en que Margaret Thatcher llegó a Primera Ministra, en 1979, Gran Bretaña llevaba un siglo de enormes inversiones en infraestructuras públicas. Los ejecutivos financieros vieron esa imponente estructura de mando como un conjunto de potenciales monopolios transformables en una suerte de munificentes vacas muñideras capaces de suministrar torrentes de efectivo y enriquecer a la alta finanza. La Sra. Thatcher se convirtió en la principal animadora de esta orgía, el mayor y más manirroto regalo del siglo: las ganancias de la City de Londres fueron la ruina de la economía industrial. Los señores británicos de las finanzas se convirtieron en el equivalente de los grandes barones ladrones de los ferrocarriles en la Norteamérica del siglo XIX, la elite dominante que hoy regenta el derrotadero de decadencia que es la austeridad neoliberal.

Su desempeño como Primera Ministra parecía emular el papel de Peter Sellers en Bienvenido Mr. Chance. Era resultona en televisión, precisamente porque su filosofía era una secuencia recosida de fragmentos sonoros simplificadores de complejos problemas sociales y económicos, espástica y palabreramente reducidos a banal psicodrama personal. La habilidad de la Sra. Thatcher para ocultar tras ese telón la gran polarización financiera y económica y la “barra libre” financiera en curso le permitió distraer la atención sobre las consecuencias de lo que Harold Macmillan llamó “la venta de la cubertería de plata de la familia”. Era como si la economía fuera una charcutería familiar de clase media tratando de cuadrar la contabilidad del pequeño negocio de acuerdo con los consejos de su banquero y a costa de unos salarios en proceso de contracción a causa de los precios al alza de las necesidades básicas.

La base del poder de la Sra. Thatcher tenía que ver con el hecho de que la economía de Inglaterra se hallaba en una situación harto más desjarretada que la del resto del mundo cuando ella llegó al gobierno. Durante el Invierno del Descontento de 1979 se desarrolló una tormenta perfecta. Incapaz de evitar que los trabajadores se lanzaran a una escalada de huelgas causante de las mayores molestias al conjunto de la sociedad, el Partido Laborista británico sintió poca necesidad de retrasar la participación de Gran Bretaña en el petróleo del Mar del Norte. Esas inopinadas ganancias subsidiarían una década de desmantelamiento de lo que quedaba de la industria británica. Los Estados petroleros no necesitan ser eficientes. No necesitan industria, ni siquiera empleo.

El Primer Ministro laborista James Callaghan hizo un intento simbólico de enfrentarse al problema pidiendo en 1976 al FMI un préstamo para financiar inversiones industriales tangibles como puente financiero hasta que el petróleo del Mar del Norte pudiera empezar a generar comercio exterior. Pero el secretario estadounidense del tesoro, Bill Simon, le leyó la cartilla. La política del FMI y de los EEUU era suministrar crédito sólo para pagar a los tenedores de bonos, no para levantar la economía real. A Gran Bretaña se le harían empréstitos, sólo si reorientaba su economía de modo que la alta finanza pudiera ponerse al mando de la planificación.

El Reino Unido se convirtió entonces en el niño neoliberal modelo del FMI, instituyendo una ventaja comparativa en materia de finanzas deslocalizadas, lo que terminó culminando en el célebre “planteamiento flexible” de[l laborista] Gordon Brown, que trajo consigo los colapsos bancarios de 2008. En este sentido, el papel de la Sra. Thatcher fue el de una Boris Yeltsin británica, patrocinadora del desmantelamiento y saqueo de siglos de inversión pública.

La Sra. Thatcher accedió al cargo de Primera Ministra en 1979, cuando el juego neoliberal estaba ya en marcha. La “hija de charcutero” pintó los problemas británicos como derivados de la arrogancia del mundo del trabajo organizado. Tocó una fibra sensible cuando los dirigentes sindicales llamaron a una serie de huelgas políticamente suicidas que desbarataron la vida cotidiana y llevaron la lucha más allá del punto que podía soportar el grueso del electorado. La economía británica nunca había estado tan madura para la aplicación de una estrategia del divide y vencerás.

La guerra de clases –tal era el nuevo giro operado en la situación— apuntaba a los trabajadores en su calidad de consumidores y deudores, no de empleados. La industria nacional británica fue repetidamente golpeada, y las fábricas fueron cerrando una tras otra en todo el país (pasando las más exitosas a emprendimientos de bienes raíces gentrificados).

La Dama de Hierro estaba convencida de estar reconstruyendo la economía inglesa; en realidad sólo parecía más rica merced a la banca forajida londinense. El daño causado en todo el mundo por esa economía financiarizada ha sido inmenso. Al “liberar” dinero nacional de las restricciones de las autoridades fiscales, el Oriente Próximo frenó buena parte de sus proyectos de desarrollo industrial. Después de 1990, el bloque soviético fue desindustrializado para convertirse en una economía petrolera, gasística y minera. Y en el caso británico, billones de dólares de ingresos fiscales globales, que podrían haberse empleado en el desarrollo industrial y social, se desviaron a Londres, en donde el Reino Unido recogió los honorarios dimanantes de esa barra libre. A despecho de su admiración por Milton Friedman –famoso por su afirmación de que “nada es gratis y no hay nada parecido a una barra libre”-, la Sra. Thatcher hizo todo por reorientar la economía británica a modo de inmensa barra libre al servicio de los ejecutivos financieros de todo el planeta.

¿Qué llegó a entender realmente la Sra. Thatcher de un sector financiero al que nunca se propuso intencionadamente favorecer? Nunca expresó arrepentimiento respecto de sus políticas ni del modo en que esas políticas allanaron el camino para que el Nuevo Laborismo pudiera dar –con botas de siete leguas— el siguiente paso en punto a dotar al complejo financiero de la City de Londres del enorme poder que ha permitido a la desregulada banca privada actuar como catalizadora de un desplome financiero tras otro, llevándose por delante al conjunto de la economía británica.

Cuando la Sra. Thatcher llegó al gobierno, 1 de cada 7 niños ingleses vivía en la pobreza. Al final de sus reformas, ese número había crecido a 1 de cada 3. Polarizó al país con una estrategia de “divide y vencerás” precursora de Ronald Reagan y, más recientemente, de políticos norteamericanos como el gobernador de Wisconsin Scott Walker. El resultado de su política fue la congelación de la movilidad ascendente hacia la clase media que irónicamente creía estar promoviendo con sus acciones de gobierno.

Los mandarines mediáticos de todo el plantea parlotean sobre su papel como “salvadora” de Gran Bretaña, no de su papel en el endeudamiento de la misma: destruyó la economía para salvarla. Su ejercicio del poder marcó una época histórica dejando planteado el paradójico enigma que viene marcando las políticas neoliberales desde los 80: ¿cómo consiguen los gobiernos alimentar y robustecer a los cleptócratas financieros en un marco de poder basado en el asentimiento popular?

Eso sólo puede lograrse violando el primer supuesto de la política liberal clásica: los votantes tienen que estar suficientemente informados para entender las consecuencias de sus acciones. Eso quiere decir que los gobiernos deben abrazar una perspectiva de largo plazo.

Pero las finanzas siempre han vivido en el corto plazo, y en ningún lugar del mundo son las finanzas más cortoplacistas que en Gran Bretaña. Nadie ilustró mejor esa perspectiva estrecha de miras que Lady Thatcher. Su retórica simplista inspiró a un rebaño de simples, empeñados en combatir al conocimiento con sentido pretendidamente común.

Acaso no del todo simple, sino simplemente oportunista. Como santa patrona sin títulos del Nuevo Laborismo, la Sra. Thatcher se convirtió en la fuerza intelectual inspiradora de su sucesor e imitador Tony Blair en punto a culminar la transformación de la política electoral británica para movilizar el asentimiento popular a fin de permitir al sector financiero privatizar y desbaratar las infraestructuras públicas británicas, convirtiéndolas en una amalgama de monopolios privados. Por esa vía, el Reino Unido pasó de ser una economía productiva real a convertirse en una economía hurgadora en el basurero de las rentas mundiales a través de sus bancos deslocalizados. Al final, no sólo se hizo un gran daño a Inglaterra, sino al mundo entero, propiciando la huída de capitales de los países en desarrollo hacia los puertos seguros de la banca londinense. Ahora, los gobiernos de todo el mundo se declaran en “bancarrota”, mientras sus oligarcas son cada vez más ricos.

Michael Hudson es un reconocido analista económico norteamericano, con amplia experiencia en Wall Street. Sus dos últimos libros son The Bubble and Beyond (La burbuja y sus secuelas) y Finance Capitalism and Its Discontents (El capitalismo financiero y sus críticos). Jeffrey Sommers es profesor asociado de economía política en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y profesor visitante en la Escuela de Economía de Riga. Publica artículos regularmente en Financial Times y The Guardian, entre otros medios.

Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella

 
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Publicat per a 14 Abril 2013 in Economia crítica, Europa

 

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Argumentos para que el #11N y #14N recuperemos nuestra sanidad, nuestra SALUD, nuestro futuro

Los determinantes sociales de la salud se desmoronan.  Pese al neolenguaje de los ministros de Rajoy que pretende esconder la dura realidad, el paro en España sigue castigando a hombres y mujeres que buscan un puesto de trabajo. La tasa de paro del 25,7% en octubre llega a ser del doble  en los menores de 25 años, robando  el  futuro a nuestra juventud.   Cada día  se producen en España más de 500  desahucios de viviendas y locales según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Disminuye la cobertura de  las prestaciones  por desempleo, (de los más de 5,6 millones de personas en paro sólo 1,3 millones cobraban hace unos meses prestación contributiva mientras que otros 1,6 millones reciben algún tipo de subsidio  y otros 211.461 están perdiendo lo que recibían por el Plan Prepara. Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo y se degrada la calidad de los contratos mientras se deterioran las condiciones laborales.  Buena parte de los 2,6 millones de personas en desempleo que no reciben ningún tipo de ayuda dependen, en muchos casos, de las pensiones de sus mayores  que, a su vez, también están siendo amenazadas.  El hecho tan humano de enfermar no sólo provoca nuevas mellas en nuestros ingresos, sino que puede llegar a ser causa de despido. Por justificada que sea la baja laboral, se quiere una fuerza de trabajo inmune a las enfermedades y que tampoco tenga responsabilidades de cuidados… Nos quieren fuertes, insensibles, súbditos lobotomizados, para que pueda reinar  precariedad laboral y social que quiebra la cohesión social, mientras la pobreza afecta a una de cada cuatro personas residentes en España.

En este curso académico se han matriculado menos estudiantes en las distintas Universidades del país,  y  según la OCDE,  la tasa de jóvenes  sin empleo y sin trabajo se acerca con vértigo a la de Israel: un país en guerra permanente contra los palestinos  (de hecho, contra el mundo) nos supera por pocas décimas.  En España, como en Grecia, como en Portugal, como en Irlanda, la guerra se libra contra la ciudadanía y el arma utilizada es la destrucción de los servicios públicos, el insostenible incremento de las desigualdades, la inseguridad en el mañana.  Estábamos avisados de que las crisis generan un incremento de la violencia de género,  provocan  enfermedades mentales y un incremento en el número de suicidios,  y sabíamos –desde la crisis de 1929- que las personas pagarían con su salud  el desgarro de esta desigual estafa. En buena lógica,  el sistema sanitario y de atención social debía estar especialmente preparado para paliar los peores efectos de la crisis y tratar la psico-somatización de las tensiones. Sin embargo,  el gobierno de España, en versión autista frente a tanto desgarro social, asesta un  severo golpe  a la sanidad con el Real DL 16/2012.  En vez de reforzar el sistema público de salud, continúan las privatizaciones de hospitales,  se acaba con la atención de urgencias en horario nocturno de comarcas enteras (como si los infartos sólo se produjeran en horario laboral) y se eliminan servicios y especialidades.  A las quejas por los recortes de los oncólogos y servicios de ginecología se suman los servicios desbordados (y esquilmados) de salud mental. No sólo se debe enfermar a horas convenidas. Hay que hacerlo, además, de enfermedades muy comunes y poco costosas. Y en las Comunidades de Catalunya  y Madrid, se suma a la obligación de pagar de pensionistas y al incremento del IVA ,  la implantación de la tasa del euro por medicamento que supone poner en cuestión al personal  médico, convertir las farmacias en recaudadoras de impuestos, y seguir esquilmando los bolsillos de las personas enfermas, obligándolas a tomar la dura decisión entre poder comer o medicarse.

La sanidad sólo es un componente más de la Salud,  tan importante como  un trabajo digno, un subsidio de paro asegurado, o una pensión de jubilación que no degrade a las personas mayores, o una alimentación  nutritiva,  una vivienda en condiciones en un barrio saludable, y participar de un buen sistema educativo. Sin embargo, la sanidad es de una  importancia fundamental cuando las circunstancias de la crisis incrementan las desigualdades sociales,  y la falta de equidad  y la precariedad causan más estragos que muchas enfermedades reconocidas como tales. El servicio de sanidad debe, en situaciones límite como las que vive una parte cada vez más numerosa de nuestra sociedad, poder prevenir, atender  y tratar de curar a las personas enfermas y contar con profesionales y recursos suficientes para poder hacer frente con dignidad a las circunstancias tan duras que estamos viviendo:  debería recibir una atención privilegiada por parte de quienes nos gobiernan –si fueran sensibles al sufrimiento-  porque  las tensiones sociales de esta crisis-estafa  provocan enfermedad y muerte.  Sin embargo, en esta huida suicida de las políticas neoliberales contra la ciudadanía, cuando todos los determinantes de la salud se desmoronan,  asestan con alevosía el golpe más duro a la sanidad pública, un determinante especialmente importante de la salud en estos tiempos de insania generalizada.

La versión neoliberal dominante, de visión interesadamente reduccionista,  encuentra su coartada en los principios de la “selección natural” y otros extremos inspiradores del fascismo. Por ejemplo, contempla  la salud como la suma de la herencia genética y de nuestra “responsabilidad”  personal  en practicar hábitos saludables. Con ello se  inhibe de responsabilidades políticas y “culpabiliza” a las  personas por cómo viven  (o por el ADN que le han transmitido  sus progenitores). La salud no es “pública”, declaró Boi Ruiz, el conseller de salud de Catalunya, y por tanto poco tiene que ver  lo que se legisla. Y lo declaró con todo desenfado cuando,  por primera vez en muchos años, ha disminuido la   esperanza de vida en España.  Le desmienten nada menos que  la OMS y la Comisión de Determinantes de Salud de la ONU:    La salud, por definición, siempre es pública.

Por todos los argumentos anteriores, y muchos más, es importante que los días 11 de noviembre en Barcelona y el 14 de noviembre en toda la península , la gente se levante contra las políticas que atentan contra nuestra salud y nuestras condiciones de trabajo y de vida.

Porque nos roban la sanidad, nos roban la salud y nos roban el futuro, es fundamental que digamos BASTA!

 

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Portugal: Que se lixe a Troika, queremos nuestras vidas!

Las portadas de hoy de la prensa portuguesa:

Dijeron los insumisos:

“Es necesario hacer algo extraordinario. Es necesario tomar las calles y las plazas de las ciudades y nuestros pueblos. Juntar las voces, las manos. Este silencio nos mata. El ruido del sistema mediático dominante resuena en el silencio, reproduce el silencio, teje redes de mentiras que nos adormecen y aniquilan nuestros deseos. Es necesario hacer algo contra la sumisión y la resignación, contra el estrechamiento de las ideas, contra la muerte de la voluntad colectiva. Es necesario convocar nuevamente las voces, los brazos y las piernas de todas y todos los que saben que en las calles se decide el presente y el futuro. Es necesario vencer el miedo que hábilmente ha sido diseminado y, de una vez por todas, entender que ya poco tenemos que perder y que llegará el día en el que ya lo habremos perdido todo porque nos callamos y, solos, desistimos….”

.
Y después, salieron a la calle….

Empezaron su comunicado diciendo que había que hacer algo extraordinario…¡ Y LO HICIERON!  En más de 30 ciudades portuguesas. Las manifestaciones más numerosas después del 25 de Abril. El llamamiento acababa con estas palabras:

“Nos han dividido para oprimirnos. Juntémonos para liberarnos.”

Y la movilización del 15S hizo temblar los hombres de negro. Ojalá vuelvan los claveles. Ojalá Portugal, de nuevo, despierte.

Pueden encontrar más información en:

Facebook – https://www.facebook.com/events/402643499798144/

Email: queselixeatroika15set@gmail.com

Twitter – https://twitter.com/queselixetroika

#queselixeatroika

(Ver todo el comunicado en la página de #AcampadaSOL)

 
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Publicat per a 16 Setembre 2012 in Europa

 

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El suicidio: primera causa de muerte violenta en España

La crisis económica española (la gran estafa de la desigualdad) aumenta y agrava la incidencia de las enfermedades mentales y provoca el aumento de suicidios.


Ya Sergi Raventós había advertido el pasado mes de junio (ver en Dempeus toda la entrevista) que la tasa de suicidios había aumentado en toda la Unión Europea a raíz de la crisis. Y señalaba que algunos gestores políticos de la crisis eran, en gran medida, los responsables.

Ahora la periodista Inés Benítez añade más datos en Iberarte. Reproduce las declaraciones de un miembro de la policía científica de Málaga en base a sucesos reales, y concluye que el suicidio ya es la primera causa de muerte violenta en España, superando los accidentes de tránsito. Aunque las  cifras de suicidios no suelen hacerse públicas, en “el 2007, los fallecidos por suicidio fueron 3.263, de los que 2.463 eran hombres y 800 mujeres, indica el informe de defunciones según causa de muerte del Instituto Nacional de Estadística (INE). En los años subsiguientes hubo algunas oscilaciones: 3.457 en 2008; 3.429 en 2009 y 3.158 en 2010.” Desde diciembre de 2011 hasta marzo o abril de 2012 ha crecido el número de suicidios, y todos los indicios solventes los vinculan a problemas económicos. (Daban en El Plural  la cidra de 4.500 suicidios en el 2011.)

La prensa, sin embargo, no refleja las consecuencias letales de esta crisis-estafa, aunque alguna iniciativa ciudadana defiende “tuderechoasaber”   (y pregunta al Ministerio de Interior que al parecer carece de los datos demandados).   “En el 95 por ciento de los casos no acuden periodistas al lugar del suicidio, que sí están presentes en homicidios o accidentes”, contó el policía malagueño. El argumento que se da es el de no alentar el “efecto contagio”, pero Sergi Raventós, en sus declaraciones, se mostraba más contundente:”…hay una creencia incrustada que ofrecer datos de suicidio estimula al suicidio. Creo que no es muy robusta, y en países de tradición católica tiene un gran componente religioso de hace siglos y de estigma de la familia del suicida…”

Estigmatizar a los causantes de la crisis, no a sus víctimas

El hecho de invisibilizar los suicidios por miedo al estigma personal y familiar evita que se extienda a los responsables del paro o de las pérdidas de hogares y pequeños negocios… Y aunque algunos periodistas opinen que no informar de los suicidios forma parte “de un código ético no escrito” , están contribuyendo de hecho con su silencio a ocultar el alcance del drama social y económico y sus irreparables efectos consecuencias.

La psiquiatra Concha López opinó que “La crisis y los problemas económicos son una razón más que se añade, pero no la única”. Sin embargo, no puede disimular que la crisis es un factor cada vez más poderoso para el suicidio. El desempleo afecta a 24,6 por ciento de la población económicamente activa de este país y hay 1,5 millones de familias que tienen a todos sus miembros sin trabajo, según el INE, en un país de 47 millones de habitantes. Además, la población soporta sucesivos recortes en servicios básicos de salud y educación  para que el gobierno de PP consiga  que el déficit del presupuesto del Estado se reduzca al 6,3 por ciento a fines de año, y cumplir así el inapelable (y absurdo, y mortal) compromiso adquirido con la Comisión Europea.

Pero por la consulta de la psiquiatra López pasan cada vez más hombres y mujeres con cuadros depresivos por haber perdido el empleo; o trabajadores que han visto deteriorada su situación laboral y soportan grandes dificultades para mantener su puesto a toda costa. Estos pacientes sufren “tristeza, insomnio, ansiedad, ataques de pánico, sentimiento de culpa, y tienen ideas de suicidio”, contó la especialista.

“En Málaga, cada día ingresan en urgencias hospitalarias dos o tres personas que han tratado de suicidarse”, destacó López, que lleva ocho años en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de la localidad malagueña de Fuengirola. Más de 50 por ciento de los jóvenes españoles no tienen empleo y, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), uno de cada cuatro niños es pobre. La brecha de ingresos que separa a ricos y pobres aumentó en España más que en ningún otro de los 27 países de la Unión Europea, según el informe “Exclusión y desarrollo social – Análisis y perspectivas 2012”, publicado por la organización católica Cáritas en febrero, que cifra la pobreza en 21,8 por ciento de la población.

También el médico y diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, alertó ya el pasado mes de febrero ante el Congreso legislativo sobre el “rebrote” de suicidios y consideró que “no hay otro factor más que la crisis para explicarlos”. Los que acaban con su vida son “trabajadores desesperados por falta de cobertura social”, opinó. En un recorrido por varias farmacias malagueñas, Tierramérica constató que la demanda de fármacos para tratar la depresión viene en alza. “La venta de antidepresivos ha aumentado alrededor de 10 por ciento”, dijo la encargada de una farmacia que lleva una década en la profesión. “Se ha notado mucho. Llegan más personas con la receta del médico para comprar psicofármacos”, aseguró una joven farmacéutica en otra droguería en la que trabaja desde hace año y medio.

España no está sola en esta epidemia de desesperanza.

En Italia, la crisis financiera y económica ha contribuido a elevar las tasas de suicidio e intentos de suicidio, según el artículo “Excess Suicides and Attempted Suicides in Italy Attributable to the Great Recession”, que publicó en agosto la revista científica Journal of Epidemiology & Community Health. El artículo cita una movilización de las “viudas de la crisis” en la norteña ciudad de Bologna, esposas de un centenar de empresarios, artesanos y trabajadores que se quitaron la vida agobiados por quiebras y deudas que no podían afrontar.

También Grecia, que siempre tuvo una tasa de suicidios muy baja comparada con la media de Europa, ha visto dispararse los casos de personas que se matan por causas relacionadas con la crisis, a pesar de que incluso el FMI, experto en fingimientos, se declaró “profundamente triste” por el suicidio de un jubilado griego en la plaza Sintagma de Atenas por motivos económicos. Y expresó sus condolencias.

El suicidio es también un acto político desesperado

Así lo declaró la hija del farmacéutico jubilado, Emmi Jristula, afirmando que el suicidio de su padre fue un acto político: “Durante toda su vida ha sido un militante de la izquierda, un visionario desinteresado”. Con estas palabras,  Emmi Jristula lanzaba el estigma a la cara de los responsables de las políticas privatizadoras que ahogan la población griega. Y añadió: “El acto de su suicidio de mi padre es un acto político consciente, coherente con lo que creyó e hizo durante toda su vida”.

Un acto político, y un acto de denuncia de unas políticas de “austeridad” que esconden una ideología profundamente reaccionaria y que implican, cada vez más, desolación, represión y muerte.

 
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Publicat per a 3 Setembre 2012 in Europa, Mitjans de comunicaci, Salut

 

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Ni os doblaron, ni os doblegaron, ni os derrotaron

Llego de Torres, de un curso de verano irrepetible organizado por Rosa Maria Artal en el que se buscaban respuestas válidas a tantas respuestas-trampa sobre la crisis económica y el fracaso de la democracia (entre unos interrogantes cada vez más ténues). Pero entre los muchos mails que esperan en mi bandeja de entrada está uno que me conmueve profundamente, de mi amigo Zana. Y ya no dudo sobre qué voy a escribir. Lo de Torres lo ha empezado a contar Rosa y Juan Tortosa, y más que se sabrá, seguramente, siguiendo los blogs de las personas que coincidimos en la Universidad de Verano cuyo director académico es Baltasar Garzón. Además, en la página web de la Fundación Internacional que preside su hija, María Garzón, tan comprometida como su padre, se colgarán los videos de las sesiones. No habrá mejor documento para entender lo que ha sido la experiencia de la Universidad de Verano de Jaén en la tierra natal de Baltasar Garzón.

Pero la voz de los compañeros y compañeras de las minas lleva demasiados días ausente en este blog. Por tanto, considero un honor poder reproducir las palabras de alguien que, además de amigo, ha sabido explicar el compromiso de una lucha justa y ahora, la dignidad de una retirada que estoy segura, sólo puede ser -por el bien de todas las clases trabajadoras de este país- transitoria. Dice Zana: “muchos padres dicen que tiene el éxito y muchos padrastros la derrota…no seré yo quien me aleje de los mineros en estos momentos. Su ejemplo ha servido para que en los trabajadores, de todo el mundo, no sólo de España, se reinicie algo que el capitalismo se había encargado de adormecer: las ganas de ganar…

Comparto esta voluntad de vencer, Zana, y tampoco me alejo de la justicia de vuestras reivindicaciones, ni de vuestro orgullo y valentía…con un abrazo fuerte y solidario, aquí estamos, y seguimos.

A LOS MINEROS, COMO EJEMPLO A SEGUIR

Ni os doblaron, ni os doblegaron, ni os derrotaron

En una sociedad en la que la mentira es el aire que respiramos, porque en ella, en la mentira, no hay ningún tipo de justicia, ninguna dignidad, vuestra lucha ha sido, es, una realidad. Y ese simple hecho, la certeza de haber luchado, ha de haceros sentir orgullosos.

Es una realidad, como que la hulla es negra y hermosa, que los Mineros habéis conseguido, en estos dos meses de dura lucha, muchas, y muy importantes, cosas. Aunque ahora no lo parezca, entre otros motivos porque los sicarios del Sistema se encargan de que esa sea la sensación, ellos están muy preocupados, por eso insisten en haceros creer que todo vuestro esfuerzo ha sido inútil. Por eso intentan deciros de que estáis solos, que los aplausos pasaron, que los periodistas se fueron, que nada conseguisteis. Como si no fuese en sí ya una victoria el valor de defenderse.

Aclaro a esos desertores de la dignidad que si fuese el caso, que no lo es, cargo con mi porcentaje de culpa en el resultado final de esta lucha. Y recalco: si fuese el caso, que no lo es. No estáis solos, muchos estamos con vosotros.

 Muchas son las cosas que vuestra lucha nos ha dado. Nos habéis recordado que si miles de arañas juntasen sus débiles telas pueden vencer al más fiero león, aunque éste se llame liberalismo. Incluso su poderosa maquinaría de “ingeniería del consentimiento”, esa que se encarga de modelar opiniones, veredictos, tendencias o percepciones, se ha visto desbordada por vuestro valor, por vuestro empuje y sacrificio. Sí, la mejor lectura que podéis, podemos, sacar de esto es que la lucha tiene sentido, que juntos se consiguen cosas (cosas que otros disfrutarán habiendo estado tumbados en el sofá. Y lo harán sin sentir ni un ápice de vergüenza, allá ellos).

Vuestro ejemplo ha servido para que en los trabajadores, de todo el mundo, no solo de España, se reinicie algo que el capitalismo se había encargado de adormecer: las ganas de ganar. Vuestro ejemplo nos ha ratificado que una lucha que se lucha, hasta el fin de las fuerzas, siempre es una buena lucha. Permitidme que os diga, con toda sinceridad, que vuestra dignidad, heredada de aquellos irremplazables mineros luchadores antifascistas, ha salido intacta. Es más, me atrevería a decir que ha salido reforzada. Enhorabuena. Luchadores.

Cuando la tranquilidad se asiente será el momento, y no antes, de hacer valoraciones profundas. Será en esa equidistancia necesaria, y desde el prisma científico del que hablaba Auguste Comte, desde donde se tenga que valorar y analizar el conflicto minero. El tiempo pone a cada uno en su sitio.

Sé que algunos de esos “amigos del sofá”, esos que en ningún sitio estuvieron, en ningún sitio donde los que estaban eran los dignos, querrán sentirse felicitados por estas mis palabras. Usad vuestra generosidad, dejadles que se recreen, en cada palabra que aquí lean, en cada halago merecido que a vosotros os hago, va su penitencia. Seguirán ciegos, vanidosamente ciegos. No entenderán.

Mis palabras sé que no tienen ningún valor especial, lo único que puedo deciros es que os las he escrito desde el orgullo de ser y sentirme minero. Uno más de y entre vosotros. Muchísimas gracias por todo. Compañeros.

Una serie de reconocimientos “especiales”.

En primer lugar a Las Mujeres de la mina, “Mineras” por mérito propio. Orgulloso, muy, muy, orgulloso de vuestra constancia, entrega, lucha y dignidad. ¡¡¡Chapeau!!!

A Miguel A. Iglesias y Rubén Darío Marcos (y por extensión a quienes ellos estimen) cabezas visibles de las organizaciones que han llevado el peso, el desgaste y las críticas, y que han estado ahí, dando la cara, hasta el último aliento.

Otro reconocimiento, no menos sincero, es para todas aquellas personas que, desde la lejanía geográfica y profesional, han mostrado su apoyo, absoluto, constante, fiel y desinteresado a la lucha de los mineros. A tod@s, pero muy especial y personalmente a: Ángels Martínez Castells, Salvador López Arnal, Virginia Mataix, Willie Toledo, Juli López, Jesús Brandulas, María José Rodríguez Rejas, Olmo Couto, Piedad Belmonte y Frederic Schmalzbauer, María Cañizares y Jorge Valencia. Muchas gracias.

Al Pueblo de Ciñera, del que ya no hace falta decir nada porque es ya un símbolo de la lucha obrera.

Y para terminar, con el corazón encogido por la emoción, gracias a: Sócrates, Ezequiel, Salva y Samuel…, impagables, irremplazables, valerosos… buena semilla.

Zana

 
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Publicat per a 3 Agost 2012 in Ciutadania/Política

 

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España entra en la espiral de la muerte

Visto en Sin Permiso.

Autores: Antoni Domènech. Gustavo Búster y Daniel Raventós

El pasado viernes, 13 de julio, el Consejo de Ministros aprobó el radical paquete de medidas de austeridad fiscal procíclica anunciadas por Rajoy en sede parlamentaria dos días antes. “No disponemos de más ley ni de más criterio que el que la necesidad nos impone. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Soy el primero en estar haciendo lo que no le gusta”: Palabras literales de un presidente más nervioso, más inseguro y con peor dicción que de costumbre. Es la segunda vez en dos años que una escena así se produce en las Cortes: el 11 de julio de 2012 de Rajoy es el 10 de mayo de 2010 de Zapatero.

Zapatero se dio un autogolpe de Estado para evitar, supuestamente, el golpe de la intervención de la Troika. Con el resultado de todos conocido: todo fue a peor, como no podía ser de otro modo con unas políticas procíclicas de consolidación fiscal y recortes de derechos sociales e ingresos populares en un país, entonces, con un desempleo superior al 20%, el 45% de los jóvenes en paro y la demanda efectiva en rápido proceso de contracción. Ahora se anuncia un recorte anual para los próximos tres años de más del 2% del PIB, en un país con más del 25% de su población activa desempleada, más del 50% de los jóvenes en paro –decenas y decenas de miles convertidos ya en emigrantes— y una demanda efectiva en caída libre.

De ideas milagreras, retóricas electorales y agendas ocultas

Rajoy subió al poder con la idea milagrera  –avalada por toda una corte de tertulianos, todólogos mediáticos y pseudoeconomistas diz-que-profesionales—  de que bastaba poco más que un gobierno conservador de gentes de viso en la Moncloa para recuperar la “confianza” de los mercados financieros internacionales y la benevolencia de los burócratas de Bruselas y de Francfort. Esa era la idea “técnica” básica.

Había, además, una retórica de campaña electoral rectificadora del giro antisocial de Zapatero: no se tocaría a los pensionistas, no se tocaría a los funcionarios públicos, no se recortarían derechos ni en educación, ni en sanidad (¿quién dice copago?), ni en la cobertura del paro;  habría austeridad y consolidación fiscal, por supuesto, pero se trataría de una “austeridad expansiva” (sic), facilitadora del crecimiento económico (no se subiría el IVA, ¡claro que no!). Contra el entreguismo de Zapatero, se defendería la soberanía nacional; España sabría hacerse respetar en la UE y ante la Troika: el Reino, en fin, no sería intervenido, ni informal ni, menos, formalmente. Por fin alguien haría valer la “marca España”.

Y había, por supuesto, una agenda oculta. Con la excusa de la necesidad de bienquistarse a los mercados financieros y recuperar la “confianza” perdida por la calamitosa gestión del PSOE, acometer un conjunto de contrarreformas –incoadas ya por el gobierno Zapatero y largamente anheladas por la derecha social española— que alteraran radical e irreversiblemente la relación de fuerzas. Que reconfiguraran la constitución social del país, particularmente la regulación del mercado de trabajo. Que reordenaran pro domo sua, a favor del poder político-económico del PP, la fatalmente dañada estructura bancaria (lo que pasaba crucialmente por convertir a Bankia en un coloso financiero privado, promiscuamente vinculado al partido). Que terminaran de poner en almoneda y desmantelar el sector público, pusieran proa a la conversión de la vida económica de nuestro país en un rimero interminable de peajes privatizados, cobrables por rentistas improductivos de toda laya, nacionales y extranjeros, y entraran por uvas en la más o menos disimulada tarea de recentralizar administrativamente y jibarizar el “Estado de Medioestar” español, como atinadamente lo ha llamado en alguna ocasión Gaspar Llamazares.

La agenda oculta, en una palabra, consistía en aprovechar la crisis para consolidar hasta las últimas consecuencias el tipo de capitalismo oligopólico de amiguetes políticamente promiscuos construido por el PSOE y el PP en las últimas décadas y reubicar al núcleo político dirigente conservador en la nueva situación. Si se quiere, y por servirnos del neologismo muy a propósito inventado por el académico de la lengua Emilio Lledó, pasar de la economía política del capitalismo oligopólico de amiguetes, al casino de negocios público-privados de los “amigantes” (que rima con mangantes).

Del fracaso, también, de la agenda oculta

En tan sólo 6 meses de gobierno, la realidad de la crisis se ha llevado ya por delante la idea “técnica” básica del programa electoral del PP, la de la “confianza”: la prima de riesgo no ha dejado de subir, la renta variable no ha dejado de bajar, el interés de los bonos españoles se ha disparado hasta rebasar todos los niveles de alarma (7%), y lo que es más grave y perentorio, ha comenzado a acelerarse una fuga masiva de capitales y depósitos bancarios, cuyo ritmo anual se estima ahora mismo en un ¡50% de nuestro PIB! Un pánico bancario desatado, peligrosísimo para España y para el conjunto de la UE, al que no son ajenas las sucesivas torpezas del gobierno Rajoy en el manejo de la crisis de solvencia de la banca española. Y a todo eso, la unión bancaria y la garantía europea de depósitos –única medida eficaz para contener la hemorragia—, siguen ahora tan lejos, si no más, que antes de la famosa cumbre del pasado 28/29 de junio. Han pasado sólo dos semanas, y parecen meses. Tiempo suficiente, en cualquier caso, para que varios sedicentes “europeístas” demostraran una vez más su incapacidad para comprender la naturaleza de la crisis política europea y se cubrieran con el más bobalicón de los ridículos.

Como previsto por todo el mundo, de desmentir la retórica electoral se encargó el propio gobierno no bien entró en ejercicio. Pero lo verdaderamente interesante es la suerte que ha corrido en sólo 6 meses el desarrollo de la agenda oculta del PP. Porque la puesta por obra del “programa oculto” se fundaba también en la necia idea de la restauración de la “confianza” (y en el pésimo diagnóstico –compartido con el núcleo dirigente del PSOE— de la naturaleza de la presente crisis europea que subyace a esa idea). La realización del programa oculto de Mariano Rajoy pasaba decisivamente por evitar la intervención de España por la Troika; intervenido el Reino, todo cambia. No importa el grosero jaleo forofesco de los diputados del PP a cada anuncio de recorte declarado por el jefe, ni siquiera el obsceno “que se jodan” los parados de una pijilla descerebrada que calienta escaño en las Cortes. Harto más significativo se antoja el rostro desalterado del Presidente del gobierno. Porque, si bien se entiende, de lo que verdaderamente se despedía era de su agenda oculta.

Y despedirse de la agenda oculta no era sólo despedirse del verdadero programa partidista con que accedió al gobierno. Es mucho más. Es despedirse de toda una época política y económica que ese programa trataba de salvar, y a su modo, perpetuar, rectificándola por la vía de escorar irrreversiblemente, hasta donde se pudiera, su centro de gravitación hacia la derecha. Es muy significativo que el Consejo de Ministros del pasado viernes comenzara no en Moncloa, sino en la Zarzuela, con el monarca en persona presidiendo la sesión del reconocimiento oficial de todos los fracasos. Como agarrándose a un clavo ardiendo, precisamente al amparo de un Rey de todo punto desacreditado ante la opinión pública y convertido en los últimos meses en la cara visible del fracaso nacional y del fin de época. En el símbolo mismo de la agónica fatiga política, social y moral del régimen de la Segunda Restauración borbónica que fue la Transición democrática.

Res ipsa loquitur: ministros que filtran secretos de su cartera (el escándalo de la ministra Báñez y el ERE del PSOE); una red gigantesca de espionaje a empresas y ciudadanos y compra y venta de datos privados protegidos por la ley con la connivencia de las instituciones privadas y públicas –incluidos los servicios secretos— encargadas de protegerlos; socialización de la corrupción de lo público a lo privado con las preferentes, como se ha visto con la apertura de la causa contra los gerentes de Bankia, la CAM y CaixaNovaGalicia; el bloqueo de un poder judicial incapaz de autogobernarse, carente de la legitimidad democrática que solo pueden otorgarle los ciudadanos, y no el escalafón de la judicatura y los acuerdos bajo mano entre el PP y el PSOE; unos incendios pavorosos que no se pueden extinguir por los recortes del gasto público; amnistía a los depredadores urbanísticos de la propiedad común de las costas; amnistía a los defraudadores fiscales… ¿Qué más?

La espiral de la muerte

Con las medidas de recortes y austeridad fiscal que ha impuesto la Troika al gobierno, España entra en la espiral de la muerte. Es decir, se aventura por la senda que ha llevado al suicidio económico, social y político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, Portugal, Irlanda). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procíclicas de austeridad fiscal encaminadas a reducir la deuda y el déficit públicos generan destrucción de empresas y de empleo, desplome de los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos fiscales del Estado y, para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento del endeudamiento público, acrecida desconfianza de los acreedores internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeridad y consolidación fiscales y consiguiente degradación del Estado social, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del desempleo.

En esa perspectiva, perdida la soberanía monetaria y sin autoridad fiscal común en la UE, el círculo vicioso sólo podría romperse con una enérgica mejora de la exportación. Los últimos datos al respecto no son nada halagüeños. Y no cabía esperar otra cosa. Primero, porque a diferencia de Portugal, por ejemplo, en donde el sector exportador representa cerca del 50% de su economía, la exportación española significa apenas un tercio, es decir que al menos dos tercios de la demanda de los productos de las empresas españolas vienen de un mercado interior deprimido por el paro creciente, por el tremendo estado de endeudamiento de las familias y de las empresas españolas, por los recortes salariales públicos y privados, por el terrible aumento del IVA, por las nuevas tasas universitarias, por el copago sanitario, por presentes y venideros peajes de usuario en el acceso a los bienes públicos o comunes; en una palabra, por las extremistas políticas de austeridad fiscal. Y segundo: porque las políticas de austeridad incompetentemente impuestas a escala europea han deprimido la demanda continental, y el grueso de nuestras exportaciones –como las de los alemanes, dicho sea de pasada— van a parar a una eurozona devastada por esas suicidas políticas procíclicas de consolidación fiscal.

Es evidente que el núcleo dirigente del PP es a estas alturas perfectamente consciente de todo eso. El fracaso estrepitoso de Montoro es el fracaso de la agenda oculta de una derecha política española que era todavía orgánica en intereses oligárquicos más o menos nacionalmente arraigados, y que tenía intereses electorales propios. Es aventurado –y acaso necio— decir que estamos asistiendo al triunfo del “independiente” y “cosmopolita” De Guindos, ese fracasado gestor europeo de los intereses del quebrado banco norteamericano Lehman Brothers.

Pero de lo que no cabe la menor duda es de que decidir –o allanarse a— meter a España en la espiral de la muerte trae consecuencias devastadoras para la identidad de quien lo propone (el PP). Para la identidad de quien lo aplaude, jactándose incluso de haberlo propuesto antes (Duran i Lleida). Para la identidad de quien lo tolera “responsablemente” y aun lo acompaña como “inevitable” y “necesario” con dos que tres salvedades y matices y tres que cuatro lagrimitas impostadas (Rubalcaba). Y desde luego para la identidad política de quienes, aplaudiéndolo en el fondo, sólo pretenden aprovecharse del río revuelto para promover aquí o allá su propia agenda superficialmente populista (el desmantelamiento del Estado de las Autonomías, à laRosa Díez; el fantasma del pacto fiscal catalán sin contenido social para justificar, à la Mas, su cruel ofensiva en toda regla contra los derechos de las clases populares).

Como las elites políticas coloniales tradicionales

Las medidas de choque decididas –“sin libertad”— por Rajoy la semana pasada van contra los intereses mediatos e inmediatos de la inmensa mayoría de la población española, incluidas esas clases medias madrileñas abrumadoramente votantes del PP que habrán perdido todos sus ahorros con la estafa de Bankia y Caja Madrid. La espiral de la muerte al estilo griego no sólo tiene consecuencias económicas y sociales devastadoras; tiene también consecuencias para las propias elites políticas que se allanan de mayor o menor grado al suicidio de la nación. Porque pierden su identidad política como representantes fiduciarios más o menos legítimos de distintos intereses sociales más o menos encontrados, para convertirse paulatinamente en castas políticas de tipo colonial, sin arraigo social en la población. Franz Fanon describió hace ya muchos años a ese tipo de elites coloniales en Los condenados de la Tierra, una obra maestra de la literatura anticolonialista de los años 60.

Este era el tenor literal de su descripción: las elites coloniales, cualquiera que sea el matiz de su color político:

– niegan a los pueblos la seguridad en los puestos de trabajo;

– reducen los ingresos del grueso de la población al nivel de subsistencia;

– llevan a los pobres a la desesperación;

– buscan con denuedo desmantelar a los movimientos y a las organizaciones sociales, señaladamente a los sindicatos obreros;

– se empeñan en degradar el sistema educativo, de modo que solo las elites puedan tener acceso a la educación superior;

– hacen leyes a la medida de las empresas transnacionales saqueadoras;

– criminalizan el disenso, la crítica y a la oposición política no acomodaticia.

El corolario de esa clásica descripción del hacer de las elites coloniales era el comportamiento que buscaban inducir en la población: el miedo y la sensación de inestabilidad generados por esas políticas garantizaban la pasividad de la población, forzada a derivar hacia la propia supervivencia personal todas las energías disponibles.

Lo mejor del buen discurso parlamentario de Cayo Lara –convertido de facto en el jefe de toda la oposición en las Cortes, incluidos, verosímilmente, los parlamentarios socialistas desolados por las frívolas payasadas de Rubalcaba— es que entendió perfectamente este punto. No sólo ha traicionado Rajoy a su propio electorado al violar groseramente las promesas de su programa, no sólo, esto es, ha fracasado como político democrático, sino que ha fracasado también en la promoción de su agenda oculta “soberana”, es decir, ha fracasado como político tecnocrático. Doble fracaso. Se impone la consulta popular.

Hasta un periodista tan cargantemente circuelocuente como Pedro J. Ramírez se ha visto en la necesidad de reconocer sin reservas lo obvio, aunque sea para salir cínicamente al paso:

“En otras circunstancias el reconocimiento de esta súbita pérdida de autonomía democrática debería llevar aparejada la dimisión del gobierno de turno, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero nadie está pidiendo que Rajoy haga eso porque su rotundo triunfo electoral ha sido muy reciente y, como indican todos los sondeos, no se percibe ninguna alternativa fiable. Más bien existe el consenso de que al líder del PP le toca cargar con la cruz de lo que será una creciente impopularidad, gestionar con la mayor solvencia posible la ejecución deldiktat de Bruselas y tratar de que la desagradable travesía del desierto concluya cuanto antes.” [“Protectorado de ’soberanía suspendida’”, El Mundo, 15 julio 2012.]

Quien comprenda mínimamente la naturaleza de la crisis política europea, o quien al menos sepa algo de macroeconomía elemental, o quien, si más no, se haya molestado en informarse un poco de la experiencia de Grecia, Irlanda y Portugal desde su intervención, sabe ya que lo que viene no es “una desagradable travesía del desierto” destinada a “concluir cuanto antes”. Sino la entrada en una verdadera espiral de la muerte.

Que la población sea, o no, presa del pánico, que se entregue, o no, a una inerme pasividad política cruzado el portalón de esa espiral, dependerá de la decisión con que el conjunto de la izquierda social y política de este país –sindicatos obreros, 15 M, colectivos de parados y trabajadores precarizados, representantes institucionales (locales, autonómicos y estatales) de las izquierdas federalistas y soberanistas, asociaciones ciudadanas, colectivos culturales, investigadores y académicos comprometidos, grupos de apoyo a los desahuciados, afectados por las estafas bancarias, pequeños comerciantes arruinados por el IVA, autónomos acorralados por la inopinada subida de su IRPF, etc.— sepan aunar voluntades y plantear como una necesidad perentoria la convocatoria de un referéndum democrático que, manifiesta y clamorosamente fracasadas las elites rectoras dominantes, permita a los pueblos de España elegir libremente su destino en uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia, que, como bien dijo hace muchos años el poeta, es la más triste de todas las historias.

Antoni Domènech es el Editor general de SinPermisoGustavo Búster y Daniel Raventós son miembros del Comité de Redacción de SinPermiso.

 
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Publicat per a 16 Juliol 2012 in Ciutadania/Política, Europa

 

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