Buen pacto para la recuperación del agua, malas prisas para la privatización de la sanidad

Los procesos que parecen más perjudiciales para la ciudadanía perpetrados por los malos gobiernos, pueden revertir en favor del bien común si llegan nuevas mayorías sensibles y atentas a las necesidades sociales. Por ejemplo, la promesa de devolver la gestión del agua a la comunidad la cuenta en Nueva Tribuna Paco Rodríguez de Lecea, aunque se refiere también a las desordenadas prisas de Boi Ruiz por privatizar a todo trapo todo lo que puede. Un saqueo que también denuncia Milagros Perez Oliva con gran contundencia. En cambio, los medios no han recogido las dos noticias de formsa similar. Aunque es difícil dudar de la importancia de que se haya presentado en Barcelona el Pacto Social para el Agua Pública en Catalunya, donde se habla de una gestión integral, pública y participativa del agua, la prensa de mayor tirada no parece haber captado la importancia del acuerdo.

En la actualidad, en los principales centros urbanos el suministro del agua se gestiona por la empresa mixta formada por la multinacional Agbar (Aguas de Barcelona) y la AMB (Área Metropolitana de Barcelona), que aprobó la creación de dicha empresa con los votos favorables de CiU y PSC. Ahora se pretende revertir el proceso desde la plataforma Aigua és Vida, los sindicatos CCOO y CGT, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Confederación de Asociaciones Vecinales de Catalunya (CONFAVC), Ecologistas en Acción, y hasta un total de más de veinte organizaciones. Han suscrito el pacto las siguientes instancias políticas: ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú, Podemos y Procés Constituent, que se han comprometido a incluirlo en sus programas para las próximas elecciones municipales. Si logran la mayoría (perfectamente factible)  el Pacto por el agua podrá cumplirse.

Sigue Rodríguez de Lecea advirtiendo que quizás la importancia de la propuesta ha quedado oscurecida en los grandes medios por el anuncio hecho por el alcalde Trías de un nuevo cuerpo policial que perseguirá conductas incívicas tales como el consumo de alcohol y el orinar en la calle (ya ven, cada uno ve a su manera cómo acercarse a la ciudadanía…) Sin embargo, se consuela el autor al encontrar en los medios “el eco del malestar que está provocando el conseller de Sanidad Boi Ruiz, reincidente empedernido en políticas privatizadoras, con dos iniciativas de su departamento: la creación del Consorci de Lleida, y la propuesta de venta de datos sanitarios recogidos e informatizados por la Administración. Son dos temas en los que el Parlament ha dado el alto al conseller, sin conseguir detenerlo hasta el momento. Alega el hiperactivo Boi Ruiz que publicar en el Diario Oficial de la Generalitat la propuesta de Estatutos del futuro Consorci no implica desobediencia al mandato del Parlament de paralizar las gestiones para su creación. En el caso de los datos sanitarios, afirma estar llevando a cabo su “anonimización” e insiste en los beneficios de ponerlos a disposición de la ciencia y la investigación. Pero no estamos hablando de puesta a disposición sino de venta, y esta no se limitará a organismos científicos y universidades, sino que podrá recaer en primera o en segunda instancia en otras entidades; por ejemplo las compañías farmacéuticas, vieja obsesión de sor Teresa Forcades, las cuales cuentan con medios muy avanzados y sofisticados, susceptibles de “desanonimizar” lo “anonimizado”.

Y concluye Rodríguez de Lecea: “Ante semejantes desafueros por parte de un gobierno de Catalunya que ha puesto ya el piloto automático para conducir al país a una declaración unilateral de independencia, uno se pregunta si tantas prisas por tener un «Estat propi» no se deberán al hecho de que cuentan en firme con un comprador para el mismo, y no tienen la menor intención de echar a perder el negocio.”

 

Una convocatoria imprescindible y tres cruzadas fundamentalistas contra la #sanidad

Antes de entrar en tema, una convocatoria tan importante como saludablemente fundamental:

Y si quieren algunos motivos más para que la convocatoria sea un éxito, entren en la web donde se habla del Hospital Carlos III y del de Fuenlabrada, sin olvidar el cierre del Instituto Cardiológico, ni la situación precaria de los Centros de Salud Mental, la mercantilización de la Atención Primaría o la privatización de la Donación de la Sangre a la Cruz Roja, o la adjudicación de la Lavandería Hospitalaria Central a la ONCE… Por mi parte, y a raíz de lo leído y visto en la prensa este fin de semana, me permito sumar algunos más:

La Cruzada de fundamentalismo religioso, pro domo sua, con cardenal al frente:

Rouco Valera celebraba esta semana la presentación de Hospitales Católicos de Madrid (HCM) una nueva maniobra de debilitamiento de la sanidad pública: esta vez, con sello rouquense. La intentona lleva años en su intento de firmar un equipo extractivo de “socios estratégicos” del sistema sanitario. Lo integran siete centros de órdenes religiosas de Madrid que naturalmente se constituirán como el primer grupo hospitalario privado intercentros que aborda el cuidado al paciente desde el punto de vista médico y “espiritual”. Son el Hospital Beata María Ana, La Milagrosa, Nuestra Señora del Rosario, San Francisco de Asis,San Rafael, Santa Elena y la VOT de San Francisco, con más de 1.100 camas, 2.926 empleados (de los cuales 1,079 son médicos y 1.370 profesionales asistenciales no facultativos) y 60 quirófanos junto a 12 UCIs (cinco de ellas pediátricas u de Neonatología), y más de 700.000 pacientes atendidos. A partir de la unión, disponen de seis hospitales de Día quirúrgicos y seis hospitales de Día oncológicos pediátricos y de adultos, dos robots quirúrgicos, cinco aceleradores lineales (uno de ellos un True Beam STX, el más avanzado del país), cuatro neuronavegadores, cuatro láseres urológicos, nueve mamógrafos y 44 ecógrafos, entre otros equipamientos.

ROUCO ha querido destacar que la UNIÓN es “PROVIDENCIA” de Dios, pero no ha entrado en cómo se alimentaría de fondos públicos y pacientes derivados a su pesar, y ha recordado que hace 15 años sugirió a la Federación Española de Religiosos de la Sanidad que uniese a los hospitales católicos de Madrid, una propuesta que en su día se vislumbraba como una “utopía” pero que a día de hoy ha sido posible, una iniciativa “muy acertada” que considera “fruto de esa guía de la historia que suele hacer el Señor con su providencia que van más allá de lo que los hombres ven, tocan y palpan”.

El consejero de Sanidad de Madrid no ha quedado atrás: ha destacado el “valor sanitario y social” que aporta este grupo de hospitales a la Comunidad, pues a su calidad asistencial suman un “esfuerzo” de atención al paciente que deviene de los valores humanísticos del cristianismo, advirtiendo que “algunos digieren mal los adjetivos “privado” y “público”, cuando lo importante es la “inserción” de los “valores católicos” en la asistencia y gestión (que aportan, en su criterio, “valor añadido” a la sanidad).

La Segunda Cruzada, de fundamentalismo integrista y malababa que desde el ABC quita protagonismo a la jugada Rouco, facilita la confusión utilizando el saqueo de la sanidad como maniobra de distracción en tierras de “infieles”. La portada del ABC, malvada como la más malvada madrastra de los cuentos de la Botella, nos ofrece una manzana tan envenenada que no debería engañar ni a la más ingenua Blancanieves:

Y para no alargar el tema, les remito a lo que escribe sobre este “poema visual” Albano Dante en cafeambllet:

El ABC puede hacer las portadas que quiera, pero el problema de la sanidad pública catalana no es el secesionismo. El problema es que CiU está cerrando hospitales públicos para pasarle el negocio a los empresarios amigos. El problema de la sanidad catalana no es “la consulta” sino la tremenda opacidad que hay en Cataluña en la gestión de los cerca de 10.000 millones de euros del presupuesto sanitario. El problema de la sanidad catalana no es “el secesionismo” sino que CiU –con la ayuda del PSC– ha convertido la sanidad en un nido de corrupción. En definitiva: el problema de la sanidad catalana NO es que “los secesionistas” quieran votar en 9N. El problema es que CiU hace lo mismo que el PP: mangonear, carcomer y destruir la sanidad pública.

Sigan leyendo el texto de Albano que lleva el feliz título de “Otra portada patética del ABC: La sanidad pública bajo el fuego cruzado de las derechas”

.

Y finalmente, la Tercera Cruzada de integrismo neoliberal que ayer re-protagonizó Enrique Costas que ya en 1991 fue Vicepresidente de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud (conocida como Comisión Abril), encargada de elaborar el Informe Abril donde se recoge lo fundamental del argumentario privatizador y la estrategia mercantilizadora de la Sanidad Pública. (Su argumento estrella, que la Sanidad se financia con impuestos y ¡horror de los horrores! con déficit, cae por su propio y estulto peso si consideramos la sanidad una INVERSIÓN y no un GASTO, y si asumimos de una vez que decidir la cantidad destinada a dotar de financiación suficiente la sanidad pública es una decisión política, dificilmente compatible con permitir que Órdenes rouquistas y Capios disfrazados o fondos buitre hagan sus agostos a nuestra costa.)

¿Y qué se conseguiría si finalmente se impusieran los criterios que tradicionalmente defienden Costas y sus colegas?

1.- Básicamente, y al revés de lo que dicen pretender, en un país de crecientes desigualdades, la sanidad se utilizaría también, y de manera prioritaria, para cercenar la igualdad de oportunidades en atención y cura, y redistribuir la renta de forma regresiva con el cobro de estos REpagos, que son verdaderos impuestos sobre la enfermedad y las personas enfermas. Pero lo más grave y cruel: afectando de manera especial a los más débiles…

2.- Lograr que cada vez más personas con menos recursos y que viven más en precario se abstengan de acudir a un centro sanitario, aunque debieran hacerlo por su salud, “desanimadas” por el desembolso que les puede suponer…

3 – y aunque no acaban aquí las cobsecuencias, también me aterra pensar que aumentará más aún una parte de la burocracia del Ministerio y las distintas Consejerías, que se niegan a rendir cuentas ante la sociedad y que deberían responsabilizarse de una mejor gestión de sus recursos en lugar de pretender incrementarlos de manera vergonzosa a costa de las personas que NO atraviesan los mejores momentos de su vida.

De nuevo, un economista mercenario se ofrece para envolvernos en palabras pretendiendo dejarnos sin oxígeno, e insisten en el copago, repago, “tasa de uso”… insisten en jugar con la equidad y la salud de las personas. Los banqueros de la salud, en busca de nuevas inversiones rentables, quieren también ingresar en Caja sus comisiones aunque suponga mayor morbilidad y mortalidad. Y lo mejor sería, para reprimir su instinto recaudatorio, que los Fiscales y Jueces empezaran a investigar si en todo este saqueo de la salud la mentira, la corrupción y el coste en salud y vidas, no constituye ya un crimen organizado.

 

No nos callarán

Ayer, al final del día, hablé largo rato con Eva Nasarre. Sus médicos le han recomendado menos tensiones para ganar fuerzas pronto y recuperarse: temporalmente ha cerrado su cuenta de Twitter. Sú último post, de finales de julio, lo dedicó a Sheik Uman Khan un médico a quien nadie pudo apartarle del juramento hipocrático. Luchó por salvar vidas en Sierra Leona hasta su muerte por el mismo virus del Ébola que combatió sin rendirse a su agotamiento. Eva ya anunciaba que no le dedicarían muchas portadas a nivel internacional, quizás porque sería también una manera de reconocer el papel del personal sanitario que se ve forzado a apoyarse en su humanidad, solidaridad y vocación para atender en condiciones precarias y sin apenas medicamentos básicos, ni luz y agua, a los miles de heridos en Gaza. El virus genocida es aún peor, lleva años provocando víctimas, mientras la vida de mujeres y niños se escapa de sus manos. Otro nombre que no sale en las portadas, el Dr. Mads Gilbert, médico noruego en Gaza, invitó al Presidente Obama a pasar una noche en la Franja.

También Eva está siendo atacada. Su conmovedor activismo en favor de las personas dependientes ha levantado en miserable cruzada a quienes se están preparando para dar el tiro de gracia a la Ley de la Dependencia. Y centran cobardemente sus iras en una persona enferma. Porque las aves carroñeras acechan a quien creen débil. Pero en este caso, como en tantos otros, se equivocan. Completamente. Oiganla de nuevo y entiendan la ira de quienes la atacan (y el respeto y cariño de quienes la queremos):

También ayer escuchaba al personal y pacientes del Hospital de La Fe de Valencia, a los de Toledo -que fueron hace semanas noticia por cómo los políticos del PP no querían saber nada de los padres que pedían cuidados dignos y profesionales para sus hijos con cáncer- y repasaba los intentos de cerrar camas en Bellvitge con urgencias colapsadas. Quienes viven de la política para su bolsillo y el de sus amiguetes (no para hacer política para el bien común) están logrando convertir este país en un círculo dantesco con gente enferma sin camas ni atención hospitalaria, mientras cada día aumenta el número de plantas de hospitales y de camas cerrados, esperando su degradación irreversible. Antes ya nos convirtieron en el país con más casas sin personas, y más familias sin casa, Y la desposesión sigue, no descansa. No se toma ningún respiro, mientras los mercenarios de la desinformación exculpan a los culpables o vomitan su ira contra quien defiende la sanidad pública, la Ley de la Dependencia, la dación en pago, o las pensiones públicas.

Declaraba ayer Carlos Bardem que vivimos rodeados de “comités antirrojos” y no sólo en España. Sobre Hollywood, desde donde también nos mandan las normas básicas de lo “políticamente correcto”, tenía la sensación de que sigue vivo el Comité de Actividades Antiamericanas de los 50. La violenta reacción contra su hermano y Penélope Cruz por defender Gaza podía llegar poner en peligro su carrera, y no habían ahorrado insultos en la Fox a Penélope Cruz. Bardem parecía dudar ante la esperanzada pregunta del periodista sobre si aquí uno todavía puede decir lo que piensa, a lo que Carlos respondía: “¿Usted cree? ¿Sin coste alguno? ¿Hay muchos periodistas independientes? ¿Cree en los unicornios? Hablar alto y claro pasa factura… Tiene que ver con la falta de calidad democrática en nuestra sociedad. Le llaman democracia, votas cada 4 años y tal, y no lo es.” Lo cual no quiere decir que se arrepienta por no haberse mordido la lengua, aunque es “consciente de que me iría mejor si me dedicase a tuitear mis desayunos o cosillas así”.

Sí, Carlos Bardem tenía razón. Mucho mejor hablar del sabor del café arábiga que si de nuevo, cuando se ponía la taza en la mesa, estaban llegado pateras a las costas andaluzas o se reponían las concertinas en las vallas de Melilla… Antes de oler el aroma de la infusión, ya habrán crecido un poco más las listas de espera, y oíremos en la radio que ya han bombardeado Gaza otra vez, y que otro machista cobarde ha asesinado a la que creía su mujer (esa misma que si todavía estuviera viva tendría pronto, gracias a Gallardón y sus sectas, serios aprietos si decide abortar). Quizá sería mejor apagar la radio e intentar no sufrir ni pensar, dejar de escribir sobre las guerras genocidas, la violencia de género… o sobre cómo nos roban los servicios públicos, con el coste correspondiente (y que se quiere oculto) de vidas humanas. Cuando mordemos la tostada, mejor olvidar que los comedores sociales no alcanzan para tanta gente con hambre, mientras engordan las universidades privadas a costa de echar a los jóvenes sin recursos (ni trabajo, ni futuro) de la pública. Y tampoco hay que mencionar que a esa misma hora los corruptos se preparan para dar su paseo-reparador de su imagen, aspirando a mantener esa misma impunidad de la que han disfrutado tantos años mientras los perseguidos e insultados eran sus justos acusadores…

Carlos Bardem también sabe que el café con leche es cada vez más un lujo, y ya no sólo económico, aunque no llega para todos porque estas políticas de la explotación, la corrupción y la desposesión ya han conseguido que sobrevivamos en una incívica sociedad enormemente desigual, que hace años se teorizó como necesaria en la forma de los “dos tercios”, donde un 12% pasa miseria y el resto hasta el 30% no consigue salir de la pobreza. Y que para seguir respirando y no morirnos de vergüenza e indignidad, necesitamos denunciarlo, como hacen Teresa Forcades y Arcadi Oliveres:

Y dos recomendaciones más: No se pierdan la magnífica denuncia de hoy de Rosa María Artal del “golpe” en la Ley electoral que quiere dar Rajoy para consolidar la putrefacción de la política (si nos dejamos, claro, porque como ella dice, “el 40% no es mayoría absoluta”, pero “si cuela” será por nuestra desidia, apatía y falta de humanidad….)¿Somos de verdad conscientes de qué mundo estamos permitiendo que dejen a nuestras hijas, a nuestras nietas?

Les dejo con una reflexión final, expresa para Catalunya, de Lluis Bosch,:

Ens cal una altra Catalunya;
Ens cal una altra Catalunya que no sigui la província ni el projecte dels nacionalistes. Una Catalunya lliure dels messies estelats i dels policies estatals. Una Catalunya que no s’entesti a discutir sobre les essències mentre li desmantellen els serveis d’urgències als hospitals. Una Catalunya capaç de dir que no hi ha projectes nacionals sense projectes socials.
Ens cal una Catalunya que posi per davant la renda mínima a la frontera mínima.
Ens cal una Catalunya que accepti que Catalunya no és un país madur, perquè no sap gestionar els seus pressupostos ni els seus polítics corruptes, ni els seus parcs naturals, ni els seus mitjans de comunicació, ni els seus hospitals, ni les seves escoles.
Una Catalunya que no tanqui plantes d’hospitals ni aules escolars.
Una Catalunya de les persones i no de les banderes.
Una Catalunya amb una ràdio i una televisió que respectin seu caràcter públic, i que entengui que es manté (també) amb els impostos dels catalans que no volem aquesta Catalunya mesquina i grotesca dels indformatius de TV3: no tots volem la independència, i els qui no volem la independència també mantenim aquesta TV pública amb els nostres impostos (si fòssim com la família Pujol no seria el cas).
Una Catalunya que l’onze de setembre no faci una ve baixa de vergonya (ningú de l’ANC no ha vist V de Vendetta?). Celebrar una victòria abans d’hora és de b alta: de b alta de burro.
Una Catalunya que no es vengui els boscos a les empreses.
Una Catalunya que escarneixi i empresoni els estafadors per més Pujols que siguin,
Un país que vulgui dir alguna cosa nova de la democràcia, la cooperació i la solidaritat,
Un país que no recorri a les banderes medievals,
Un país que pugui transmetre un missatge de democràcia i de progrés social que sigui atractiu per als altres.
La Catalunya d’ara no diu res de tot això, i per aquest motiu ningú no fa cap cas del projecte sobiranista.
Volem una Catalunya respectuosa, democràtica i solidària amb els pobles d’Espanya i amb els pobles del món. Perquè Catalunya és una part del món, i una part molt petita.

 

Denuncia del Club Gertech y las nuevas vías privatizadoras de la sanidad

(Foto de la concentración de esta mañana frente al MIHealth Forum en protesta por sus “innovaciones” en la privatización de la salud)

Mientras siguen tan campantes, engullendo nuestra sanidad pública “tacita a tacita”, he encontrado nuevos argumentos de Manuel Martín y Luisa Lores, miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, y sus reflexiones en Público, sobre cómo las organizaciones financieras y empresariales que controlan los gobiernos de Europa, España y las CCAA desarrollan desde hace tiempo una gran alianza neoliberal para apoderarse de la sanidad pública. Quieren apoderarse, nos dicen, de los enormes recursos económicos que se destinan a la salud (57.000 millones de euros según los presupuestos de 2014). Y continúan:

“Una poderosa alianza público-privada es el Club Gertech, que integra a altos cargos de la administración sanitaria, universidades públicas y el Instituto Carlos III. Cuenta con el apoyo de asociaciones profesionales como el Foro de la Profesión, asociaciones profesionales como FACME ogerentes sanitarios (SEDISA) y el patrocinio de grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas (Philps, Medtronic, Roche, Nec Corporation o Citec-B), donde están presentes la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria e informática. Esta alianza está aplicando (de manera solapada e invisible a la población y a los trabajadores sanitarios) una serie de iniciativas destinadas a hacerse con el control del Sistema Sanitario Público, con el objetivo de fragmentarlo y ponerlo al servicio de empresas y fondos de inversión multinacionales, con la complicidad de políticos y de un reducido número de profesionales sanitarios ambiciosos de poder y dinero.

Los grandes objetivos de esta Plataforma Pro-Privatización son, controlar la información sobre la salud de la población y sobre el funcionamiento del Sistema Sanitario Público, controlar su planificación estratégica (equipamiento, innovación, investigación sanitaria y formación de los profesionales), la administración de hospitales y centros de salud y la Gestión Clínica de los Servicios asistenciales más relevantes, como la cardiología y el cáncer.

Entre los instrumentos propuestos por la Alianza y que están siendo desarrollados por los Servicios de Salud podríamos destacar:

– Creación de Unidades de Gestión Clínica destinadas a fraccionar los centros en microempresas con autonomía y participación privada, presupuestos propios, capacidad para comprar y vender servicios (mercado interno) y de incentivar a sus profesionales (laboralizados) con los recortes de actividad que realicen en su actividad asistencial.

– Cambio en la Estrategia de control y seguimiento de enfermos crónicos para sustituir a los cuidadores de los pacientes por recursos electrónicos instalados en los hogares y vendidos por las multinacionales tecnológicas, que no todos sabrán utilizar ni podrán pagar.

– Externalizar (privatizar) los servicios de informática, de modo que la industria sanitaria podrá disponer de toda la información sobre la salud de la población (Historia Clínica Electrónica, teléfono de información a los usuarios) y de la actividad de los centros públicos (sistema de citas, listas de espera, derivaciones a centros privados, conciertos), que permitirá a las empresas privadas la selección de riesgos en función de sus intereses económicos y la promoción de los seguros privados (desechando a los pacientes “no rentables”)

– Trasladar a manos privadas las estrategias y la planificación de los recursos. Las empresas privadas decidirán el equipamiento a comprar, su ubicación y los precios a pagar por parte del sistema público, las prioridades en la investigación, la implantación de las innovaciones en tecnología sanitaria (biotecnología, y medicina personalizada, que la propia industria admite que no será accesible para todos, por sus enormes costes) y la formación del personal sanitario (para facilitar la difusión de sus productos farmacéuticos y condicionar, en función de sus intereses comerciales, la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos).

– Controlar las Asociaciones de Pacientes para que reivindiquen las innovaciones que interesen difundir a laboratorios o la industria, tengan o no evidencia contrastada

La idea que subyace en estas propuestas es financiar con dinero público el negocio del sector privado, convirtiendo la investigación, la innovación y el desarrollo en herramientas decisivas para la privatización. La industria sanitaria pretende “robotizar” el sistema sanitario, prescindir de los profesionales y de los cuidadores y agenciarse el dinero que el Estado y las Comunidades Autónomas destinan a la sanidad pública.

No parece justo ni equitativo introducir (RE)copagos, recortar atención sanitaria, dejar sin derecho a la sanidad a los colectivos más necesitados, y reducir y precarizar las condiciones laborales del personal sanitario, para destinar ingentes recursos económicos públicos a las empresas multinacionales, desarrollando un modelo de sanidad basado en el uso intensivo de fármacos y tecnologías sin evidencia suficiente y a un coste desorbitado, en detrimento de la promoción, la prevención y los cuidados de las personas con enfermedades crónicas y discapacidades.

En esta estrategia pierde la población (desmantelamiento del modelo sanitario universal, accesible y equitativo), los enfermos crónicos (sustitución de los cuidadores por máquinas electrónicas), la Atención Primaria, la Atención a la Dependencia y la gran mayoría de los trabajadores sanitarios, que perderán su condición de empleados públicos y se verán sometidos al poder de los “capataces” de las Unidades de Gestión Clínica. De triunfar estas propuestas la sanidad pública será insostenible económicamente.

Frente a la alianza neoliberal, debemos reforzar la Alianza Ciudadana y profesional de las Mareas Blancas y las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública.”

 

¿Por qué mueren los niños? Pobreza y desigualdad disparan las tasas de mortalidad infantil en el Reino Unido

En la edición The Guardian del 3 de mayo se insistía en la noticia de que el Reino Unido tiene una de las tasas de mortalidad más altas de Europa occidental entre los niños menores de cinco años. Los datos están extraídos de un estudio internacional cuyos autores expresan su sorpresa por las malas cifras para un país que sigue blasonando de “asistencia sanitaria universal y gratuita”. Sin embargo, a tenor de los resultados, parece obvio que sus políticos deberían preguntarse por los efectos de la introducción de criterios mercantilistas con la progresiva desaparición de pediatras y obstetras, la privatización de la gestión sanitaria e introducción en el NHS de objetivos nocivos a todas luces como los de competitividad o el partenariado privado-público sobre (y contra) los seres más indefensos, los niños y niñas, que sufren y mueren por los desvaríos neoliberales en la sanidad.

No son palabras: los hechos son demasiado lamentables. El Reino Unido tiene la segunda peor tasa de mortalidad infantil en Europa occidental después de Malta, con siete muertes por cada 1.000 nacimientos según el Institute for Health Metrics and Evaluation de Seattle. La ratio del Reino Unido del 4,9 duplica casi la de Islandia, el país europeo con el menor número de muertes, 2,4, por cada 1.000 nacimientos. Las tasas de mortalidad infantil son peores en los Estados Unidos, un país de enormes desigualdades, con 6,7 muertes por cada 1.000 nacimientos. En Europa, las mejores ratios las encontramos también en Suecia (2,7) y Finlandia y Noruega (3,0). España tiene ahora la misma tasa que Alemania (3,6) por encima de la que ostentaba en el siguiente gráfico obtenido para el periodo 2005-2009, y la actual de Portugal (3,5).

El gráfico anterior lo he tomado de un muy recomendable artículo de Principia Marsupia, pero las cifras que comenta The Guardian se han publicado en la revista médica The Lancet, cuyo director, el Dr. Richard Horton, aconsejó a los políticos que se tomaran más en serio la salud infantil. Y añadió que a pesar de que las razones probablemente sean complejas, no hay que olvidar la mala organización de los servicios de salud infantil en el Reino Unido, donde las tasas de mortalidad de niños menores de cinco años son altas en casi todas las etapas -en los primeros seis días de vida, entre un mes y un año de edad y entre un año y cuatro años de edad. Por ello, Horton añadió: “Hasta que nuestros políticos entiendan que las condiciones de salud de los niños -la salud de la próxima generación de ciudadanos británicos- son graves, los recién nacidos y los niños y niñas seguirán sufriendo y muriendo innecesariamente”.

Más allá de las estadísticas (en este caso nada frías) otra parte de la explicación de la alta tasa de mortalidad infantil nos la da Sarah Boseley, que dirige la sección de sanidad de The Gardian, al relacionar la muerte de los bebés, niños y adolescentes con las desigualdades y la pobreza. Boseley escribe: “La muerte de un niño es siempre una tragedia. Las muertes evitables de miles de niños menores de cinco años, cada año de edad en el Reino Unido es un escándalo, en opinión del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil (RCPCH) y la Oficina Nacional de la Infancia, que afirman que las culpables son las crecientes desigualdades de la sociedad británica que dejan a muchas familias en la pobreza y la privación.

Los datos del Informe “¿Por qué mueren los niños?” se desglosan por etapas de vida. El Reino Unido presenta malas ratios especialmente en los primeros seis días de vida, de un mes a un año y -lo peor de todo- de uno a cuatro años. Las razones son un poco diferentes, pero hay un factor de vínculo excepcional: las muertes aumentan con la privación socioeconómica.

En 2012, murieron 3.000 niñas y niños menores de un año. Esos bebés suelen ser prematuros y de bajo peso al nacer, sus madres pueden ser muy jóvenes, fumadoras o no pueden alimentarse bien. El informe del RCPCH muestra su preocupación por el creciente número de personas que acceden a los bancos de alimentos. Una vez pasado su primer cumpleaños, las principales causas de muerte son diferentes. Toman relieve los accidentes y las lesiones: los niños se ahogan en estanques o son atropellados por coches y camiones. Pero, de nuevo, son los niños de las comunidades más pobres que los más propensos a morir. Sus calles no son tan seguras, tal vez sus familias no pueden vigilarles bien, y no hay ningún lugar seguro para jugar.

En este grupo de mayor edad, de acuerdo con el Dr. Richard Horton, editor de The Lancet, aparece otra cuestión importante. A pesar de que enfermedades como el cáncer son raras en niños, cuando aparecen pueden ser fatales y pueden ser difíciles de diagnosticar en primaria. En nuestro afán de defender el NHS en los últimos años, dice, hemos omitido poner a los niños en el centro de nuestras preocupaciones. “¿No deberíamos estar pensando en un modelo de atención en el que los pediatras acompañaran el trabajo de los médicos de atención primaria?”. Y la misma lección se debe aprender en otras áreas ya que la reorganización sanitaria es, obviamente, un largo camino por recorrer, pero el enfoque en las comunidades más pobres es urgente, por todo lo que sabemos acerca de la salud y las muertes infantiles.

Sir Michael Marmot, que participó en el informe del RCPCH, denuncia desde hace años las desigualdades sociales que subyacen a la mala salud. Marmot es un médico británico que se ha convertido en un gurú mundialmente conocido sobre este tema. Pero mientras él difunde su mensaje por todo el mundo, algo grave sucede con los niños y niñas de su propio país.

 

Tras la victoria de la #marea blanca y la dimisión de Lasquetty

Recojo de entre todas las valoraciones que van apareciendo por parte de organizaciones, periodistas y activistas que defieden la sanidad pública en la Comunidad Madrileña, la que se reproduce el blog de la Marea Blanca. En general, como resumió ayer Rosa María Artal en valoración de urgencia, ha sucedido lo que esperábamos y deseábamos, el denostado David transmutado en Marea en la defensa de la sanidad pública se ha impuesto entre el calor y el frío, el sol o la lluvia, con tenacidad, argumentos y razón, al Goliath de la prepotencia y la expropiación de lo público y así “la Marea Blanca vence al PP” .

Siguiendo esta idea-fuerza, todos los textos me parecen auténticos documentos que fundamentan el #sisepuede y resaltan el poder de la ciudadanía que puede mucho más de lo que los poderosos quisieran. ¡SÍ SE PUEDE SI NOS CREEMOS QUE PODEMOS!

Valoraciones tras la decisión de Ignacio González y Javier Fernández-Lasquetty

 

 

Luis Daniel Martín, autor de “Marea Blanca. El libro de la Sanidad Pública española” y miembro de varias plataformas de apoyo a la Sanidad Pública

 

La decisión del Presidente de la Comunidad de Madrid, D. Ignacio González de abandonar su intención de privatizar 6 hospitales madrileños y 27 centros de salud, después de que el TSJM haya mantenido en suspenso cautelar el proceso de externalización de la Sanidad madrileña, era una noticia esperada y deseada que anima a seguir defendiendo la Sanidad Pública en todo el país.

 

Ha sido más de un año de lucha ciudadana incansable en defensa de los derechos de todos, en defensa de la justicia y en defensa de los más desfavorecidos a lo largo y ancho de la geografía española.

 

No aprobamos en su día las medidas tomadas por el ejecutivo madrileño, al igual que ahora no aprobamos que cuando las decisiones judiciales no son favorables, el recurso fácil sea dimitir y dejar a todos los madrileños sin explicaciones. Queremos saber qué ha costado pleitear en los tribunales contra los ciudadanos, qué ha costado enfrentarse a la sociedad madrileña y elaborar estudios de escasa o nula fiabilidad sobre la privatización sanitaria, qué ha costado este proceso para la Comunidad de Madrid que jamás ha tenido en cuenta la consulta ciudadana y los derechos de todos.

 

No celebramos que nadie deba dejar su puesto de trabajo y menos en época de crisis económica, pero la justicia pone a cada uno en su sitio y hoy se ha hecho justicia.

 

Aún queda mucho camino para defender y mejorar el daño causado en todos estos meses al que creemos el mejor sistema sanitario del mundo. No podemos olvidar a todos aquellos que han defendido sus derechos en las calles, en los hospitales, en los centros de salud y en los servicios sanitarios, porque la Sanidad Pública no se basa en dinero, sino en personas.

 

Hoy se ha dado un paso muy importante. Ahora nos queda mejorar para que sigamos siendo un referente de calidad y de trabajo. LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE… SE DEFIENDE!!! AHORA MÁS QUE NUNCA.

 

¡¡¡ GRACIAS POR CREER EN NOSOTROS !!!

 

Ver también la Declaración de la FADSP

 

DEMPEUS con la marea blanca, por la sanidad y la salud pública

Toni Barbarà, médico, ex asesor en la agencia de salud pública del Ayuntamiento de Barcelona y secretario de ‘Dempeus per la salut pública’ habla hoy en Público, cuando las mareas blancas nos devuelven la fuerza en la defensa de los derechos humanos más básicos, la democracia, la convivencia amable y civilizada que se aleja de la barbarie, la salud, la equidad y la vida….

‘Dempeus per la salut pública’ es una organización de carácter ciudadano que se constituyó el 9 de febrero 2009. Su manifiesto no deja lugar a la interpretación: defiende el Sistema Nacional de Salud con todo su carácter logrado: público, universal, de calidad, integral, solidario y de una equidad garantizada. Cuentan con el apoyo de perfiles muy diversos. Economistas, informáticos y médicos. Entre estos últimos se encuentra Antoni Barbarà, que a la vez ejerce de secretario y que, en cuatro años de lucha, reconoce no haberse encontrado con un panorama tan desolador como el actual.

‘Dempeus’ nace con el tripartito. ¿Qué les preocupaba por aquel entonces?

M.Eugènia Sánchez-Carreté, Toni Barbarà, Angels Martínez Castells, Elena Alvarez, Gent Dempeus amb Cafeambllet

Detectábamos una seducción creciente hacia esta perversión conocida de forma eufemística como sistema mixto, idea muy arraigada al modelo sanitario catalán, que no es otra cosa que la colaboración entre lo público y lo privado. Se empezaba a especular con el copago, y nosotros aparecimos para denunciar que esta propuesta era en realidad un repago. Pero en aquel entonces ni en la peor de nuestras pesadillas pensábamos que los ataques al sistema público llegarían a la impunidad y agresividad actual.

¿Cuándo evidenciaron esta deriva?
Con la entrada al gobierno de CIU, un partido de características profundamente neoliberales, absolutamente servil a intereses del mercado. En Catalunya la sanidad y la salud conviven en mercados terriblemente potentes, como el de las industrias farmacéuticas, el de las biomédicas, empresas de sanidad… Llegó el copago y toda una serie de recortes presupuestarios, de servicios, cierre de hospitales, camas, salas y despidos masivos. Una regresión en la calidad y universalidad de la salud.

¿Por qué este sistema mixto es tan nocivo?
Están explorando nuevas vías para introducir elementos de gestión empresarial ya no de eficiencia económica si no de lucro. Todo revestido de cierta modernidad, elementos para la creación de consorcios que impiden la transparencia, el control y el acceso de la ciudadanía en la gestión del servicio público. Todo esto ya preocupaba pero cuando llegó CIU estos pecados parciales se convirtieron en una declaración de principios, en el sustento de toda la acción política. El Conseller de Salut, Boi Ruiz, ya lo advirtió en sus primeras declaraciones: no hay dinero así que todo aquel que pueda que se haga de una mutua privada. Poco después llegó a afirmar que el problema de la salud es individual y que cada uno es responsable y propietario de ella en función de su genética y estilo de vida. Obviamente no mencionó los determinantes sociales en salud que desde Dempeus reafirmamos, como por ejemplo el hecho de que una sociedad en crisis, con un porcentaje de paro tan elevado, con tantas personas sin techo, la escasa y/o mala alimentación también influye en la salud de la gente.

¿Crisis coyuntural, recortes dirigidos?
Desde el Govern están utilizando la crisis para degradar la imagen del sector público. La crisis ha ido bien para justificar esta agresión, anemia y sangría sistemática del sistema público. El modelo que quieren potenciar es declaradamente neoliberal, como el norteamericano, que busca dar beneficios y ofrece una pequeña atención sanitaria de carácter humanitario y caritativo para justificar situaciones ‘estéticamente’ dramáticas. La mejor forma de apropiarse de este sector tan goloso es justamente ir degradando el sistema público de tal forma que aquello que pueda dar beneficios económicos se lo quede el sistema privado.

¿Hasta qué punto la convivencia entre lo público y lo privado está pervirtiendo el modelo sanitario?
Hay que partir de la base de que no es una convivencia ni una colaboración. Es una estrategia parasitaria, donde se sustraen recursos de carácter público para derivarlos a través de mecanismos de ingeniería financiera, y en esto son expertos los teóricos de ESADE y las grandes empresas de esta índole, hacia una lógica empresarial. Las entidades públicas hablan de gastos y miden sus utilidad en forma de salud. En las privadas, hay precios y el medidor de eficacia es el de rentabilidad. Hay algo que es de cajón. En igualdad de condiciones, es razonablemente imposible que una empresa privada que encima de dar servicios genera beneficios pueda ofrecer la misma asistencia que una empresa pública que no busca beneficios.

¿Cómo se demuestra esto?
Por dos razones. Lo privado se queda sólo aquellas atenciones rentables, que mejoran el confort, el envoltorio de las personas y no suponen grandes gastos. Cuando la situación y el diagnóstico es de carácter urgente se tiende a lo público. La privada se queda aquella atención primaria, hospitalaria, elemental, sencilla y rentable. Los servicios caros a lo público, igual que la investigación. Segunda razón: cuando dicen que las condiciones son las mismas no es verdad. La moral del profesional público y privado son siempre diferentes. En horas, prestaciones y condiciones de trabajo. No son complementarias. Existe una competencia feroz para quedarse el mercado de la salud. Las grandes empresas consultoras, conocidas y amigas de Boi Ruiz, factótum y prohombre de la Unió Catalana d’Hospitals, saben hacer estudios, propuestas sobre cómo trocear el Institut Català de la Salut (ICS), cómo lograr que las privadas sean rentables, etc…

¿Estos informes son puntuales o forman parte de una estrategia?
Estos informes son una práctica habitual en el empresariado, donde los sabios de la ingeniería financiera estudian cómo meter la mano en el jugoso pastel de la sanidad pública. Estos informes han existido, existen y seguirán existiendo. Lo lamentable es que nieguen su encargo, que digan que han aparecido por arte de magia al despacho de la conselleria. ¿Una empresa de manera altruista va a hacer llegar propuestas para trocear, mejorar y repartir el negocio? Es un insulto. Los informes sobre cómo vender, repartir y trocear el sistema público tienen una intención perversa: apropiación de unos beneficios públicos por parte del sector privado. Negarlo forma parte de la tradición de lo que representa la corrupción catalana, del conflicto de intereses que siempre ha existido.

¿El Hospital Clínic es el caso más paradigmático?
Así es. El Clínic es un hospital que trabaja para el CatSalut, no es titular del ICS de forma directa pero de forma prioritaria es fundamental en la red pública. Pues desde hace años se practica una ‘doble puerta’. Es decir, son dos hospitales en uno. El público y Barnaclínic, que aglutina una zona relevante de la asistencia privada. De hecho las puertas de acceso, las instalaciones, los ascensores, son distintas aún conviviendo en el mismo hospital. ¿Qué consiguen? Que los muy buenos profesionales del Clinic trabajen para esta rama privada que paga y tiene derecho a una asistencia sin listas de espera. O lo que es lo mismo: se aprovechan de la sabiduría, dedicación, docencia e investigación de estos profesionales públicos para hacer practicas privadas en horas determinadas dentro de unas instalaciones públicas. ¿Se acuerda de cuando el Rey Juan Carlos vino a intervenirse en el pulmón en Barnaclínic? Tuvo el sarcasmo de decir lo bien que funciona la sanidad pública. Hay algunos casos en el que si pides exploración en el hospital te preguntan: ¿Público o privado? Esto ejemplifica lo parasitario que puede ser este sistema y la injusticia de sacar beneficios a través de los impuestos que pagamos entre todos.

¿Este modelo atiende a razones únicamente ideológicas?
El modelo sanitario catalán ha sido sistemáticamente aplicado en otras comunidades, bajo la idea de la ‘externalización’, una palabra que ni existe en el diccionario. Pero la situación es demasiado crítica para andarnos con ambigüedades. Este modelo es el de la privatización, muy sofisticada y bien maquillada eso sí, no tan directa como en Madrid, que la llevan aplicando casi por decreto. Aquí lo hacen de forma mixta, pragmática, teóricamente consensuada, a través de consorcios a los que les sentaría mejor el nombre de conxorxes (conchabanzas). A todo esto hay que añadir la enorme corrupción y la connivencia de lo político con lo empresarial. Hemos llegado a un punto en el que el sistema catalán es puro nepotismo y putrefacción.

¿Qué se puede hacer al respecto?
Para empezar hay que asumir que el derecho a la salud no se solicita, se ejerce. Remarcamos respetuosamente a las autoridades que no somos clientes, somos titulares del sistema. No puede ser que nos traten como menores de edad. Decían que teníamos un sistema de salud envidiable, luego decían que era poco exigente. Es mentira. Con poca inversión pública se consiguió un sistema reconocido internacionalmente. Universidades foráneas venían a Catalunya para ver cómo lo hacíamos. Teníamos un buen sistema, lo que no significa que fuera perfecto. Y ya éramos críticos. Hace tiempo que reclamamos una nueva cultura de la salud, con carácter de promoción, de determinantes sociales, de prevención. Denunciamos la biomedicalización de la vida, la impunidad de la industria farmacéutica para imponer sus criterios y hacer negocios multimillonarios.
El sistema era mejorable pero ahora volvemos hacia atrás.

Entre els i les @iaioflautas, Toni Barbarà i Angels Martínez Castells, de Dempeus per la Salut Pública

¿Qué valoración hace del euro por receta?
El euro por receta es un caso flagrante en la historia de los errores y los horrores. El copago es disuasorio para que la gente deje de ir a la atención primaria. Parece que haya una retracción, un ahorro, pero luego está demostrado que hay más ingresos tardíos que provocan patologías más severas. Además es injusto. La situación de crisis precisa inversión en sectores públicos, lo dijo Keynes, que tampoco era precisamente un revolucionario. Andamos hacia un camino inadecuado, insistiendo en políticas erróneas y antagónicas, y la única forma es apostar por la desobediencia civil y la insumisión de forma democrática y pacíficamente. Seré gráfico. La Generalitat intenta introducir el zorro dentro del gallinero.

Catalunya está siendo castigada doblemente: por las actuaciones del gobierno central y el de la Generalitat…
Las ‘mareas blancas’ en Catalunya se están reactivando y habrá más de forma progresiva. Es verdad que en Madrid hay más intensidad y como catalán siento sana envidia, con toda la implicación de los profesionales, de los hospitales amenazados… El movimiento que están encabezando es ejemplar. He participado en alguna movilización en Madrid y ponía los pelos de punta, por lo admirable de la mezcla de ciudadanía, usuarios y profesionales. ¿Por qué en Madrid se ha hecho así? A nivel personal creo que porque la velocidad de la agresión ha sido mas corta, violenta y radical. El anuncio sistemático ha hecho reaccionar a la sociedad de forma más clara.

¿Por qué ha costado tanto movilizar al sector sanitario en Catalunya?
En Catalunya los años de gobierno de CIU han generado cierta sumisión insana. Cuando veo asambleas del colegio de médicos en Madrid programando movilizaciones se me cae la cara de vergüenza al pensar que en el colegio de médicos de Barcelona esto sería impensable. Porque siempre ha mandado una determinada orientación política vinculada a CIU, y el que no comulgaba con ella ha sufrido las consecuencias.

¿Qué tipo de consecuencias?
Mejor dejarlo aquí.

 

La privatización de la sanidad corrompe y mata

La privatización de la sanidad corrompe, enferma y puede costar vidas. Aportando pruebas, estas dos noticias (de la Comunidad de Madrid y de Catalunya) donde se está destruyendo con saña la sanidad pública…. Léanlas con calma, porque si eso sigue así la precarización de nuestra salud URGE mandar a los consejeros de sanidad y salud de la Comunidad de Madrid y Catalunya a los vertederos privados de la infamia.

Explica esta mañana la Cadena Ser que La privatización de los análisis clínicos en Madrid “ha puesto en riesgo la vida de los pacientes” y que ya lo han estado denunciado durante años los médicos que trabajan con el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía. “Ha habido retrasos injustificados que han podido provocar la muerte de los pacientes porque la demora de los resultados nos ha podido llevar a fallar en el diagnóstico”

En el año 2009, el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes privatizó los análisis clínicos de los seis nuevos hospitales. Desde ese año los médicos empezaron a sufrir problemas puntuales, retrasos en los resultados, pruebas que no se correspondían con las que habían solicitado e inclusos algunos análisis que tuvieron que repetirse porque después de meses de espera las pruebas ya no eran útiles, según figura en los partes de incidencias a los que ha tenido acceso la Cadena SER. La Gerencia del laboratorio estaba al tanto de estos problemas, pese a ello, la Consejería de Sanidad no ha sancionado a las empresas privadas que gestionan este servicio. La Comunidad de Madrid está obligado a ello, según se explica en el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio. El problema se arrastra desde hace cuatro años, fecha en la que se puso en marcha el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, un laboratorio público, pero que está gestionado por una UTE (Unión Temporal de Empresas), formada por el Laboratorio Balagué y BR Salud.

Desde su inicio, en el año 2009, los propios médicos que han trabajado directamente con estas empresas privadas han remitido a los máximos responsables todo tipo de cartas, mails, y partes de incidencias en las que advierten de la gravedad de los problemas que están sufriendo, principalmente, “retrasos injustificados con consecuencias muy graves”, dicen en estos documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER. El Laboratorio Balagué enviaba hasta ahora (antes de vender su parte a Unilabs) a Barcelona todas las pruebas que no se pueden realizar en el Laboratorio Central del Hospital Infanta Sofía, es decir, pruebas poco frecuentes, o poco demandadas, pero muy importantes, porque se trata de pruebas genéticas para descartar enfermedades muy graves. El problema de enviarlas a 620 kilómetros de Madrid, es que se multiplica notablemente el tiempo de respuesta, según han explicado a la Cadena SER varios médicos directamente relacionados con este servicio.

“Había todo tipo de retrasos, inclusos en pruebas rutinarias de bioquímica, por ejemplo, en pruebas de citratos, pruebas que tenían que tardar una semana, no llegaron en meses”, según estas fuentes. Uno de los casos más graves, se da en mayo del año pasado. Los médicos se enteraron de que el Laboratorio Balagué se había quedado sin reactivos (un elemento indispensable para realizar los análisis). Eso provocó que varias pruebas, algunas incluso muy dolorosas como las punciones lumbares tuvieron que repetirse porque las muestras para extraer ‘líquido encefaloraquideo’ ya no eran útiles después de tantos meses de espera.

Otro ejemplo. Un mes después. En junio de 2012 se abrió otro parte porque una paciente con leucemia, no tenía los resultados después de seis semanas, pese a que debería tenerlos. Su médico advirtió a la dirección del Laboratorio Central que ese retraso “pudo conllevar la muerte de la paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y tratamiento”.

Estos problemas se han repetido puntualmente durante cuatro años. En otros partes, los médicos, por ejemplo, denuncian que ha habido pruebas que “no se correspondían con las que se pidieron, muestras que se han degradado (han dejado de ser útiles) u otras que directamente ni se han llegado a realizar”.

Los fallos que se han detectado en todo este tiempo han afectado principalmente a las pruebas no rutinarias, el resto, según las fuentes consultadas sí han funcionado con cierta normalidad.

¿Se ha hecho algo para resolver esta situación?

Desde hace cuatro años los médicos vienen denunciando esta situación. “Todos estos problemas se reportaron a la dirección de la UTE, pero no hicieron nada para solucionarlo”, nos cuentan varios médicos. “La Consejería de Sanidad tampoco no ha hecho nada”, el motivo que alegan desde la Comunidad de Madrid es que “no están al tanto de estos casos”. Lo desconocen, pese a que la gerencia del laboratorio sí estaba informada de estos problemas por los propios médicos.

Según el pliego de condiciones, la Comunidad de Madrid debería haber sancionado a las dos empresas privadas que gestionan este laboratorio público por no haber respetado los plazos de entrega de los análisis. Eso supone una “falta grave”, sancionada con hasta 90.000 euros de multa. Sin embargo, según admiten a la Cadena SER la Consejería de Sanidad, y fuentes muy próximas al laboratorio, en cuatro años nunca se ha multado a este centro, pese a tener documentadas varias incidencias muy graves. Otra prueba más de la complicada situación que se ha vivido en este tiempo es que el destinatario de todas estas quejas que hemos relatado, el director por entonces del Laboratorio Central, Antonio Ballesta dimitió. Y lo hizo, según los médicos que trabajaban con él, “porque no encontró apoyo de los gerentes del laboratorio para resolver esos problemas”. Ahora Unilabs se ha hecho con este servicio (…)

“No te BOI a votar MAS”

Por su parte, El Pais en su edición de Catalunya: El consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, negó ayer en sede parlamentaria haber encargado o pagado el informe de la consultora PricewaterhouseCoopers que recomienda la venta de una decena de entidades y empresas públicas y entregar a la gestión privada 18 hospitales y hasta 45 centros de atención primaria. Ante las críticas de Iniciativa y de la CUP, Ruiz aseguró que asumirá “responsabilidades políticas” si se prueba que él encargó el documento y posteriormente aseguró que el informe lo hizo la consultora por iniciativa propia y lo envió al Departamento de Salud. Todo esto supuestamente sin cobrar nada. Ruiz también añadió que no piensa aplicar las recomendaciones del informe.

El papel de las consultoras privadas, a las que la Generalitat recurre asiduamente para tareas de asesoramiento y de fiscalización, fue duramente criticado ayer en el Parlament por parte del diputado de la CUP David Fernández. Este rogó al consejero de Salud que deje de trabajar con PwC, “una consultora que se permite el lujo de sugerir hacer negocio con la sanidad pública”.

Durante su intervención este miércoles en la sesión de control al Gobierno catalán, Fernández reclamó al consejero que “rescinda” todo contrato con una auditora “que se piensa que es el gobierno oculto”. Fernández recordó que en la plantilla de esta consultoría está el exconsejero de Presidencia en la etapa de Jordi Pujol, Joaquim Triadú. “Estamos hartos de encontrarnos con informes de la PricewaterhouseCoopers del señor Joaquim Triadú y de la Deloitte de David Madí [exdirigente de CiU]”. Con ello Fernández insinuó connivencia del Gobierno de Artur Mas con estas empresas, tal y como otros grupos de la oposición ya habían alertado meses atrás.

El consejero fue tajante en su respuesta. “Permítame que no comparta la teoría de la conspiración”, replicó antes de ofrecer un difuso “pacto” para trabajar conjuntamente en favor de la sanidad catalana. En su respuesta anterior al diputado de Iniciativa Josep Vendrell, Ruiz también negó haber encargado el informe. Esto hizo que el ecosocialista calificara el documento de “informe mágico” que se realizó sin que nadie lo encargara. “Usted es el caballo de Troya del sector privado en la sanidad pública. Ya basta de opacidad y de falta de transparencia”, le espetó Vendrell al consejero.

En el diario oficial de la Generalitat de Cataluña no consta ningún encargo concreto del informe publicado por EL PAÍS esta semana. Sin embargo, sí aparece que en 2011 la consultora PwC se adjudicó un proyecto de “apoyo metodológico para la definición de un nuevo modelo de contratación de los servicios sanitarios”. Por ello se embolsó 70.800 euros, a pesar de que fuentes del Departament de Salut negaron ayer que dicho contrato tenga nada que ver con el informe que propone las privatizaciones.

PwC es una de las consultoras que más encargos ha recibido de la Generalitat y su labor es especialmente vigilada por la oposición desde que contratara al exconsejero de Jordi Pujol Joaquim Triadú. Solo en 2012, y según se refleja en los contratos que publica el DOGC, PwC se adjudicó como mínimo 714.000 euros en varios contratos de la Generalitat. La mayor parte fueron en concepto de auditoría de proyectos financiados por la Unión Europea. La oposición piensa evaluar el papel de las consultoras en el ámbito sanitario en la comisión de investigación sobre las irregularidades en la sanidad pública que ayer se reactivó en el Parlament después de esta no llegara a funcionar la pasada legislatura. La comisión volvió a crearse ayer, esta vez también con los votos de CiU.

Esperemos que esta vez no se vetará la comparecencia de CafeAMBllet, de Dempeus, y de tantas y tantas personas y organizaciones de defensa de la sanidad pública que pueden dar una cierta credibilidad a la Comisión- La necesitará, sin duda, para no ser cómplice de una estafa que atenta contra el derecho a la salud, y va más allá de toda ética.

 

Video denuncia sobre los recortes sanitarios

La Defensora del Paciente y el gabinete jurídico de José Aznar denuncian tres de los múltiples casos que se están dando en la sanidad, donde los recortes nos cuestan la salud y en demasiados casos, incluso la vida. ¡Y encima, con la privatización de la justicia que está ejecutando el ministro Gallardón, ni siquiera nos quedarán medios para poder reclamar!

Desde el punto de vista del personal del sector de la sanidad, acciones en contra de los recortes en el Hospital de Sant Pau y la carta de una auxiliar en Dempeus

 

Ana Mato abre una intransitable vía de “peaje” a la sanidad para inmigrantes “irregulares”

La insumisión de colectivos médicos (en número de 826 profesionales y creciendo, en las Comunidades que acatan el RDL-16/2012) y el hecho de que ya tres Comunidades no acepten discriminar a la población inmigrante (Andalucía, Asturias y Catalunya) es (con más probabilidad que un impulso tardío de compasión debidamente cobrada) lo que ha motivado la orden que prepara el Gobierno Rajoy sobre atención a inmigrantes “irregulares”. El Pais ha podido saber que las personas menores de 65 años que necesiten ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar una “cuota” de 710,40 euros al año o lo que es lo mismo, 59,20 mensuales. Desde los 65 años en adelante, el coste supone 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Y en todos los casos, habrá “descuentos” para nuevos miembros de la familia que se acojan al convenio…

La imagen que nos quieren evocar desde el PP –y con la que nos machacarán los contertulianos paniaguados “à la Marhuenda”– es la de acomodados ciudadanos extranjeros que disfrutan de sus años de jubilación en el clima mediterráneo y abusando de nuestro sistema público de salud (que por otro lado las Mato y Farjas se están cargando a marchas forzadas). Pero no se dejen engañar. De quien estamos hablando es de personas inmigradas que carecen de “papeles” porque no encuentra trabajo (o porque han caído en manos de empresarios que no han declarado su situación laboral) y que ya deben llevar empadronadas en España más de un año.

Es la puerta trasera, de peaje, que abre el Ministerio de la Mato para “reintroducir” las personas inmigrantes en la asistencia sanitaria pública no urgente. Si están enfermos, sin trabajo y ya llevan un año padeciendo las inclemencias de la crisis económica tan poco amiga de las personas más necesitadas, que paguen. Seguramente si se tratara de Boi Ruiz les diría que se hagan de una mútua, pero algún asesor mínimamente lúcido de la Mato le ha explicado que ninguna Mútua privada tiene como principal objetivo curar, sino buscar su beneficio. Se calcula que la población inmigrada “irregular” que puede estar afectada por la medida son unas 150.000 personas, entre adultos (que deberían firmar voluntariamente estos “convenios”) y menores de edad, que por el momento seguirían accediendo al sistema sin cuotas, o las mujeres embarazas. Si se firman los “convenios” pero se dejan de pagar las cuotas, el castigo a la morosidad puede ser que durante tres meses se les nieguen los servicios sanitarios no urgentes… ¡Cómo se les ocurre ponerse enfermos siendo morosos! Y naturalmente, si no pagan lo que adeudan, perderán todo derecho a la asistencia sanitaria…. Y luego nos dice Pilar Farjas, mientras quiere imponer su cilicio a FACUA, que los servicios de salud no tienen nada que ver con el concepto de “clientes-consumidores” cuando son ellos los que mercantilizan el servicio y hacen de nuestra sanidad una mercancía y de la salud de los emigrantes su pequeño y mísero botín.

Desde Dempeus per la Salut Pública pensamos que nunca está de más recordar e insistir que en un país no puede hablarse de sistema de salud cuando se expulsa literalmente a colectivos de miles de ciudadan@s en función de características –de hecho, estigmas— que se ocultan tras disfunciones administrativas, cuando responden a motivos socieconómicos o raciales. Se empecinan estos malos gestores economicistas, depredadores de la salud, en ignorar que toda acción, omisión o atención en materia de atención a la salud (eso que entendemos por sanidad) solo puede resultar eficaz, útil, eficiente cuando incumbe a toda la población.

Los virus, bacterias, y otras patogenias no funcionan por “papeles” pero es evidente que las condiciones sociales determinantes de salud de una sociedad (microbios incluidos) suponen el diagnóstico de una sociedad. Y también el pronóstico: esta discriminación premeditada, consciente y perversa de asistencia a miles de miles de PERSONAS se tornará en enfermedad, sufrimiento y muerte para toda la población, con las atendidas (y las malatendidas) incluidas. No es un augurio, es una evidencia científica perfectamente documentada. Pero es que además estos talibanes neocons -que confunden creencia con ciencia- tampoco leen todo lo que deberían leer.

Toni Barbarà y Àngels Martínez Castells
Dempeus per la Salut Pública

Se habla también del tema en Le Monde
Toni Barbarà ha escrito, entre otros textos sobre el tema, “SALUT i immigració”
Àngels Martínez Castells, entre otros, “La Unión Europea y la esclavitud moderna”

Más información en ElPais