La “externalización” de la #sanidad pública y el asqueroso bocadillo de atún

Sabemos que la privatización de la sanidad se disfraza de múltiples formas y se pone todas las máscaras: concierto, fundación, derivación, externalización, concesión y “Programa” con todo tipo de apellidos, desde el PPP de Prestación Privada hasta el VISC+ de venta de historias clínicas. En Barcelona, unos meses atrás, se debatió sobre los límites de la intromisión de lo privado en la sanidad pública y un ponente valoró que la externalización de los servicios de limpieza, incluyendo lavandería y cocina, eran lo menos reseñable. Quizás, en una estrategia necesaria de recuperación del carácter 100% público de la sanidad, podían no figurar dichos servicios. A otras asistentes les parecía fundamental no hacer exclusiones y recordaron cómo las compañeras de lavanderías privatizadas de Madrid no sólo habían perdido su puesto de trabajo o reducido su sueldo, sino que con razón se quejaban de la insuficiente limpieza “externalizada” de sábanas y toallas. Y se recordó también la importancia de una nutrición adecuada y fiable para la recuperación, mencionando una tortilla de color verde, sospechosamente mohosa, que se había corrido por las redes al servise en un Hospital de Navarra recientemente privatizado.

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Hoy recupero los argumentos de aquel encuentro, porque la comida insalubre es como la muerta de la curva que reaparece en todos los hospitales en vías de privatización, demostrando hasta qué punto (también con las externalizaciones de los servicios de cocina) nos jugamos la salud. Las denuncias de personal sanitario, pacientes y familiares sobre el deterioro del servicio y la calidad de la alimentación en las cocinas privatizadas de los hospitales públicos se han recogido en el magnífico trabajo de Martín Cúneo  y publicado en Diagonal

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Cena proporcionada por Mediterránea de Catering en el hospital público Morales Meseguer, en Murcia. Foto tomada por familiares de una paciente con cáncer.

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.Con la excusa de que la comida no tiene nada que ver con la sanidad, la Comunidad de Madrid pretende avanzar en la privatización de las cocinas en los hospitales públicos. Así lo denuncia el Sindicato Asambleario de Sanidad de Madrid (SAS Madrid), que ha lanzado un estudio y una campaña para enterrar esta generalizada idea.La privatización de la alimentación en los hospitales públicos, detalla el informe, se inició en julio de 2012, con la ley 4/2012, por la que el Gobierno de Esperanza Aguirre decretó la progresiva privatización de 26 servicios “no sanitarios”, entre ellos las cocinas. Desde entonces, la Comunidad ha entregado al sector privado los servicios de limpieza y lavandería, entre denuncias de gestión deficiente, despidos y rebajas salarias de hasta el 45%. Precisamente para evitar que esta “ola privatizadora” continúe con las cocinas, el SAS ha iniciado una campaña para destacar la importancia de la nutrición en la salud de los pacientes.Sin ir más lejos, según el estudio Predyces, el 23% de los pacientes ingresados en un hospital español se encuentra en riesgo de desnutrición. La malnutrición, defienden desde el SAS, compromete la recuperación del paciente, condiciona la tasa de reingresos prematuros, produce una mayor “susceptibilidad a la infección” y contribuye a aumentar la tasa de muerte y de enfermedades.

Según el SAS, la “mercantilización” de las cocinas no sólo pone en peligro “la calidad del proceso asistencial”, sino que no significa necesariamente un ahorro. Según un informe de la Cámara de Comptos de Navarra, de junio de 2014, sobre la externalización de las cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra, si se hubiese mantenido el sistema público, se habría producido un ahorro de 676.314 euros.
Según el SAS, la “mercantilización” de las cocinas no sólo pone en peligro “la calidad del proceso asistencial”, sino que no significa necesariamente un ahorro

En el caso de la Comunidad de Murcia, la revista Interviú, bajo el título Precios “gourmet” para hospitales públicos, la empresa Mediterránea de Catering, subcontratada en varios hospitales públicos de esta comunidad autónoma, cobraba 4,60 € por un litro de leche, 3,6 € por una infusión y 3,40 € por un zumo.

Según destaca el SAS, también la calidad de la comida se ve comprometida. Los sistemas de control aplicados sobre el Complejo Hospitalario de Navarra han finalizado en tres expedientes sancionadores a la empresa adjudicataria por un importe de 75.000 euros después de que en 34 inspecciones se detectaran 84 anomalías relacionadas con la higiene, las temperaturas y los materiales empleados, según el informe de la Cámara de Comptos de Navarra.

Otro ejemplo: la privatización de las cocinas y la cafetería del Hospital de Villajoyosa (Marina Baixa), en junio de 2009, supuso, detalla el informe del SAS, “no sólo la reducción de la plantilla sino una importante rebaja de la calidad que dio lugar a numerosas quejas”.

Otra muestra de la degradación del servicio en las cocinas privatizadas tiene forma de sandwich: la foto de dos rebanadas de pan bimbo con un poco de atún saltó a las redes gracias a la familia de una paciente con cáncer en el hospital público Morales Meseguer, en Murcia. La concesionaria era una vez más Mediterránea de Catering, una empresa que recientemente se ha hecho cargo, denuncian desde el SAS, de la alimentación de los pacientes del hospital Infanta Leonor de Vallecas.

 

Siguiente amenaza: la privatización de las cárceles

En el que parece imparable camino de la privatización de todo lo público se extiende hacia Europa el modelo de cárceles gestionadas por la empresa privada y subcontratadas por el Gobierno. De hecho, ya existen en el Reino Unido y, casi sin ruido, en Catalunya -única comunidad que tiene transferidas las competencias penitenciarias- se han dado tímidos pasos. Así lo ve Paula Gallego Fernández:

“La situación actual de las cárceles es compleja, partiendo de la situación de los trabajadores que están siendo sustituidos por empledos procedentes de las empresas de seguridad privada. Esto se está desarrollando mediante un plan que daba comienzo a finales de verano en 21 cárceles, alegando falta de presupuesto para crear 1800 nuevas plazas de funcionarios se deciden por la contratación para el desarrollo de “tareas auxiliares”. En este caso hay que recordar que las tareas de los funcionarios no son solo la vigilancia y custodia sino que también serán los médicos, ATS, educadores, psicólogos y demás personal que están para la defensa y cumplimiento de los derechos de l@s pres@as, cosa para la que no están preparados esos nuevos trabajadores.

Quatre Camins. Foto: Zé Moreira

El lugar paradigmático en España de este modelo esta en Cataluña, el centro de Can Brians, que tiene las competecias de alimentación y una parte de la vigilancia cedidas a empresas privadas contratadas. Aunque está claro que los más perjudicados son l@s propi@s pres@s, que ven como sus derechos se van mermando y sus condiciones de vida en los penales se van endureciendo, al reducir las horas de atención médica, la cantidad de educadores y orientadores, y hasta de comida (al recortar en los gastos de catering, por ejemplo quitando las meriendas). En realidad, no es que no exista la posibilidad de adquirir muchas de las cosas que antes suministraba la administración (o incluso la familia), sino que ahora para poder tenerlos basta con comprarlos en el economato(…) En la vida diaria de una persona reclusa para que su comida esté aliñada, necesita dinero. Ha necesitado dinero hasta para beber agua potable (ya que la de los grifos no lo és y son frecuente las diarreas y enfermedades gastrointestinales). De hecho la situación (…) es de dependencia completa de la ayuda del exterior, sobre todo económica, ya que cada vez existen más restricciones para que familia y amigos envíen materiales (por ejemplo no se pueden entrar edredones, abrigos almohadillados, bolígrafos, comida…), ya que todo ello se puede comprar dentro. Es decir, que una persona que no cuente con alguien que le envíe dinero semanal, quincenal, o mensualmente, se verá tremendamente desvalida ante la imposibilidad de alimentarse correctamente o simplemente de poder abrigarse…”

El tema de “mercantilizar” el régimen carcelario no es nuevo, pero lo retomaba este verano la periodista Anahi Rubin, explicando su origen, en los años 80, cuando el gobierno empezó a subcontratar el manejo del sistema penitenciario a distintas empresas: “En 1983 Jack Massey, creó la primera empresa de cárceles en Estados Unidos, Corrections Corporation of América (CCA). Al año siguiente surgiría Wackenhut Corrections Corporation, compañía que sería comprada por el Grupo Geo, la segunda empresa más grande del complejo industrial carcelaria.

CCA posee 66 cárceles con capacidad para 91 mil presos, con ganancias de 1700 millones de dólares, el Grupo Geo por su parte posee 65 prisiones, alberga a 65 mil 700 detenidos y una ganancia anual de 1600 millones de dólares. Además estas empresas cotizan en bolsa, lo que aumentan sus ganancias. La industria carcelaria surgió en un contexto dominado por la mentalidad conservadora del gobierno del republicano Ronald Reagan. Las primeras cárceles fueron construidas en pueblos pequeños y pobres, con el tiempo se fueron extendiendo a los estados del sur, lindantes con la frontera mexicana.”

La ubicación de las cárceles privadas no serían pues ajenas a los obstáculos con los que topa la promulgación de leyes de inmigración menos duras. También la administración demócrata de Bill Clinton -con la complicidad de congresistas del sur- logró endurecer dichas leyes y abrió las puertas del Departamento de Justicia para que contratara cárceles privadas donde fueron a parar miles de indocumentados.

La administración republicana de George Bush implementó el Programa Streamline, con lo que se dotaba de fondos a los territorios de frontera para su propio programa de justicia… Un programa paralelo que continúa con Obama (Programa Comunidades Seguras o Secom, por sus siglas en ingles), que ha generado dos millones de deportados. Y un informe de 2012 publicado por the Public Interest analizó 62 contratos de gobiernos estatales con las compañías privadas y reveló que más del 65% contiene cláusulas que obligan al Estado a garantizar una ocupación mínima del 80% de las camas, incluso si la criminalidad disminuye. Con estos contratos “comerciales” en vigor… ¿Alguien puede creer en la equidad de la política inmigratoria (y ya de paso, carcelaria) del modelo USA?

Los cuantiosos rendimientos del sistema carcelario privado permiten dudar de que la aplicación de las leyes migratorias (y su propio redactado) no respondan más a rentabilizar las cláusulas de los contratos firmados en esta especial “colaboración público-privada” que a criterios estrictos de justicia. De hecho, nos advierte Rubin, el “negocio” ha llegado a la política, y en especial a un pequeño grupo de ocho senadores que promueven la reforma migratoria.

Así, Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, Marco Rubio, republicano de Florida, Charles Shumer, demócrata de Nueva York, Jeff Flake, republicano de Arizona, Dick Durbin, demócrata de Illinois y Michael Bennet, demócrata de Colorado, recibieron cada uno donaciones de $5000 (el límite por contribuyente), de CCA, Geo, sus inversionistas y sus familias, aunque, en realidad, según el Center For Responsive Politics las donaciones a políticos realizadas por la CCA ascenderían a 1.9 millones de dólares y por GEO a 2.9 millones entre 2003 y 2012.

Lo que deberíamos preguntarnos con urgencia es: ¿Llegará también a Europa con el TTIP/TISA la definitiva privatización del sistema penitenciario? Por lo que a España se refiere, y con la posibilidad de que sigan creciendo los imputados y presos de “gama alta”, no hay duda de que son muchos los piratas de lo público los que lo desean.

 

La privatización en la sanidad catalana, “tacita a tacita”

Un año atrás Antía Castedo escribía que los servicios privados estaban aumentando en los hospitales públicos catalanes: desde el pago por un sillón por acompañar a un familiar enfermo, hasta cobrar por dar habitación individual. Aunque pasa el tiempo y seguimos sin datos oficiales, se ha ensanchado la doble puerta de entrada a la sanidad pública, mientras se mantienen o incrementan el número de plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Y como se ha demostrado más de una vez, los recursos “infrautilizados” se venden al que lo paga de su bolsillo.

En los últimos meses las noticias que redundan en la destrucción de la sanidad pública, desde la maltrecha y casi olvidada prevención hasta la investigación, se multiplican: por ejemplo, las amenazas de despidos en el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau (Barcelona) para enjuagar parte del déficit de la entidad. O el proceso de transformación iniciado en Lleida en el sistema sanitario público que puede significar la privatización de todos aquellos servicios susceptibles de representar una buena fuente de negocio. En este sentido, se anunció que se quería “unificar bajo la titularidad de un único ente todos los dispositivos asistenciales de la región sanitaria de Lleida”, pero no coló: Unas 1000 personas se manifestaron en Lleida en defensa del sistema sanitario público y contra la fragmentación del ICS.

Tacita a tacita, los directivos del Hospital Clínic se siguen negando a explicar el funcionamiento de la doble vía de atención, y en otros, como la Mutua de Terrassa o el Hospital del Vendrell, simplemente si caes en manos de los médicos más desaprensivos, tienes que pasar por caja si no soportas los dolores o el temor de formar parte de unas listas de espera desesperantes.

Todos estos procedimientos afectan la equidad y nuestros derechos. Lo denunciaba Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp): “El conflicto de intereses es claro si los mismos médicos que atienden en la pública también cobran de la privada”. Pionero de estas prácticas de doble entrada fue el Hospital de Sant Pau, que atendió a pacientes por la privada, operando de varices a personas que se han saltado, previo pago, los 8,4 meses de espera media para esta dolencia que marcan los datos del CatSalut. Los portavoces del hospital argumentaron en su momento que, en tiempos de recortes, es necesario buscar “nuevas vías de financiación”.

Y la cosa irá a peor porque la noticia (tristísima) que nos llega vía Presupuestos y publicó Roger Tugas en ARA, es que ya pagamos más por atender la Deuda Pública que por Salud:

Necesidades de financiación para satisfacer la deuda (leer el saqueo) de las instituciones financieras que dejan sin atender las necesidades básicas de la población. Se cierran camas para luego contratar servicios con los privados, camas a las que los pacientes pueden llegar previo pago (eso ya no es REPAGO, es ROBO descarado) y utilización fraudulenta de los recursos públicos.

¿Cómo puede ser que haya listas de espera y al mismo tiempo recursos infrautilizados? Pues porque se trata de que entre puertas giratorias, listas de espera inhumanas y cierres inesperados de centros, quirófanos y camas, nos rindamos, dejemos de defender nuestra sanidad, y aportemos nuestros últimos recursos, si los tenemos, a pagarnos mútuas o médicos desaprensivos para así pueda financiar Mas-Colell, más holgadamente, la Deuda inmoral. Y con estrecheces, recortes y mayores desigualdades, miel sobre hojuelas para Boi Ruiz, el enemigo número uno de la sanidad pública en Catalunya.

Debemos someter a auditoría esta Deuda ilegítima que no para de crecer y engulle los servicios públicos más imprescindibles, y negarnos a pagar todas las partidas impropias o un servicio de la Deuda draconiano. Sólo así podremos recuperar nuestra sanidad y nuestros derechos. Y con ello, nuestra SALUD y nuestra DIGNIDAD DE CIUDADANÍA.

 

Boi Ruiz, el cuenta-cuentos, malo para nuestra salud

Escribe Antía Castedo sobre las fabulaciones de Boi Ruiz en el Parlament: por lo que entiendo, el conseller siguió navegando en aguas turbulentas, en el río de mentiras que afectan gravemente la salud de las personas. Ha llevado sus medidas de recortes y privatización tan lejos que se vió obligado a admitir que el incremento en el número de personas y tiempo demora en las listas de espera en intervenciones tan vitales para la salud como las de cirugía cardiaca ya son insufribles: Un total de 760 enfermos esperaban en junio en Cataluña una cirugía del corazón, frente a los 580 del mismo mes de 2012, lo que supone un aumento del 31%. Y todavía recuerdo cuando se ufanaron de cerrar los quirófanos por la tarde cuando los médicos que dirigían los servicios hablaban no sólo de la necesidad vital que suponía mantenerlos abiertos, sino del poco coste que representaba tener disponible personal magníficamente formado y entrenado el doble de tiempo por mucho menos de la mitad de dinero…. ¿Estupidez? ¿Mala gestión? No: destrucción programada del prestigio y universalidad de la sanidad pública para que unas clínicas privadas, con resultados mucho peores, puedan engordar su cuenta de explotación. Aunque sus beneficios tan ilegítimamente logrados signifiquen daños irreparables para la salud e incluso pérdida de vidas humanas.

Para estos pequeños napoleones de las privatizaciones como Boi Ruiz y Pedrosa, a grandes males (provocados por ellos mismos y su compromiso con la sanidad privada) “grandes” remedios: así, el anuncio de los “Planes de choque” que Boi confía al gran defraudador de la sanidad pública, Josep Maria Padrosa, presidente del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), a pesar de las presuntas incompatibilidades que protagoniza y que han reavivado las críticas sobre las puertas giratorias entre la sanidad pública y la privada. Como no conviene olvidar y Antía Castedo nos recuerda en su artículo, Padrosa era el apoderado de seis empresas privadas que en 2012 facturaron al CatSalut más de 14 millones de euros, lo que podría vulnerar varias leyes y ha provocado la apertura de una investigación por parte de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC).

Que las puertas giratorias son de hecho un enorme butrón tolerado por la Consellería de Salud lo demuestra que Ruiz y Padrosa, de conjunto y en unión, amigos y residentes en Barcelona, comparecieron ante la comisión de Salud del Parlament para reiterar lo que la Plataforma de Afectadas por los Recortes Sanitarios (PARS) habían denunciado el pasado mes de junio. Pero tienen respuesta y cara para todo. Y así, si Padrosa era apoderado de seis empresas, se cree libre de toda culpa al declarar que “no lo sabía”. Al parecer, se ve afectado por un síndrome de disfunción perceptora que afecta a personas inoculadas por virus de cohecho y corrupción, como por ejemplo la imposibilidad de Ana Mato para ver el Jaguar en su garage.

Y Boi Ruiz, a su vez, cae en episodios de falta de conciencia: defiende al director del CatSalut con cuentos de Blancanieves para excusar su manifiesta incompatibilidad en cualquier estado democrático (léase idoneidad en el caso de la sanidad catalana y española): Debeis saber, niños y niñas, que “todo el mundo que viene a la Administración pública llega desde algún lado y va a algún lado”… Sí, señor Boi cuenta-cuentos: sabemos muy bien de dónde vienen ustedes (de la sanidad privada) y a dónde van: a destruir lo mejor de la sanidad pública para que los servicios más rentables beneficien a la sanidad privada, aunque ese saqueo cueste enfermedad, dolor y vidas.

La guinda final la puso Boi Ruiz al dar, con retraso, los datos de las listas de espera del mes de junio, que ha vuelto a aumentar: de 70.814 personas en diciembre pasado a 79.376 personas en las listas de la desesperación en seis meses. Finalmente, nos dice la periodista de El Pais, el consejero no quiso responder a las denuncias realizadas por grupos de profesionales sobre la manipulación de las listas de espera en algunos hospitales. “Todo el mundo sabe que hay una lista A y una B”, le espetó la diputada de la CUP Isabel Vallet. Y de la lista B había un buen ejemplo en urgencias el pasado miércoles: 81 pacientes esperando en urgencias para poder ser ingresadas.

La sanidad catalana dificilmente podía caer en peores manos. El tándem Boi Ruiz-Pedrosa es letal para la sanidad pública y para nuestra salud.

 

Un país en el plasma en espera del estallido

La sensación de irrealidad aumenta. No sé si los que habitaban hace siglos lo que después se denominó Europa sintieron lo mismo cuando el Imperio Romano se desmoronaba. Naturalmente, no había televisores de plasma donde lo que más se parece a muñecos de guiñol jugaran a adivinos, imitando a los de las cadenas privadas que a altas horas de la madrugada prometen resolverlo todo para mañana… o para el 2014. “Todo lo que te inquieta, te angustia, te amenaza” se te resolverá cuando se cumpla un siglo de la IGM, en inquietante presagio. El cartón piedra emplasmado que responde al nombre de Mariano Rajoy sigue hablando en un play-back de faes-miniideas, mientras los peperos paniaguados aplauden el mutis y la prensa, muda, se traga una humillación más. En los tiempos en los que se deshacía la civilización romana se enturbiarían los estanques (los espejos de Narciso) pero, puestos a reflejar lo que sucedía, darían una imagen muy parecida a los televisores de hoy: vanidad de lo más inane, conservada todo lo que se pueda al vacío de la burbuja de una mayoría absoluta que ha demostrado, una vez más, sus efectos letales para que el sentido de la realidad se acerque a la política. Una burbuja, sin embargo, que como todas, más tarde o más temprano encontrará su aguijón bárbaro.

Desde el guiñol aseguraban que España no es un país tan corrupto, caramba, aunque poco después la Infanta Cristina era imputada en base a catorce “indicios” (que ya son) por un juez en Palma. La corrupción no está generalizada, se insistía desde los altavoces, mientras otro juez, esta vez en Catalunya, declaraba también ver “indicios sólidos” de que CDC se lucró con el desfalco del Palau y confirmada la fianza de 3,2 millones por la “financiación ilegal” del partido. El punto de humor lo ponía una de las secretarias de Félix Millet al declarar que también ella había visto en la caja “sobres gruixudets” con billetes de 500 euros (no sólo de Bárcenas son los sobres, no detenta su exclusiva).

La corrupción no está generalizada, España no es un país corrupo, repetía la marioneta cuando no había un sólo punto del estado donde no estalle la indignación: en pocos días se ha sabido que Carlos Fabra irá al banquillo por seis delitos tras nueve años de investigación, que Feijóo y sus amistades más que peligrosas (en una mera foto) descubren la imagen de lo que podría ser una presunta y casi vintage financiación tenebrosa de su partido, y que el ex-consejero de sanidad de Madrid, Manuel Lamela, el verdugo del Dr. Luis Montes, ha firmado el contrato que le aseguraría jugosos (¡y absolutamente legales!) sobres de nómina por actos no tan pretéritos privatizando lo que es de todos (con resultado de sólo beneficiarse él y sus amigos del negocio, en tanto que las señales de alerta de la salud pública pasan de ámbar al rojo). Y mientras, en Andalucía, el turbio asunto de los ERE por parte de otro presunto delincuente que se insiste en presentar como ex sindicalista (y algunos más) abunda en las pruebas de que este imperio romano nuestro está ya en plena putrefacción… Y aún nos quedarían muchos rincones por visitar, y estadios de fútbol, y sobre todo, estos paraísos fiscales de la Castellana y Paseo de Gracia, con baños alicatados hasta el techo e inodoros atascados, rebosantes de detritus.

¿Remedios de urgencia? Abrir el visor, como hace Rosa María Artal, añadiendo perspectiva a unas noticias de escándalo que ya, por repetidas, parecen tan planas como los plasmas de la burla. O mirar hacia la esperanza, como Toni Barbará, que difunde la Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales del Foro Social Mundial 2013. Conviene estar en buena forma mental y física, y tener preparadas las alternativas, porque nos ha enseñado el cine de serie B que todos los que se alimentan de sangre humana, cuando finalmente la burbuja estalla y la luz irrumpe (con la transparencia de verdad, no la iluminación de los platós) quedan reducidos a polvo en segundos (ellos, y sus montajes, y sus mentiras). Y sólo dejan tras de sí suciedad y sufrimiento. Porque, como afirma la Declaración de Túnez, “no hay salida dentro del sistema capitalista.”

 

Pillados por las puertas giratorias, o el colmo de que te esquilmen, es que lo haga Güemes!

El marido de Andrea Fabra (ya saben, la de “que se jodan los parados”) forma parte desde el pasado mes de agosto del consejo de administración de la empresa sanitaria Unilabs, integrada en el grupo Capio. En un ejemplo más de cómo las aves rapaces de la sanidad abusan de las puertas giratorias (que deberían ser prohibidas por ética y estética) nos vemos atrapados en medio de sus trapicheos mientras se burlan de nuestra inteligencia y nos vacían de derechos. Informa hoy la Cadena Ser que Unilabs acaba de comprar el 55% de la Unión Temporal de Empresas a la que el propio Güemes, siendo Consejero de Sanidad, adjudicó el servicio público de análisis en seis hospitales madrileños. Son los seis centros cuya gestión sanitaria quiere privatizar próximamente la Comunidad de Madrid.

Pero es que además, en esta búsqueda de la eficiencia sanitaria que tanto permitirá ahorrar a la ciudadanía (dicen con sarcasmo los piratas de lo público) sabemos también que la empresa sanitaria Unilabs forma parte del grupo Capio, el mismo que sacará una tajada de casi siete millones de euros en los próximos cuatro años por alquilar los mamógrafos a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de la Comunidad Madrileña.

Informa la Cadena SER que: Unilabs España, filial española de la multinacional suiza del mismo nombre, contrató a Güemes, que hasta entonces trabajaba en el Instituto de Empresa, el pasado mes de agosto. Poco más de tres meses después, el pasado 21 de noviembre, Unilabs anunciaba la compra del 55% de la UTE BR Salud, compuesta por el grupo Balagué y Ribera Salud. Una UTE adjudicataria, desde al año 2009, del servicio público de análisis clínicos de seis hospitales madrileños (Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Leonor, Sureste, Henares y Hospital del Tajo). Una adjudicación que fue aprobada por el propio Güemes en 2009, cuando ocupaba el cargo de consejero de Sanidad y que justificó “por criterios de ahorro”. La concesión administrativa, para un periodo de ocho años, contempla no sólo la gestión de los análisis clínicos correspondientes a esos hospitales sino también de los centros de atención primaria de su área de influencia, 49 centros de salud, 107 consultorios periféricos y 100 residencias. En total, un área de un 1.200.000 habitantes a un precio de 16 euros por habitante a pagar por la Consejería de Sanidad. Un negocio millonario, ya que con la compra efectuada por su empresa Unilabs (que ha comprado por 5 millones de euros el 55% que el grupo Balagué tenía en la UTE) aumenta exponencialmente su red gestión de servicios públicos sanitarios ya que con anterioridad gestionaba los laboratorios del Hospital de Torrejón en Madrid y de los Hospitales de Denia, Torrevieja y Elche en la Comunidad Valenciana.

No sé ustedes, pero yo ya estoy harta de peperos (y no sólo) sin escrúpulos, que aunque les toque reiteradamente -y contra toda ley estadística- la Lotería, entran en política a fingir “servicio público” para cebar sus intereses y bolsillos muy privados. Si las Leyes no les persiguen, es que como ciudadanía debemos anotarnos otra tarea tan urgente como imprescindible.

Algunos antecedentes de la estafa:

Juan José Güemes se reunió el 23 de septiembre de 2008, siendo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con empresarios del sector sanitario privado para presentarles el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011. Según contó el diario El País en su edición de ese día, el entonces consejero de Sanidad de Aguirre y hoy miembro del Consejo de Administración de la empresa sanitaria Unilabs, detalló a los empresarios qué oportunidades de negocio ofrecían los nuevos hospitales, entonces en construcción, de Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel (de gestión privada) y en la reforma integral de los tradicionales (Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre)…. Desde entonces, de manera oficial, empezaron a afilar sus colmillos, y hoy ya ejercen de hienas bragadas en el despiece de la sanidad pública.

¡HAY MOTIVOS SOBRADOS, e INDIGNACIÓN A RAUDALES para que la MAREA BLANCA inunde una y otra vez Madrid, con más fuerza que NUNCA, hasta acabar con esta estafa contra el 99% de la ciduadanía!

Ver también: El negocio de la sanidad. Los gigantes de la sanidad privada y Sanidad pública, sanidad privatizada.

 

#AbrazaSanidad y denuncia las puertas giratorias que privatizan nuestra salud

Victor Saco – Angels Martinez Castells – Figueres Foto:Zé Moreira

Si la privatización de la gestión del ambulatorio de L´Escala (Alt Empordà) y siete consultorios les parece un turbio asunto a investigar a PSC, ERC e ICV-EUIA, queda por saber qué está dispuesta a hacer la ciudadanía afectada para defenderse de la venta descarada de su sanidad a manos privadas. El pasado viernes estuve en Figueres, en una noche gélida, y no fueron demasiados los ciudadanos y ciudadanas que acudieron al centre dels Cendrassos para hablar de la sanidad pública. Victor Caso, que trabaja en el Hospital de Figueres y es miembro de la Fundación desplazada ahora por el grupo Eulen, expuso desde el punto de vista de los trabajadores muchos interrogantes que nadie responde. Por ejemplo, el alcalde Figueres y presidente de la Fundación, Santi Vila, de Ciu, no parece de momento tener tiempo para reunir el Patronato y por tanto (y esa ya es deducción mía) poder iniciar la impugnación correspondiente.

De hecho, Santi Vila figuró como cabeza de la lista de CIU por Girona en la que el número 4 la ocupaba el sospechoso Xavier Crespo, pero había iniciado su actividad política en Esquerra. El año 1991 empezó su militancia en las JERC y ERC. Durante el tiempo que estuvo ligado a la formación independentista, Vila ocupó el quinto lugar de la candidatura republicana en las elecciones municipales del 2003 en Figueres. Santi Vila substituyó a Pere Prats, como publicó entonces el Diari de Girona y posteriormente, ya integrado en CiU, llegó a la alcaldía de Figueres en el 2007, cargo que suma al de diputado en el Parlament.

A las puertas giratorias de la privada a la pública hay que sumar, pues, los cambios de partido que casi siempre suponen un incremento de poder político. Y si no, que le pregunten a Francesc Sancho, número 2 de la Conselleria con Boi Ruiz (y para muchos su substituto) donde ni en la viquipedia podrán saber que inició su carrera política en el PSUC (aunque sí se enterarán que es socio del Club de Futbol l’Ampolla y del Club Nàutic…). Para conocer al personaje tendrán que ver el documental del SICOM “La salut, el negoci de la vida”, donde el retrato no puede ser mejor. Un documental, sin embargo, en el que no aparece Boi Ruiz, actualmente objeto de una querella por parte de seis organizaciones ciudadanas de Catalunya por los desmanes en su “administración” de la sanidad pública, entre ellos el alargamiento de las listas de espera, y porque Boi Ruiz y familia no parecen usar, sino incluso habitar, en las puertas giratorias (sirviendo siempre, naturalmente, los intereses de la sanidad privada).

En Figueres intenté explicar que tampoco las Fundaciones y Consorcios son la mejor manera de administrar nuestra sanidad, pero parecen estar demostrando ser el paso intermedio necesario para que ya la atención a nuestra salud (y en especial, la más rentable) pase a manos privadas… Muchas veces he utilizado las imágenes imposibles de ESCHER para explicarlo. Y a quien podemos descrubrir sin duda en la ilustración es a Boi Ruiz, auténtico inspirador del disparate y la estafa, que siempre al servicio de la privada, parece querer morir matando… En plena campaña pre-electoral toleró (como mínimo) que el Servei Català de Salut (CatSalut) adjudicara -con criterios nada evidentes- a la empresa propietaria de las Bodegas Vega Sicilia la gestión de los citados centros de l’Alt Empordà. Ya se ha repetido muchas veces, pero vale la pena insistir: la experiencia del Grupo Eulen en centros sanitarios es nula (como la de tantos fondos de inversión que están poniendo sus garras sobre nuestra sanidad pública). El pleno de L´Escala, la población que parece directamente la más afectada, votó el jueves por unanimidad rechazar la privatización de la gestión del ambulatorio, pero el ámbito del ataque va mucho más allá. Eulen, en las gestiones de servicios, se parece demasidado a las ETT (Empresa de Trabajo Temporal) y de momento parece haber prometido sólo UN AÑO de estabilidad a la actual plantilla.

Según cuenta Antía Castedo, el Foro Catalán de Atención Primaria, agrupación de profesionales del sector, considera que “La privatización de la gestión empeora las condiciones de trabajo de los profesionales, sin mejorar la atención ni rebajar costes”, y tampoco apoyan otras formas de gestión de ambulatorios que tienen cabida en el modelo catalán, entre ellas las empresas privadas participadas por los propios profesionales.

También se han pronunciado en contra CC OO de Girona, que expresaron su “total estupefacción” por la decisión de la Generalitat, convencidos de que “promover los beneficios de una empresa privada seguro que acabará empeorando el servicio”. Más desconfiados en todo el proceso se muestran desde Metges de Catalunya: “hay intereses por detrás que no acabamos de entender”.

Muchos datos de fondo sobre la privatización actual y las puertas giratorias en la la sanidad los da hoy El Pais mientras desde Dempeus nos solidarizamos con la acción de la ciudadanía de Madrid #AbrazaSanidad

 

Si nos roban la sanidad, nos cortan la vida: Pel dret a la salut!

¡Ayuda a difundir para que la manifestación del próximo sábado sea un gran éxito!

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POR EL DERECHO A LA SALUD! – Manifestación en Barcelona el 28 de Julio

Día: 28 de julio

Hora: 11.30 h

Lugar: Rambla del Raval (hasta la Pl.. Santiago)

Luchamos para que no nos recorten la salud y el futuro!
NO a una sanidad clasista, racista y machista

La nueva Plataforma “Por el Derecho a la Salud” nos estrenamos en Barcelona con una manifestación el próximo Sábado 28 Julio

Los ya casi 50 colectivos formantes convocamos conjuntamente una manifestación contra el Real Decreto 16/2012 que convierte nuestra Sanidad Pública en una sanidad racista, clasista y machista. [28J]

1. – Eliminar el derecho a la salud como derecho universal, limitando el acceso a las personas inmigradas  indocumentadas, los jóvenes mayores de 26 años que no han cotizado a la Seguridad Social, las personas que trabajan en la economía informal o las mujeres que se han dedicado al trabajo doméstico.

2. – Introduce barreras económicas en el acceso a tratamientos, como el repago de medicamentos a los pensionistas o el pago de los traslados no urgentes en ambulancia, de la alimentación artificial, entre otros.

3. – Reduce la eficiencia de las medidas preventivas y de control de la salud pública, ya que colapsará los servicios de urgencias, obstaculizará la prevención de enfermedades, reducirá la calidad del servicio y perjudicará la labor de los profesionales.

4. – No contribuye a la sostenibilidad de la Sanidad Pública porque al deteriorar la calidad de la sanidad pública, promueve el recurso de las familias a la sanidad privada y aumenta el endeudamiento. Además, no afronta las actuales carencias del sistema.

Esta medida se suma a las otras agresiones del Gobierno de la Generalitat en la Sanidad Pública, como el euro por receta, la reducción de camas o el cierre de plantas y servicios enteros. Y DECIMOS ¡BASTA!

Con esta movilización arranca la ‘Plataforma Por el Derecho a la Salud’, un espacio unitario para luchar contra todas las agresiones que está sufriendo la Sanidad Pública.

EVENTO FACEBOOK: http://www.facebook.com/events/262245917222969/?context=create

PEL DRET A LA SALUT! – Manifestació a Barcelona el 28 de Juliol

La versión en castellano a continuación y ambas en acampadaBCN

Visto en Dempeus.

 

La Comunidad Valenciana privatiza su sanidad pública: La ciudadanía no sabe votar

Lo sé, lo sé… La frase no es políticamente correcta, pero la última decisión del Gobierno de la Generalitat valenciana de privatizar toda la gestión de la sanidad pública a partir del 1 de enero del 2013 (cuando hasta ahora ya ha cometido enormes desmanes) justifica sobradamente la indignación que sustenta lo que afirmo. El PP, con sus mayorías absolutas en el Reino de Valencia demuestra, UNA VEZ MÁS,  que no tiene ningún interés en fingir un gobierno de todos, con todos y para todos, ni que piensa para nada en “el bien común”.  Una mayoría de los votantes de Valencia que depositaron su voto, siguieron acatando el chantaje de un oscuro  amigo del Rey que no se presentaba a las elecciones pero sí tenía muy claros sus intereses de monarca de la Fórmula I: Bernie Ecclestone. Y los valencianos y valencianas no parecieron ver nada extraño en el saqueo de la CAM, en las construcciones absurdas e inutilizadas de Calatrava, en el aeropuerto para halcones y peatones de Fabra, en un viaje del Papa que salió a precio de oro para que la trama Gurtel siguiera organizando sus rentables eventos….Mientras, estalló el escándalo de unos institutos sin calefacción porque les habían cortado la luz.   Los que gobiernan en Valencia, simplemente, se conformaron desde un inicio con ejercer de mediadores en las grandes estafas de lo público que han llevado a la sociedad valenciana a la ruina.

Lo tienen todo bien explicado, aquí, por La Sexta Columna  sobre el “resacón” en Levante:  (el periodismo necesario de nuestro tiempo).  Pero falta el último desmán: la decisión de privatizar todo lo que es sanidad pública, sacándose finalmente la máscara y admitiendo su desatención total a su sistema sanitario.  Según la FADSP, la sanidad valenciana no sólo aparece en el último puesto del ranking autonómico en el 2010, sino que va a seguir compitiendo con Madrid, también fuertemente privatizada y cuarta por la cola en el mismo año,  por los peores puestos en atención sanitaria.

¿Quién saca provecho de la privatización de la sanidad valenciana?

Hasta ahora, según explicaba El Pais, las protagonistas de la privatización son las empresas Ribera Salud, Capio Sanidad y la operación de compra de la primera por parte de la segunda. Ribera Salud es la compañía a la que —en alianza con aseguradoras sanitarias— la Generalitat valenciana ya ha transferido la asistencia de uno de sus cinco millones de habitantes.

El hospital de Alzira fue el conejillo de indias del modelo que el PP valenciano eligió para privatizar la sanidad pública. El centro abrió en 1999. La fórmula elegida fue la concesión administrativa sanitaria, más atrevida que el PFI (Private Finance Initiative) británico, el formato de moda por entonces, que funciona en el hospital de Burgos, en Son Dureta (Baleares) o Aranjuez y Parla, entre otros centros. Significa que en lugar de limitarse a encargar a una empresa la construcción de un hospital y su mantenimiento por un periodo de tiempo de 30 años, se opta por ceder al sector privado todo menos la titularidad: construcción, mantenimiento, equipamiento, personal sanitario y no sanitario del hospital. Y, además, ceder a la concesionaria la gestión del departamento de salud vinculado al hospital, es decir, la asistencia integral de entre 140.000 y 250.000 personas, según la extensión del área. Este formato se ha reproducido en Torrevieja (2006), Dénia (2009), Manises (2010) y Elche (2011), hasta alcanzar la cobertura de un millón de personas.

En teoría, diferentes empresas competirían por las distintas adjudicaciones, de forma que mejoraría la eficiencia del sistema. Pero no ha sido exactamente así, ni lo será. Explicando como empresas de capital riesgo, absolutamente ajenas a la sanidad, se quedan con el sistema,  El Pais se preguntaba: ¿Dónde está el límite de la entrega de porciones de la sanidad pública al sector privado?  Ahora el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha contestado:mientras la ciudadanía no se rebele, mientras no se libre de ellos, mientras no aprenda a votar:  no hay límites.

 

La izquierda frente a la privatización de la sanidad

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Estimada amiga, estimado amigo:

El próximo jueves 10 de marzo de 2011 se presentará el libro La izquierda frente a la privatización de la sanidad, editado por el Grupo Parlamentario de IU-ICV, y cuya edición ha sido coordinada por Gaspar Llamazares. El libro resume la Jornada sobre “El futuro del Sistema Nacional de Salud” que tuvo lugar el pasado 26 de febrero de 2010.

La presentación del libro se celebrará en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo nº 36), el jueves 10 de marzo, a las 19:00 horas y en el acto intervendrán Gaspar Llamazares, Angels Martínez Castells, Joan-Ramon Laporte y Marciano Sánchez Bayle.

Es necesario confirmar asistencia al correo electrónico: asistente.sanidad@sgral.congreso.es,
indicando nombre, apellidos y DNI.

Esperando contar con tu presencia, recibe un cordial saludo,
Gaspar Llamazares Trigo

Cuando se celebró la sesión de trabajo en el Congreso de los Diputados, en febrero del año pasado, tuve la oportunidad de decir en nombre de Dempeus per la Salut Pública algunas cosas que son todavía, si cabe, mucho más vigentes. Por ejemplo:

(…) “Hace algunos años me impresionó el lema de la Librería de Mujeres de Milán que proponía “Hacer más civil la civilización, y más humana la humanidad”. Esta propuesta tan ambiciosa dados los tiempos que corren, y tan inclusiva, hace más firme cualquier trenzado de ideas o propuestas donde intervengan mujeres y hombres, progreso y paz, derechos de ciudadanía y los trabajos que representan una actividad necesaria para la vida al margen de su régimen contractual, y lo que aquí nos reúne: la atención sanitaria… y la salud.

Si entendemos por “civilizar la civilización” una ampliación constante, firme y en alzado de todos los derechos: políticos, sociales, económicos incluidos los de “cuarta generación”, debemos reconocer que uno de los campos más minados para su avance es precisamente el de la sanidad. Y si hablamos desde la salud, nos daremos cuenta de que es incluso un deber de civilización denunciar las violencias y distorsiones que está implicando el laminado de los derechos de ciudadanía, desde la transmutación de lo público en privado con especial privación de las mujeres de tiempos y duplicación de trabajos, hasta la vulneración manifiesta de Derechos Humanos que se dicen aceptados por tantos países pero que decaen al anteponerse, y en el campo de la sanidad en especial, intereses comerciales ajenos a las necesidades de vida, salud, nutrición y autonomía de la propia sociedad.

¿Cómo podemos desde la ciudadanía abordar esos retos y aportar algo positivo a un Pacto que signifique más igualdad entre las personas y mayor nivelación entre CCAA, y que ayude y promueva al mismo tiempo la salud –y la equidad económica y social tan necesaria para la misma— como la forma natural y humana de vivir? Desde “Dempeus per la salut pública” pensamos que un buen método puede consistir en hacer un sumatorio potente de las reivindicaciones “parciales” en salud, trascendiendo el horizonte natural de aquéllas que se agotan en el tiempo y el espacio si no se vinculan con luchas hermanas, con las que comparten el mismo ADN civilizatorio… pero que se quieren interesadamente separadas.

¿Qué podemos aportar desde Dempeus per la Salut Pública? No creo necesario decirles que entendemos la salud en un sentido positivo: una manera de vivir autónoma, plena, solidaria y armónica con uno o una misma, con el resto de las personas, con la tierra y todo el entorno. Pero dado lo ambicioso del desafío, nos centramos en tres objetivos fundamentales:

1. – La defensa del carácter público del sistema nacional de salud. En forma argumentada desde el rigor científico y el interés colectivo, la justicia social, la justicia política y la oportunidad del momento, defendiendo la universalidad y la calidad del sistema público de salud.

2. – Participación social, “empoderamiento” y co-decisión, incorporando el gran abanico de potencialidad de la sociedad civil organizada, organizaciones que trabajan en el día a día y grupos de ayuda. La salud, naturalmente pública por esencia y concepción, sólo puede serlo si incorpora estos agentes sociales sin preconceptos (…)

3. – Enfoque interdisciplinario y de calidad de las nuevas patologías emergentes, muchas de ellas relacionadas con la violentación química de la naturaleza y la violación psicológica de una manera de vivir en sociedad que enferma a las personas. Las mismas causas que provocan el cambio climático y hacen enfermar los campos y envenenan las aguas y el aire, crean también nuevas formas de enfermedades.

(…) Creo que hoy todo el mundo está advertido que hay enfermedades y servicios (carteras de servicios, los llaman) que se quieren privatizar… y se privatizan. Pero en cambio, poca gente es consciente de que hay enfermedades y servicios que han nacido “privatizados”. Les pondré un ejemplo: No es que en Catalunya no se entienda que se tiene que cumplir la Resolución derivada de una ILP para una mejor atención de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica que en su momento reunió más de 140.000 firmas de apoyo. No es que nadie niegue que dicha Resolución fue votada de manera unánime por todo el arco parlamentario (aunque no se cumpla), que nadie lo niega. Es que con el mandato parlamentario se ha puesto de relieve que llevamos el acuerdo político al centro mismo de la disputa entre sanidad pública y privada, y conseguimos que la política digna, humana, atenta con las necesidades de las personas con menos recursos disputaran y ganaran sobre el papel, en buena lid, a un granero de honorarios privados que se alimentan de unas enfermedades que el malestar de la civilización hizo emerger… cuando las políticas neoliberales en sanidad estaban afianzando su terreno a cambio de mayor desigualdad, abandono, riesgo, dolor y muerte. (…) El conflicto de intereses entre política y economía repercute en un conflicto ejemplar entre el incumplimiento del mandato parlamentario y las necesidades de una parte importante de la población, dañando la democracia.

Yendo y viniendo desde la sanidad a la salud, encontramos una constante: que la economía de las empresas pasa por delante de las necesidades y la salud de las personas. Desde la vertiente de salud alimentaria podríamos denunciar la política de tierra quemada y envenenada de Monsanto. Y desde enfermedades concretas como las que he mencionado podríamos dar también nombres de laboratorios y medicamentos que, diciendo ser un remedio, han llevado a muchas personas a la desesperación y al suicidio. Por eso nosotros no aceptamos que se pongan barreras entre la atención sanitaria, la formación del personal que trabaja en sanidad y la investigación. Y creemos necesaria además una amplia transversalidad social y de políticas, en el sentido en que fue invitado a actuar el M. de Sanidad por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS .

En la medida que “Dempeus per la Salut Pública” es una organización ciudadana que entiende y defiende cualquier ataque privatizador o amputador de la salud como un acto lesivo para la equidad y los derechos de las personas, nos pronunciamos por la nivelación al alza entre CC.AA en los servicios de sanidad por lo que a atención, formación e investigación se refiere. Insistimos, para evitar que se instrumentalice lo facilón de atizar bajas pasiones entre Comunidades (que significa enfrentamiento entre personas y en este caso, mucho peor, entre personas enfermas) la nivelación no debe ser de mínimos, sino de máximos, rescatando para el sector público todas las rapiñas, marañas, nebulosas o descarados actos de saqueo que se hayan cometido hasta la fecha, en grado diverso, en las distintas Comunidades. Y de manera especial exigimos que las nuevas enfermedades emergentes generadas en buena medida por nuestro desequilibrado y falso progreso y que detectan de manera especial las personas más sensibles y vulnerables, sean incluidas en todos los protocolos, catálogos, listas, carteras de servicios, unidades, especialidades, planes de investigación, innovación y desarrollo públicos, para que los derechos de ciudadanía no se detengan y desaparezcan, de repente y como por ensalmo, cuando una persona enferma de fibromialgia, del síndrome de fatiga crónica, de sensibilidad química múltiple… Sin embargo, estas y otras enfermedades tan maltratadas nos indican no sólo el mal camino de nuestro supuesto progreso económico, sino también las claras limitaciones de nuestras políticas y el desmesurado y opaco poder de un sector privado de la sanidad con el que sólo se llega a acuerdos a costa de un incremento de los costes económicos y sociales, mayor riesgo, y abandonar sin derecho a una atención de calidad y en el sector público de salud a las personas que más los necesitan.

Denunciamos, de manera especial, los “sofisticados” instrumentos que invitan a la privatización, como unas listas de espera absolutamente inhumanas en el sector público para la atención de determinadas enfermedades que tienen, además, el agravante de que –al ser aceptadas como “normales”—trivializan la enfermedad…

Por lo que a las CC.AA. se refiere, hay que procurar la nivelación de máximos en todas las políticas sociales, pero en especial en la sanidad, excluyendo en todas ellas cualquier tipo de RE-pago o incremento de co-pago. La financiación de la sanidad debe proceder de un sistema de impuestos progresivo, vía presupuestos, que de sentido colectivo y cívico a las políticas de salud.

Y es especialmente necesario que la ciudadanía participe activamente, aportando su visión, defendiendo sus intereses (que son los de la inmensa mayoría) y proponiendo señales de alerta, indicadores de mejora, transparencia y control de ejecución. En este sentido, insistimos en la urgente necesidad de una participación crítica y empoderada, no subordinada, dependiente ni obsequiosa con el poder establecido.”