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Piensa en la #sanidad cuando vayas a votar

imageEl consejo sirve tanto para los británicos que hoy acuden a las urnas como a la ciudadanía del Reino de España que debe pronunciarse en las elecciones municipales y autonómicas del día 24 de mayo. Los fieles discípulos de Thatcher en España han cometido tantos atropellos en la sanidad pública que el consejo tiene el mismo valor, y quizás la manera cómo han contaminado con corrupción y privatizaciones vergonzosas les estalle en la cara y ayude a echarles definitivamente al basurero de la historia. En el caso de Gran Bretaña lo cuenta la enviada especial de ElPais María R. Sahuquillo. Ya que los británicos han vivido dramáticamente el asalto al NHS por la gran estima que profesan a su sistema sanitario, el debate sobre su derrotero privatizador centra la campaña electoral. El resultado electoral lo sabremos esta misma noche, y con ello también el futuro que espera a la sanidad en el Reino Unido.

Cuenta Maria R. Sahuquillo que en Lewisham, uno de los barrios más deprimidos del sureste de Londres, apenas un par de carteles recuerdan unas elecciones clave. “Piensa en el NHS cuando vayas a votar”, dicen los letreros rojos, colocados junto a la frecuentada barbería africana, un lugar estratégico. Y en palabras de la periodista: “La petición —lema de una asociación local— se dirige al corazón de un electorado cuya principal preocupación es, según los sondeos, el Sistema Nacional de Salud (NHS por sus siglas en inglés). Una inquietud mayor, si cabe, en Lewisham. El distrito —con una de las tasas de paro más altas de Londres y con una importante comunidad inmigrante— vivió hace algo más de un año la amenaza de cierre de su hospital por una reestructuración de servicios.

La movilización ciudadana evitó la clausura, pero los vecinos, como Rebeca Tunner, que aguarda una cita de pediatría con su hijo de tres años, no se fían. “Para algo bueno que tenemos nos lo quieren quitar”, se queja la mujer, vestida con un chándal gris. Tiene 25 años pero aparenta al menos 10 más. Como ella, la mayoría de ciudadanos consideran el NHS —financiado con impuestos, gratuito y universal— una de las joyas de la corona. Tanto, que Nigel Lawson, ministro de Hacienda con Margaret Thatcher, bromeó con que la sanidad pública es “lo más parecido que un inglés tiene a una religión”.

Una religión a la que el envejecimiento de la población —que añade presión al sistema— y años de austeridad y ajustes de gasto han puesto en serios apuros. Pese a que el primer ministro David Cameron en su momento consideró al NHS “intocable”, desde su llegada al poder en 2010 se ha cerrado uno de cada cuatro centros de atención continuada, se han incrementado las listas de espera un 11% y recortado los sueldos de los trabajadores sanitarios hasta un 10%. Además, las cuentas no les salen a una cincuentena de distritos sanitarios, que están en números rojos; algunos con un déficit de más de 20 millones de libras (27,1 millones de euros).

Esa radiografía ha situado a la sanidad pública como tema clave de la campaña electoral. Los conservadores de Cameron, que dice que “salvaguardará” el sistema, han prometido una inyección de ocho millones de libras hasta 2020; y los laboristas de Ed Miliband, que insiste en que la coalición formada por tories y liberaldemócratas ha dejado el NHS en una situación precaria y al borde del colapso, hablan de destinar 2,5 millones al año, que se lograrían a través de nuevos impuestos. Todos prometen más recursos, más ágiles y de mejor calidad para la joya de la corona.

Sin embargo, más allá de promesas y cifras, el debate real, apunta Gonzalo Pozo, profesor de la King’s College London, es el cambio de modelo del NHS: el último gran bastión del contrato social imperante en Reino Unido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 2012, la coalición David Cameron-Nick Clegg emprendió una de las mayores reformas del sistema desde su creación. Para “atajar la burocracia”, derivó el control sanitario a comisiones del ámbito local y abrió las puertas a que empresas privadas que declaren “interés comunitario” puedan hacerse con la gestión de partes del NHS inglés. Irlanda del Norte, Escocia y Gales están en distinta situación ya que tienen la sanidad transferida.

La reforma ha convertido al sistema público de salud, o más bien a determinados servicios —desde centros enteros a la gestión de las guardias médicas o la atención a enfermos de cáncer—, en una inversión apetecible para ciertas empresas. Pero hay pedazos del pastel mucho más jugosos que otros, afirma Martin McKee, profesor de Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical de Londres. No es igual de rentable hacerse con la gestión de un centro de salud en el acomodado barrio de Chelsea que en Lewisham, con la esperanza de vida masculina más baja de Londres y un alto índice de problemas psicosociales. Y esta fragmentación, avisa la investigadora especialista en salud y desigualdad Helena Legido- Quigley, ahonda aún más en la brecha social de un país donde 2,3 millones de niños viven en riesgo de pobreza. Uno de ellos el chiquillo rubio, enorme y sonriente de Rebeca Tunner, que aún espera la consulta en Lewisham.

Por eso, algunos expertos temen que la reorganización y la fragmentación del sistema terminen con el espíritu del NHS, creado para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su renta, “from cradle to grave” (“desde la cuna hasta la tumba”). “El NHS transformó el país y muchos británicos se sienten profundamente orgullosos de él. Es por esto que el debate sobre su futuro es prioritario, porque de alguna forma también atañe a lo que significa ser británico en el siglo XXI, y a si esta identidad continuará incluyendo un firme compromiso con la solidaridad social y la redistribución económica”, sostiene el profesor Pozo.

Esta semana, Miliband, que ha hecho de la sanidad el asunto determinante en los últimos días de campaña, acusó a Cameron de querer avanzar en la reorganización del sistema que fomenta la concesión privada, pero los laboristas no proponen una vuelta atrás en la reorganización del sistema, algo que para algunos es complejo. La reestructuración del NHS no busca la privatización del sistema de manera explícita, pero formalmente apuntala los mecanismos administrativos que lo retiran de manera gradual de su control público.

En 2014, al menos un 6% del presupuesto del NHS fue a empresas privadas. Una de ellas era Circle, la primera en asumir el control total de un hospital inglés: el de Hinchingbrooke. En enero, tras tres años gestionando el centro y después de varios informes públicos que hablaban de irregularidades económicas y problemas en la calidad de la asistencia, ha puesto fin a su contrato de 10 años. Sus responsables afirman que el centro, orientado a la atención de enfermedades musculoesqueléticas, tiene demasiados pacientes y muy pocos fondos. Se han rendido. El centro ha vuelto a manos del NHS, que trata ahora de recoger los pedazos.”

 
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Publicat per a 7 Mai 2015 in Europa, Salut

 

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El proceso de privatización del Hospital Clínic de Barcelona

El proceso de privatización del Hospital Clínic de Barcelona: un largo concierto para sordos y ciegos

Plataforma Tancadaclínic
Visto en Rebelión

 

Mobilització al Clínic. Foto: Zé Moreira

Mobilització al Clínic. Foto: Zé Moreira

1. Introducción

El Hospital Clínic de Barcelona es el paradigma de lo que se ha venido llamando la “vía lenta” del proceso de privatización del sistema sanitario público en España (1), que, a diferencia de lo acaecido por ejemplo en la Comunidad de Madrid, donde se implementaron transformaciones de forma abrupta, es el modelo que se ha seguido en Catalunya desde hace más de treinta años. En el caso del Clínic, veremos cómo el solapamiento de una titularidad pública compartida y una gestión mixta con actividad parcial privada y la introducción paulatina de elementos de mercantilización en los ámbitos asistencial, de investigación y académico, han revestido al centro de la condición de “objeto deseado” del que sacar provecho económico y legitimidad profesional para acceder a las tan bien conocidas, a estas alturas, “puertas giratorias”. Es innegable que gozar del prestigio de haber sido el centro pionero en trasplantes, ser referencia en técnicas quirúrgicas no invasivas o el mejor centro hospitalario del estado en investigación biomédica, sin olvidar la asistencia a ciudadanos “ilustres” como Juan Carlos de Borbón o Esther Koplowitz, hacen del Clínic una mercancía fácilmente vendible y una tentación para todo empresario.

Todo ello será comentado con mayor detalle a lo largo de este artículo, pero antes conviene exponer sucintamente el desarrollo histórico del hospital para entender mejor cuáles han sido los hitos en su organización y gestión que explican las actuales circunstancias.

2. Cambios en la organización y titularidad del Hospital Clínic que han abocado a la situación actual.

La construcción del edificio cuya localización en el Ensanche de Barcelona ocupa hasta hoy el Clínic data de 1906, estuvo desde su inicio vinculado a la facultad de medicina de la Universitat de Barcelona, que sigue siendo propietaria del terreno y gran parte del patrimonio arquitectónico del hospital. Por aquel entonces era un hospital dedicado fundamentalmente a la atención de pacientes pobres, en el que los médicos no cobraban por su trabajo y la labor de enfermería era llevada a cabo por monjas. El Dr Valentí Carulla, abuelo del Dr Valentí Fuster, cardiólogo eminente y anterior presidente de la World Heart Federation, convenció a la administración contemporánea de invertir en recursos para optimizar el tratamiento de sus pacientes, logrando avances notorios. Durante la guerra civil, el servicio de urgencias del Clínic, a cargo del Dr Moisés Broggi, fue el único que permaneció abierto en Barcelona. La organización posterior del hospital correspondió a la estructura clásica en cátedras, centradas en grandes personalidades médicas, muy jerarquizadas y atomizadas. Ello no impidió que en el Clínic se llevaran a cabo por primera vez en España trasplantes de riñón, médula ósea y páncreas.

La vocación del hospital fue eminentemente asistencial hasta finales de los años setenta, cuando, tras una relativa apertura del sistema de contratación inducida por un intenso movimiento de protesta de los facultativos en 1971, tomaron las riendas Cristóbal Pera, Ciril Rozman y Miguel Asenjo, que agruparon servicios y crearon la figura del director técnico, enfatizando la “gestión clínica” del centro, que tanta importancia ha tenido en su devenir. Poco después, se introdujo la figura del director médico, que ocupó durante largos años Joan Rodés, a quien nombraremos más adelante. En esos años se creó el Comité de Delegados Médicos, que hasta día de hoy sigue siendo el único órgano sindical para los facultativos y cuya medida inicial fue establecer el convenio colectivo para los médicos. Asimismo, el sindicato creó los premios de fin de residencia y los años sabáticos dedicados a la investigación en centros extranjeros. Sólo a partir de los años ochenta, con la creación del Sistema Nacional de Salud y la Ley General de Sanidad, se inicia el proceso de profesionalización del personal de enfermería y su sindicación, así como el de otros colectivos de profesionales sanitarios. Se puede comprender fácilmente por qué hasta la fecha, la fragmentación entre compañeros ha sido la norma de la actividad laboral.

La reorientación del hospital hacia una vertiente investigadora se fue dando durante los años ochenta, teniendo como punto álgido la creación en 1989 de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, cuyo objetivo principal es forjar alianzas empresariales y conseguir financiación pública o privada para la investigación. La creación del Institut d’Investigacions Biomèdiques Pi i Sunyer (IDIBAPS) culmina el proceso de consolidación como centro investigador de referencia.

En cuanto a la actividad privada, en 1989 se creó CrioBarna, el precursor de Barnaclínic, que se constituyó en 2001. En 1994 inició su actividad la Transplant Services Foundation, fundación “sin ánimo de lucro” que, sin embargo, antes de que la Generalitat decretase su disolución y traspaso de funciones al Banc de Sang i Teixits (BST) en 2012, había facturado varios millones de euros a través de participaciones de Barnaclínic (2).

La titularidad del Clínic ha sufrido diversos cambios a lo largo de su historia, lo que, no obstante, no ha afectado a su carácter público hasta fechas recientes. Desde su fundación hasta 1952 el hospital se financió a partir de ingresos provenientes del Estado, la Diputación, el Ayuntamiento y la llamada “caridad privada”. Debido a su crecimiento, los gastos y con ello el déficit, aumentaron considerablemente. Por ese motivo, a principios de la década de los cincuenta un Decreto de la Presidencia del Gobierno aportaba una posible solución: transformar el Hospital Clínic en “Clínic i Provincial”, añadiendo a sus funciones de docencia, práctica e investigación las de beneficencia que debería haber ejercido un inexistente hospital provincial (3). En ese momento se creó una Junta de Patronato presidida por el gobernador civil de Barcelona y con el presidente de la Diputación y el rector de la Universidad como vocales, pasando a ser un rara avis entre las entidades de derecho público. En 1983 el Hospital Clínic devino en hospital concertado, pero con un concierto diferente (con tarifas y pagos mucho menores) que pretendía aprovechar el sistema de subvenciones, y se integró a la XHUP (Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública). Sin embargo, la deuda aumentaba y en ese momento empezó a funcionar la “sociovergencia” en el ámbito de la sanidad, aprovechando las transferencias en salud a Catalunya para poner las bases de la futura privatización. En la década de los noventa, el patronato estaba en manos de profesionales afines alPSC, quienes tuvieron que ponerse de acuerdo con CiU, ya gobernando la Generalitat, para poner en marcha el Plan de Actuación, que debía resolver la financiación del hospital y la definición del nuevo patronato, que incluiría ala Generalitat. Mientras tanto, la deuda del Clínic por el impago de cuotas al Estado estaba provisionada en las cuentas de éste como «no cobrable» (3). Las propuestas de solución del Plan de Actuación eran modificadas constantemente, en función del interlocutor de turno de la Generalitat. Tampoco se había llegado a un acuerdo entre las instituciones sobre el tipo de entidad (Consorcio, Fundación, etc.) y la composición del futuro Consejo de Administración del hospital. En 2003 el gobierno catalán avanzó en su proyecto de “Modelo Sanitario Catalán”, que pretendía el control directo de los hospitales concertados, introduciendo cargos políticos en sus órganos de gobierno. En 2009 finalizó el proceso de transferencias del Estado a la Generalitat, por lo que el primero “condonaba la deuda” que tenía el Clínic y dejó de formar parte del patronato, que quedó constituido teóricamente por representantes de la Generalitat, la Universitat de Barcelona y trabajadores del hospital. De facto, seguía formado por una camarilla de menos de 12 personas pertenecientes a la“aristocracia médica” del hospital y altos cargos políticos con evidentes conflictos de interés. Por aquel entonces, siendo el director general del Clínic Ramón Belenes (PSC), actualmente director de innovación de IDC Salud (antes Capio) tras su cese en 2011, se firmó una “alianza estratégica” con el Hospital Sagrat Cor, que poco después sería adquirido por la propia IDC Salud (4). En 2013 se trató de privatizar la gestión del hospital, atrayendo a capitales extranjeros y tomando como patronesa la John Hopkins University (EEUU) y al Karolinska Hospital de Estocolmo (5), pero el proceso se frenó debido a que la presión ciudadana forzó al Parlament, a pesar de que el Dr Antoni Trilla, director de calidad del hospital y también presidente del Consejo de Administración de la Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud de la Generalitat, consideraba que el proceso era transparente e intachable (sic). Actualmente está en marcha otro intento de privatización encubierta con el formato de consorcio público (regido por derecho privado).

3. La élite médica como palanca privatizadora.

Desde que a finales de los años setenta se abogó por la“gestión clínica”, es decir, poner el poder de decisión y planificación en manos de un grupo reducido de médicos, los esfuerzos por legitimar un modelo de financiación basado en la colaboración empresarial, introduciéndose de manera progresiva plataformas en manos de holdings y compañías farmacéuticas, se han multiplicado. El proceso de cambio organizativo se vio fuertemente impulsado en el año 1995 con el diseño e implantación del Proyecto Prisma, realizado en colaboración con una empresa consultora privada (Coopers & Lybrand) (6). Desde entonces, estas “cabezas visibles” se han pronunciado incansablemente en todos los foros a los que han podido acceder (7). Fomentan un modelo de asistencia altamente compleja, muy especializado, olvidando la prevención y la atención primaria y por tanto promoviendo las desigualdades en salud desde su concepción. Paradójicamente, el actual director general del hospital, Josep Maria Piqué, lleva años predicando que “ya no podemos pagarlo todo a todos, eso está claro” (8), como si se tratase de una verdad científica, no ideologizada, y obviando los estudios serios que demuestran que la sanidad privada no mejora los resultados clínicos ni la eficiencia, sino todo lo contrario (9-11). En Catalunya estamos a la espera de conocer los resultados del estudio impulsado por múltiples plataformas en defensa de la salud pública y coordinado por el profesor Joan Benach del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud (GREDS-EMCONET) acerca del impacto de las políticas de austeridad y privatización (12). No se esperan resultados alentadores para la salud pública.

Los conflictos de interés, las relaciones opacas y las puertas giratorias han sido la norma en todo momento desde que se adoptó el nuevo modelo de gestión. Un claro ejemplo es el de Ramón Belenes, citado más arriba, pero también podemos citar el de Joan Rodés, antiguo director general del Clínic, recientemente galardonado con la Medalla de Oro de la Generalitat, y a la sazón director del Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, que es a su vez Presidente Científico de la Fundación Pfizer, compañía farmacéutica que tuvo en el mercado fármacos para tratar la hepatitis C, y se vio involucrado en la quiebra de la fundación Instituto de Alta Tecnología del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, que tras ser presentada como modelo de éxito de la colaboración público-privada, en 2011 solicitó concurso de acreedores dejando un agujero superior a los cinco millones de euros. El peritaje judicial confirmó el trasvase de recursos de la fundación al holding privado CRC Corporación Sanitaria (13). Otro caso es el de Xavier Pomés, presidente del patronato del Clínic desde 2011 y a la vez presidente de la Fundación de Gestión del Hospital de Sant Pau y delegado de la Curia general de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu (14).

Estos altos cargos, con sueldos superiores a los 150.000 euros anuales (2), propugnan un modelo en el que la actividad privada en el seno de la pública (Barnaclínic), los “regalos” hechos por pacientes “benefactores” (como el Edificio Esther Koplowitz) o las colaboraciones “altruistas” (como la que se lleva a cabo en el centro de investigación de malaria en Mozambique a cargo de Pedro Alonso con la Bill & Melinda Gates Foundation y GlaxoSmithKline) son la única manera de compensar la supuesta ineficiencia del sistema público.

En las últimas semanas, el “caso Barnaclínic” ha captado el interés de los medios de comunicación, después de que, tras la demanda interpuesta por la patronal Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) en julio de 2014 (15), que acusaba a la Barnaclínic de competencia desleal, se aprobó con los votos a favor de todos los grupos excepto la abstención de CiU el cese cautelar de la actividad. Sin embargo, el conseller de Sanidad Boi Ruiz desoyó tal dictamen y limitó las medidas a una investigación por parte del Servicio Catalán de Salud (16). Desde entonces, el director general, Dr Piqué, se ha dedicado enérgicamente a desmentir que existan conflictos éticos por el uso simultáneo de recursos, espacios y personal, la asistencia a pacientes sin cartilla sanitaria mientras se les deniega a los que no pueden pagar o la priorización en las listas de espera, mientras repetía sin tregua que los beneficios de Barnaclínic revierten en su totalidad en la parte pública del hospital (17). Sin embargo, los datos desmienten tales afirmaciones. El informe de la sindicatura de Comptes sobre la actividad de Barnaclínic del año 2009 demostraba que el ente privado arrastraba una deuda para con la parte pública de más de 150.000 € (18) y recientemente se ha publicado que la deuda ascendía a más de 1.200.000 € a finales de 2013 (19). Por mucho que se esmeren los insignes investigadores en defender que Barnaclínic es el tipo de colaboración público-privada que nuestro país necesita para afrontarla crisis económica (20), la verdad es terca y se mantiene ahí, esperando a ser desvelada muy a pesar de sus intereses (en el caso del artículo citado, el último firmante ha sido director médico de Barnaclínic y es el jefe de medicina interna -¡y no declara conflictos de interés!-).

4. El imbricado proceso de austeridad-privatización.

La característica más resaltable del proceso privatizador de la sanidad en Catalunya es sin duda lo subrepticio de su implementación. Aunque en el último año se han acelerado los tempos para poder dejarlo “atado y bien atado”, sin que haya retorno posible, antes de las próximas elecciones autonómicas, en general las medidas privatizadoras se han aplicado mediante estrategias legales refinadas y aludiendo a la inevitabilidad de tales medidas debido a la crisis económica, cuando no a las “imposiciones del Gobierno central” (cabe recordar que los recortes en sanidad se iniciaron en Catalunya antes que en cualquier otro lugar del Estado español por iniciativa del ejecutivo de Artur Mas). La estrecha participación entre políticos, empresarios, gestores, juristas y medios de comunicación (sin ir más lejos, el pasado jueves 5 de marzo, la televisión pública catalana, TV3, emitió un debate sobre sanidad donde todos los invitados habían sido seleccionados para dar una visión unilateral: “se está haciendo lo correcto”) ha permitido que los acuerdos hayan pasado relativamente desapercibidos para la ciudadanía. Hasta que la gente ha empezado a sufrir las consecuencias en primera persona.

En el caso del Clínic, entre el 2011 y el día de hoy se han cerrado más del 10% de quirófanos y unas 150 camas, mientras no se renovaba el contrato a muchos profesionales y muchos otros se iban al extranjero. Mientras tanto, siguiendo con la “alianza estratégica” con IDC Salud se envía un mínimo de 11 pacientes diarios desde urgencias al Hospital Sagrat Cor, se destina a cirujanos (vasculares, cardíacos y traumatólogos, en su mayoría jóvenes que al manifestar su rechazo fueron “acallados” por el Comité de Delegados Médicos y amenazados con sanciones desde la Dirección Médica) a operar los pacientes que se habían quedado en lista de espera por el cierre de quirófanos en el Clínic a ese hospital y el Hospital General de Catalunya, también de IDC Salud. El proceso de transferencia de recursos y pacientes a hospitales del gigante monopolista ha recibido un espaldarazo con la aplicación del plan de Reordenación Asistencial y Territorial (RAT), que ha sido la herramienta perfecta para desproveer los hospitales concertados de la XHUP y nutrir opíparamente a los centros privados. El área de influencia del Clínic, que hasta su aplicación era de más de medio millón de habitantes, ha pasado a ser la mitad, repartiéndose entre el Sagrat Cor y el Hospital Platón, ambos privados, la otra mitad. El Clínic sigue siendo referencia para asistencia de alta complejidad (evidentemente más cara), que incluye los reingresos de los pacientes que se complican tras las altas precoces en los otros dos centros, la derivación desde estos centros de pacientes a los que se les termina la cobertura privada o la hospitalización a domicilio de los pacientes que ya han sido “rentabilizados” en ingresos cortos en dichos hospitales. Hay quien dice que nos estamos aproximando al modelo norteamericano de sanidad, pero es peor: en este caso el negocio es redondo y éticamente mucho más reprobable, dado que el estado es el principal cliente de los centros privados, pagando más por cama/día o procedimiento de lo que pagaría manteniendo los recursos públicos. El RAT está conllevando a su vez que miles de pacientes pierdan sus especialistas y sean remitidos a atención primaria, donde en muchos casos no reciben la atención adecuada por falta de tiempo y de medios; que otros muchos sean derivados a centros privados para completar programas de fisioterapia y rehabilitación, para poder operarse sin esperar una infinidad de meses, etc. Ello es posible, evidentemente, porque los que toman las decisiones en la administración pública tienen claros intereses en el lucro privado. IDC Salud facturó más de un 100% más a la Generalitat de 2012 a 2013 (más de 127 millones de euros).

5. Mecanismos de silenciamiento y atomización de los trabajadores del Clínic.

Se ha explicado más arriba que las peculiaridades sindicales y de gestión han otorgado al estamento médico un papel preponderante en el Hospital Clínic. Sin embargo, debe aclararse que aproximadamente la mitad de los médicos del centro están en un evidente estado de precariedad laboral, sin capacidad de participación ni decisión en los órganos de dirección. La tasa de renovación de plantilla en los últimos treinta años es menor del 5% anual, lo que lleva a una situación en la que los médicos más mayores o bien comulgan con la dirección o bien llevan tanto tiempo callando que no dejan de hacerlo ahora. Una encuesta de 2007 revelaba que un porcentaje muy bajo de los trabajadores jóvenes se sentían de acuerdo con la dirección institucional, mientras el grado de aquiescencia en la franja etaria superior era mucho más elevada (6). Ello significa, claro está, que la renovación entre los jóvenes es elevadísima: premios de fin de residencia (dos pagos separados por seis meses sin cotización ni cobertura legal que fuerza a los especialistas recién terminados a solicitar el subsidio por desempleo), contratos temporales, guardias sueltas, turnos alternos. Sólo los temerosos y los complacientes se quedan (no es inhabitual que tanto entre el personal médico como en enfermería haya trabajadoras sin contrato fijo después de más de 15 años de trabajo en la institución). Además, tanto por las características organizativas como por una ley no escrita institucional, se ha alimentado la separación y confrontación entre todos los profesionales sanitarios, generando una auténtica guerra de clases endogámica: médicos vs. enfermeras; enfermeras vs. auxiliares o camilleros; médicos de staff vs. médicos precarios, etc. El ejemplo más reciente es la intención de constituir una especie de consejo de sabios, el grupo de conocimiento clínico, que en boca de sus ideólogos, tiene la vocación de“retener el talento” (como los pluses de Barnaclínic), pero que en realidad está formado por los mismas personas que actualmente están en la esfera de la junta del patronato, con la excepción de la directora de enfermería, y será el núcleo directivo del nuevo consorcio.

La consecuencia de todo ello es que los grados de insatisfacción y malestar laboral son muy elevados en el que es en teoría uno de los mejores hospitales de Europa y a la vez la reivindicación y organización frente al proceso de privatización del hospital entre los trabajadores es prácticamente inexistente porque el miedo y los intereses los paralizan. Aun así, los artífices de la privatización del Clínic se olvidan de que la calidad del centro depende de sus trabajadores, que no han gozado nunca de las condiciones de sus colegas europeos. Llegará el momento en que ni trabajadores ni ciudadanos tolerarán más este hospital, pues su calidad ya cae en picado, y entonces ningún maquillaje será suficiente para mantener su imagen.

Bibliografía:

1. M. Sánchez Bayle. Observatorio de Salud 2: “La sanidad en la encrucijada”. Mientrastanto. 2012. http://www.upf.edu/greds-emconet/_pdf/observatoriosalud2.pdf

2. A. Quintà. Sous i organització al·lucinants en el Clínic. Crònica global, 21 de octubre 2013. http://www.cronicaglobal.com/ca/notices/2013/10/sous-i-organitzacio-al-lucinants-en-el-clinic-1636.php

3. J. Grau. La privatización del Clínic. The economy Journal, 16 de Noviembre 2012. http://www.theeconomyjournal.com/es/notices/2012/11/la-privatizacion-del-clinic-66565.php

4. J. Mumbrú. La CUP denuncia la privatització oculta del Clínic des del 2009. El diario.es, 1 de octubre 2013. http://www.eldiario.es/catalunyaplural/politica/CUP-privatitzacio-lHospital-Clinic-beneficiada_0_181282043.html

5. A. Quintà. Aceleración de la privatización del Clínic. El Debat, 18 de enero 2013. http://www.eldebat.cat/cat/notices/2013/01/acceleracio_de_la_privatitzacio_del_clinic_105177.php

6. Informe de Investigación de la Universitat Oberta de Catalunya. Modernització tecnològica, Calvi organitzatiu i servei als usuaris en el sistema de salut de Catalunya. 2007. http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/pdf/pic_salut_volum2.pdf

7. J. Rodés, D. Font, A. Trilla, JM. Piqué y Ramon Gomis. El futuro de la gestión clínica como consecuencia del progreso cientifico técnico en biomedicina. MedClin (Barc). 2008;130:553-6.

8. Ana Macpherson. Entrevista a Josep Maria Piqué. La Vanguardia, 31 de diciembre 2011.vanguardia.com/salud/20111231/54243496116/josep-maria-pique-muchos-hospitales-siguen-organizados-como-en-los-anos-50-no-han-evolucionado.html

9. S. Basu, J. Andrews, S. Kishore, R. Panjabi, D. Stuckler. Comparative performance of private and public healthcare systems in low- and middle- incomecountries: a systematic review. PLoS Med. 2012;9:e1001244.

10. C. Quercioli, G. Messina, S. Basu, M. McKee, N. Nante, D. Stuckler. The effect of health care delivery privatisation on avoidable mortality: longitudinal cross-regional results from Italy, 1993-2003. J Epidemiol Community Health. 2013;67:132-8.

11. L. King, P. Hamm, D. Stuckler. Rapid large-scale privatizationand death rates in ex-communist countries: an analysis of stress-related andhealth system mechanisms. Int J Health Serv. 2009;39:461-89.

12. http://www.verkami.com/projects/6945-privatitzant-la-sanitat-impacte-a-la-salut-de-la-privatitzacio-de-la-sanitat-a-catalunya

13. B. Benítez. El Gobierno encarga el plan sobre la Hepatitis C a un doctor vinculado a la farmacéutica Pfizer. La Marea, 10 de enero 2015. http://www.lamarea.com/2015/01/10/el-gobierno-encarga-el-plan-sobre-la-hepatitis-c-un-doctor-vinculado-la-farmaceutica-pfizer/

14. Grup de Defensa de la Sanitat Pública 15M-Barcelona. La privatización del Hospital Clínic de Barcelona: ¿un nuevo escándalo sanitario? Mientrastanto, 12 de octubre 2012. http://www.mientrastanto.org/boletin-107/notas/la-privatizacion-del-hospital-clinic-de-barcelona-un-nuevo-escandalo-sanitario#sthash.wBsK4myu.dpuf

15. J. Mouzo. Una patronal de salud demanda a Barnaclínic por competencia desleal. El Pais, 30 de julio 2014. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/29/catalunya/1406667382_720751.html

16. J. Mouzo. ElParlament insta a inspeccionar la actividad de Barnaclínic. El Pais, 13 de febrero 2015. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/02/12/catalunya/1423766101_502614.html?rel=rosEP

17. http://www.sicom.cat/blog/josep-maria-pique-dtor-general-hospital-clinic-sobre-les-activitats-privades-de-barnaclinic/

18. http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/17_12_ca.pdf

19. http://archivo.elperiodico.com/ed/20150228/especiales/pag_006.html

20. X. Bosch, P. Moreno, A. López-Soto. The painful effects of the financial crisis on Spanish health care. Int J Health Serv. 2014;44:25-51.

 
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Publicat per a 27 Març 2015 in Salut, Serveis Públics

 

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La Economía de la Salud y la mala salud de la Economía

imageEntre los hechos más relevantes experimentados por las ciencias sociales en los últimos años destaca sin duda el hecho de que la teoría económica -en especial en su vertiente neoclásica- haya conseguido tomar posiciones destacadas en las llamadas ciencias de la salud. En cierto sentido, la vinculación entre Economía y Salud se explica, desde la vertiente teórica, por el hecho de que la ES sería una de las últimas ramas surgidas de la Economía del Bienestar fundada por Arthur Cécil Pigou [1] quien desde principios del siglo XX sostuvo que el Estado debía intervenir en la economía para mejorar las condiciones de vida ya que los mercados sufren “fallos” que impiden su funcionamiento eficiente, sin que los ciudadanos por sí solos puedan tomar individualmente las decisiones que más podrían beneficiarles.

Así, la ES tendría como objetivo suministrar elementos de análisis y valoración para la toma de decisiones tanto a los gobernantes como a los profesionales del sector, y para ello debería utilizar los criterios económicos básicos de eficiencia y equidad que rigen en Economía en la asignación de recursos. Sin embargo, el proceso no ha sido tanto un proceso natural de ósmosis (como puede acontecer en el acercamiento entre otras disciplinas científicas) sino un conflicto en la fundamentación del propio paradigma puesto que su aceptación difícilmente puede ser aplicada, sin tensiones, a las ciencias de la salud.

Si, como declaran los manuales de la disciplina, el verdadero fin de la ES es el de alcanzar el máximo nivel de salud para la población, habría que priorizar las necesidades vitales y la autonomía de las personas y extenderlo a la directriz de la OMS de “salud en todas las políticas”. Pero ello implicaría necesariamente un cambio en las prioridades, conceptos y valoraciones que actualmente rigen en Economía. En este sentido, la consideración de los fondos destinados a salud como “inversión” y no como “gasto”, como normalmente sucede, podría ser ya un buen inicio.

De manera parecida, otro escollo importante a la hora de conjugar en armonía ciencias de la salud y economía tiene que ver con el papel determinante que otras “restricciones” desempeñan en ambas disciplinas. Por ejemplo, en la aplicación de la visión microeconómica a la salud, se quieren considerar como determinantes los precios (aunque sean de monopolio privado) y los costes empresariales, en tanto que no puede entenderse la ES sin que se rija por los costes y beneficios sociales de su actuación. Y no se trata de una observación gratuita, puesto que, de lo contrario, se aplican a la sanidad características más propias de la contabilidad de cualquier empresa mercantil, mientras se le niegan sus valores sociales.

Según los manuales, los motivos para el desarrollo de la ES en las últimas décadas se deben al crecimiento de los gastos sanitarios, tanto en volumen como en ritmo, pero también a la universalización (cada vez más tensionada y menos cierta) del acceso de toda la población a la sanidad, en especial cuando a partir de la II Guerra Mundial diversos gobiernos europeos comenzaron a tener una amplia participación en la provisión de servicios sanitarios: con ello se abre el debate político sobre los costes y beneficios sociales de un sector público de salud frente a un sector privado basado en el beneficio como asignador de recursos integrales del Sistema de Salud. Si a ambos extremos sumamos que los progresos en la atención sanitaria (en especial en la vertiente tecnológica y hospitalaria) han crecido en tanta o mayor proporción que sus costes, y que una de las normas de la economía neoliberal se basa en el dogma de contención del gasto público, ya podemos entender por qué la irrupción del análisis económico en el mundo de la salud ha creado malestar y una larga serie de conflictos que se pueden resumir en el economicismo sanitario en una sociedad cada vez más medicamentalizada.

De esta forma la ES se fragmenta en dos ópticas contrapuestas. Si queremos ir más allá de la aplicación de principios básicos de gestión económica, por ejemplo, valorando la relación entre las condiciones de salud de una determinada población en relación con sus determinantes sociales y económicos, o la esperanza de vida con los niveles de renta de cada sector de la población, o el acceso a los servicios sanitarios en función del segmento de clase al que se pertenece, debemos acudir a especialistas y textos que no son precisamente los más difundidos ni citados en las Altas Escuelas de Negocios donde se imparten los postgrados o máster en ES. En estas instituciones, en cambio, sí se priorizan los estudios sobre el llamado “mercado de la salud” y la actuación (privatizadora) sobre los “precios”, la creación de incentivos a los profesionales (en dar menos bajas y más altas médicas, por ejemplo) o pedir menos pruebas o teledirigir los medicamentos que se recetan. También se concede prioridad a los llamados “desincentivos” al paciente con, por ejemplo, la imposición de los llamados “copagos” y que equivalen, de hecho, a REpagos, evitando cualquier consideración sobre los desiguales efectos de su impacto entre los diferentes segmentos sociales. O las desesperantes listas de espera de la sanidad pública.

Economía de la Salud en perspectiva

Diversos estudios realizados desde el siglo XX por parte de distintos economistas coinciden en demostrar que una población que viva en las mejores condiciones de salud puede considerarse, de hecho, un impulso fundamental para el crecimiento económico. Y lo mismo puede aplicarse, de manera destacada, para la salud de las mujeres. Así, analizan los problemas de las epidemias que diezmaban la población de Europa y valoran en positivo que las autoridades públicas intervinieran para prevenir, diagnosticar y tratar cada vez más enfermedades, con lo que se conseguía aumentar la esperanza de vida de las personas y mejorar sus condiciones para el trabajo físico e intelectual. De hecho, en Catalunya tenemos un ejemplo inmejorable con los registros de los médicos higienistas en el proceso de industrialización[2].

Aportaciones modernas destacadas las encontramos en la economía neoclásica, en el economista norteamericano Alfred Marshall por ejemplo, que relaciona salud y con “fortaleza física, espiritual y moral” con riqueza social, al tiempo que afirma que una buena administración de la riqueza material “aumenta la salud y la fortaleza física, espiritual y moral del género humano”. y Posteriormente, el también economista sueco, Gunnar Myrdal, argumentaba entre otras cuestiones que la inversión en salud ofrece grandes dividendos en lo que denomina “capital humano”. Todos coinciden en que invertir en salud supone beneficios económicos por la disminución de la morbilidad y mortalidad de la población, y concluyen que los programas de salud deberían estar integrados en el desarrollo económico general. Por parte de los organismos internacionales, la estrecha relación entre economía y salud se abordó en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria efectuada en Alma Ata en 1978, y posteriormente tanto la OMS como el Banco Mundial relacionaron las mejoras en salud con incrementos de productividad y desarrollo.

Salud pública en tiempos de crisis

Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial de la Salud, en una Intervención [3] ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2008, afirmó que el sector de la salud no tenía ni voz ni voto cuando se formularon las políticas que han estado en el origen de la crisis económica. Y, sin embargo, estaba sufriendo la mayor parte de sus consecuencias. Chan citó el Informe anual sobre la salud en el mundo del 2008 donde se evalúa críticamente la manera de organizar, financiar y aplicar la atención de salud en los países ricos y pobres en todo el mundo, con sus fracasos y deficiencias traducidos en una situación sanitaria peligrosamente inestable y falta de equidad. Refirió que las diferencias de esperanza de vida entre los países más ricos y los más pobres superaban los 40 años, y que, de los 136 millones de mujeres que se estima dieron a luz aquel año, unos 58 millones no recibieron ningún tipo de asistencia médica durante el parto, con el consiguiente peligro para su vida y la de sus hijos. Pero a los efectos que incumben la ES, señaló que la fórmula de cubrir más de la mitad de todo el gasto sanitario con pagos directos por parte de 5600 millones de habitantes de países de ingresos bajos y medios es muy ineficiente, ya que “cuando se ve obligada a pagar para recibir atención, la gente tiende a esperar hasta que el problema está tan avanzado que el tratamiento resulta difícil, si no imposible, y los costes son mucho mayores”.

Así, la amarga paradoja de nuestro tiempo sería que, en un momento en que la comunidad internacional declara apoyar la salud como un determinante clave del progreso económico y una ruta a seguir para reducir la pobreza, los costes de la atención de salud, cuando los Estados no han asumido su gestión a través de un sistema progresivo de impuestos, hunden cada año a más de 100 millones de personas en la ruina, o por debajo del umbral de pobreza. En este sentido, la Comisión OMS sobre Determinantes Sociales de la Salud publicó su informe retando a los gobiernos a que hagan de la equidad un objetivo político explícito en todos los sectores, ya que son las decisiones políticas las que determinan en última instancia cómo se gestiona la economía, cómo se estructura la sociedad y si los grupos vulnerables y desvalidos reciben protección social. Las diferencias en materia de resultados sanitarios no son una fatalidad, sino los marcadores del fracaso de las políticas.

La (mala) Salud de la Economía

Las ciencias de la salud están sufriendo un proceso colonización, invadidas y parasitadas por aquel tipo de economía que –parafraseando a José Luis Sampedro- se dedica a que los ricos sean más ricos en lugar de que los pobres sean menos pobres. Y el proceso avanza con tanta rapidez que no nos da tiempo a reflexionar. Si lo hiciéramos, quizá sería más fuerte la sensación de que repetimos, con torpeza, la experiencia Argentina de los 90, y el drama-fraude de Grecia más reciente, y la voladura (espero que incontrolada, como lo fue de Islandia) de Portugal. Y en lo que a la sanidad se refiere, el luctuoso proceso de privatizaciones del NHS inglés.

El procedimiento que enfermó la economía es similar al que se contagia ahora a la ES: debilita o extirpa sus lazos con la población (que les dieron origen y sentido) barriendo todo vestigio visible de acción política entendida como acto consciente y colectivo que busca el bien común. Así, el funcionamiento de los mercados y de los procesos de producción, distribución y consumo parecerán responder a un automatismo en el que no se debe intervenir (a pesar de sus letales fracasos) siempre y cuando la privatización, las concesiones o los contratos aseguren beneficios privados con dinero público. El proceso de alienación acaba cuando los servicios de salud se aceptan como una mercancía más de las que los mercados ofrecen.

La economía “científica” del siglo XX desplazó a la población y a sus necesidades del centro de sus políticas, y engendró el “homo economicus” que no sabe lo que es la solidaridad, ni le preocupa el medio ambiente ni las repercusiones sociales de sus actos. Encarna la deshumanización necesaria para que el pensamiento único de la teoría económica se acompañe de la “única” política económica posible (en estos momentos, la de la falsa “austeridad”) y el “único” procedimiento adecuado para la formación de dichas políticas (una supuesta representación parlamentaria que hace aguas por todos sus poros mientras la troika y los lobbies económicos dictan las leyes).

Pero la realidad es muy tozuda, y cuando las personas llegaron a convencerse que podían sobrevivir (que no convivir) bajo la horma de “homo economicus”, su desvarío les enferma. La alienación del engendro provoca, en especial en tiempos de crisis, problemas de salud mental. La creciente desigualdad que el modelo estimula hace rebrotar enfermedades que se creían erradicadas, e incluso surgen nuevas enfermedades (que en algunos casos ni siquiera se reconocen como tales) por los efectos más indeseados de un progreso anti-humano. Pero siempre puede surgir una solución más perversa: y así, la nueva propuesta consiste en convertir las ciencias de la salud en una fase más de la robótica y la ingeniería financiera. Los grandes hospitales, supertecnificados y a poder ser privatizados, son grandes consumidores de los presupuestos de la sanidad pública…. Y pueden esconder tanta corrupción como poco transparente sean sus procedimientos.

Por tanto, parece tarea urgente que se rescaten y custodien para las ciencias de la salud unos valores que pongan la equidad en primer término, y la ética y la vocación de servicio como normas insalvables. Tampoco es tan difícil porque en muchos casos las normas se proponen con carácter internacional y han sido aprobadas en diferentes organismos y asambleas mundiales. Por ejemplo, la declaración de Ginebra o el Código Internacional de Ética Médica, el Código Internacional de las Enfermeras, los Principios de Ética Médica aplicables a personal de la salud en la protección de personas presas, detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o denigrantes, el Código Internacional de Ética de la Investigación (Código de Nurenberg) y la Declaración de Helsinki (I y II).

Paralelamente, las Conferencias y Declaraciones que tratan de la salud a nivel mundial dan también luz sobre los valores que convendría no olvidar. Desde Dempeus per la Salut Pública sentimos especial predilección por la declaración de la salud de los pueblos de Bangladesh del año 2000, que afirma que: “La salud es un tema social, económico, político y sobretodo es un derecho humano fundamental”.

En este sentido, insistimos como líneas básicas de actuación en:
1) La desmercantilización tajante de la sanidad pública, la denuncia del sistema mixto público-privado como auténtica estafa, y el convencimiento de que la salud como tal, siempre es pública.
2) Des-bio-medicalizar la salud proponiendo avances en la educación, investigación, prevención y atención de la salud integrando lo biológico, lo psicológico y lo social, y poniendo especial énfasis a las desigualdades causadas por los determinantes de salud. Potenciar la equidad en salud supone también construir una sociedad más justa.
3) Democratizar la salud pública y la atención sanitaria con la participación activa, cotidiana, constante y empoderada de la población.

Àngels Martinez Castells

NOTAS:
[1] Arthur Cécil Pigou: Sus primeras teorías al respecto se encuentran en Riqueza y bienestar (19º2) que posteriormente desarrolló en La Economía del Bienestar (1920)
[2] Quien mejor lo supo expresar fue el médico higienista Pedro Felipe Monlau con el trabajo Abajo las murallas! (1841). En una visión que contiene elementos de salud pública tal como hoy los podemos entender, explica las ventajas de derribar los seis kilómetros de murallas medievales que ahogaban en 2 millones de metros cuadrados una población que había pasado de 115.000 personas en 1802 a 187.000 en 1850 . Donde las nuevas industrias disputaban el suelo en los cuarteles, los conventos y las iglesias, no quedaba espacio para las personas. Aún así, hay que esperar el Bienio Liberal, el estallido de la primera Huelga General en Cataluña de 1854 contra las “selfactinas” que duró 9 días, y los estragos de una epidemia de cólera mató a 9000 personas, para que finalmente se empezaran a derribar las murallas.
[3] http://www.who.int/dg/speeches/2008/20081024/es/

 

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Sanidad pública vs. Dictadura sanitaria

imageEn Catalunya, aproximadamente el 30% de los presupuestos de la Generalitat se destinaba a la sanidad. Hasta los presupuestos de 2012, no existe otra partida mayor. Pero la administración final de este presupuesto público —que se origina en los impuestos recaudados a la ciudadanía— depende en gran medida de un complejo sistema llamado mixto, que nos pretende vender la colaboración del sector público de sanidad con el privado a través de los “conciertos”. Sin embargo, lo importante es quién lleva la iniciativa en este proceso y, especialmente, darnos cuenta de que este sistema que nos dicen que es el “tradicional” de Catalunya es muy poco neutral y equitativo. El subsidiario de la sanidad pública no es el sector privado, sino todo lo contrario.

La adjudicación a dedo y de modo oscuro de contratos a fundaciones, agencias y otras formas que se rigen por el derecho privado y de difícil seguimiento es una auténtica embestida de la sanidad privada contra la sanidad pública —hasta ahora puntera en todo el mundo—, no sólo en calidad, investigación y atención a las personas enfermas, sino también como culminación de un derecho universal a la sanidad que nos situaba en el primer nivel de la civilización y del cumplimiento de los derechos humanos.

Hoy, cuando se pretende reducir el debate la sanidad pública vs la sanidad privada es necesario decir alto y claro que de lo que estamos hablando no es sólo de quién gestiona el dinero público, sino de los intereses que se sirven con esta gestión. Dicho de otro modo, cuando hablamos de sanidad privada tendríamos que hablar de aquel sector que, con sus propios medios, y buscando su máximo beneficio, se dedica a la atención de las personas enfermas, que acuden a ella de forma voluntaria, a través de un precio. Y cuando hablamos de sanidad pública, tendríamos que entender aquel sector sanitario de accesibilidad universal que desde su función sirve al bien común, responde a unos valores democráticos, que busca el máximo beneficio social, y que, por lo tanto, más valdría no enturbiar ni confundir, sino preservar y defender… —todo lo contrario de lo que está sucediendo. Porque, de hecho, de lo que estamos hablando es de que, con consejerías de salud como la de Boi Ruiz, se le fomenta a la sanidad —y de manera descarada— la gestión privada de dinero público.

Nadie nos ha preguntado a los ciudadanos y a las ciudadanas si estamos de acuerdo con ceder el control del 30% del presupuesto —de alguna manera equiparable al 30% de la soberanía— a empresas que tienen como objetivo único y prioritario ganar dinero. Si no estamos dispuestos a permitir que un dictador decida autocráticamente qué se hace con el dinero de todos, ¿por qué deberíamos permitir que empresas sin ningún control ciudadano gestionen el 30% de los recursos de todos los ciudadanos?

imageHoy, cuando en Catalunya hace ya demasiados años que estamos con el tira y afloja sobre el futuro de nuestra sanidad —y nos hemos movilizado contra los cierres de los servicios continuados de urgencias, los REpagos indignos, la tasa de la vergüenza de un euro por medicamento—, es necesario reenfocar el debate y decir claramente que la dicotomía no es sanidad privada vs sanidad pública. Sin olvidar que los determinantes sociales de la salud son fundamentales —como lo son también las causas que los originan—, el debate es el de sanidad pública vs dictadura sanitaria, entendiendo este último concepto como la incapacidad del pueblo de ejercer su soberanía en la gestión de su sanidad. Una incapacidad especialmente manifiesta cuando los servicios —y los presupuestos— sanitarios son gestionados de forma privada.

Desde este marco de debate, y asumiendo los discursos de las fuerzas antagónicas en juego, podemos sintetizar los posicionamientos alrededor de la gestión sanitaria del presupuesto sanitario público del siguiente modo:
Público: (universal, de accesibilidad garantizada, no excluyente)
1 / Participación ciudadana.
2 / Orientación al servicio.
3 / Control democrático.

Privado: (excluyente por precio)
1 / Gestión profesionalizada.
2 / Orientación al beneficio.
3 / Consejos de administración.

Participación ciudadana vs gestión profesionalizada

Gestionar un sistema sanitario es una tarea compleja. Es un sistema que mueve un enorme volumen de dinero; que, a la vez, está integrado por multitud de subsistemas; que requiere un despliegue logístico extraordinario, y que debe afrontar una cantidad de demandas casi infinitas y multiformes. Y lo que es más importante: el sistema no puede fallar. Gestionar un sistema sanitario requiere pericia y conocimientos técnicos. Por lo tanto, no resulta extraño que en los últimos años hayan proliferado en nuestro país todo tipo de cursos, seminarios y másteres sobre gestión sanitaria. Teniendo en cuenta la complejidad del sistema, tendría que ser una muy buena noticia que esta gestión esté en manos de profesionales bien formados. Pero ¿es esto así, en la realidad? ¿Tenemos verdaderamente motivos para estar confiados y tranquilos?

La parte más preocupante del caso es que esta profesionalización ha creado una élite de expertos que se comportan como ‘tecnócratas sanitarios’ que presentan sus tesis como si procedieran de más allá del bien y del mal, de un modo muy similar a lo que sucede en materia económica. Pero en realidad, tras las palabras eficiencia y gestión —que pretenden ser tan neutrales y asépticas— se esconden criterios mercantilistas de claro sesgo de clase, que están expulsando de la sanidad a las personas más débiles y desfavorecidas. Hablamos de las personas inmigradas, pero también de las que sufren enfermedades crónicas, complicadas o muy caras de atender y que, además, ahora tienen niveles de renta, condiciones de vida o trabajo muy precarios. Y hablamos también de sesgo de género, en la medida en que las responsabilidades de atención que el sector público abandona recaen de nuevo, en gran medida, en las mujeres.

En cambio, los cuadros más altos de esta élite que sale de las altas escuelas de administración suelen tener un marcado perfil ideológico que se pretende neutral. Dos ejemplos en Catalunya son ESADE e IESE, inequívocamente alineados con posicionamientos neoliberales. Así, la pericia en aspectos técnicos va siempre bien acompañada de posicionamientos claramente liberales, como el ataque constante a la intervención del Estado (en un doble lenguaje engañoso, ya que son los primeros en saber cómo beneficiarse de las ayudas, subvenciones y contratos del Estado), la reiterada petición de la abolición de los procesos de fiscalización gubernamentales y la relajación de los marcos reguladores del sector.

Para acabar de redondear la situación de privilegio de estos expertos, se ha relegado a la ciudadanía y a sus representantes al mero papel de oyentes de sus lecciones. Enredándonos en palabras, jugando de forma interesada con los conceptos, arrugan la nariz y miran por encima del hombro al común de los mortales. Nos quieren hacer creer que lo que ellos hacen es demasiado complicado y demasiado importante para que la gente que paga impuestos (y paga, por lo tanto, su trabajo) pueda opinar…

Como hemos dicho antes, teniendo en cuenta la complejidad de gestión que representa un sistema sanitario, la idea de que éste sea gestionado de manera profesional tendría que ser una muy buena noticia. Pero lamentablemente no es así. Los expertos pueden haber hecho másteres carísimos y disponer de herramientas de gestión de última generación, pero hay que ver cuál es el objetivo de su trabajo: ¿una mejor atención?, ¿una mejora en la calidad del servicio al enfermo?, ¿un ahorro en el gasto que repercuta en la ampliación de la cartera de servicios? Por desgracia, la evidencia demuestra que muy raramente es así; en general, son parásitos que piratean al sector público.

Durante los últimos 30 años, la “tecnocracia sanitaria” no ha parado de ganar terreno en el mundo entero. Lo que ha sucedido en la sanidad catalana y en la británica son dos ejemplos de cómo esta supuesta élite de gestión ha tenido unos intereses muy diferentes a los de los ciudadanos que financian el sistema. En algunas ocasiones, ha podido conseguir ahorros económicos, pero no se ha parado a valorar el coste social —pagado en términos de exclusión—, de salud e incluso de vidas de estos ahorros. Mientras tanto, la ciudadanía ha ido quedando relegada al lugar de espectador-consumidor.

Orientación al servicio vs orientación al beneficio

Imaginemos que el equipo gestor de un hospital consigue, gracias a sus conocimientos, ahorrar un millón de euros mediante un nuevo modo de gestionar, por ejemplo, los residuos hospitalarios. Teniendo en cuenta que este hospital se financia con dinero público, el ahorro de este millón de euros podría ser una muy buena noticia para el ciudadano y la ciudadana que pagan sus impuestos. Pero lo que tenemos que hacer acto seguido es mirar adónde va a parar este millón de euros ahorrado por los gestores. Si se trata de un hospital público gestionado por una empresa privada (a la que pagan una cantidad fija anual para atender a la población de referencia), este millón de euros ahorrado va a parar a la cuenta de resultados de la compañía. Si es un hospital concertado de Catalunya gestionado por una entidad “sin ánimo de lucro”, este millón de euros ahorrado no se devolverá a la Generalitat en un sobre que diga «Nos ha sobrado esto, no lo necesitamos. Gracias.», sino que este millón de euros que se ha ahorrado en el proceso de gestión de residuos irá a parar a otro capítulo de ahorro de ese hospital, y no siempre a favor de la gente enferma a la que atiende. Es más que probable que el abanico de salarios se abra de manera que los sueldos y ventajas del personal de dirección se incrementen, mientras que la gente que realiza los trabajos menos cualificados —pero absolutamente necesarios— ve cómo disminuyen sus salarios, se congelan las plantillas o, incluso, pasan a subcontratación, perdiéndose antigüedades y otros derechos adquiridos.

En ninguna de estas dos opciones existe nada ilegal, pero nos podemos hacer la pregunta de si no hay mucho de ilegítimo. En cualquier caso, es la base del sistema que nos presentan como el único posible y que, sólo por el hecho de ser el que es, consigue siempre mejores resultados que la gestión pública, cooperativa o social. En el caso del hospital privado se asume la búsqueda de beneficio empresarial, y en el caso del hospital concertado catalán, una total autonomía de gestión: hasta el punto de no tener que dar cuentas de nada al municipio (en caso de que se trate de un ente municipalizado), ni al Parlament, ni incluso —difícilmente—, al Síndic de Comptes (ved el caso de Ramon Bagó). Y no hablemos ya de tener que responder a las preguntas de periodistas o de la gente movilizada…

En la inmensa estafa de la concertación a oscuras, de espaldas a la ciudadanía, cada hospital puede destinar los recursos del modo que le parezca más adecuado. Y hasta se pueden permitir, sin coste adicional, pequeñas trampas: la letra pequeña de los conciertos que obliga a compensar por supuestas pérdidas no demostradas (caso de la Comunidad de Madrid).
Vale la pena decirlo alto y claro, porque nos jugamos la salud: la capacidad de la ciudadanía (y del gobierno que la tendría que representar) para decidir el destino del fruto del posible ahorro en la buena gestión es nula: en el caso del hospital privado que ha contratado algunos de sus servicios (demasiadas veces sacándolos de la sanidad pública para justificar despidos, cierre de servicios, de quirófanos o, incluso, de plantas enteras de hospitalización), porque forma parte del acuerdo: «Yo te doy tanto por habitante y todo lo que te puedas ahorrar, te lo quedas»; en el caso del hospital totalmente concertado, porque mientras el centro cumpla con el servicio pactado con la administración, el cómo se gestiona el dinero es indiferente, y es tan indiferente como las condiciones de trabajo de la gente que atiende a las personas enfermas, los colapsos en las urgencias, la desatención que puede suponer para casos muy graves el alargamiento de las listas de espera, la calidad de la comida que se sirve a los pacientes, la falta de instrumentos o, incluso, de medicamentos, el ritmo de vértigo con el que se trabaja en algunos quirófanos… Todas estas cosas juntas pueden representar errores difíciles de resolver. Sería necesario que se hiciesen públicas las tasas de morbilidad y mortalidad por hospitales públicos, concertados o privados para tener una idea más clara de lo que estamos denunciando en este punto, aunque el estudio reciente hecho por la Federación de Servicios Públicos (FSP) de la UGT País Valencià sobre la Comunitat Valenciana estremece: unas 2.700 personas han muerto cada año desde que el “modelo Alzira” coloniza la sanidad valenciana (ved informe de la UGT Cuestión de vida o muerte, 2013).

Cada vez más, los problemas derivados de esta gestión privada de los servicios sanitarios están plenamente documentados. Por un lado, tenemos el problema de cómo se consigue el ahorro, y, por otro, el de adónde va a parar este ahorro. En el caso de hospitales públicos gestionados por una empresa privada, vemos que la presión para maximizar el ahorro se hace incluso a cambio de ofrecer un servicio peor. No es una hipótesis. Y estábamos advertidos: Frank Dobson, miembro del parlamento británico por la demarcación de Holborn y St Pancras y ministro de Sanidad del gabinete de Tony Blair (de 1997 a 1999), explica el descenso social por la privatización de la sanidad en Gran Bretaña, que ha culminado con el escándalo del Mid Staffordshire Hospital —con la muerte evitable de entre 400 y 1.200 persones entre los años 2005 y 2009—, que obligó a David Cameron a pedir disculpas en el parlamento por las «espantosas negligencias» cometidas en el hospital público —pero “gestionado” por una fundación privada que daba prioridad, según el informe de la inspección, «a objetivos económicos por delante de la calidad del servicio».

Para Dobson, a pesar de los problemas que tenía, el National Health Service (NHS) realizaba un buen trabajo, y cada vez lo hacía mejor. Pero su futuro se puso en peligro con la introducción de las “fuerzas de mercado” y los proveedores movidos por el ansia de beneficios privados. Aunque algunos políticos y miembros de los lobbies del sector privado de la sanidad vayan diciendo que la privatización del sistema de salud en Gran Bretaña es un éxito, no hay nada más lejos de la verdad. Gran Bretaña contrata a hospitales privados, al estilo de clínicas quirúrgicas privadas, para encargarse de las operaciones baratas, de menor riesgo, y para pacientes en general acomodados. Para decirlo sin tapujos, se quedan con las intervenciones que dan beneficios y dejan en los hospitales del NHS a las personas con menos posibilidades económicas y todas las intervenciones complejas. Sin embargo, las operaciones en estos hospitales privados cuestan una media de un 11% más que en los hospitales públicos. Y a estas compañías que trabajan para conseguir su beneficio se les garantiza un flujo de financiación. Así, si sus contratos especifican que atenderán a 5.000 pacientes anuales y sólo atienden a 4.500, a los hospitales privados se les sigue pagando la atención de 5.000 pacientes. Y mientras que se garantizan los ingresos de los hospitales del sector privado, a los hospitales públicos se les obliga a competir –y no sólo con los de la privada, sino también entre ellos. Para esto, el gobierno británico ha introducido el pago por resultados —lo que los políticos llaman «financiación centrada en el paciente». El resultado ha sido una confusión: la sanidad británica se ha encarecido y los hospitales han recortado servicios importantes para la población para reducir los déficits de su mala gestión. Pero los problemas no se acaban aquí, porque con la introducción de la financiación centrada en el paciente y en las fuerzas de mercado se ha incrementado la proporción del presupuesto de sanidad destinado a burocracia desde el 4% hasta, aproximadamente, el 15%. Y aunque es absurdo, tiene su lógica: si el dinero se centra en el paciente se debe poner en funcionamiento todo un sistema que siga las huellas de los pacientes y del dinero… Preparar las licitaciones cuesta dinero. Se tiene que pagar a los abogados y contables, incrementar la burocracia. Los hospitales deben hacer muchos cálculos, llevar el registro y codificar los costes de cada paciente, emitir facturas (aunque sea en la sombra, como puede pasar en los hospitales de Girona)… La competencia que se tenía que estimular entre hospitales sólo consigue poner impedimentos a las mejoras y obstaculizar la difusión de nuevas ideas. Y lo más triste: el personal sanitario tiene que dividir su tiempo entre tratar a los pacientes (que es a lo único que debería dedicarse) y hacer todo el papeleo. Y así se desatiende a las personas. Y así se paga un precio demasiado elevado en vidas humanas.

La privatización del NHS y el desastre final descubierto en el hospital de Staffordshire se unen a la barbarie de los hospitales del País Valencià. Y sin embargo, cuando se inició el proceso se presentó como una solución para mejorar la eficiencia, reducir costes y listas de espera. Pero la realidad es demasiado dura y cara de pagar. El daño que causa un sistema de salud privatizado, fragmentado, afecta a toda la sociedad en su conjunto.

¿Y qué sucede en Catalunya?

Tampoco en los hospitales concertados catalanes podemos apreciar ningún beneficio derivado de una supuesta competitividad. Al contrario. Las hipotéticas mejoras, que podrían comportar nuevos y mejores contratos para más personal sanitario, para atender mejor a los pacientes…, pueden ir a parar —y en muchos casos van— a las cuentas de resultados de empresas privadas propiedad de algún amigo. O a las contabilidades B de los corruptos que el sistema conlleva. También en Catalunya, los asesores tecnócratas han sido los que traspasan sin vergüenza alguna las puertas giratorias que confunden el sector privado y el público de la sanidad, y defienden los intereses de las empresas, inversores, corporaciones, laboratorios o industrias farmacéuticas y químicas en la sanidad pública. Durante este año 2012, hemos podido verlo —y sufrirlo— en Catalunya. Hemos visto cómo, en el año 1995, un gestor de una entidad sin ánimo de lucro (Ramon Bagó) cerraba la cocina del hospital de Mataró y la adjudicaba a su propia empresa (el grupo SEHRS). Hemos visto cómo este mismo gestor recibía contratos irregulares por valor de 12 millones de euros de manera irregular. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión mejor– un responsable sanitario contrataba informes falsos a la empresa de otro gestor por valor de 800.000 euros. Hemos visto cómo –quizá con el dinero ahorrado gracias a una gestión magnífica– dos hospitales comarcales se gastaban 330.000 euros en alquileres, comisiones, viajes y restaurantes, de los cuales nadie ha podido ver ni una sola factura… Hemos visto tantas cosas, que podríamos llenar unas cuantas hojas más como ésta.

Y a pesar de todas estas evidencias, y llevados por un momento de bondad, supongamos que –tal como ellos mismos pregonan– esta élite en gestión sanitaria tiene la varita mágica de la gestión. Aceptemos, por un momento, que sus conocimientos “de experto” consiguen ahorrar en la prestación de servicios sanitarios. ¿Qué beneficio obtiene el ciudadano de esta supuesta excelencia si, después, los ahorros conseguidos, en vez de repercutir en la mejora de los servicios, se apartan de la gestión de lo que es público, de todas y todos, y van a parar directamente a la cuenta de resultados, o a las empresas privadas, o a las contabilidades B, o a los bolsillos de los amigos, de sus intereses y de la sanidad privada? También en Catalunya, gracias a su docta gestión, las listas de espera se han disparado como nunca, y empeoran las condiciones de vida de la gente que espera entrar en un quirófano. Además, en Catalunya tenemos, desgraciadamente, víctimas de los “ahorros” y de los recortes de la estafa. Lo pueden negar desde la Conselleria de Salut, pero también —como en Valencia— acabarán saliendo cifras y nombres… La lástima es que ya no se podrá evitar el desastre.

Y, por otro lado, ¿qué incentivos tienen estos “expertos” para hacer su trabajo y recomendar, por ejemplo, el desmantelamiento del Institut Català de la Salut? (Hablamos del informe de la consultora PWC, hecho según Boi Ruiz gratis et amore). ¿Qué esperan, a cambio de su asesoría, de sus informes? ¿El reconocimiento de la ciudadanía? ¿La aprobación boquiabierta del Parlament? ¿O, en cambio, el premio es el ascenso, el privilegio, una sensación de poder —que, desgraciadamente, hace que las cosas empeoren— y la presunta comisión furtiva? Estas preguntas nos llevan a la tercera disyuntiva…

Consejos de administración vs control democrático

¿Quién vigila el trabajo de nuestros “expertos”? ¿Quién marca los objetivos de los “expertos” y controla que su gestión sitúe la salud de la ciudadanía en el centro del sistema? ¿A quién tienen que dar cuenta de sus actos y de las consecuencias sociales de éstos? En Catalunya, un diputado del Parlament, la máxima representación del poder popular, no tiene ninguna potestad ni autoridad para pedir explicaciones sobre lo que hacen los gestores de los hospitales concertados. Por ejemplo, si un diputado pregunta por la cuantía de los contratos recibidos por un empresario estrechamente ligado a CiU, la respuesta es: «Estos hospitales no dependen directamente de la Generalitat y, por lo tanto, no disponemos de esta información». Es decir, que la mitad del mayor presupuesto de la Generalitat —la que corresponde al sector concertado— está totalmente fuera del control ciudadano. Y no hablamos de comités de barrio ni de asambleas revolucionarias al estilo chavista. No. Hablamos del Parlament de Catalunya, que, gracias a la privatización de la gestión sanitaria, se convierte en un envoltorio sin capacidad fiscalizadora real y —lo que es aún peor— sin capacidad alguna para imponer directrices ni objetivos. De este modo, nos damos cuenta de que la “política sanitaria” ya no se decide ni en los ayuntamientos ni en los parlamentos, sino en los consejos de administración de entidades donde el interés general aparece siempre —si aparece— después del interés de accionistas o de los empresarios amigos que tienen que recibir su contrato anual.

Para escapar de cualquier control, incluso se escabullen de la Sindicatura de Comptes, porque, si el síndico más honesto consigue superar los “amiguismos” políticos y las sociovergencias que todo lo tapan, se puede encontrar con una formidable muralla legal: el servicio del hospital concertado o contratado puede ser público, pero el contrato se ha firmado acogiéndose al derecho privado. Y, en ese caso, únicamente el Tribunal de Cuentas (otro órgano de dudosa eficacia y escasísima transparencia) pueda quizá decir algo —tarde y, probablemente, mal–, con la tara, además, de que “atenta contra nuestra soberanía”. Porque lo que queda claro en sanidad es que nuestro derecho a decidir, el ejercicio del derecho de autodeterminación, como lo entiende la sociovergencia, pasa necesariamente por el hecho de que el mal gobierno de Catalunya pueda maltratar y privar de sus derechos a nuestros enfermos y a nuestras enfermas. Y si os cuesta creerlo, sólo tenéis que ver en la hemeroteca los aspavientos que se hicieron cuando el Tribunal Constitucional, desde Madrid, derogó, con argumentos que no son los nuestros, el euro por medicamento…

Tendencias deseables

Evidentemente, la actual gestión directa de los servicios sanitarios —representada en Catalunya por el ICS— presenta importantes deficiencias en materia de transparencia. Pero mientras que la capacidad ciudadana de fiscalizar y controlar la gestión que se realiza en el ICS es muy, pero que muy, limitada, controlar lo que se hace en el sector concertado es totalmente imposible. En lo referente a la eficacia —mantra de los “expertos” sanitarios—, es cierto que al sector netamente público le queda mucho camino por recorrer y muchas mejoras por interiorizar. Pero no es menos cierto que es prácticamente imposible medir esta “eficacia” en los centros concertados, que escapan totalmente de la fiscalización de gestión y de resultados de las instituciones democráticas, cosa que convierte en un dogma de fe la mejor gestión que hacen nuestros expertos.
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Pero más allá de esto, hay un aspecto en el cual un sistema de gestión directa, de gestión pública de lo público, siempre será mejor que el más eficaz de los equipos de gestión privada: y es que pase lo que pase, se produzcan los problemas que se produzcan, éstos siempre podrán ser discutidos, debatidos y solucionados de manera democrática, ciudadana y soberana.

Para conseguirlo, sólo nos es necesario ahondar más en el funcionamiento democrático de las instituciones y, sobre todo, necesitamos una ciudadanía empoderada, participativa y que crea de verdad que la política debe velar por sus necesidades, mejorar el ejercicio de sus derechos y responder con claridad y sin excusas delante del pueblo. Nuestra sanidad no tiene sólo que vendar nuestras heridas, sino que debe ayudar a cohesionar a nuestra sociedad, a mejorar la equidad, a reducir las diferencias.

Albano Dante
Fundador y director de la revista Cafèambllet
Àngels Martínez Castells
Presidenta de Dempeus per la salut pública
Publicado originalmente en catalán en Perspectives de Espai Fàbrica. Traducción: Nàdia Subirana

 
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Publicat per a 2 febrer 2014 in Salut

 

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Seres crueles y estúpidos que juegan con nuestra salud

consejeros sanidad ppVenía dando hoy desde primera hora Pepa Bueno en la Cadena Ser las últimas noticias sobre la sanidad que me reafirman en mi convicción ya añeja de que estamos en manos de personas tan crueles como estúpidas, con un poder que sobrepasa en demasía sus cortas luces, y sin ningún pudor moral. Y aunque podríamos aplicar el mismo ejercicio al pío y patoso Férnandez Díaz, al misógino Gallardón o un frívolo profesional como Wert, entre otros, vale la pena centrarnos hoy en el sector de la sanidad, aunque todos estos ministros que forman el gran coro de la mentira politiquera sin referente moral sigan en el Gobierno con Ana Mato sólo para aupar a duras penas la mediocridad de Mariano Rajoy por encima de una media que chapotea, hundida en demasiadas dimensiones….

Pero volvamos al gran tema que ayer que se inició con la bofetada a LASQUETTY y sigue hoy con la colleja a ANA MATO, pasando por la náusea que ha provocado en la buena gente la renovada hipocresía de la Cospedal… Pepa Bueno, ejerciendo de muy buena periodista, dejaba a un lado adjetivos y adverbios (que yo ya me he encargado de no escatimar) y decía:

“Hoy se acumulan las noticias relacionadas con la Sanidad, en realidad con el nuevo modelo de Sanidad que el gobierno y algunas comunidades intentan implantar con el argumento de la crisis y los recortes. La primera:El Consejo de Estado cuestiona que el copago impuesto por el Ministerio de Sanidad para las ambulancias de transporte no urgentes – las que se utilizan por ejemplo para trasladar pacientes a diálisis -. En el dictamen del Consejo, al que ha tenido acceso a la SER, se dice que ese copago no ahorra dinero a las arcas públicas porque lo que se cobra a los enfermos se irá en la propia gestión del cobro. No disminuirá su uso, porque la ambulancia no es un capricho, el que la necesita, la necesita y se seguirán utilizando las mismas. Y por último, reprocha al Ministerio no haberse detenido a estudiar el impacto de la medida sobre los enfermos. En definitva que le dice que reconsidere el asunto.

Segunda noticia: La secretaria general del Partido Popular no aplicará en la Comunidad de la que es presidenta, en Castilla La Mancha, el copago que ha decidido el gobierno del Partido Popular en los medicamentos que se dispensan solo en Hospitales. Dice Cospedal que cumpirá la ley pero a cargo de su presupuesto autonómico. Desde el ministerio recordaban esta misma semana a las comunidades autónomas que la implantación de este copago es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero. Pero la número 2 del partido en el gobierno debe entender que este copago no es bueno.

Y por último Madrid. Los tribunales mantienen la suspensión del proyecto de privatizar de golpe la gestión de seis hospitales públicos y el 10% de los centros de salud. La maniobra de reunir todos los recursos judiciales a la privatización en una gran sala, en un único pleno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, le ha salido por la culata al promotor de la idea y ayer esa gran sala decidió remitir cada recurso a su juzgado de origen. Recursos de los partidos de la oposición y de profesionales de la medicina que desconfían del fondo y la forma de las prisas privatizadoras del gobierno regional. Un gobierno noqueado ahora, con un presupuesto para este año que contaba ya con los ingresos de un proyecto sin fecha.”

 
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Publicat per a 10 gener 2014 in Salut

 

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República Catalana “versátil” y “business friendly”

Esquerra Republicana de Catalunya sube en las encuestas porque ya no sorprende a nadie. Al empecinamiento en la fecha de consulta sobre el derecho a decidir (que tiene el gran atractivo de homologarnos -si somos muy benevolentes- al imaginario de “aldea gala” resistente a la estulta cutrinez de esos locos romanos), une la supuesta modernidad de la “superación” (por abajo) de la socialdemocracia que en un inglés a nivel de usuario se proclama “business friendly” en el guateque de desgüace de la sanidad pública. Al festín de dejar lo público en los huesos, y bajo el patrocinio de la troika por más espejuelos independentistas que se pongan, los invitados de honor son los fondos buitres internacionales que nos cuestan el empleo y nos hacen perder la salud.

Un ejemplo más de lo que afirmo se puede encontrar en cómo ERC se “versatiliza” frente a losPresupuestos de 2014 que para los grupos parlamentarios de oposición no podrán cumplirse porque “no cuela”  el cuento de la lechera de Mas-Colell. La venta de activos del Incasòl y otras privatizaciones (si es que se llevan a cabo) suponen unos 2,318 millones de euros (más del 10% del presupuesto no financiero del Gobierno, y el 1% del PIB de Catalunya). Esta manera de cumplir con el déficit a base de que los políticos de turno se vendan lo que es de todos, no es nada nuevo, y no me canso de repetir que en un país con una democracia que no se detuviera en lo formal, debería acabar siendo vista y procesada en los Juzgados. Lo que es nuevo es que un partido de gobierno y oposición, o de oposición y gobierno, sea su cómplice mientras dice que nos conduce a una nueva Itaca…

imageEstoy de acuerdo con Dolors Camats en que  las privatizaciones no cuadran con el proyecto independentista: “No se puede hablar de un país nuevo cuando se están vendiendo el país que tenemos. Se están vendiendo el patrimonio de este país antes de poder gestionarlo”. Y aunque sobre la mejor forma de gestión habría mucho que hablar para no acabar con la experiencia -en muchos casos fallida- de los “Governs Tripartits”, coincido con Camats en que de entrada hay que mostrarse insumiso frente al cumplimiento del objetivo del déficit…. Y esta propuesta, que entraría también, de forma mucho más real, en el atractivo de la “aldea gala” insurgente y mucho más próxima a sus clases subalternas, no casa con la “versatilidad” de ERC, que al parecer no discute que políticos y grandes empresarios sigan aupados, soportados y a lomos del pueblo llano. Y sin servicios públicos sujetos a rendir cuentas, con transparencia y control ciudadano, universales y de calidad… Todo lo contrario de lo que implica su “versátil” externalización de todo lo que no sea básico, sobre todo cuando ni se define lo básico ni se asegura que lo público irá más allá de los faros y embajadas… La externalización es otra manera de enmascarar la privatización, y a las pruebas me remito: sólo se externaliza lo que es capaz de dar sabrosos beneficios a base de encarecer su uso y expulsar ciudadanía.

imageSin embargo, la coartada de ERC de echarle las culpas de todo a Madrid sigue “comprándola”, de forma acrítica, mucha gente de la que queda con los brazos destrozados después de aupar día tras día, y cada día, en un creciente estado del malestar, la peana de estos pocos privilegiados, cada vez más pesados por el botín que van acumulando sin piedad… Una peana de la que se cuelgan los free-rider que elaboran excusas a la desigualdad (se admiten ejemplos) y postponen la indignación y el necesario cambio vital a fechas negociadas que, pese al ruido y la furia aparentes, no significarán nada. Los partidarios de la “versatilidad” y de rematar traiciones o cobardías de la socialdemocracia no nos invitan a la épica del cambio histórico; lo que proponen, a fin de cuentas, es la insoportable levedad (con la que nos están haciendo) del alegre baile en la aldea.

 
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Publicat per a 6 Novembre 2013 in Ciutadania/Política

 

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El Borbón a la Quirón: nosotras SANIDAD PUBLICA!

Marea Blanca

Mientras hoy de nuevo la marea blanca inundaba Madrid este domingo desde la Plaza de Cibeles a la Puerta del Sol celebrando la paralización del proceso de externalización de seis hospitales, el Borbón, asesorado por su equipo de médicos y cortesanos, ha optado por ser operado (de nuevo) en la misma Clínica privada en la que se originó el problema que ha derivado en infección. Cuando los que viven en el Olimpo del 1% nos quieren dejar sin sanidad pública, poca clase tendría que ahora el Rey borboneara la Quirón San José y le hiciera el feo muy feo de optar por el Centro Hospitalario La Paz, público al 100% (por ahora, y que dure) y desde cuyas instalaciones se puede asistir a conciertos tan oportunos como reivindicativos de la Orquesta Solfónica:

Las distintas plataformas convocantes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública celebran manifestaciones el tercer domingo de cada mes con el lema “Sí se puede”, pero la de hoy ha sido especialmente festiva, con esos lemas que no gustan, al parecer, ni al Gobierno ni a la Monarquía:

“la sanidad pública no se vende, se defiende”
“Sanidad 100 X 100 pública y universal”
“Somos médicos, somos pacientes, defendemos la sanidad pública”.

La marcha de este domingo, además de ser un éxito de convocatoria, ha estado marcada por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo cual ha supuesto una inyección de ánimo y confianza aunque Lasquetty (inasequible al desaliento) todavía no se esconda, con los escorpiones y los reptiles, bajo las piedras. El ambiente no estaba tampoco exento de cierto humor negro: varios miles de manifestantes han realizado el recorrido amenizado por distintas bandas y con canciones como la de “Sí se puede, a por ellos, con tu salud harán caja o tu ataúd”.

imageLas marchas sirven de intercambio a los distintos colectivos vecinales para dar a conocer sus distintas iniciativas. Por ejemplo, se ha anunciado la I Carrera en defensa de la Sanidad Pública “Corre por tu salud”, que partirá el domingo 29 de septiembre del Hospital Infanta Cristina de Parla (Madrid). Dado el estado de la cadera del Rey, y a pesar de que será operado el próximo martes (sin listas de espera) en centro privado por médico privadísimo, no se espera que el Borbón (que como se ve asistió a los entrenos) participe en la carrera.

Pues eso, lo dicho: el Borbón a la Quirón mientras el común de los mortales, la ciudadanía harta de expolios, seguimos defendiendo, con más fuerza y convencimiento que nunca, la sanidad pública y universal, como derecho humano libre de saqueos, de gaviotas depredadoras y de fondos-buitre.

 
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Publicat per a 22 Setembre 2013 in Salut

 

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El día que fui malcontada como “mayoría silenciosa”

26-9-012, mayoría silenciosaEsta Diada me quedé en casa, no formé parte de ninguna justa, impresionante y plurireivindicativa ola sonora, pero sin ninguna duda acerca del derecho de la ciudadanía de Catalunya a decidir. Una convicción que tiene raíces políticas y sociales profundas pero crece en la superficie por el asco (no es aversión, es mucho más) que inspira la propuesta (?) de Estado de un PP sin ninguna credibilidad, con un pie permanentemente en el ridículo y el otro, por imputado de corrupción y más, en los Juzgados. Nada prometedor ni ilusionante puede venir de la Cospedal, ni de Wert, ni de González y Lasquetty, pero mucho menos de Esperanza y Soraya…. y nadie puede creerse tampoco ninguna de las promesas (si las hubiera) que puedan surgir de las “conversaciones secretas” de Rajoy y Mas: ninguno de los dos inspira la más mínima confianza.

La prepotencia de los grandes bonzos de la política centralista viene de antiguo. La han ido desplegando desde la chanza sin gracia del socialista Alfonso Guerra de “pasarle el cepillo” al Estatut hasta que no lo reconociera ni su madre, y siguió, con todos los agravantes, por la recogida de firmas en su contra del PP, y los recursos anticonstitucionales y la bravuconada de far west de “castellanización” de los niños catalanes. Lo último, la farsa de la Sánchez Camacho que “no podía salir de casa” el 11 de setiembre pero se marcó un mini miting en el que, naturalmente, el PPC siguió demostrando que no quiere entender nada.

Pero además, el enojo crece al sentirme instrumentalizada e indebidamente contada en ese falaz argumento de la mayoría silente utilizado por los personajes más nefastos de la historia (Nixon, Spínola, conspicuos representantes del franquismo sociológico y de las derechas recalcitrantes de todo el mundo). Lo único cierto es que la cuenta de expropiación les sale gratis (¡si no tienen ningún respeto por los bienes y servicios públicos, como no van a apropiarse con todo descaro de la opinión de las personas!). Por eso me parece oportuno y necesario protestar. A mí que no me utilicen para unos intereses que me producen arcadas, ni me hagan cómplice de su cerrazón, su dejadez y su incompetencia.

Me gusta lo que escribe al respecto Hugo Martínez Abarca porque une la retórica de la Santamaría contra el derecho a decidir con el cinismo de Lasquetty en la privatización de la sanidad más vergonzante de los anales de los saqueos. Dice:

Soraya Sáenz de Santamaría, “acostumbrada a que la minoría ruidosa defienda sus indefendibles posiciones decidió que ella era capaz de interpretar a todas las personas que en Cataluña no habían participado en la cadena humana del 11 de septiembre: todas por la unidad de España. Aprovechando el tirón, ayer mismo, el consejero madrileño para la privatización de la sanidad, Lasquetty, atacó a los jueces que están paralizando el saqueo sanitario y entre sus argumentos aseguró que la mayoría de los madrileños está a favor de la privatización. Resulta curioso que ambos, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Fernández Lasquetty, están respondiendo esgrimiendo que la mayoría está en realidad con ellos a quienes les piden una consulta popular para que hablen todos en igualdad: los silenciosos y los ruidosos. Precisamente quienes no tenemos quien incremente el ruido de nuestras reivindicaciones, quienes carecemos de grandes medios de comuniación somos quienes estamos continuamente pidiendo referendos que permitan saber sin distorsiones qué opina el pueblo, que en democracia es quien manda. En los dos casos en los que Soraya y Lasquetty se arrogan la mayoría se niegan a convocar el referendo que piden sus contrarios: en Cataluña por la independencia, en Madrid por la Sanidad. Son muchos los referendos que se han pedido: en la propia Cataluña mucha gente está reivindicando que la autodeterminación no sólo es territorial, sino que el pueblo también tiene derecho a gobernar su economía, por ejemplo, sin recortes impuestos por poderosos propios o ajenos. En el conjunto de España se ha pedido que se vote la reforma laboral, el rescate bancario o incluso que pueda haber un referendo revocatorio del gobierno, como permiten constituciones democráticamente más avanzadas como las de la América Latina bolivariana. La respuesta es negativa, siempre. Soraya apela a la mayoría silenciosa no en su condición de mayoría sino por su virtud de ser silenciosa, como la Cenicienta del cuento de Ana Botella.”

Pues como en los malos slogans publicitarios, el CALLAR se va a ACABAR cada vez que utilicen nuestro nombre en vano… que tienen la lengua tan larga como cortas las entendederas.

Ver también en InfoLibre: Mayorías silenciosas, espirales de silencio y silenciosas reuniones.

Y se suma Rosa María Artal con Un paseo para charlar con la mayoría silenciosa.

 
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Publicat per a 13 Setembre 2013 in Ciutadania/Política

 

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Los bochornos de Esperanza Aguirre

Leo en Infolibre que Mariano Rajoy ha defraudado (de nuevo, y van…) a los suyos. No sólo esta mañana “ha evitado pronunciar el nombre de Bárcenas en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional”, sino que se ha dedicado a producir humo sobre el futuro de su partido y de España. Ignora el abismo abierto a sus pies y se inventa “los primeros claros resultados positivos” el mismo día que Eurostat informa que nuestra tasa de paro supera la de Grecia. Lo mejor que podría hacer Mariano (que no quiere ni se atreve a mencionar a Bárcenas porque las meigas, de haberlas, hayllas”) sería callar sobre todo para siempre. Si dimite por vergüenza o por pereza me da igual, pero lo importante es que desaparezca y nos evite tanto bochorno cuando habla, y tanto dolor cuando sanciona las políticas de su gobierno. Ninguna mediocridad (salvo Aznar) en el gobierno de España había sido capaz de provocar tanta indignación tanto con sus mentiras como con sus titubeos o silencios.

Harina de otro costal es la Aguirre, esa señora del barrio de Salamanca que siempre sabe qué decir. Poco importa que se trate de un entierro o del marrón de la Gürtel. Ella pronuncia como nadie en el tanatorio: “Siempre los mejores son los primeros en dejarnos”, como declama en el Parlamento madrileño “Yo destapé la Gurtel”. En su última aparición, lo más increíble: declara “sentirse abochornada por las informaciones sobre la corrupción del PP”, aunque la víbora que anida en sus salivales ha añadido que seguramente, Mariano Rajoy, estará “igual de abochornado”.  Je, je… que malísima es la Aguirrre.Aguirre miente Ella sabe que ya nadie la cree, y que somos conscientes de que ni se acuerda de quién es el muerto en el entierro, que no hizo nada para destapar la Gurtel (si acaso, lo contrario hasta que pudo interesarle), y que ni siquiera Bárcenas puede hacerle pasar vergüenza… de hecho, la gente que se dedica a la política a su estilo no puede exprimentar bochorno: sólo disfrutar de él cuando sus adversarios políticos no saben ni dónde meterse para esquivar sus dardos emponzoñados.

La historia de los bochornos madrileños de los que se aprovecha sin recato la Aguirre alcanzaron su cima hace ya diez años con el Tamayazo…. y desde entonces va administrando sus entradas y salidas de escena con acusaciones de mamandurrias y otras provocaciones mientras la ciudadanía tiene que aguantar su desparpajo y sus mentiras con el miedo añadido de que la campaña del PJ.Mundo llegue a buen puerto y la lideresa acabe por serlo más que nunca en una Comunidad privadísima de privatizada, con sus eurovegas y sus mafias, sus validos y su corrupción contaminante, mientras los millones de madrileños-dálmatas tiemblan por su piel. Cruella Gil de Biedma sigue consiguiendo que el tío del que más presume se remueva en su tumba. Porque por la sobrina impertinente que quiere poseer al modo imperial Madrid y alrededores (sin definir para nada el perímetro) bien se puede cambiar una Barcelona (que ja no és bona) por un Madrid que con el PP se vende y se pudre, y desear con el poeta que el miedo cambie de bando y que los indignados, cada vez más desiguales y desdichados, suban a todas las cimas:

“…Sean ellos sin más preparación
que su instinto de vida
más fuertes al final que el patrón que les paga
y que el salta-taulells que les desprecia:
que la ciudad les pertenezca un día.

 
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Publicat per a 1 Juliol 2013 in Ciutadania/Política

 

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La sanidad pública (privatizada) reclamo turístico en la almoneda de los derechos

“Los servicios privados aumentan en los hospitales públicos”. Un gran (y muy útil) reportaje de Antía Castedo para la edición de Catalunya de El Pais que explica el canibalismo en el sector de la sanidad y cómo empeoran las condiciones de vida y trabajo de sus profesionales mientras se configura el doble nivel sanitario: una sanidad pobre, para pobres, y otra sanidad con mayores recursos y sin listas de espera para quienes puedan pagar que la sanidad es ya una mercancía y no un derecho universal. La sanidad pública de Catalunya convertida en un “atractivo” turístico más, como las obras de Gaudí o las Ramblas de Barcelona, todo ello muy bien justificado por los bonzos del neoliberalismo que nos condenan a listas de espera imposibles, o a pagar las cuotas de una mútua o una factura inasequible para la mayoría de bolsillos si queremos ser atendidos. Nunca debería poderse llevar a cabo la mercantilización de una necesidad tan básica, que concierne nuestra salud y nuestra vida, si nos respetáramos como sociedad civilizada. Estamos retrocediendo a los tiempos de la beneficiencia mientras nos venden (nos mienten) que eso es la modernidad. Estamos arrojando al abismo nuestra sanidad pública, siguiendo los pasos del sistema USA (que incluso los dirigentes más sensibles del Partido Demócrata abominan). Y en un gobierno de culpables, Boi Ruiz destaca por su empeño y compromiso en convertir lo que es un bien público de calidad, un servicio fundamental, en un atractivo de feria.  Puede ser que los jueces no acepten una querella contra él… pero desde el sentido común más básico, desde el más elemental sentimiento de justicia, su política tiene mucho delito. Y más temprano que tarde, tendrá que rendir cuentas (con todos los saqueadores de la salud)  por lo que nos están haciendo.

BRuiz_JMPique.jpg.crop_displayEn las ferias de turismo de países exóticos ya no solo se promocionan hoteles, operadores y destinos. También lo hacen los hospitales públicos catalanes. Es el caso del Hospital de Palamós —presidido por la alcaldesa de la localidad, la socialista Teresa Ferrés— cuyos directivos acudieron recientemente “de prospección” a un certamen de Moscú.

Aunque no hay datos oficiales, las fuentes consultadas coinciden en que cada vez más hospitales financiados por la Generalitat se apuntan al carro de la atención privada. La doble puerta de entrada se extiende al abrigo de los recortes, que mantienen plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Estos recursos “infrautilizados” se venden ahora al que lo paga de su bolsillo.

Aunque no el primero, el ejemplo más conocido es el del Hospital Clínic, un centro de referencia internacional que abrió en el año 2000 Barnaclínic, empresa de asistencia privada que utiliza instalaciones y profesionales del hospital. En 2008, Barnaclínic facturó 12 millones de euros. De ellos, ocho revirtieron de nuevo en las arcas del hospital. Pero los directivos del centro, menos reticentes en otros tiempos, se han negado ahora explicar el funcionamiento de la doble vía de atención. Lo mismo ha ocurrido con cerca de otra decena de hospitales consultados —muchos presididos por cargos públicos— que eluden dar explicaciones, algunos con el argumento de que se trata de un tema sensible sobre el que no hay que “hacer demagogia”.

Sin embargo, la preocupación sobre si estas nuevas iniciativas pueden afectar a la equidad va pareja con el auge de las mismas. “El conflicto de intereses es claro si los mismos médicos que atienden en la pública también cobran de la privada”, afirma Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp). El Hospital de Sant Pau, que ha empezado a atender a pacientes por la privada, ha operado ya de varices a al menos dos personas que se han saltado, previo pago, los 8,4 meses de espera media para esta dolencia que marcan los datos del CatSalut. Los portavoces del hospital argumentan que, en tiempos de recortes, es necesario buscar “nuevas vías de financiación”.

El interés por abrir esta puerta no es nuevo –algunos concertados llevan décadas atendiendo a pacientes privados o mutuas— pero sí ha resurgido en los últimos tiempos. A pesar de los interrogantes que suscita, esta convivencia público-privada no está regulada, más allá de lo que establece la Ley General de Sanidad: “Las normas de utilización serán iguales para todos”. Solo hay códigos éticos y recomendaciones voluntarias de las propias entidades.

Uno de ellos es el elaborado por el ente público que actúa como patronal Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), que creó hace meses un grupo de trabajo con gerentes de una quincena de sus asociados. Entre los hospitales financiados por la Generalitat hay entidades privadas sin ánimo de lucro, de titularidad municipal y empresas públicas y consorcios participados por la Administración catalana. El resultado fue un documento consensuado de recomendaciones en el que se establece que los “recursos adicionales” generados por la actividad privada deben reinvertirse en la institución; el acceso y la priorización de las listas de espera deben ser transparentes; los circuitos deben diferenciarse de los de la prestación pública y los precios de los servicios deben incluir la parte correspondiente a los costes de amortización de las instalaciones y equipos.

El propio CSC ha implantado esta vía en el Centro Integral de Salud Cotxeres. El gerente, Josep Serrat, cree que el modelo “no es cuestionable”, aunque reconoce que no es fácil controlar su funcionamiento, entre otras razones porque “dentro de la consulta no se pueden poner cámaras”. En el código ético del centro se acepta que los médicos podrán informar de la opción privada “en el contexto de su actividad asistencial pública”.

Los incentivos para derivar a los pacientes a la vía de pago no son desdeñables. Un cirujano cardiovascular cobra poco más de 200 euros si opera para la sanidad pública fuera de su jornada laboral, mientras que se puede embolsar miles de euros si lo hace para la sanidad privada, reconoce José Luis Pomar, cirujano cardiovascular del Clínic. “Antes de los recortes era fácil en la pública programar intervenciones y encontrar huecos, pero ahora no puedo meter a nadie hasta septiembre si no es muy urgente”, explica.

Los sindicatos creen que el nuevo escenario acabará perjudicando todavía más al paciente público que no pueda pagar la privada. “Si abres esta posibilidad, nunca se invertirá en mejorar los hospitales públicos. Se está creando una sanidad para ricos y otra para pobres”, critica Carme Navarro, secretaria de Sanidad de Comisiones Obreras.

“Se cierran camas para luego contratar los servicios con los privados”, asegura Àngels Castells, economista de Dempeus por la Salud Pública. “¿Cómo puede ser que haya listas de espera y al mismo tiempo recursos infrautilizados?”, se pregunta. Una respuesta posible es la de Guillem López Casasnovas, catedrático de Economía de la UPF y miembro del Centro de Investigación en Economía y Salud. En un informe de la Fundación Víctor Grífols de 2006 elaborado por Casasnovas, Victòria Camps y Àngel Puyol, los autores afirman que el problema es de oferta, no de demanda. Si las fundaciones y consorcios no rentabilizan su actividad, acabarán incurriendo en déficit. Los porcentajes de penetración de la sanidad privada en los hospitales financiados mayoritariamente por el CatSalut son, de momento, modestos. La que más factura es la Fundación Puigvert y esta vía no alcanza el 20% del total de sus ingresos. Pero el nuevo escenario ya ha generado duras críticas de la patronal de hospitales privados (ACES), que se queja de competencia desleal. La otra patronal concertada, La Unió, que ha propuesto que la cartera de servicios públicos se reduzca a lo básico, también es favorable a la actividad privada.

Casasnovas cree que lo importante es que la Administración ejerza un control efectivo y que haya transparencia. Josep Vendrell, de ICV, duda de que esto sea posible en las condiciones actuales. “Lo que no puede ser es que el CatSalut se limite a pagar y no intervenga”, critica Vendrell. ICV ve urgente que está cuestión se regule y se fijen unos criterios obligatorios. Para ello, prepara una propuesta que presentará en el Parlament.

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“Renunciar” a la lista de espera

El documento de recomendaciones del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) elaborado por consenso por una quincena de sus asociados contiene al final un anexo con dos plantillas para entregar a los pacientes que decidan entrar por la puerta de la privada en vez de por la pública. El paciente, al firmar el documento, “solicita su baja voluntaria de la lista de espera” pública para la misma intervención. Varios hospitales utilizan documentos similares, que hacen firmar a los pacientes antes de ser intervenidos o tratados.

En el caso de los procedimientos médicos, el paciente se compromete a que, si por alguna razón decide al final ser atendido en la pública, “los criterios de accesibilidad serán los vigentes en el momento de la solicitud del nuevo cambio”. Es decir, que se incorpora a la lista por la cola. La idea, según una fuente del sector, es “defenderse si hay acusaciones de lista de espera doble”.

Según una portavoz de CSC, el documento de recomendaciones parte de que “la actividad privada no puede ser una forma” de saltarse la lista de espera. “El acceso a la vía privada se puede iniciar de forma espontánea o porque la persona que está inscrita en la lista de espera decide tratarse de forma privada y, consecuentemente, sale de la lista”, afirma esta portavoz. El Hospital de Olot es uno de los que utiliza este mecanismo. “De las últimas 10 intervenciones privadas, solo dos pacientes estaban en lista de espera”, explican en el centro.

Si una persona está incluida en la lista del CatSalut, lo que debe hacer para ahorrarse la espera es firmar ese documento y pagar la intervención por la vía privada dentro del hospital público. Todavía le queda otra opción: recurrir a un hospital privado, donde no le harán firmar ningún documento.

 
 

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