La LEY BACHELOT o la empresarialización de los hospitales franceses

Informe elaborado por María Luisa Delgado para CAS Madrid. Junio 2009.

 

La sanidad francesa es considerada por la OMS una las primeras del mundo por la calidad de sus prestaciones. Sin embargo, las desigualdades sociales en materia de salud, la saturación de los hospitales, la fragmentación del sistema sanitario y el déficit de la Seguridad Social exigían una reforma a la que el Gobierno francés ha respondido con el Proyecto de ley «Hospital, salud, pacientes y territorios» (projet de loi «Hôpital, santé, patients et territoires»- HPST): «Ley Bachelot» (por la ministra r. Bachelot-Narquin). El Gobierno considera que los hospitales están aquejados de un “problema de organización” (y no de “falta de medios”). Pretende racionalizar la asistencia, gestionar mejor la demografía médica y hacer que evolucione la medicina privada, de la lógica individual de los médicos liberales a una organización más colectiva, siguiendo el modelo de los “centros de cuidados”, necesario en el medio rural. Pero el proyecto de ley pasa por alto algo esencial: las desigualdades en materia de salud, y se embarca en una privatización de los hospitales que desembocará en una medicina de dos velocidades, que sólo beneficiará a los pacientes con una economía desahogada.

No toma medidas para aumentar el número de profesionales de la salud ni para imponer una repartición equilibrada por todo el territorio. Para adaptar mejor las políticas sanitarias a las necesidades de cada territorio, la Sra. Bachelot propone la creación de Agencias Regionales de Salud (ARS), que deberán coordinar los hospitales, las consultas privadas y la medicina social. Refuerza el autoritarismo y el centralismo, ya que todas las decisiones serán tomadas por estas superagencias, tuteladas directamente por el Estado, desde la misión de los directores de hospital hasta el funcionamiento de los servicios, con exigencias de rentabilidad, y que permitirán la transferencia de las actividades y la financiación del hospital público hacia los sectores privado lucrativo (clínicas privadas), liberal (casas médicas) o de medicina social (geriatría, psiquiatría). En numerosos países occidentales, el poder en los hospitales está claramente en manos de gestores. En Francia, hasta ahora, había habido una especie de compromiso entre el director y los médicos, y, por otra parte, también había otra instancia de recurso: el consejo de administración, presidido generalmente por el alcalde del municipio. La nueva ley quiere dar todos los poderes al director del hospital, nombrado y revocado por el director de la Agencia Regional de Salud (una especie de prefecto sanitario), que, a su vez, es nombrado y revocado por el Consejo de Ministros. Este director podrá no tener ninguna competencia médica o sanitaria, pero será el que tome las decisiones sobre el proyecto médico del hospital y el que nombre y revoque a los médicos responsables de las estructuras asistenciales. Junto al director habría un directorio médico compuesto por entre siete y nueve médicos, que, aun siendo mayoritario, no tendría derecho de voto y cuyos miembros podrían ser destituidos de un día al otro por el presidente-director. El director del hospital no tendría otros superiores que el responsable de la Agencia Regional de Salud, por el que ha sido propuesto. Es decir, nos encontraríamos ante una cadena jerárquica vertical. La tarificación de los actos sería similar en los sectores privado y público (como si las patologías y la continuidad de los cuidados fuesen comparables).

 El pensamiento mercantil de esta ley reduce lo cualitativo a lo cuantitativo, el enfermo a la tarifa de su enfermedad. La solución es simple: hay que gestionar el hospital como una empresa, introduciendo más actividad privada; mutualizar (por no decir cerrar) los servicios y acelerar la transferencia de las actividades rentables hacia el sector privado. Es decir: entregar el hospital público al sector privado. El proyecto de ley se propone también acelerar el cierre de hospitales de proximidad (son 250 los directamente amenazados) y la supresión masiva e injustificada de empleos de enfermería y de cuidadores mediante la creación de “comunidades hospitalarias de territorio”. Para los profesionales de la salud, esta mercantilización de la sanidad es inaceptable. Denuncian que la convergencia entre el sector público hospitalario y el sector privado se realizará esencialmente con criterios de rentabilidad financiera, en detrimento de los enfermos no rentables y reclaman que se retire el proyecto en su totalidad. El hospital público se suele ocupar de las urgencias y de los casos de tratamiento más difícil y, por lo tanto, más caro, y que suelen ser rechazados por los establecimientos privados. Por esa razón, los hospitales reciben por acto cerca del 30 % más de la Seguridad Social que las clínicas. La convergencia prevista por la nueva ley prevé el mismo porcentaje para ambas entidades, lo cual significaría el fin de los hospitales públicos. La Federación de Hospitales de Francia considera que, si se aplica la convergencia de lo público y lo privado, se producirá un reducción del 30 % de los presupuestos de los hospitales hasta 2012. El descontento es tal que ha puesto a todos de acuerdo, y movilizado en varias ocasiones a lo largo de estos meses, a médicos, personal sanitario, sindicatos, partidos de izquierda y asociaciones de consumidores, para denunciar una ley que, so pretexto de modernizar, lo que pretende es privatizar la sanidad.

El 29 de enero hubo manifestaciones masivas solicitando la retirada de la ley y la apertura de un debate para modernizar y financiar el sistema sanitario. Y también hubo una importante movilización el 28 de abril. El mensaje es claro: hay que parar esta empresa ultraliberal de desmantelamiento de la sanidad. El Nouvel Observateur publicó a finales de abril una declaración de 25 grandes catedráticos de los hospitales públicos franceses en la que denunciaban el proyecto de reforma de R. Bachelot, basado, según ellos, no en la salud, sino en la rentabilidad, y para el que la preocupación central no es el enfermo, sino la cuenta de explotación del hospital. El proyecto médico no puede basarse, a su modo de ver, en la rentabilidad, sino en las necesidades de la población, la evolución previsible de los grandes temas de sanidad pública, el avance de los conocimientos y los progresos tecnológicos. Hace falta una financiación propia del hospital que tenga en cuenta la innovación, la onerosidad de las patologías, la precariedad. Y esta ley es destructiva e injusta. En vísperas del examen de la ley por el Senado, el 11 de mayo, Nicolas Sarkozy trató de suavizar la polémica con algunas concesiones en lo relativo al gobierno de los hospitales, mediante la creación de una dirección colegial, que siguen pareciendo insuficientes a los profesionales de la medicina. Bachelot ha encontrado serias dificultades a la hora de debatir el proyecto en el Senado, cuyo examen se ha prolongado hasta el 29 de mayo. La confusión reina también en la Asamblea Nacional. Los otros aspectos del proyecto ley, relacionados con la salud de los jóvenes (alcohol, tabaco o cannabis), están siendo también objeto de crítica.

 

Ley Bachelot: el ataque a la salud en Francia

Nuestra salud: una gran apuesta para las elecciones europeas

 

Por Fabien Cohen, Catherine Mills y Jean-Luc Gibelin.

La aceleración de las reformas liberales en la UE lanza a la crisis la red de hospitales públicos y los sistemas de salud. La elección es clara en las elecciones europeas: instalar de forma duradera la doctrina liberal, responsable de las actuales quiebras y la exacerbación de la crisis sistémica, o romper con esta lógica construyendo la alternativa. 

La Ley Bachelot   « Hospital, Paciente, Salud, Territorio », pretende integrar la salud a la mundialización liberal. Las luchas francesas en defensa de la seguridad social, la red de hospitales públicos,  los servicios públicos y el acceso de todos a la salud no son un fenómeno aislado en Europa.  Sin embargo, la  Comisión europea considera que el programa de Lisboa aporta «   respuestas  apropiadas a la crisis  económica y financiera actual », « al modernizar los mercados de trabajo y los sistemas de protección social », « (…) al reforzar la política de competencia (…) »,  y desea « que es ponga en práctica de forma total  y sin demoras la directiva sobre servicios ».  Ahora bien, dicha directiva intenta someter los servicios de salud a las leyes del mercado capitalista, con empresas de salud que apliquen  la legislación social del país de origen de la persona asalariada para  facilitar el dumping social y fiscal. Así,  la Générale de Santé que gestiona 147 clínicas  en Francia, y que depende de capitales italianos aprovechándose de la seguridad social francesa, podría deslocalizar su sede a Polonia y conseguir ventajas en todos los tableros!

Las reformas de los sistemas de salud en la UE van dirigidas a la mercantilización a la exposición a la competencia y a la privatización de los servicios. El mercado de la sanidad se ha valorado en 3.500 millones de dólares anuales…  Las  reformas  del sector hospitalario en curso tienden a transferir las actividades rentables al sector privado. Las investigaciones más caras se concentrarán en los polos de excelencia. Las personas insolventes deberán contentarse con cuidados « de saldo ».

 Roselyne Bachelot ha declarado impregnar «  la política sanitaria francesa de color europeo ».

Su Europa es la del Tratado Constitucional Europeo (TCE) retomado en el 2008 en el Tratado de Lisboa, donde la Salud se subordina a la lógica económica liberal en « un mercado interior donde la competencia es  libre y no falseada ». Una UE  que raciona la oferta pública, reduce el número de personas que trabajan en el sector y ofrece nuevos sectores  rentables a los capitales privados. Su Europa, es la del Capital,  y niega el derecho a la protección social. Pretende « reconocer y respetar el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales » sin precisar si se accede a los mismos por un sistema solidario y público o por un prestatario asegurador privado.  Esto queda muy lejos del Derecho a la protección social de la Constitución francesa (artículo 11 del preámbulo) y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (artículo 25) donde se afirma que todas las personas  « tiene derecho a  la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez o en otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad ».

 La Europa liberal abandona la idea de servicio público por la «  de servicio de interés  general » que pueden asumir los operadores privados, legalizando la primacía de la rentabilidad financiera sobre la utilidad social.   

Desde Maastricht hasta el nuevo Tratado de Lisboa,  que los irlandeses bloquearon,  se ha convertido en regla el  racionamiento contable de los gastos públicos, obligando a los Estados, en su búsqueda de financiación, a encontrarlo en los mercados financieros. El Banco Central Europeo (BCE)   rige la política monetarista de la Unión, en tanto que el Consejo y la Comisión vigilan la reducción de los déficits públicos, y por tanto la redducción del gasto público y social de los Estados.  Esta Europa nos aleja dl progreso social, instala la Europa de los patronos y la rentabilidad financiera responsables de la explosión de la crisis financiera y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el gasto público y social y de que nos hundamos en la recesión!

Mercantilización y autoritarismo contra los derechos de los pueblos y de las personas asalariadas.

La Unión europea preconiza una  Gobernanza tecnocrática del sector sanitario y del sistema de salud en detrimento de los sindicatos, el personal sanitario y los actores sociales como instancias elegidas, así como los consejos de administración de los hospitales que verán limitadas sus funciones en la medida que quienes tomarán las decisiones serán  comisiones nombradas por el poder, como pretende la  Ley Bachelot.  La campaña d las elecciones europeas debería permitir amplificar la unión para que se retire dicha Ley,  y construir una política social europea alternativa favorable a los pueblos de Europa y no a las multinacionales.

 Una política de salud alternativa en Europa exige  al sector hospitalario y a todos los servicios sociales substituir la lógica mercantil por la lógica de la persona. La « Carta de Barcelona » sobre precariedad y salud, donde se exige un trabajo digno para todas las personas,  puede constituir un punto de apoyo hacia la construcción de la seguridad en el empleo y la formación en lugar de la flexicuridad ;  debería integrar otros indicadores de salud como la lucha contra la contaminación, contra las desigualdades en salud o por mejores condiciones de vivienda para todos.  Debe reconocerse el derecho explícito a la seguridad social solidaria.  Debe garantizarse la financiación dinámica de su desarrollo, en tanto que el sistema actual conduce a racionar dicha financiación y la reconduce hacia las personas. Debería promocionarse el principio de acceso gratuito y precoz a la atención sanitaria, para todas las personas, y el desarrollo de la prevención y coordinación  de los servicios de salud. La convergencia de luchas  podría conducir a reformas progresistas con el fin de desarrollar la eficacia social de los sistemas de salud. Para ello sería preciso también que se creara un polo público europeo del medicamento.

Proponemos que el 11 de mayo, en París, tenga lugar un debate público sobre « Salud, Protección social y Europa ».

Traducido de L’Humanité