Dos eurodiputadas de la Izquierda Unitaria Europea acceden a los arcanos del #TTIP

La oposición contra el TTIP crece, y mientras fuerzas políticas como IU y Podemos, pertenecientes al Grupo de la Izquierda Europea intentan pararlo, liberales, socialdemócratas y conservadores presionan para culminar el acuerdo que la mayoría de gobernantes europeos (entre ellos, Mariano Rajoy) defienden a capa y espada sin tener en cuenta las voces de alarma de quienes alertan de los peligros del TTIP.

Cuenta Público que Jean Claude Juncker pidió más transparencia sobre el TTIP y Cecilia Malmström prometió correr las cortinas y dejar que la luz bañase los documentos del Tratado de Libre Comercio que Bruselas y Washington negocian con sigilo. A la hora de la verdad, sin embargo, las condiciones para tener acceso a la información son ridículas y vejatorias.

Por ejemplo, no se pueden reproducir los documentos con marca de aguas que les entregan en sobres con su nombre, ni tener ningún tipo de contacto con el exterior. En todo momento son vigilados por un funcionario de la UE que incluso debe revisar que los folios estén enteros y que los parlamentarios no hayan arrancado partes para robarlas, y deben dejar fuera de la sala todos sus aparatos electrónicos, relojes incluídos e incluso los bolígrafos, ya que sólo en ocasiones permiten tomar notas. Y no es imaginación: lo cuenta una de las pocas eurodiputadas que ha podido acceder al arcano de TTIP: Marina Albiol, de Izquierda Unida, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior y una de las eurodiputadas españolas más críticas con el TTIP. En las Consignas de Seguridad que se le enviaron previamente, queda establecido que sólo puede acceder a los documentos clasificados firmando una declaración solemne de confidencialidad, y siempre en solitario.

Las eurodiputadas que no se atengan al sigilo se enfrentan a sanciones administrativas o procesos penales. No pueden informar sobre lo que han podido leer, pero las eurodiputadas no dudan en alertar del peligro del TTIP tras acceder al mismo. Tanto Lola Sánchez como Marina Albiol han confirmado sus temores.

Las eurodiputadas tuvieron que aceptar todos los ritos: pedir cita, firmar una cláusula de confidencialidad, despojarse de todos los objetos electrónicos, y más… Y lo más grave es que estas representantes elegidas directamente por los europeos tienen completamente prohibido revelar un solo detalle, bajo la amenaza de enfrentarse a sanciones administrativos o incluso a procesos penales aunque sólo han podido acceder a una pequeña parte de las entrañas del TTIP (Transantlantic Trade and Investment Partnership). Marina Albiol y Lola Sánchez, después de su excurso por los papeles del TTIP, confirman su oposición frontal al acuerdo y aseguran que seguirán trabajando para evitar su ratificación.

Explican en Público que la europarlamentaria de Podemos Lola Sánchez accedió a parte de los documentos el pasado martes 3 de febrero en Bruselas. A excepción de sus gafas y de un pañuelo de papel, Sánchez debió dejar todas sus pertenencias en un armario a las puertas de la reading room, en la que ni siquiera le permitieron usar su propio bolígrafo, ni tampoco su cuaderno, aunque sí le entregaron un sobre con hojas marcadas con su nombre para que tomara notas. Así pudo acceder a una sala de lectura segura de la UE que describe como una habitación con paredes cubiertas de cajas fuertes en las que se almacenan los textos del tratado. En una mesa, y bajo la atenta mirada de una funcionaria, la eurodiputada pudo estudiar el resumen de la octava ronda de negociaciones, celebrada hace apenas un mes. Una marca de agua del mismo color que las letras del documento dificultaba la lectura del texto, enteramente en inglés y cargado de tecnicismos.

De los documentos que tuvo en sus manos, Sánchez destaca el “agresivo liberalismo” de Bruselas en las negociaciones, y el hecho de que en función de la materia consultada EEUU igualase o incluso superase a la UE en la defensa de los valores neoliberales. “Es un tratado hecho para las multinacionales”, asegura, antes de criticar la dificultad para acceder a documentos con las ofertas y exigencias de Washington, porque EEUU “prohíbe a la UE hacerlos públicos”.

“Es un juego de póquer entre ambas partes, yo te doy y tú me das”, esgrime, asegurando que su formación seguirá con su estrategia de rechazo al TTIP o incluso “la fortalecerá”. También tiene claro que continuará consultando estos documentos. Tras leer decenas de folios, apenas una pequeñísima parte del acuerdo, Sánchez tiene claro que su preocupación por las posibles consecuencias del tratado transatlántico no ha hecho más que crecer. Y concluye: “Creo que cada información nueva, no sólo éste documento, deja más claro el recorte de derechos que vamos a sufrir”.

Por su parte, Marina Albiol, eurodiputada de IU que también pertenece al grupo de la Izquierda Unitaria Europea, accedió a un documento relacionado con la protección de datos este mismo jueves, durante las dos horas de rigor que establece la UE. “No me quedo tranquila en absoluto”, asegura. “Creo que cada información nueva, no sólo éste documento, deja más claro el recorte de derechos que vamos a sufrir”.

En su caso, al celebrarse el pleno de esta semana en Estrasburgo, la funcionaria encargada de supervisar el proceso de lectura la ha recibido en su despacho, y no en la reading room de Bruselas, que cuenta con unas medidas de seguridad algo más estrictas. “Ha sido menos peliculero de lo que imaginaba”, afirma, antes de cuestionarse para qué sirve acceder a estos textos si no puede contar una palabra, cuando su obligación es “informar a los ciudadanos”.

“Intentaré ver todos los documentos que me dejen, como los relacionados con el ISDS”, afirma. El ISDS (Investor State Dispute Settlement) es precisamente uno de los puntos más polémicos del acuerdo, una cláusula de protección de inversiones que permitirá a las multinacionales demandar a los estados en los que realicen inversiones ante paneles arbitrales, y no ante las justicias nacionales, de considerar estas corporaciones perjudicadas sus inversiones por cambios normativos aplicados por estos estados.

Y concluye Marina Albiol: “Me voy con la idea de que tenemos que seguir currando para que este tratado no llegue a firmarse, es el objetivo número uno de la izquierda europea”.

 

El Gran Wyoming contra el TTIP: “Que viene el lobby!”

Todos los medios de comunicación están ocupados casi exclusivamente con los casos que cada día nos proporciona la corrupción. Son, en efecto, noticiables tanto las tramas que organizan esos puntuales administradores de lo público, como le gusta reducir el tema al presidente del Gobierno, obviando que esos casos puntuales están en la cúpula, son sus estrechos colaboradores, como los métodos que utilizan los responsables de estos escándalos para solucionar esta lacra y asumir responsabilidades, métodos ligados a nuestra educación católica y que se reducen a confesar el pecado y pedir disculpas, tras lo cual se recibe la absolución de la sociedad.

Mientras estamos entretenidos en esto, ellos no se están quietos, van tres pasos por delante.

Entre Estados Unidos y la Unión Europea se está negociando el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) que en castellano se diría Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Este tratado va a cambiar el sistema tal y como lo conocemos y, desde luego, va a transformar nuestras vidas en tanto restringe de forma irreversible nuestra capacidad de decisión en temas que nos afectan, y que se resumen en ¿podemos decidir en qué mundo queremos vivir? Hasta ahora nos decían que con nuestro voto podíamos influir. Si se cierra este tratado, que se hará de forma colectiva, se firmará cómo UE y los diferentes Estados no podrán introducir enmiendas, se acabó el cuento.

En primer lugar sorprende que se lleven las negociaciones a espaldas de los ciudadanos. Los documentos que se van filtrando llevan el membrete de “secreto” y los señores que están decidiendo nuestro futuro no tienen la menor intención de informarnos de las enormes ventajas que este tratado nos va a aportar. Se está hurtando el debate imprescindible en una sociedad democrática porque lo que es bueno es bueno y no estaría bien que la ignorancia del pueblo pusiera palitos en las ruedas de la máquina que manejan nuestros benefactores.

Aparte de este punto que nos lleva de nuevo al despotismo, donde el pueblo pasa a ser el objeto pasivo de las decisiones de los ilustrados, son varias las críticas que suscita este tratado, para algunos, abominable, impresentable, peligrosísimo.

Una vez firmado, las reglas que rigen en cuanto al control de los gobiernos a las grandes corporaciones serán homogéneas a ambos lados del Atlántico, es decir, que regirán las mismas normas de control o descontrol en EEUU que en la UE. Así, las grandes multinacionales que se dedican, por ejemplo, al tema de la sanidad, la educación, o cualquier otro servicio público, podrán exigir al Gobierno español que deje de proteger con los Presupuestos estos servicios porque esa decisión iría contra sus legítimos intereses lucrativos y podrían exigir indemnizaciones millonarias por competencia desleal. Es decir, el Estado deja de dar prioridad a aquellas cuestiones de organización social que priman el interés general, el bienestar de la ciudadanía, para poner en el mismo platillo la calidad de vida de sus ciudadanos y los intereses económicos de las grandes corporaciones.

Un sistema de arbitraje privado

Una cosa alucinante es que, en caso de conflicto, para evitar que la Justicia de los diferentes estados fallara a favor de su Administración correspondiente, no fuera del todo objetiva, estas cosas ya no las decidirán los tribunales nacionales ni internacionales, sino un sistema de arbitraje privado formado por estos tecnócratas apolíticos que ya conocemos. ¿Quién nombrará a estos señores árbitros? No hay que ser muy listo para deducirlo, pero la influencia de los grandes grupos de presión, eso que llaman lobbies, que tienen la pasta de todo el planeta, será importante. Resumiendo, los Estados no podrán frenar las ansias expansionistas de las grandes multinacionales aunque vayan contra los intereses de los ciudadanos o choquen frontalmente con la legislación vigente que pasará a ser de un orden inferior. El reciente caso de Coca-Cola, cerrando la fábrica más importante de Europa, ubicada en Madrid, con unos beneficios espectaculares, ante el silencio de los medios de comunicación porque dependen de los pagos que esta empresa les hace en publicidad, es un ejemplo de lo que nos espera. De momento, los tribunales están fallando a favor de los trabajadores, pero tras la firma de este tratado no podrán intervenir.

Esa es otra, estos tratados incluyen restricciones de los derechos de los trabajadores, como no podía ser de otra manera.

Con respecto a los artículos que consumimos, ancha será la manga que los controle. Este tema con el que los ecologistas se ponen tan pesados advirtiéndonos sobre el comercio de los alimentos transgénicos, del control de la alimentación del ganado, la cosa de las hormonas y todo eso, actualmente regulado por la UE, quedará suprimido. Ya no serán los productos los que tengan que demostrar su inocuidad antes de salir al mercado, superando los mecanismos que establecen nuestros controles sanitarios, sino que deberá ser el Estado el que defina su incuestionable peligrosidad para los ciudadanos, cosa harto compleja por lo sencillo que es generar controversia con científicos a sueldo de las empresas. Recordemos que todavía quedan científicos que niegan, por ejemplo, el cambio climático.

Por cierto, un tema que entra en estas cuestiones es el de las compañías energéticas. Como sabemos, en EEUU el fracking se desenvuelve sin problemas, en la UE está por decidir qué se hace. ¿Quién ganará esta partida? ¿Prohibirá EEUU el fracking por imposición de la UE o será la UE la que ceda? A mí no me cabe duda del resultado final.

Del tema ecológico, conservación de la naturaleza, etcétera, mejor no hablar, pero habrá que hacerlo algún día. ¿Serían tan amables de contárnoslo?

¿Cuáles son las bondades del tratado? Las de siempre: creación de empleo y desarrollo de la economía.

En cuanto a la primera cuestión, los diferentes tratados de libre comercio que ya operan en función de esta ventaja no sólo no han conseguido ese propósito sino que han destruido empleo tras su entrada en vigor y, además, ¡oh sorpresa!, el que se crea es precario, como consecuencia de la abolición de los derechos colectivos. Este tratado podría tener ventajas si se cumplieran las reglas del mercado libre, si este mercado fuera ideal, pero la historia ha demostrado que los países han marcado sus tramos de desarrollo, precisamente, cuando han tenido leyes proteccionistas que defendían a los ciudadanos del expolio y el apetito desenfrenado del mercado exterior, trabajando a favor de sus intereses y no de los de las grandes corporaciones. Véase los casos recientes de Bolivia o Ecuador.

Con respecto al desarrollo de la economía, este factor no lo discute nadie, pero los beneficios de esta economía neoliberal llegan cada vez en menor medida a los ciudadanos, la sociedad es cada vez más desigual, más asimétrica, la concentración de capital es cada vez mayor y serán las grandes multinacionales las principales beneficiarias de esta política internacional. Si no, ¿para qué lo plantearían? Llevan años negociando este tratado y ya somos lo suficientemente adultos para saber el tipo de altruismo que les mueve. Han condenado al hambre a la mayoría del planeta para satisfacer su voracidad lucrativa y expansionista.

De momento dicen que PP, PSOE, CIU y UPyD están de acuerdo en firmar este TTIP. Si no es así, que se manifiesten sin necesidad de que tengamos que recurrir a la ouija, porque será un tema muy importante a la hora de decidir a quién se vota.

Estamos a tiempo de pararlo, si es que no nos conviene, exigiendo que se nos informe sobre el contenido exacto de estas negociaciones y sus consecuencias. Pido disculpas de antemano por si en algún aspecto lo que comento no es exacto, pero me gustaría que las autoridades competentes nos contaran qué es eso de lo que hablan a puerta cerrada exigiendo que actúen en secreto a los negociadores que hemos votado y, supuestamente, nos representan, para que podamos hablar con más propiedad. De momento lo hago por boca de terceros, expertos en la materia. Para evitar desinformación e imprecisiones, pongan las cartas sobre la mesa antes de cerrarlo y, desde luego, permitan el debate ciudadano para someterlo a referéndum. Es importante, y no sólo para los que viven de la puerta giratoria. Al otro lado somos más.

Visto en InfoLibre

 

Para saber más del TTIP (y combatirlo mejor)

Insisto en lo importante que es seguir y conocer cada una de las oscuras maniobras del TIPP, el pacto de las élites para la siguiente oleada de desposesión que se avecina. Hay que saberlo todo, entender que es una amenaza muy real, y oponerse con argumentos y convicción para impedir que lleven a término sus fines. Hay que leer todas las reflexiones que inciden y descubren las distintas facetas del nuevo expolio global, y darnos cuenta de hasta qué punto nuestra sanidad pública (con otros determinantes claves de nuestra convivencia, cultura, investigación) está sobre la mesa de cambio de los grandes mercaderes de nuestra SALUD y nuestra vida. Cuanta más oscuridad quieren para sus trapicheos, más conviene que se conozcan sus mercadeos contra la inmensa mayoría de la población. Por tanto, toca hoy difundir hoy un texto básico y muy pedagógico de Agnes Rousseaux, publicado originalmente en CETRI, y que ha sido traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

TISA, negociaciones comerciales secretas para acelerar el proceso de privatizaciones y desregulaciones

Se trata de un gran acuerdo comercial del que nadie habla, negociado en la mayor opacidad. Cincuenta países, incluyendo a los más fervientes defensores de la liberalización están discutiendo actualmente la apertura del “mercado de servicios” a la competencia internacional. Educación, salud, transportes, telecomunicaciones, servicios financieros… Todo se está exponiendo en la mesa de negociaciones. Sin que los ciudadanos ni los parlamentarios digan una palabra. Los negociadores –sometidos a las fuertes presiones de los lobbies– se reunieron recientemente en Ginebra en el 7° encuentro de intercambios internacionales, que podría amenazar seriamente a los servicios públicos y a las tentativas de regulación del sector financiero.

Este nuevo embate podría terminar con los servicios públicos, el agua, la educación o la salud, el fin de todo propósito de regular los mercados financieros o de proteger los datos de la ciudadanía. En síntesis un escollo jamás visto en el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las políticas públicas. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) dentro del Trade in Services Agreement (TISA) se está negociado entre 50 países (1) incluidos los de la UE. Fue lanzado por los EE.UU. y propuesto a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) bautizado como el grupo “Verdaderos buenos amigos (de los servicios)” (Really Goods Friends).

“Calmar la frustración de las empresas”

Estas negociaciones se desarrollan fuera del marco de la OMC con los países que son más partidarios de la liberalización de los servicios, contrariados por el impasse de las negociaciones de Doha iniciadas en 2001 (2). Esos países representan más de las dos terceras partes del comercio mundial en servicios. Numerosos sectores se hallan incluidos: educación, transportes, correos y telecomunicaciones, servicios de auditoría y contabilidad, ingeniería y logística, salud, seguros, nuevas tecnologías y transferencia de datos, investigación, bancos y servicios financieros… El objetivo es abrir más aún a la competencia del sector de los servicios públicos e impedir toda intervención pública.

“Estas negociaciones son la oportunidad más prometedora de las últimas dos décadas para promover el comercio de servicios a escala internacional”, se entusiasma el lobby de la industria de los servicios en los EE.UU. La Coalición Internacional de las Industrias de Servicios (GSC) que integra el Medef es aun más explicita: este acuerdo se ha concebido “para apaciguar la frustración de las empresas, ocasionada por el impasse de Doha en materia de servicios” declara (3)

Prohibir toda intervención de los Estados

”Se trata de una tentativa de ampliar secretamente los aspectos más nefastos del infame acuerdo AGCS que generó, en el pasado, protestas mundiales”, responde Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos (ISP). Según esta organización, que reúne a los sindicatos del sector y representa a 20 millones de trabajadores, el ACS limitaría la capacidad de los gobiernos de legislar en algunos sectores como la seguridad de los trabajadores, el ambiente o la protección de los consumidores “El AVS se inscribe en una inquietante nueva ola de acuerdos comerciales y de inversión, fundado en poderes jurídicamente obligatorios que institucionalizan los derechos de los inversores y prohíben toda intervención estatal en un amplio abanico de sectores indirectamente vinculados al comercio”, menciona la organización internacional en un detallado informe.

Varios aspectos del acuerdo han sido duramente criticados por las organizaciones sindicales y no gubernamentales. En primer lugar todo sector que no se halle explícitamente excluido, protegido por cada país, podría estar incluido en el acuerdo. Con todos los peligros que eso implica. Estos acuerdos abrirían ampliamente la puerta a un flujo de empresas privadas en el sector educativo europeo, alerta la federación internacional de sindicatos de maestros. Una cláusula de estatu quo fijaría los actuales niveles de liberalización de cada país volviendo imposible la remunicipalización de los servicios de agua corriente, por ejemplo, o complicaría el restablecimiento de monopolios públicos en sectores actualmente abiertos a la competencia (4). Otro principio, la “cláusula con efecto cliquet (sic) que inmovilizaría toda liberalización futura de un determinado servicio. Una parte del seguro de desempleo, ¿estaría privatizada, como en el Reino Unido? Las jubilaciones, ¿estarían desmanteladas en beneficio de los fondos de pensión? ¡Imposible retroceder! Un atentado a las libertades democráticas fundamentales, denuncia la federación sindical internacional que ve en este futuro acuerdo una manera de volver permanente e irreversible un sistema de privatizaciones para todas las generaciones futuras”. Y los gobiernos absolutamente maniatados por las decisiones de sus predecesores: he aquí porque sería un grave atentado al funcionamiento democrático.

Bloquear las privatizaciones

Otro problema es que el acuerdo podría imponer a las autoridades públicas una “obligación de neutralidad económica” entre prestatarios de los servicios públicos y privados, denuncia el ISP. Es decir, que todo aporte financiero a los servicios públicos debería hacerse extensivo al sector privado “Si en un sector existen servicios privados junto a servicios públicos (por ejemplo, hospitales, escuelas) ambos tendrían derecho a las mismas subvenciones, en nombre de “la libre competencia y no falseada”, explica la organización Stop TISA. De modo que una universidad estadounidense podría instalarse en Suiza solicitando una financiación similar a la de las demás universidades públicas con cargo a los contribuyentes”. Un estado que subvencionase la construcción de un hospital público, ¿deberá financiar también una clínica privada en su cercanía? Estas y otra críticas incluidas en un documento de la Comisión Europea que sintetiza la consulta realizada a los “decididores y a las ONG”.

Las negociaciones comenzaron en febrero de 2012 y deberían concluir en 2015. Los negociadores de los países participantes se reúnen regularmente en Ginebra, bajo la conducción de los EE.UU. y Australia (5). En junio de 2013 un lapidario comunicado anunció que “los miembros de la OMC que están analizando nuevos planteos dirigidos al progreso de la liberalización del comercio de servicios están satisfechos de los progresos de las discusiones sobre el comercio de servicios (TISA)”. E invitan a incorporarse a otros países, miembros de la OMC que comparten estos mismos objetivos. China apoyada por la UE ha solicitado ya participar en estas negociaciones. Sus divergencias con los EE.UU. en torno a otros acuerdos comerciales no le han permitido aun ser admitida en la mesa de las discusiones..

Negociaciones secretas

Los participantes estimaron en noviembre de 2013 que el acuerdo se hallaba ya suficientemente “maduro” y lanzaron la etapa de “comercialización de ofertas iniciales” en la que cada país debe precisar cuáles son los sectores que desea incluir en el acuerdo y las modalidades que propone en cuanto a “apertura” a la competencia internacional de esos sectores, según un marco predeterminado por el acuerdo. A principios de 2014, la mayor parte de los países han intercambiado sus propuestas, actual base de las discusiones en curso. Algunos como Suiza y Noruega las han hecho públicas (6) mientras que otros países se hallan poco inclinados a que las conozcan sus ciudadanos.

No se sabe sin embargo gran cosa del contenido de las negociaciones ni de los términos generales del acuerdo, ya que se desarrollan dentro del “mayor secreto y al margen de los derechos democráticos”, subraya Rosa Pavanelli. En febrero de 2013, la Comisión Europea solicitó al Consejo, representante de los Estados miembros, dar libre paso alas discusiones. La apertura de las negociaciones fue inmediatamente validada por el Parlamento Europeo en julio de 2013 por 536 votos a favor y 111 en contra (7), con los votos franceses del PS y del UMP. Frente de Izquierda y ecologistas votaron en contra. En su resolución el Parlamento lamenta sin embargo que el Consejo haya adoptado una decisión sin tener en cuenta la opinión de los diputados. Y observa que: “el mandato de negociación de la UE fue propuesto por la Comisión y adoptado por el Consejo sin haber sido analizado el impacto”. Algo que no ha impedido ser votada por una amplia mayoría…¡Cuando están en juego los intereses económicos, la democracia se vuelve facultativa!

Los lobbies industriales han sido consultados, pero los ciudadanos no

Wikileaks acaba de aclarar un poco la opacidad que reina en estas negociaciones, divulgando el anexo del acuerdo relacionado con los servicios financieros. De acuerdo con ese documento, especialmente redactado por los EE.UU. y Europa, las propuestas han sido clasificadas como confidenciales durante “cinco años a partir de la entrada en vigor del ACS o si no se ha llegado a ningún acuerdo cinco años después del cierre de las negociaciones”, el documento establece que su divulgación no está autorizada y que el texto debe ser “guardado en una construcción, una habitación o un contenedor cerrado y asegurado”.

Es evidente que los lobbies de la industria y los servicios tienen mucho más acceso a las informaciones que los ciudadanos y sus representantes: la Global Service Coalition ha enviado sus delegados a Ginebra con ocasión de las negociaciones de abril de 2014. Y se felicita en un comunicado de haber podido confirmar su apoyo sin reticencias al proceso y haber compartido sus puntos de vista con los negociadores.

Un acuerdo con muchas expectativas para las empresas

Lo menos que puede decirse es que las multinacionales de los países involucrados se hallan muy motivadas por las expectativas del acuerdo: “Las caídas del TISA podrían ser enormes para las empresas del sector servicios, explica la Cámara de Comercio de los EE.UU., está convencido de que las actuales negociaciones son “una oportunidad única para demoler los obstáculos al comercio internacional”. “Este palpitante nuevo acuerdo tiene el potencial de inflar el crecimiento económico y la creación de empleos en los EE.UU. y en el exterior”, señala la Cámara de Comercio. Un acuerdo tan “palpitante” que podría duplicar las exportaciones de servicios de los EE.UU. con una ganancia de 869.000 millones de dólares y 3 millones de empleos (8). Pero esta es la teoría. ¡Se esperan siempre centenares de miles de empleos que la apertura a la competencia posibilitaría a diferentes sectores de la Unión Europea!

¿Qué es lo reclaman las empresas y sus representantes? Los países que firmen el acuerdo deberán en primer término eliminar las regulaciones consideradas barreras comerciales “Si reconocemos la necesidad de algunas regulaciones (para la seguridad nacional, la protección de los datos…) deberían establecerse límites y parámetros para su aplicación”, afirma el lobby estadounidense de las industrias de servicios. Su bestia negra: la distorsión de la competencia entre el sector público y privado. “La competencia desleal por parte de las empresas subvencionadas o mantenidas por el Estado, de las empresas públicas o controladas por los Estados constituyen un obstáculo cada vez más importante para la provisión de los servicios por parte de las empresas estadounidenses en muchos mercados”. Se trata de proteger al sector privado “contra los comportamientos anticompetitivos de las empresas publicas”, alega igualmente la Cámara de Comercio de los EE.UU.

El lobby estadounidense del sector desea abolir toda preferencia nacional, obligaciones de localización o las cuotas de empleados locales. Y liberalizar mucho más los sectores de los medios y de la diversión “Ningún país debería estar autorizado a introducir nuevas restricciones o excepciones que deroguen o debiliten los compromisos existentes del AGCS”, sugiere (9). Los representantes de las empresas solicitan que el acuerdo incluya un mecanismo de regulación de los diferendos. Es decir, el establecimiento de tribunales de arbitraje privados para solucionar los litigios, en el marco de una jurisdicción extranacional, donde los intereses privados son ley (10). Suiza, en la última ronda de negociaciones, ha redactado una propuesta en tal sentido.

Congeladas las regulaciones financieras

El acuerdo también incluye los servicios financieros. Y podría provocar importantes consecuencias sobre el sector. A pesar de la crisis bancaria, los promotores del TISA tratar de eliminar aún más las reglamentaciones de los mercados mundiales de servicios financieros”, analiza Wikileaks. El anexo referente a los servicios financieros permanece aún en secreto “es una propuesta que solo puede gustar a los banqueros”, denuncia el abogado Lori Wallach de la ONG estadounidense Public Citizen: el principio del statu quo mencionado en este anexo impediría, por ejemplo, establecer nuevas reglamentaciones financieras, consideradas necesarias por los gobiernos, dado que constituirían restricciones a las empresas involucradas. Resultado: el acuerdo congelaría las regulaciones financieras en el estado actual, algo totalmente insuficiente para prevenir nuevas crisis bancarias, estima el abogado. De donde se deduce el riesgo de inestabilidad financiera en los años futuros.

También se ve en este anexo la firme voluntad de los EE.UU. de lograr la liberalización de los flujos de datos. Es decir, permitir sin trabas el intercambio de datos personales y financieros entre países. Una amenaza para las libertades fundamentales, porque muchos de los países que participan en estas negociaciones, en lo referente a protección de datos, son mucho menos exigentes que Europa. El lobby internacional de servicios desea lograr una disposición que obligue a las autoridades públicas a justificar todas las medidas que podrían restringir la transferencia de datos entre países (11).

¿Un acuerdo extensivo a todo el planeta?

“Lo que resulta terriblemente inquietante, es que el ACS está siendo negociado fuera del marco comercial multilateral por los países más inclinados a la liberalización, que no esconden su voluntad de arrastrar en este acuerdo, una vez concluido, al resto del mundo”, explica Rosa Pavanelli. Los negociadores tratan de que este acuerdo sea compatible con el marco de la OMC. O en el idioma de la Comisión europea: “Velar porque la estructura del acuerdo permita una futura multilateralización”. Un modo de permitir a los 50 países signatarios presionar sobre los demás miembros de la OMC para que acepten estas reglas (12). Como para debilitar la posición de los BRICS –Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica– excluidos, por el momento, de las negociaciones o de países africanos completamente ignorados.

Se ha formado un comité “Stop TISA” y se ha lanzado un pedido. Una carta firmada por 340 organizaciones no gubernamentales en la que expresan su oposición a estas negociaciones y se envió en 2013 a los ministros de Comercio. En vista de los desafíos democráticos, económicos y políticos, así como la opacidad de estas negociaciones, las movilizaciones podrían aumentar en los meses próximos.

Notas

 

El TTIP y sus maniobras en la oscuridad

Escribe Lourdes Lucía (e insistimos en denunciar) que gracias a algunas filtraciones han salido a luz las negociaciones clandestinas que se están desarrollando entre Estados Unidos y la Unión Europea para establecer un acuerdo de comercio e inversión entre ambas zonas del mundo. Una zona comercial de 800 millones de personas, que pueda hacer frente a la ascendencia de países emergentes, especialmente de China.

Cuando se conoce el contenido de estas conversaciones no extraña la opacidad con la que se está realizando la negociación, ya que en caso de que llegue a aprobarse, este Tratado traerá gravísimas consecuencias económicas, sociales y políticas para los habitantes de estas dos zonas del mundo, y también para el resto de la población mundial. Por eso han preferido la oscuridad. Pero la oportuna y legítima revelación de estos planes ha contribuido a desarrollar una amplia oposición en Europa y Estados Unidos y, afortunadamente, han comenzado a celebrarse actos, publicarse artículos, organizar mesas redondas, etc., para informar a la población de lo que se avecina si antes no le ponemos remedio.
Esto es precisamente lo que organizó el pasado 17 de junio la organización Espacios Europeos en el centro Internacional de Prensa en Madrid.

Durante todo el día, debatieron representantes de movimientos sociales como Attac, la Mesa por la Defensa de la Sanidad Pública, la Plataforma por una Banca Pública, Economía del Bien Común y Éxodo.org, formaciones como IU y Podemos, así como periodistas y representantes de Espacios Europeos.

¿Qué es el TTIP?

Lo que se conoce como TTIP (siglas en inglés), el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre UE-USA es un Tratado de libre comercio que se negocia entre Estados Unidos y la Unión Europea en total secreto desde julio de 2013. Tiene varios antecedentes, quizás el más similar fuera el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones), que no llegó a aprobarse.

Este Tratado, que se quiere aprobar en 2015 y requiere la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los Parlamentos de los países cuyas Constituciones así lo establecen, se propone eliminar las normas reguladoras y las barreras reglamentarias que reducen los beneficios de las grandes corporaciones transnacionales, crear un mercado libre para los inversores en Estados Unidos y la Unión Europea y dar a las grandes empresas transnacionales todo el poder, incluso por encima del poder de los Estados.

Los negociadores son miembros de la Comisión Europea y del Departamento Comercio de EE.UU. Y uno de sus primeros objetivos fue: “Bloquear el acceso público a todos los documentos”. Pero también intervienen en las negociaciones loslobbies o grupos de presión de las grandes compañías, que vienen presionando desde 1995 para que se produzca un acuerdo de este tipo. Y que desde hace años vienen manteniendo reuniones de alto nivel en secreto. Uno de los objetivos es, además, la creación de un Consejo de Compensación Regulatoria que daría a las empresas el poder de escoger y eliminar las normativas, recibir notificación de las nuevas propuestas de normativas antes de que sean aprobadas y la potestad de eliminar las restricciones que piensen que les pueden perjudicar.

Consecuencias del Tratado para los derechos de los trabajadores y los derechos ciudadanos.

Bajo la excusa de “armonizar” las normas estadounidenses y europeas, lo que se pretende es relajar o eliminar las normas que pueden suponer una restricción o barrera para la libre inversión de las grandes empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos, tras la crisis, se estableció la llamada regla Vocker, similar a la Ley Glass-Steagall (establecida en 1933 tras la crisis de 1929 y abolida por la Administración Clinton en 1999), que regula actividad de la banca comercial o de depósito: esta norma o regla prohíbe la comercialización de productos derivados tóxicos, limita los bancos too big to fail (demasiados grandes para dejarlo caer y que, por tanto, hay que rescatar con dinero público) y establece algunas regulaciones a las transacciones financieras. En Europa esta regulación no existe y los lobbies de la City y el Gobierno alemán en nombre del sector bancario están presionando para eliminar la normativa estadounidense y suprimir cualquier tipo de restricción o regulación a la actividad de la banca financiera o de inversiones.

En cuanto al comercio y al consumo, en Europa rige el principio de cautela o de precaución (un producto antes de llegar a los consumidores tiene que demostrar que no contiene ingredientes tóxicos o lesivos para la salud). En Estados Unidos la norma es la contraria, si un producto es nocivo o tóxico, entonces el consumidor puede pedir responsabilidades. Si se aprueba el TTIP, podrán llegar a los supermercados europeos infinidad de productos alimenticios que, por ejemplo, contienen ingredientes genéticamente modificados, hoy prohibidos en nuestro continente. La legislación sobre consumo europea es mucho más garantista que la estadounidense.

Otro ámbito al que afectará muy negativamente este tratado es el mundo del trabajo, ya que el TPI representa una amenaza para el empleo y los derechos de los trabajadores, favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales. Estados Unidos solo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la OIT. La armonización se hará sobre el mínimo común denominador, lo más perjudicial para los trabajadores y más beneficioso para las empresas. Restringe el derecho de sindicación y de huelga. Y por si fuera poco, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas.

Los derechos medioambientales están también amenazados, La propia CE advierte que “puede haber riesgos para los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad”; otros derechos, como el de libre circulación de las personas, el derecho a la información o al respeto a la privacidad se verán afectando, pero sobre todo entran en juego los servicios públicos, que serán víctimas de una feroz privatización. La educación, la sanidad, el transporte, las pensiones… todo será objeto de negocio para las grandes empresas. Y donde antes había becas ahora habrá créditos, donde había pensiones públicas habrá fondos privados y la cobertura sanitaria pública se convertirá en seguros privados. ¿Y quién hará negocio con estos servicios? Lo estamos viendo ya: los fondos buitre, los grandes bancos y las grandes empresas (por otra parte, todos ligados entre sí). Pero lo más alarmante es que en lugar de negociar qué servicios públicos se propondrán para ser privatizados, se ha optado por hacer una lista negativa, es decir, el principio es que todos los servicios públicos son privatizables y si se quiere que alguno no entre en la lista, hay que decirlo expresamente.

Pero con la gravedad que tiene todo lo dicho, lo peor es la pretensión de instaurar el Investor State Dispute Settlement(ISDS) Mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y Estados. que permitirá a las grandes corporaciones y empresas denunciar a los gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras. Habrá tribunales especiales, formados por tres abogados privados, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional, y al que solo podrán recurrir los inversores. Sus fallos serán inapelables. Esta posibilidad de reclamación de as empresas no es nueva, existe desde hace años y empresas como Phjilip Morris, Occidental Petroleum o Vattenfall, han emprendido pleitos contra Gobiernos reclamando indemnizaciones por haber aprobado normas que perjudicaban sus intereses, pero ahora se trata de instaurar este Mecanismo como principio.

Esta aberración jurídica antidemocrática ha sido denunciada por profesionales del Derecho, pero en las negociaciones del Tratado sigue adelante el intento de establecerla legalmente.

Aunque no hay espacio en este artículo, no podemos dejar de mencionar los graves perjuicios que el TPI tendrá para los agricultores y consumidores de América Latina y África, que se verán arruinados al no poder exportar sus productos.

Estas son unas pinceladas de lo que se está orquestando en la oscuridad. Y si lo conocemos es gracias a movimientos ecologistas y sociales, organizaciones sindicales y a organizaciones como Attac, que están desarrollando una amplia campaña de denuncia e información. Algo que deberían los medios de comunicación, ya que está en juego nada menos que nuestro futuro.

Escrito por Lourdes Lucía y visto en ATTAC Madrid

 

Derechos de los Pueblos frente al Poder Corporativo: #NOalTTIP

Si yo estuviera en Madrid, allí estaría mañana, a las 13 horas, convocada por la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública :

 

La campaña “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones“ convoca a los movimientos sociales, plataformas y diferentes colectivos a una concentración a las 13:00 horas en la entrada de la Casa de América (Plaza de Cibeles – C/Alcalá con Paseo de Recoletos) para denunciar y visibilizar el rechazo a las negociaciones de un tratado que cercena los derechos y las libertades de todas las personas.

Derechos de los Pueblos frente al Poder Corporativo

El próximo 2 de junio se celebra una conferencia en la Casa de América para promocionar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos.

• A la reunión asistirán representantes del Gobierno de España, la Cámara de Comercio de EE.UU. (AmCham), grandes multinacionales (como Iberdrola, IBM, Lilly, Repsol, Philip Morris), la patronal CEOE y el jefe negociador del TTIP por parte de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero.

En el acto oficial se ocultará, por ejemplo, que tras 20 años de aplicación de un tratado comercial similar entre México, Estados Unidos y Canadá, han desaparecido miles de pequeñas empresas y se han perdido más de un millón de empleos directos en EEUU, dos millones de campesinas/os han perdido sus empleos en México y en los tres países se han reducido los salarios, tal y como denuncia la confederación sindical estadounidense AFL-CIO.

• El tratado comercial U.E.-EE.UU., que se negocia en secreto desde junio 2013, tendrá graves impactos en la seguridad alimentaria, en el derecho a la privacidad y protección de datos, en las normas sociales y laborales (se eliminarían hasta 1,1 millones de empleos en la U.E. y se recortarían salarios, seguros médicos y pensiones) y en leyes de protección ambiental.

• Por ello, desde distintos sectores de la sociedad de Europa y Estados Unidos-organizaciones de consumidoras/es, campesinas/os, grupos ecologistas y feministas, sindicatos y diferentes colectivos de ámbitos como los derechos humanos, la cultura y la solidaridad– denunciamos que este tratado se está gestionando en nombre de los intereses de las grandes corporaciones, los mercados financieros e industrias, a costa de los derechos de las personas.

• Todo ello bajo la más absoluta opacidad. El objetivo principal del tratado comercial U.E.-EE.UU. es privatizar los servicios públicos, des-regular leyes y recortar derechos sociales y salarios en beneficio de las grandes multinacionales y, de paso, facilitar una competitividad fiscal a la baja que profundiza la evasión y elusión de impuestos así como los recortes en prestaciones sociales.

A través de esta concentración exigimos la suspensión de las negociaciones y protestamos contra el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados (ISDS).

• Una polémica disposición legal que otorga a las corporaciones transnacionales un derecho exclusivo a demandar a los gobiernos cuando consideran que las decisiones adoptadas por una administración pública (como proteger la salud con leyes que reduzcan el consumo de tabaco o no autoricen medicamentos peligrosos) repercute negativamente en los beneficios económicos que el inversor había anticipado.

Los patrocinadores del evento en la Casa de América, tales como la farmacéutica Lilly, la petrolera Repsol y la empresa de tabaco Philip Morris han utilizado justamente dicho mecanismo antidemocrático.

 

Más información:

Blog de la campaña: “No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones“

En Twitter: #NoalTTIP y #TTIPnoGracias

¡¡HAY MOTIVOS PARA MOVILIZARSE!!

¡¡JUNTOS PODEMOS!!