10 argumentos contra el CO-REpago

En relación al artículo publicado hoy por Joan Serra en el Diari ARA “El copagament s’obre pas, però topa amb el rebuig dels usuaris”
quisiera matizar que es la ciudadanía (un concepto mucho más político que el “usuario”) quien no acepta un REPAGO que quiere poner precio a un servicio público que para la mayoría de personas solidarias y defensoras de los derechos humanos tiene VALOR. La única manera de conseguir que paguen más quienes más tienen no pasa por desmembrar el CO-REpago de los presupuestos generales, sino con una reforma fiscal GLOBAL que consiga, de manera efectiva, que las rentas más altas, los grandes patrimonios, las transacciones financieras especuladoras, el consumo de lujo, etc., aporten financiación a los servicios públicos. Este enfoque es completamente distinto, pero mucho más equitativo, que de “cobrar” por cada acto médico: un fracaso en términos de políticas que nos acerquen a la igualdad y defiendan los derechos de las personas. Como manifestamos en su momento en la Jornada de Dempeus per la Salut Pública sobre el CO-REpago:

1) Cualquier medida que signifique una barrera económica, por pequeña que sea, que suponga un desembolso para poder acceder a los servicios de salud es perjudicial, regresiva e injusta en la medida que expulsa de un sistema universal –o pone trabas a su acceso– a las personas con las rentas menores o mínimas. El pago o copago por la atención a los problemas de salud puede no ser asumible o bien representar una importante carga para las personas que pertenecen a los grupos más desfavorecidos. Éste es un aspecto fundamental desde la perspectiva de la equidad (…) y las desigualdades sociales en salud. Existe bibliografía significativa que recoge las experiencias en todo el mundo y da cuenta, además, de los estrepitosos fracasos de este tipo de medidas.

2) Supone una discriminación adicional e injusta para las personas con mayores problemas de salud como son las ancianas, las que padecen enfermedades crónicas, y aquéllas que soportan cualquier tipo de discapacidades, las que están en espera de diagnóstico o tratamiento, o para las familias con más niños/as y gente mayor bajo su responsabilidad.

3) Las menores rentas salariales de España, el bajo nivel de la mayoría de pensiones y su propuesta de congelación incrementan la inequidad del copago sin que esta medida, compleja y burocrática, resuelva el déficit de financiación.

4) La insuficiente presión fiscal en España en relación a los países de la U.E. y el deterioro de su progresividad de los últimos años no puede justificar una medida que va en el sentido de hacer pagar proporcionalmente más por los servicios públicos a los que menos tienen, agravando las desigualdades. Unos servicios públicos que ya de por sí son escasos en relación a los de los quince países más ricos de la UE.

5) Entendemos que los ingresos fiscales deben sostener todo el gasto sanitario actual y su desarrollo, que sería una medida antisocial introducir medidas lesivas como su REpago, en especial en tiempos de crisis, y que conviene una revisión a fondo de nuestra fiscalidad mejorando su carácter redistributivo y aumentando la financiación de unos servicios de sanidad probadamente eficientes a pesar de que están por debajo de la media europea.

6) Si se aprobaran desgravaciones fiscales por el hecho de contratar cualquier tipo de seguro sanitario privado individual, entendemos que supondría una desviación (por no ingreso) de dinero público a la sanidad privada, debilitando la sanidad pública y favoreciendo únicamente a los que pueden pagarse un seguro sanitario privado.

7) Frente a argumentos que justifican el copago como un mecanismo de contención del gasto, la propia OMS suministra abundante evidencia científica en el sentido de que el copago es un instrumento débil y no efectivo para mejorar la eficiencia y contener los costes sanitarios.

8 El copago puede reducir el uso de los servicios preventivos, especialmente entre los grupos más vulnerables, lo que a largo plazo conduce a unos mayores costes sanitarios y a un deterioro general del estado de salud de la población.

9) Hay evidencia de que las distintas fórmulas de copago reducen sin discriminar tanto la demanda necesaria como la considerada innecesaria, y que tienden a afectar la salud y la economía de una forma sesgada: las repercusiones son más negativas para las personas con menos ingresos y las de grupos sociales más desfavorecidos.

10) Los argumentos de promoción del copago incluyen dos falacias, en la medida que responsabilizan a la ciudadanía y no a las autoridades sanitarias de las deficiencias existentes. Las deficiencias del sistema sanitario no las debe pagar la ciudadanía, y mucho menos si se mantienen para preservar, como ocurre de forma injustificada, determinados intereses económicos.

(De la Declaración de Barcelona de 10 de junio del 2010 contra el CO-REpago)

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